///nos Aires, 20 de octubre de 2005. 
		AUTOS Y VISTOS:
		Para resolver en la presente causa nro. 14.216/03 caratulada “Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad...” del registro de la Secretaría nro. 6 del Tribunal y en relación a Samuel Miara, titular del DNI nro. 4.435.693, CIPF nro. 5.282.120, nacido el 17 de abril de 1944 en Capital Federal, hijo de Fortunato (f) y de Irma Ríos (f), de estado civil casado, de profesión Subcomisario (R) de la Policía Federal Argentina, con último domicilio en Chubut 4437 Ciudadela provincia de Buenos Aires; Raúl González, titular de la L.E. nro. 4.446.544 nacido el 17 de diciembre de 1944 en Capital Federal, hijo de Venerado y de Manuela Rodríguez, viudo, de profesión Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, con último domicilio en Héctor Guidi 1082, Lanús Este, provincia de Buenos Aires; Juan Carlos Avena, titular de la L.E. nro. 8.230.456, nacido el 15 de enero de 1947 en la provincia de Formosa, hijo de Bernardo y de Tomasa Portillo, casado, de profesión oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal, con domicilio real en Saldán 1450 Ituzaingó provincia de Buenos Aires, Eduardo Kalinec, titular del DNI nro. 10.392.179, nacido el 22 de febrero de 1952 en Capital Federal, hijo de Eduardo José y Elsa Ramos, de profesión Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Falcón, argentino, 59 años, divorciado, DNI nro. 7.763.718, nacido el 17 de octubre de 1945 en Capital Federal, hijo de José Lisandro (f) y de Ramona Rosario Gribel, de profesión oficial de Policía Federal Argentino (R), con último domicilio real en José María Aguirre 80, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Eufemio Jorge Uballes, nacido el 25 de abril de 1947, titular de la L.E. nro. 7.591.414, hijo de Jorge Filiberto y de Elsa Sofía Rey, casado, de profesión Subcomisario (R) de la Policía Federal Argentina; Gustavo Adolfo Eklund, titular de la L.E. nro. 4.379.064, nacido el 3 de febrero de 1941 en Capital Federal, hijo Gustavo y de Flora Gaal, de profesión Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, Luis Donocik, DNI nro. 5.274.922, nacido el 25 de agosto de 1948 en Capital Federal, hijo de Juan Enrique y de Estanislava Wicinka, casado, de profesión Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, con último domicilio real en Honorio Pueyrredón 1047 piso 1ro. Capital Federal, Arlindo Benito Luna, titular de la L.E. nro. 7.948.614, nacido el 27 de agosto de 1946 en Jachal, provincia de San Juan, hijo de Eleno Arlindo y de Josefa Santos, casado, de profesión suboficial (r) de la Gendarmería Nacional Argentina, con último domicilio en Cuello 755, Jachal, provincia de San Juan; Oscar Augusto Isidro Rolón, titular del D.N.I. nro. 4.981.741, C.I.P.F. nro. 6.055.490, nacido el 29 de diciembre de 1947 en Capital Federal, hijo de Oscar León Jesús y Elda María Tarozzi, de profesión oficial de policía retirado, con último domicilio en Arcos 2400, 3er piso “A” de Capital Federal, Julio Héctor Simón, alias “Julián” o “El Turco”, titular del DNI nro. 5.482.792, CIPF nro. 4.985.217, nacido el 12 de agosto de 1940 en Capital Federal, hijo de Juan Simón (f) y de María Valentina Coronel (f), de estado civil divorciado, de profesión Policía Federal (R), actualmente alojado en el Complejo Penitenciario nro. 2 “Marcos Paz” del Servicio Penitenciario Federal, Roberto Antonio Rosa, titular de la L.E. nro. 8.389.175 nacido el 13 de junio de 1950 en Capital Federal, hijo de Enrique y de Haydee Carmen Sosa, de profesión: oficial (R) de la Policía Federal Argentina; Guillermo Víctor Cardozo, titular de la L.E. nro.6.057.605, casado, nacido el 31 de octubre de 1944 en Rosario provincia de Santa Fe, hijo de Víctor y Margarita Heck, de profesión Oficial (R) de la Gendarmería Nacional; Eugenio Pereyra Apestegui, titular del DNI nro. 6.153.119, nacido el 12 de abril de 1949 en Posadas, provincia de Misiones, hijo de Eugenio y de Martina Apestegui, casado, de profesión Oficial (R) de la Gendarmería Nacional Argentina, y Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, argentino, nacido el 2 de octubre de 1946, hijo de Juan Cruz del Cerro y de Angélica Josefina García Mansilla, C.I.P.F. nro. 5.796.919, actualmente detenido en Unidad 2 (Devoto) del Servicio Penitenciario Federal.
 
		Y CONSIDERANDO.
	   	Aclaración preliminar e introducción a los hechos materia de investigación
		En la presente resolución se observará que los acápites referidos a las siguientes temáticas: 
		a) “Génesis del Plan Clandestino de Represión”; 
		b) “Los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar”; 
		c) “La valoración de la prueba frente a hechos delictivos concebidos con previsión de impunidad” y 
		d) “La obediencia debida”; resultan, en sus partes fundamentales, similares a los desarrollados en oportunidad de dictar el auto de procesamiento y prisión preventiva de Julio Héctor Simón (fs. 16.303/399) y Oscar Augusto Isidro Rolón (fs. 17.410/527) quienes, recordemos, se desempeñaron como guardias e interrogadores en el centro clandestino de detención que sucesivamente se denominó “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		La explicación de los puntos señalados deviene imprescindible, por explicar el marco fáctico en el cual ocurrieron los sucesos analizados, para discernir la responsabilidad penal de las personas cuya situación interesa distinguir en el presente resolutorio.
		Sentado ello y a continuación, efectuaré una breve introducción a los hechos materia de investigación que permitirá comprender por qué durante el desarrollo del presente resolutorio se debe considerar, únicamente en los aspectos que importan para determinar la responsabilidad penal de las personas imputadas, las acciones desplegadas por la última dictadura militar que permitieron a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad (en especial, al Ejército Argentino, Policía Federal y Gendarmería Nacional), secuestrar, torturar, asesinar, crear centros clandestinos de detención, con total impunidad y bajo la dirección de quienes controlaban -mediante la usurpación del poder- la totalidad de los mecanismos de dominación del Estado.
		Durante los años comprendidos entre 1976 y 1983 el gobierno de facto impuso un plan sistemático de represión ilegal, conforme se ha acreditado mediante diversas resoluciones judiciales, tal el caso de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa nro. 13/84, entre otras.
		Uno de los puntos centrales de este plan estatal de represión -que conforme veremos a lo largo de la presente resolución estaba contaminado de las prácticas e ideologías propias del gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del ‘30 y ‘40 del siglo XX- era el secuestro de personas, su traslado a lugares clandestinos de detención, su sistemática tortura, y luego la liberación, la legalización o la muerte.
		Los centros clandestinos de detención existentes en el país compartían distintas características comunes, tal como funcionar en lugares secretos, bajo el directo contralor de la autoridad militar responsable de dicha zona, y que las personas que eran alojadas allí eran sometidas a prácticas degradantes, tales como el tabicamiento (estar vendado día y noche y aislado del resto de la población concentracionaria), la prohibición absoluta del uso de la palabra o de la escritura, en fin, de cualquier tipo de comunicación humana; la asignación de una letra y un número en reemplazo del nombre, la tortura sistemática, el alojamiento en pequeñas celdas llamadas “tubos”, la escasa comida, la total perdida de identidad, en otras.
		Resulta ilustrativa la declaración efectuada en la obra “Nunca Más” por el sobreviviente Mario Villani respecto a la vida en los centros de detención: “Debo decir que, desde el momento en que alguien era secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura, él o ella era un desaparecido. La secuencia establecida era desaparición-tortura-muerte. la mayoría de los desaparecidos transcurríamos día y noche encapuchados, esposados, engrillados y con los ojos vendados, en una celda llamada tubo por lo estrecha. [...] Podíamos también volver a ser torturados en el quirófano y, finalmente, como todos los demás, ser <<trasladados>>, eufemismo que encubría el verdadero destino, el asesinato. A algunos pocos, por oscuras razones que sólo los represores conocían, se nos dejó con vida”.
		Estas escenas, se repitieron, una y otra vez, en las declaraciones de los sobrevivientes, variando sólo en mínimos detalles según el centro de detención en el que estuvieron secuestrados. 
			Asimismo, la estructura jerárquica de los distintos centros clandestinos de detención también era similar. 
			La misma, estaba encabezada por un jefe de campo que podía ser un militar o un policía, tal es el caso de Comisario Antonio Benito Fioravanti respecto de “Atlético”, y del Mayor del Ejército Argentino Minicucci respecto de “Banco” y “Olimpo”.
			Por debajo de ellos, prestaban funciones un grupo de “oficiales” que se ocupaban de interrogar y custodiar a los detenidos. 
 			En los centros, también, actuaban “grupos de tareas” o “patotas” las cuales eran las encargadas, en primer término, del secuestro y traslado de los ilegalmente detenidos. 
			El rol de los integrantes de las “patotas” muchas veces se completaba con los interrogatorios y torturas que se realizaban en los centros clandestinos de detención. 
		Por último, la pirámide jerárquica concluía con los que integraban las guardias, las cuales eran generalmente rotativas, quienes muchas veces tomaban un rol más activo incluyendo golpes, torturas, abusos, entre otras vejaciones.
		El gobierno de facto, para cumplir estas tareas, se valió de personal de las distintas fuerzas de seguridad, conviviendo en los centros de detención clandestinos -a los cuales el propio régimen llamaba eufemísticamente”LRD”, es decir, lugar de reunión de detenidos- policías, militares y penitenciarios, pero siempre bajo la tutela de la estructura represiva implementada desde el Primer Cuerpo del Ejército.
		Así en la presente resolución se analizará la actuación de oficiales de la Policía Federal Argentina Samuel Roberto Antonio Rosa, Julio Simón, Oscar Rolón, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik y Juan Antonio del Cerro, de los suboficiales y oficiales de la Gendarmería Nacional Argentina Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, y del oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena, quienes, conforme se determinará, eran algunos de los encargados de realizar los secuestros y aplicar los tormentos que se le infligían a los detenidos en el centro de detención que sucesivamente se denominara “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. 	
		Las distintas personas involucradas cumplieron diversos roles en el plan sistemático de represión ilegal. La importancia de estas distintas funciones queda graficada en las palabras de Hannah Arendt en el análisis que se realizó del rol de Eichmann en el juicio llevado en su contra: “Allí escuchamos las afirmaciones de la defensa, en el sentido de que Eichmann tan sólo era una <<ruedecita>> en la maquinaria de la Solución Final, así como las afirmaciones de la acusación, que creía haber hallado en Eichmann el verdadero motor de aquella máquina. Por mi parte, a ninguna de las dos teorías di mayor importancia que la que les otorgaron los jueces, por cuanto la teoría de la ruedecilla carece de trascendencia jurídica, y, en consecuencia, poco importa determinar la magnitud de la función atribuida a la rueda Eichmann. El tribunal reconoció, como es lógico, en su sentencia, que el delito juzgado únicamente podía ser cometido mediante el empleo de una gigantesca organización burocrática que se sirviera de recursos gubernamentales. Pero en tanto en cuanto las actividades en cuestión constituían un delito -lo cual, como es lógico, era la premisa indispensable a la celebración del juicio- todas las ruedas de la máquina, por insignificantes que fueran, se transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir, en seres humanos. Si el acusado se ampara en el hecho de que no actuó como tal hombre, sino como un funcionario cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísticas de criminalidad -que señalan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al día-, declarase que él tan sólo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía carácter meramente accidental el que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo” (cfr. Hannah, Arendt: Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, trad. de Carlos Ribalta, Editorial Lumen, Barcelona, 2000, p. 436).
		En el caso del centro clandestino de detención denominado sucesivamente “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” el personal que actuaba en ellos fue siguiendo la suerte de los mismos. Es decir, cuando “Atlético” dejo de operar, los represores pasaron a cumplir tareas en “Banco” y cuando éste fue abandonado pasaron a desempeñarse en “Olimpo”.
		De esta manera, muchos guardias, secuestradores, torturadores e interrogadores cumplieron roles similares en los diversos centros en los que actuaron, por ende, dichos campos de detención deben ser considerados como una sola unidad que fue mutando de sede.
		Descripta de manera sucinta los hechos materia de investigación, corresponde comenzar con el análisis de las cuestiones enunciadas. 
		
		Considerando Primero:		
		Génesis del Plan Clandestino de Represión (remisión). 
		El Poder Judicial de la Nación, a través de diversos Juzgados y Cámaras de Apelaciones, se abocó al conocimiento de numerosas denuncias vinculadas con las violaciones a los derechos humanos y a la desaparición de personas ocurridas durante el gobierno de facto que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. 
		En este sentido, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal analizó los sucesos ocurridos en el país durante el auto denominado “Proceso de Reorganización Nacional” en lo atinente, entre otros aspectos, al sistema represivo creado desde la cúpula del aparato estatal en la causa nro. 13/84 (también denominada “Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”); en la causa 44/86 seguida contra los ex-jefes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (causa incoada en virtud del decreto 280/84 del P.E.N.), más el trámite de las presentes actuaciones. 
		En dicho conjunto de actuaciones, quedó acreditada la organización y funcionamiento de una estructura ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual tenía como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión.
		Así, la Excma. Cámara del Fuero en ocasión de dictar sentencia en la causa nro. 13/84, realizó un ajustado análisis del contexto histórico y normativo en el cual sucedieron los hechos que serán objeto de análisis en la presente resolución:
		“...La gravedad de la situación imperante en 1975, debido a la frecuencia y extensión geográfica de los actos terroristas, constituyó una amenaza para el desarrollo de vida normal de la Nación, estimando el gobierno nacional que los organismos policiales y de seguridad resultaban incapaces para prevenir tales hechos. Ello motivó que se dictara una legislación especial para la prevención y represión del fenómeno terrorista, debidamente complementada a través de reglamentaciones militares.”
		“El gobierno constitucional, en ese entonces, dictó los decretos 261/75 de febrero de 1975, por el cual encomendó al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la Provincia de Tucumán; el decreto 2770 del 6 de octubre de 1975, por el que se creó el Consejo de Seguridad Interna, integrado por el Presidente de la Nación, los Ministros del Poder Ejecutivo y los Comandantes Generales de las fuerzas armadas, a fin de asesorar y promover al Presidente de la Nación las medidas necesarias para la lucha contra la subversión y la planificación, conducción y coordinación con las diferentes autoridades nacionales para la ejecución de esa lucha; el decreto 2771 de la misma fecha que facultó al Consejo de Seguridad Interna a suscribir convenios con las Provincias, a fin de colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario; y 2772, también de la misma fecha que extendió la «acción de las Fuerzas Armadas a los efectos de la lucha anti subversiva a todo el territorio del país»”.
		“La primera de las normas citadas se complementó con la directiva del Comandante General del Ejército nro. 333, de enero del mismo año, que fijó la estrategia a seguir contra los asentamientos terroristas en Tucumán, dividiendo la operación en dos partes, caracterizándose la primera por el aislamiento de esos grupos a través de la ocupación de puntos críticos y control progresivo de la población y de las rutas, y la segunda por el hostigamiento progresivo a fin de debilitar al oponente y, eventualmente, atacarlo para aniquilarlo y restablecer el pleno control de la zona. En su anexo n° 1 (normas de procedimiento legal) esta directiva cuenta con reglas básicas de procedimiento sobre detención de personas, que indican su derivación preferentemente a la autoridad policial en el plazo mas breve; sobre procesamientos de detenidos, que disponen su sometimiento la justicia federal, o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; sobre allanamientos, autorizándolos en casos graves, con prescindencia de toda autorización judicial escrita, habida cuenta del estado de sitio.”
		“La directiva 333 fue complementada con la orden de personal número 591/75, del 28 de febrero de 1975, a través de la cual se disponía reforzar la quinta brigada de infantería con asiento en Tucumán, con personal superior y subalterno del Tercer Cuerpo del Ejército [...]”.
		“Por su parte, lo dispuesto en los decretos 2770, 2771 y 2772, fue reglamentado a través de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, del 15 de Octubre del mismo año, que instrumento el empleo de la fuerzas armadas, de seguridad y policiales, y demás organismos puestos a su disposición para la lucha antisubversiva, con la idea rectora de utilizar simultáneamente todos los medios disponibles, coordinando los niveles nacionales [...]”.
		“El Ejército dictó, como contribuyente a la directiva precedentemente analizada, la directiva del Comandante General del Ejército n° 404/75, del 28 de Octubre de ese año, que fijo las zonas prioritarias de lucha, dividió la maniobra estratégica en fases y mantuvo la organización territorial -conformada por cuatro zonas de defensa - nros. 1, 2, 3 y 5 - subzonas, áreas y subáreas - preexistentes de acuerdo al Plan de Capacidades para el año 1972 - PFE - PC MI72 -, tal como ordenaba el punto 8 de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa [...]”. 
		“Al ser interrogados en la audiencia los integrantes del Gobierno constitucional que suscribieron los decretos 2770, 2771, y 2772 del año 1975, doctores Italo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Alberto Luis Rocamora, Alfredo Gómez Morales, Carlos Ruckauf y Antonio Benítez, sobre la inteligencia asignada a la dichas normas, fueron contestes en afirmar que esta legislación especial obedeció fundamentalmente a que las policías habían sido rebasadas, en su capacidad de acción, por la guerrilla y que por “aniquilamiento” debía entenderse dar termino definitivo o quebrar la voluntad de combate de los grupos subversivos, pero nunca la eliminación física de esos delincuentes [...]”.
		“Sostener que este concepto, insertado en esos decretos, implicaba ordenar la eliminación física de los delincuentes subversivos, fuera del combate y aún después de haber sido desarmados y apresados, resulta inaceptable [...]”.
		“En el Orden Nacional, el Ejército dictó: a) la orden parcial nro. 405/76, del 21 de mayo, que sólo modifico el esquema territorial de la directiva 404 en cuanto incrementó la jurisdicción del Comando de Institutos Militares; [...] b) La Directiva del Comandante General del Ejército nro. 217/76 del 2 de abril de ese año cuyo objetivo fue concretar y especificar los procedimientos a adoptarse respecto del personal subversivo detenido; [...] c) la directiva del Comandante en jefe del Ejercito nro. 504/77, del 20 de abril de ese año, cuya finalidad, expresada en el apartado I fue “actualizar y unificar el contenido del PFE - OC (MI) - año 1972 y la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (lucha contra la subversión); [...] d) Directiva 604/79, del 18 de mayo de ese año, cuya finalidad fue establecer los lineamientos generales para la prosecución de la ofensiva a partir de la situación alcanzada en ese momento en el desarrollo de la lucha contra la subversión.” (cfr. Causa nº 13/84, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Sentencia de fecha 9 de diciembre de 1985, Imprenta del Congreso de la Nación, Tomo I, 1987, pág. 69 y sig.).
		Con la toma del poder del gobierno militar dio comienzo el fenómeno de la desaparición de personas mediante la utilización de un plan sistemático de represión en cabeza del aparato de poder estatal que dominaba las Fuerzas Armadas.
		La desaparición forzada de personas, tenía un patrón común de acción que la Cámara Federal, en la sentencia señalada precedentemente, sistematizó de la siguiente manera:
		"...1) Los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad, y si bien, en la mayoría de los casos, se proclamaban genéricamente como pertenecientes a alguna de dichas fuerzas, normalmente adoptaban preocupaciones para no ser identificados, apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas indumentarias o pelucas [...]”
		“2) Otra de las características que tenían esos hechos, era la intervención de un número considerable de personas fuertemente armadas [...]”
		“3) Otra de las características comunes, era que tales operaciones ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la autoridad de la zona en que se producían, advirtiéndose incluso, en algunos casos, el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados.”
		“El primer aspecto de la cuestión se vincula con la denominada <<área libre>>, que permitía se efectuaran los procedimientos sin la interferencia policial, ante la eventualidad de que pudiera ser reclamada para intervenir [...]”
		“No sólo adoptaban esas precauciones con las autoridades policiales en los lugares donde debían intervenir, sino que en muchas ocasiones contaban con su colaboración para realizar los procedimientos como así también para la detención de las personas en las propias dependencias policiales [...]”
		“4) El cuarto aspecto a considerar con característica común, consiste en que los secuestros ocurrían durante la noche, en los domicilios de las víctimas, y siendo acompañados en muchos casos por el saqueo de los bienes de la vivienda [...]” (cfr. La Sentencia…, Tomo I, pág. 97 y sig.).
		Una vez secuestradas, las víctimas eran llevadas de inmediato a lugares especialmente adaptados, situados dentro de unidades militares o policiales o que dependían de ellas, conocidos con posterioridad como centros clandestinos de detención.
		En dichos sitios, los secuestrados generalmente eran sometidos a largas sesiones de torturas para obtener algún tipo de información.
		Luego de ello, la víctima podía correr tres destinos: ser puesta en libertad, la legalización de su detención o su muerte.
		Los centros de detención, además de servir para alojar detenidos, eran utilizados por los grupos de tareas como base de operaciones para realizar sus secuestros. 
		Así, en “Banco” y “Olimpo” funcionaba el denominado Grupo de Tareas 2 (G.T. 2), el cual estaba a las órdenes del Capitán del Ejército Argentino Enrique José Del Pino alias “Miguel” (cfr. declaración testimonial de Juan Carlos Guarino de fs. 21.684/6).
		La primera conclusión sobre lo hasta aquí expuesto, lleva a razonar que, bajo la existencia de un supuesto orden normativo -amparado por las leyes, órdenes y directivas que reglaban formalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo-, en realidad las Fuerzas Armadas se conducían merced a mandatos verbales, secretos, y en todo lo referente al tratamiento de personas detenidas, la actividad desplegada por el gobierno militar no respondía al marco jurídico anteriormente señalado. 
		Todo lo contrario, se respondía a directivas verbales, secretas e ilegales que sustancialmente consistían en: detener y mantener oculta a las personas, torturarlas para obtener información y eventualmente matarlas haciendo desaparecer el cadáver o bien fraguar enfrentamientos armados como modo de justificar dichas muertes. 
		En definitiva, el plan criminal de represión, llevado a cabo durante el último gobierno militar consistió en: a) privar de su libertad en forma ilegal a las personas que considerasen sospechosas de estar enfrentadas al orden por ellos impuesto; b) el traslado a lugares de detención clandestinos; c) ocultar todos estos hechos a los familiares de las víctimas y negar haber efectuado la detención a los jueces que tramitaran hábeas corpus; d) aplicar torturas a las personas capturadas para extraer la información que consideren necesaria; e) liberar, legalizar la detención o asesinar a cada víctima según criterios poco estables por los que se puso de manifiesto la más amplia discrecionalidad y arbitrariedad con relación a la vida o muerte de cada una de las víctimas.
		Dentro de este sistema, se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para seleccionar a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal la libertad o, simplemente la eliminación física (al respecto, ver Capítulo XX, de La Sentencia…, ya citada, donde todas estas circunstancia son explicadas en extenso).
		En relación con la organización del sistema represivo y el accionar de las fuerzas armadas, Novaro y Palermo explican: "...En su diseño como hemos dicho se priorizó ante toda otra consideración la eficacia de la ofensiva a desarrollar contra el enemigo que enfrentaba la nación y las fuerzas Armadas, cuya naturaleza era política e ideólogica, más que militar: «el comunismo subversivo» o más simplemente «el subversivo» actuaba dentro de las fronteras y su entramado social, podía tener o no vinculación ideológica, política y financiera con los centros mundiales de la revolución, y actuaba en todos los planos de la vida social, la educación, la cultura, las relaciones laborales, la religión. Lo que debía combatirse en él era su condición subversiva que no estaba asociada solo con una práctica revolucionaria (la lucha armada) ni con una determinada estrategia de toma revolucionaria del poder (el modelo cubano, el vietnamita o el chileno) ni con la pertenencia a un determinado tipo de organización (los grupos revolucionarios y guerrillas) sino que se extendía mucho más allá.”
		“Para identificar la «condición subversiva» era un dato relevante la ideología marxista y el izquierdismo. Se entendía, entonces, que para combatir eficientemente a «la subversión» había que atacarla especialmente, en su causa primera el «virus ideológico» que es diseminado por los marxistas, los comunistas o criptocomunistas, los izquierditas, los revolucionarios en general. Aunque también los católicos tercermundistas, los freudianos, los ateos y en una medida considerable, los peronistas, los liberales y los judíos representaban una amenaza para el orden, ya que difundían ideas contrarias a su preservación, por lo que también debía perseguírselo. Igual que todos aquellos que, con su prédica agnóstica, igualitaria o populista atacaron las bases del orden nacional. Es así que, si bien esas filtraciones eran datos suficientes, no eran del todo necesarias para identificar al enemigo que podía estar solapado bajo otros disfraces y ser inconsciente de su papel en esta guerra. Bastaba que la persona en cuestión actuara a favor de un «cambio social» y en contra del orden. En este sentido los activistas no violentos, ajenos a las organizaciones clandestinas que desarrollaban actividades políticas sindicales, religiosas o intelectuales legales y legítimas en cualquier sistema de derecho resultaban a los militares especialmente intolerantes, porque solían ser los más eficaces transmisores del virus subversivo para la sociedad. Subversivo, en suma, equivalía a ser enemigo de la Patria, de esa Patria uniforme, integrada e inmutable tal como la entendían los militares. No importaría, por lo tanto, que como sucedió en muchos casos, los secuestrados resultaran ser nacionalistas convencidos o devotos cristianos animados por sentimientos no menos profundos que los de sus verdugos. La inclusión de entre las señas de identidad del enemigo, de una amplia gama de «delitos de conciencia» y actitudes cuestionadoras fue expresada de modo prístino y reiterado por Videla: «Subversión es también la pelea entre hijos y padres, entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es también todo tipo de enfrentamiento social (Gente n° 560, 15 de abril de 1976)» [...]. Y tal como había explicado Galtieri a fines de 1974, continuando con las metáforas médicas frente a la subversión como con el cáncer, «a veces es necesario extirpar las partes del cuerpo próximas aunque no estén infectadas para evitar la propagación»" (Novaro Marcos, Palermo Vicente: Historia Argentina: La Dictadura Militar 1976/1983. Del Golpe de Estado a la Restauración Democrática. Ed. Paidós, Bs. As., 2003, pp. 88 y sig.).
		En tal sentido, se ha señalado recientemente, que “El discurso de la peste […] fue particularmente apropiado y resignificado por el gobierno instaurado en 1976. Las epidemias, los cánceres nacionales de todo tipo, eran los subterfugios utilizados por los militares para justificar la erradicación de los «focos» subversivos al interior del organismo enfermo. También desde 1976, con más fuerza que nunca la metáfora de la sociedad enferma se convertiría «en el diagnóstico oficial del gobierno para explicar de un modo didáctico y convincente el pasado inmediato de la República Argentina, para justificar el acceso al poder, la legitimidad de la permanencia en él y los objetivos históricos propuestos»” (Melo, Adrián – Raffin, Marcelo: “Obsesiones y fantasmas de la Argentina”, Editores del Puerto, Bs. As., 2005, p. 109, con cita de Delich, Francisco: Metáforas de la sociedad argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1986, p. 29).
		Y continúan los autores citados: “…Si el diagnóstico era que el grueso de la sociedad estaba enferma, las estrategias curativas tenían que ser necesariamente drásticas y apuntar allí mismo donde los males tienen su origen. El Estado autoritario impone un lema: el supuesto enfermo debe aislarse para extirpar el mal. Las terapéuticas instrumentadas fueron la desinformación, el congelamiento de la sociedad, la imposición del miedo, la desaparición física de las personas, entre las de mayor peso” (ob. cit., p. 109/0).
		Previo a finalizar este capítulo, corresponde recordar que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la sanción del decreto nro. 187/83, dispuso la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo objetivo fue esclarecer los hechos relacionados con este fenómeno acontecido en el país. En el informe final presentado por la mentada Comisión se señaló que: 
		“...De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología de terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales»? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Inter Americana de Defensa por el Jefe de la Delegación Argentina, Gral. Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores». Así cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraron los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia», revelan una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.”
		“Los operativos de secuestros manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a luz del día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban «zona libre» a las Comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto de los comandos casi siempre destruía y robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: «Abandonar toda esperanza, los que entráis»”. 
		“De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y hasta fantasmal: la de los desaparecidos. Palabra - ¡triste privilegio argentino! - que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.“ (cfr. Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, EUDEBA, Buenos Aires, 1996).
		Lo hasta aquí expuesto, nos permite conocer el marco histórico nacional en el cual se desarrollaron los sucesos investigados en el marco del cual se desplegó el sistema represivo implementado por las Fuerzas Armadas, consistente en la captura, privación ilegal de la libertad, interrogatorios con tormentos, clandestinidad y en muchos casos, eliminación física de las víctimas, que fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación.
		Resulta relevante traer a colación aquí los desarrollos teóricos que en el marco del discurso penal se han efectuado, a partir de la irrupción de estados autoritarios tanto en Europa como en América Latina, durante todo el siglo XX, desarrollos que sintetizan las preocupaciones de los juristas y pensadores provenientes no sólo del Derecho penal sino de diversas ramas de las ciencias sociales, como lo son la sociología del castigo, la antropología jurídica y la criminología.
		Estas preocupaciones han buscado comprender la relación entre el poder y la legalidad (entendida esta última según el modelo kelseniano que se impuso durante las décadas del ’20 y ’30 del siglo pasado), especialmente a partir de la crisis en esta relación, puesta en evidencia con la irrupción de los regímenes autocráticos de entre guerras, en especial, el nacionalsocialismo.
		De estos desarrollos teóricos –entre los cuales se destacan los emprendidos por los juristas europeos Alessandro Baratta y Luigi Ferrajoli y nuestro E. Raúl Zaffaroni-, surge claro que hoy en día sólo es posible comprender al Derecho penal como una técnica de minimización de la violencia, con especial referencia a la violencia estatal, que por su concentración de poder punitivo (monopolio del uso de la fuerza, disponibilidad de aparatos de poder, posesión de arsenales bélicos, etc.), siempre tiende al abuso y a la desproporción en las réplicas frente a la puesta en peligro de dicho poder que surgen de sectores alejados del mismo.
		De hecho, el Derecho penal moderno nació al calor de la Ilustración de fines del siglo XVIII (la obra de Beccaria, Dei delitti e delle pene, es de 1766), precisamente a partir de la necesidad de poner diques de contención al despotismo que los regímenes absolutistas ejercían sobre los súbditos, quienes hasta ese momento carecían de todo tipo de derechos.
		Pues bien, los hechos ventilados en este proceso muestran a las claras que el supuesto progreso civilizatorio de la mano de la modernidad y de las luces está lejos de haber alcanzado, al menos de modo concluyente, estadios superadores en la relación entre el Estado y la sociedad civil. 
		Es a partir de este marco conceptual, que es posible visualizar una tensión permanente entre el ejercicio de poder punitivo (propio del Estado policial) y el Derecho penal como técnica proveedora de mayor paz social (propio del Estado de Derecho), tensión que está presente en todas las sociedades, más allá de la organización política que las configure (sigo aquí especialmente a Zaffaroni, E. Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro: Derecho Penal - Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, pp. 5 y sgts. y 38 y sgts.).
		Esta dialéctica Estado de Derecho-Estado policial no se puede concebir espacialmente como dos frentes que coliden entre sí, dado que en verdad, el primero contiene al segundo en su interior: así, el Estado policial pugna permanentemente por su expansión en desmedro de espacios propios del Estado de Derecho, y a su vez, el Estado de Derecho aspira a reducir y encapsular todo lo posible los espacios librados al Estado policial que pervive en su interior.
		En tal sentido, la mayor expansión del ejercicio de poder punitivo estatal trae como consecuencia su necesaria contrapartida, la virtual desaparición del Derecho penal limitador y lo que éste presupone, el Estado de Derecho.
		No es posible imaginar una sociedad en donde todo sea Estado de libertades (un mínimo de poder de policía resulta absolutamente necesario para la coexistencia aún pacífica), así como tampoco es concebible una sociedad con todos sus espacios de libertades anuladas: una sociedad así, abierta y completamente totalitaria, terminaría aniquilando a todos sus súbditos a través del ejercicio del terror sistemático, masivo e implacable, generando uno tras otro, nuevos estereotipos de enemigos. Si bien han existido regímenes que se han acercado bastante al ideal (probablemente, la Alemania nazi en la plenitud de su poder, circa 1942), lo cierto es que también el Estado policial puro es solamente una hipótesis de trabajo para el científico social (al respecto, ver Arendt, Hannah: Los orígenes del totalitarismo, trad. de Guillermo Solana, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 687-688). 
		Pues bien, lo que surge claro tanto de los elementos de prueba colectados en la causa 13 instruida por el Superior, como por las investigaciones históricas del período inaugurado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es que las pulsiones del Estado policial –conducido por la Junta Militar de aquel entonces- finalmente rompieron los últimos diques de contención que le ofrecían resistencia desde el Estado de Derecho, y anegaron todos aquellos espacios de derechos y libertades a los que desde siempre apuntaron y que hasta ese momento tenían resguardo de la Ley, mediante el empleo de un poder autoritario y manifiestamente ilegal.
		Para ello, y habida cuenta que el catálogo de respuestas jurídicopenales que ofrecía el Estado de Derecho usurpado les resultaba manifiestamente insuficiente a los diseñadores del régimen militar instaurado para canalizar el enorme caudal de violencia estatal que preveían inyectar en la sociedad, frente a la disyuntiva –absolutamente factible debido a la sustitución de la mismísima norma fundamental del orden jurídico vigente- de cambiar a su antojo la legalidad formal en lo referente a delitos, juicios y penas, prefirieron una solución aún más drástica, como lo fue la de transferir todo el aparato bélico de poder estatal a la más pura clandestinidad, esto es, a la más abierta ilegalidad.
		Y reafirmo esta nota de abierta ilegalidad, puesto que el Estado argentino, pese a la clara dominación del Estado policial, mantuvo remanente ciertos espacios del Estado de Derecho en ámbitos no vitales (no debemos olvidar que el código penal casi no fue modificado, así como tampoco el derecho civil, comercial, todos los cuales seguían siendo aplicados por jueces, etc.).
		Dicho de otro modo, nos encontramos a partir de fines de marzo de 1976 en nuestro país con un Estado no ya constitucional sino meramente legal de Derecho, con casi todos sus espacios internos ocupados por un Estado policial liberado de toda contención y dominado por las agencias policiales (fuerzas armadas y de seguridad), y que para colmo de males, y como nota distintiva de la violencia estatal que se dio en la Argentina en aquellos años, con todos sus aparatos verticalizados de poder (fuerzas armadas, policías, servicios penitenciarios, servicios de seguridad del Estado) alineados en una sola estructura –al estilo del Leviatán que describe Hobbes-, liberado de toda atadura o contención desde la esfera de la legalidad, aunque más no sea la legalidad formal que regiría la organización política luego del golpe de Estado y hasta la restauración del sistema democrático de gobierno.
		Es más, lo que se tuvo por probado en aquella causa 13 de la Excma. Cámara Federal, fue que desde el Estado legal de Derecho, la Junta Militar de gobierno que ocupaba el poder político del Estado Argentino, le proporcionó a los detentadores del aparato de poder unificado que había pasado a la clandestinidad, todo lo necesario para operar impunemente y en el mayor de los secretos: en primer lugar la asignación de los recursos económicos y logísticos, derivada de fondos públicos, sin los cuales la enorme empresa criminal jamás podía haberse llevado a cabo, y en segundo lugar, la promesa –cumplida por cierto-, de poner en funcionamiento el enorme poder discursivo y mediático que estaba al servicio del régimen (a través de órganos de información estatales o de aquellos privados controlados y del silenciamiento y persecución de los medios informativos independientes u opositores) para negar ante la opinión pública, los estados extranjeros y las organizaciones de derechos humanos, todo lo concerniente a la actuación de aquel Leviatán desatado.
		Dicho de otro modo, no fue con las herramientas del ejercicio de poder punitivo formal que el régimen militar en cuestión llevó a cabo la represión contra los que consideraba sus enemigos políticos, sino que fue a través de un premeditado y perverso ejercicio masivo y criminal de poder punitivo subterráneo (cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. cit., p. 24) que dieron cuenta de ellos, metodología que fue mantenida en secreto por todos los medios posibles y que, como todo ejercicio de violencia estatal liberada de las sujeciones del Estado de Derecho, degeneró en forma inmediata en terrorismo de estado. 
		Debemos recordar aquí que la cuestión del mantenimiento en secreto del aparato de poder puesto al servicio de la actividad criminal no fue algo privativo del régimen militar aquí en estudio; similar estrategia fue emprendida entre otros, por el nazismo y el stalinismo, siguiendo la lógica de todo modelo autoritario de poder estatal, según la cual “…cuanto más visibles son los organismos del Gobierno, menor es su poder, y cuanto menos se conoce una institución, más poderosa resultará ser en definitiva […] el poder auténtico comienza donde empieza el secreto” (cfr. Arendt, Los orígenes... cit., p. 608).
		Para cumplir los objetivos propuestos, el régimen militar en el marco del cual se desempeñaron los aquí juzgados, extrajo por la fuerza a los supuestos enemigos políticos de sus ámbitos de pertenencia, ya sea familiares, sociales, culturales, y de los circuitos de comunicación social, despojándolos de este modo de toda significación socio-jurídica: “el primer paso esencial en el camino hacia la dominación…” –sostiene Arendt- “…es matar en el hombre a la persona jurídica” (Los orígenes... cit., p. 665). 
		Ello se logra colocando a ciertas categorías de personas fuera de la protección de la ley: el hasta entonces ciudadano, con nombre y apellido, profesión, etc., con derechos y obligaciones de diversa índole, pasa a ser una no-persona, alguien de la cual sólo queda pendiente un cuerpo vital, lo que Agamben ha llamado la nuda vida del homo sacer, el cual está enteramente en manos del Estado policial subterráneo, no sólo para torturarlo, negarle alimento, agua o condiciones sanitarias mínimas, sino además para disponer definitivamente de esa vida, anulándola en cualquier momento impunemente, sin necesidad de razón o justificación alguna más allá del puro acto de poder, negándole inclusive, los rituales debidos a toda muerte, propios de la condición humana. 
		Señala Agamben que allí cuando se desvanece la frontera entre orden jurídico y estado de excepción (como lo fue el régimen militar en toda su extensión), la nuda vida pasa a ser a la vez el sujeto y el objeto del ordenamiento político y de sus conflictos: “Todo sucede como si, al mismo tiempo que el proceso disciplinario por medio del cual el poder estatal hace del hombre en cuanto ser vivo el propio objeto específico, se hubiera puesto en marcha otro proceso […] en el que el hombre en su condición de [mero ser] viviente ya no se presenta como objeto, sino como sujeto del poder político […] en los dos está en juego la nuda vida del ciudadano, el nuevo cuerpo biopolítico de la humanidad” (cfr. Agamben, Giorgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera, Ed. Pre-textos, Valencia, España, 2003, p. 19).
		De este modo, el ciudadano, la persona física y jurídica, pasaba a ser simplemente un desaparecido, sobre el cual, como bien quedó asentado en los considerandos de la causa 13, los detentadores del aparato de poder -liberado de toda atadura por parte de las cúpulas militares gobernantes- tenían amplia disponibilidad, ya sea para aniquilarlo, o bien para continuar su detención pero transfiriéndolo desde el sistema penal subterráneo al sistema penal formalizado (legalización por parte del Poder Ejecutivo), o bien liberándolo directamente o permitiendo su salida al exterior. 
		En definitiva, y en palabras de Ferrajoli: 
		“La vida y la seguridad de los ciudadanos se encuentran en peligro hoy más que nunca, no sólo por la violencia y los poderes salvajes de los particulares, ni por desviaciones individuales o la ilegalidad de específicos poderes públicos, sino también, y en medida mucho más notable y dramática, por los mismos estados en cuanto tales: […] torturas, masacres, desaparición de personas, representan actualmente las amenazas incomparablemente más graves para la vida humana. Si es cierto, como se dijo, que la historia de las penas es más infamante para la humanidad que la historia de los delitos, una y otra juntas no igualan, en ferocidad y dimensiones, a la delincuencia de los estados: baste pensar […] todas las variadas formas de violencia predominantemente ilegales con que tantísimos estados autoritarios atormentan hoy a sus pueblos” (Ferrajoli, Luigi: Derecho y Razón, Ed. Trotta, Madrid, 1989, p. 936).

		Considerando Segundo:
		Los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar.
		En el marco de la política de terrorismo de estado desarrollada por la última dictadura militar y el mecanismo de desaparición sistemática de personas, los centros de clandestinos de cautiverio, “pozos”, “chupaderos” o, lisa y llanamente, campos de concentración, han constituido una pieza fundamental del aberrante engranaje represivo: sostiene Arendt que estos espacios físicos especialmente preparados para el cautiverio, la tortura y la muerte son la verdadera institución central del poder organizador en el marco del terrorismo de estado (Arendt, Hannah: Los orígenes del totalitarismo, trad. de Guillermo Solana, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 653).
		La existencia de campos de concentración en la Argentina de mediados de la década del ’70 del siglo XX es, sin lugar a dudas, la página más negra de toda nuestra historia como país, no solamente por el hecho en sí de su existencia, sino además, porque estos sitios infernales irrumpieron en el marco de una sociedad supuestamente “civilizada”, con la tasa de educación más alta de toda América Latina y con estándares culturales similares a los de Europa, al menos en los grandes centros urbanos.
		En sí, el empleo de campos de concentración en la Argentina no tiene nada de original. Se inscriben en una tristemente larga lista de sitios similares que acompañaron a casi todos los regímenes autoritarios al menos durante el siglo XX (es recurrente la atribución de la idea primigenia a los colonizadores ingleses en la guerra contra los boers en África austral, alrededor de 1910) y que tuvieron su punto culminante a partir de su empleo masivo por parte del régimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial. 
		En todos ellos –y los nuestros no han sido la excepción- los niveles de violencia y de terror infligidos a las víctimas han sido de tal magnitud, y la muerte ha campeado en tan alta escala, que de ellos sólo puede afirmarse, como denominador común, que en su seno “todo era posible” (así en Arendt, Los orígenes... cit., p. 652). 
		En referencia a ello, podemos señalar que estos centros clandestinos de tortura y de muerte constituyen “…un espacio de excepción, en el que no sólo la ley se suspende totalmente, sino en el que, además, hecho y derecho se confunden por completo: por eso todo es verdaderamente posible en ellos […] quien entraba en el campo de movía en una zona de indistinción entre […] lícito e ilícito, en que los propios conceptos de derecho subjetivo y de protección jurídica ya no tenían sentido alguno” (cfr. Agamben, Giorgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera, Ed. Pre-textos, Valencia, España, 2003, p. 217). 
		La imagen que nos devuelve el reflejo frente a este espejo, es la de un espectro que se acerca a la concepción del mal más radical.
		Al respecto, señala el mismo autor que “lo que tuvo lugar en los campos de concentración supera de tal forma el concepto jurídico de crimen que con frecuencia se ha omitido sin más la consideración de la estructura jurídico-política en que tales acontecimientos se produjeron. El campo es así tan sólo el lugar en que se realizó la más absoluta conditio inhumana que se haya dado nunca en la tierra: esto es, en último término, lo que cuenta tanto para las víctimas como para la posteridad” (ídem, p. 211).
		La multiplicación de estos lugares por todo el país y su permanencia en el tiempo refleja la imagen del colapso moral de una sociedad y a la vez, del fracaso del supuesto progreso civilizatorio de toda una Nación.
		Sobre esto último, con razón sostiene Agamben que: “La pregunta correcta con respecto a los horrores del campo no es, por consiguiente, aquella que inquiere hipócritamente cómo fue posible cometer en ellos delitos tan atroces en relación con seres humanos; sería más honesto, y sobre todo más útil, indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente de sus derechos y prerrogativas a unos seres humanos, hasta el punto de que el realizar cualquier tipo de acción contra ellos no se considerara ya un delito” (ídem, p. 217/8).
		Los centros clandestinos de detención, como todo espacio que adopta ciertas características del universo concentracionario, han sido funcionales en más de un aspecto al poder que los engendró.
		En primer lugar, fueron sitios que reforzaron el adoctrinamiento ideológico de los integrantes del aparato de poder, en el sentido de que el terror absoluto imperante en estos sitios, y las atrocidades cometidas, se convirtieron en aplicación práctica del adoctrinamiento ideológico, de comprobación de la ideología (Arendt, Los orígenes... cit., p. 652/3).
		En segundo lugar, los campos fueron concebidos no sólo para degradar a los seres humanos y eventualmente eliminarlos físicamente, sino además para “…transformar a la personalidad humana en una simple cosa, algo que ni siquiera son los animales” (ídem, p. 653). 
		“El auténtico horror de los campos de concentración radica en el hecho de que los internados, aunque consigan mantenerse vivos, se hallan más efectivamente aislados del mundo de los vivos que si hubieran muerto […] Cualquiera puede morir como resultado de la tortura sistemática o de la inanición o porque el campo esté repleto y sea preciso liquidar el material humano superfluo” (íd., p. 659).
		“No existen paralelos para la vida en los campos de concentración. Su horror nunca puede ser abarcado completamente por la imaginación por la simple razón de que permanecen al margen de la vida y la muerte […] las masas humanas encerradas son tratadas como si ya no existieran, como si lo que les sucediera careciera de interés para cualquiera, como si ya estuviesen muertas y algún enloquecido espíritu maligno se divirtiera en retenerlas durante cierto tiempo entre la vida y la muerte…” (íd., p. 662).
		Adentrándonos en las características específicas en las que operaron Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro, las personas privadas ilegalmente de su libertad eran conducidas de inmediato a este tipo de lugares, situados ya sea dentro de unidades militares o policiales con dependencia operacional de las Fuerzas Armadas, acondicionados al efecto, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, y cuya existencia era ocultada del conocimiento público no obstante haber superado los 340 centros: “En todos estos casos, un lugar aparentemente anodino delimita en realidad un espacio en que el orden jurídico normal queda suspendido de hecho y donde el que se cometan o no atrocidades no es algo que dependa del derecho, sino sólo […] de la policía que actúa provisionalmente como soberana” (cfr. Agamben, cit., p 222).
		Ahora bien, mientras los familiares y amigos agotaban los recursos a su alcance para dar con el paradero de los “desaparecidos”, las autoridades públicas respondían negativamente a todo pedido de informe vinculado a las detenciones de los buscados y los recursos de habeas corpus interpuestos ingresaban en el destino inexorable del rechazo.
		Es que el mantenimiento en secreto de estos sitios es una cuestión central para su constante reproducción. “El experimento de dominación total en los campos de concentración depende del aislamiento respecto del mundo de todos los demás, del mundo de los vivos en general, incluso del mundo exterior” (cfr. Arendt, Los orígenes... cit., p. 653).
		Por último, entiendo acertadas las palabras de Enrique Vázquez quien sobre los objetivos de la última dictadura militar señaló: “A partir de la represión y la censura la dictadura buscó -y en muchos casos logró- imponer como correlato el espanto y la autocensura. De tal modo los campos de detención clandestina y las cárceles eran un castigo ejemplar para una parte de la sociedad pero además significaron un espejo donde debía mirarse el resto”.
		“El ambicioso intento del proceso en e l ámbito de la justicia- fue barrer con el concepto de seguridad jurídica, llevándolo al limite de relativizar el propio derecho a la libertad y a la vida.”
		“Sin embargo, lo ocurrido en la Argentina no fue una catástrofe natural al estilo de un terremoto: se trató del intento más serio de buscar cambios en las estructuras sociales y en las formas de organización política basado en al represión violenta consiguiendo una relación entre el Estado y el hombre mediático por la sujeción. La manipulación de las conciencias a partir de su adormecimiento y de la ignorancia de la realidad es una técnica ya ensayada por regímenes autoritarios...” (cfr. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1985, p. 65).

		2.1. La tortura como actividad sistemática en los centros de detención.
		Sin perjuicio del desarrollo que con posterioridad se efectuará, corresponde dejar asentado el concepto de tortura como actividad sistemática en los centros clandestinos de detención. 
		Ello, a efectos de entender el funcionamiento de los mismos, pues es preciso remarcar que la actividad desplegada por los responsables de los centros clandestinos de detención no se limitaba a privar en forma ilegal de la libertad a una víctima, sino que a ese injusto se le sumaba la imposición de tormentos desde el primer momento en que la persona era secuestrada.
		La tortura era algo innato y de aplicación sistemática en cada uno de los centro de detención y era la regla de tratamiento, siendo la excepción el cautivo que no la padeció.
		A tal fin, los campos de concentración contaban con personal especialmente abocado a ello, ámbitos acondicionados al efecto -los “quirófanos”-, una variada gama de instrumentos y distintas técnicas de provocar los padecimientos.
		Entre las técnicas de tortura, la más emblemática de ellas –la picana eléctrica- venían aplicándose en actividades represivas policiales ilegales desde hacía ya varias décadas en nuestro país, aunque nunca en la escala que se vio a partir del 24 de marzo de 1976 (cfr. Rodríguez Molas, Ricardo: Historia de la tortura y del orden represivo en la Argentina, Eudeba, Bs. As., 1985, pp. 114/5 y ss.).
		“Hasta tal punto eran similares los hechos con los del pasado, lo mismo podemos decir de la barbarie de la década de 1970, y a pesar de las técnicas distintas, que en las declaraciones y en las denuncias reaparecían con la mejor espontaneidad las palabras de dos o tres siglos antes. No olvidemos, siempre fue así, que en todos los casos los efectos de la aplicación de la tortura, el rigor de los verdugos, esa fuerza despiadada que sirve incondicionalmente al poder, causa espanto” (Rodríguez Molas, cit., p. 116).
		En rigor de verdad, estas técnicas y metodologías destinadas ad hoc a imponer a otro ser humano graves padecimientos físicos y psíquicos, insoportables a los ojos de toda comunidad medianamente civilizada, resultan tributarias de toda una cultura autoritaria, arraigada desde los propios cimientos de nuestra Nación: en tal sentido, he dicho en otro lugar que sólo la larga mano del modelo inquisitivo, que caló hondo en nuestras instituciones a través de la influencia cultural española, puede explicar que recién en 1958 la Argentina contara por fin con un tipo penal que contemplara específicamente la imposición de tormentos a detenidos por parte de funcionarios públicos (vid,. Rafecas, Daniel: Los delitos contra la libertad cometidos por funcionario público en: AA.VV., Delitos contra la libertad, Directores: Stella Maris Martínez y Luis Niño, Ed. Ad Hoc, 2003, p. 200).
		Ahora bien, reitero que la dimensión de lo sucedido a partir del golpe de estado del ’76 constituyó un salto cuantitativo y cualitativo nunca antes visto en nuestra historia, a tal punto que el legislador nacional de la democracia restaurada en 1983, movido no tanto por un meditado estudio de la cuestión sino más bien por el espanto frente a los recientes horrores del terrorismo de estado (de los cuales los hechos aquí ventilados son una acabada muestra) sancionó la ley 23.097 por la que, como se sabe, se aumentaron las penas drásticamente, equiparando el delito de torturas al del homicidio simple, decisión político-criminal que quiso poner de manifiesto el afán por la protección de los bienes jurídicos en juego (dignidad, libertad, integridad física y psíquica).
		Traigo a colación aquí, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional en ocasión del envío del Proyecto de Ley de referencia, fechado el 20 de diciembre de 1983, diez días después de asumido el nuevo gobierno constitucional: “Constituye uno de los objetivos primordiales del actual gobierno instaurar un régimen de máximo respeto por la dignidad de las personas […] Dado que los sufrimientos que [la tortura y la sevicia] comportan, lesionan principios morales fundamentales a los que el gobierno constitucional adhiere sin reservas se introducen modificaciones al Capítulo I del Título V, Libro Segundo, del Código Penal…”.
		Asimismo, este salto en la dimensión del terror desatado a partir del ’76, en lo que respecta a la calidad y cantidad de torturas impuestas en estos centros, está condensado en estos dos pasajes de la obra Nunca Más:
		“En la casi totalidad de las denuncias recibidas por esta Comisión se mencionan actos de tortura. No es casual. La tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. Los Centros Clandestinos de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente. La existencia y generalización de las prácticas de tortura sobrecoge por la imaginación puesta en juego, por la personalidad de los ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon como medio […] ¿qué otra cosa sino un inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones han sido estos actos, sobre los que gobiernos carentes de legitimidad basaron gran parte de su dominio sobre toda una nación? (vid. Nunca más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CONADEP-, Eudeba, Bs. As., 1984, p. 26). 
		“La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores resultan estremecedores. De alguno de los métodos empleados no se conocían antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar, para que éste proporcionara la información requerida por sus captores” (id., pp. 479/0).

		2.2 Acerca del centro clandestino de detención que funcionó bajo los sucesivos nombres de “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		Bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino y acorde a la lógica del terror precedentemente explicada, funcionaron numerosos centros clandestinos de detención, en cada una de las sub zonas en las cuales estaba dividido el Comando de Zona de Defensa Primera.
		En el ámbito geográfico de la Capital Federal funcionó desde mediados del año 1976 hasta principios de 1979 un centro clandestino de detención que mutó de nombre y de ubicación, pero no de detenidos, guardias, y elementos de suplicio.
		En primer lugar, este campo de detención se denominó “Atlético” o “Club Atlético”, el cual funcionó durante el año 1976 y hasta el mes de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo de esta Ciudad, es decir, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.
		Ese predio, por razones de fuerza mayor y debido a razones absolutamente ajenas a la dinámica de la estructura de la represión política liderada por el régimen, tuvo que ser abandonado, debido a su inevitable demolición al encontrarse en el área de trazado de la autopista “25 de Mayo” que se estaba construyendo en aquellos años a instancias del intendente de facto Cacciatore, impuesto por el mismo gobierno militar, obra que se materializó meses después y que en la actualidad se encuentra erigida sobre el lugar, conforme pudo verificar in situ el suscripto en el reconocimiento judicial llevado a cabo días atrás. A tal punto esto es así que un enorme talud de tierra, materiales y escombros, a la vez que sirve como soporte a la autovía que atraviesa exactamente el predio, simultáneamente impide el avance de las excavaciones para recuperar los espacios en donde funcionaba el centro clandestino, más precisamente, fue erigido justo encima del área en donde se encontraban la mayoría de las celdas individuales (“tubos”) y las salas donde se aplicaba la tortura en forma sistemática (“quirófanos”), ello conforme a los planos existentes desde la época de la CONADEP y las descripciones efectuadas por las dos sobrevivientes que participaron del reconocimiento judicial antes señalado, quienes fueron contestes en señalar estas precisiones de lugar. 
		El personal del centro, al igual que muchos detenidos mientras se terminaba de acondicionar un nuevo campo de detención (al respecto cfr. manifestación de Isabel Fernández Blanco en ocasión de realización la inspección ocular de “Olimpo”) se trasladó transitoriamente a un predio ubicado a doscientos metros del cruce de la Autopista General Ricchieri y el Camino de Cintura (Puente 12), partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, donde con posterioridad funcionó la XI Brigada Femenina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al cual se lo denominó “El Banco”.
		Al respecto, Mario César Villani, en oportunidad de testimoniar ante la Excma. Cámara Federal de la ciudad de la Plata, manifestó al referirse al centro de detención “Banco”: “este lugar en realidad fue para los secuestrados que allí estábamos y para el Grupo de Tareas que manejaba el lugar, un lugar provisorio porque estaban construyendo otro campo en la Capital Federal, un campo que se llamó <<El Olimpo>>“ (cfr. fs. 20.081/96).
		Una vez concluida la construcción del nuevo centro de detención, el cual funcionó en la División de Automotores de la Policía Federal, ubicada en la calle Lacarra y Ramón L. Falcón de la Capital Federal, al cual, efectivamente, se lo denominó “El Olimpo”, los guardias, torturadores y los detenidos fueron allí trasladados, esta vez, desde el asiento provisorio conocido como “Banco”.
		“El Olimpo” dejó de funcionar a fines de 1979, en forma coincidente con la baja de Carlos Suárez Mason como titular del Primer Cuerpo del Ejército, lo cual aparejó el comienzo del fin de aquel grupo de militares que bajo el amparo del nombrado, alias “Pajarito”, se hacían llamar “Los Halcones”.
		La reconstrucción fáctico-jurídica de estos tres lugares como un único centro de detención que trasladó su base operativa por razones de fuerza mayor, se refuerza también al verificar quiénes ejercieron sus Jefaturas.
		En efecto, el responsable de “Club Atlético” fue el fallecido Comisario de la Policía Federal Argentina Antonio Benito Fioravanti, alias “Tordillo”, “Coronel” o “De Luca”, quien hasta mediados de 1978 detentó el mismo cargo en “El Banco”, época en la que fue reemplazado por el fallecido Mayor (R) del Ejército Argentino Guillermo Antonio Minicucci, alias “Petiso Rolando” u “Odera”, quien, bajo una línea de continuidad, ejerció primero la jefatura de “Banco” y luego de “Olimpo”, desde su apertura en agosto de 1978 hasta su cierre en enero de 1979.
		En definitiva el “Atlético”, principal centro clandestino de detención que operó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, a raíz de la construcción de uno de los emblemas de la última dictadura militar, como lo fue la autopista “25 de Mayo”, debió ser trasladado precariamente a otro sitio, “Banco”, hasta que estuviera construido un nuevo campo de detención, “Olimpo”.
		A continuación, efectuaré una descripción de cada uno de los lugares mencionados bajo los nombres de “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, sin perjuicio que debe enfatizarse el concepto por el cual estos tres lugares, no son más que un único centro clandestino de detención en el cual se repetían los detenidos, los guardias y los interrogadores.

		2.3. El centro clandestino de detención denominado “El Atlético”, “El Club” o “El Club Atlético”.
		2.3.1 Características.
		“El Atlético” estuvo instalado en un predio ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo, de Capital Federal, siendo fuerzas pertenecientes a la Policía Federal las encargadas del lugar. 
		En dicho sitio, habría funcionado anteriormente el Departamento Abastecimiento y la División Almacenes, dependientes de la ex-Superintendencia de Administración de la Policía Federal.
		Este centro de detención operó desde mediados del año 1976 hasta el mes de diciembre de 1977, siendo demolido poco después a raíz de la construcción de la autopista “25 de Mayo” que actualmente pasa por el lugar.
		Las personas alojadas en dicho centro llegaban “tabicadas” -una especie de anteojo de vendas sucias que impedía casi totalmente la visión-, en el interior de vehículos particulares. Al arribar, se abría un portón donde eran ingresadas violentamente por una escalera pequeña hacia un lugar subterráneo que carecía de ventilación. Los cautivos eran desnudados sin excepción, mientras eran empujados y maltratados. Se les retiraban todos sus efectos personales y se les imponía una identificación consistente en una letra y un número que pasaba a ser su identidad de allí en más.
		El centro presentaba un primer nivel donde había un salón azulejado, con puertas de vidrio, y dos escritorios, uno grande y otro pequeño; en ellos se identificaba y asignaba el número a cada detenido. Desde allí, se accedía disimuladamente al subsuelo.
		Prácticamente sin excepciones, los recién llegados eran llevados al “quirófano” o sala de torturas donde se les propinaba una primera sesión de “ablande”, algunos eran llevados a la rastra a la “enfermería” y luego, a la “leonera” -celda colectiva de ingreso o de “amanse” a los recién llegados-, o directamente a los “tubos”. En los tobillos se les colocaban unas cadenas o grillos, cerrados con candados.
		El subsuelo no presentaba ningún tipo de ventilación ni luz natural. La temperatura oscilaba entre los 40 y 45 grados, en verano y era extremadamente frío en invierno. El lugar era marcadamente húmedo y las paredes y el piso destilaban agua en forma continua. La escalera conducía a una sala provista de una mesa de ping pong que usaban los represores. Al costado, había una sala de guardia, dos celdas para incomunicados y una sala de torturas y otras para enfermería, una cocina, lavadero y duchas.
		Las celdas se presentaban con tabiques bajos que separaban espacios mínimos de 1,60 m. por 0,60 m. En un sector, había 18 celdas; del otro lado, 23.
		Existían, al menos, tres salas de tortura, cada una con una pesada mesa metálica a la cual se ataban las víctimas y colchones pequeños de goma espuma, manchados de sangre y transpiración. El aire se tornaba irrespirable en una mezcla de olor a carne quemada, excrementos y suciedad.
		El “campo” tenía lugar para alrededor de doscientas personas, y según refieren los liberados, durante su funcionamiento habría alojado a más de 1.500 personas. Este dato es deducido de las letras que precedían al número, cada letra encabezaba una centena. Por los testimonios asentados ante la CONADEP, se llegó a la letra X en noviembre de 1977.
		El centro, tenía dos secciones de celdas, que estaban enfrentadas en un pasillo muy estrecho: de un lado los pares y del otro los impares. 
		La alimentación de los cautivos se producía, por lo general, dos veces al día y consistía en un plato de agua con fideos crudos, harina de maíz sin cocción suficiente o pasta con vísceras sucias de animal.
		Las condiciones de higiene eran críticas. Los detenidos eran sacados tres veces al día para ir al baño en fila india y, la mayorías de las veces, el tiempo era insuficiente para que atendieran sus necesidades fisiológicas, sumado a ello los golpes que recibían aleatoriamente.
		En cuanto a la posibilidad de bañarse, esto ocurría, en el mejor de los casos, una vez por semana y en baños grupales donde gozaban a tal fin de menos de un minuto, debiendo compartir trapos que servían de toallas. Se trataba de un episodio no carente de degradación, puesto que muchas veces eran hostigados y vejados por los guardias mientras los detenidos intentaban limpiarse.
		Los grupos de tareas con base en este centro de detención operaban fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. El personal integrado por las fuerzas de seguridad actuaba en contacto con otros lugares de detención, como la ESMA y Campo de Mayo.
		El promedio de ingresos de secuestrados era de 6 ó 7 por día, pero hubo oportunidades en que ingresaban hasta 20 personas. Periódicamente, un grupo importante de detenidos partía con destino desconocido, eran “trasladados” en una mezcla de expectativa e incertidumbre.
		Los detenidos que permanecían en este lugar fueron llevados provisoriamente al centro de detención “El Banco” y posteriormente a “El Olimpo”. Incluso, partes de la estructura y mobiliario (puertas metálicas de acceso a las celdas, por ejemplo), comprendiendo hasta los instrumentos de tormento del “Club Atlético” fueron utilizados para la instalación del “Olimpo”.
		En oportunidad de realizar una inspección ocular en el lugar, el suscripto contó con la presencia de las sobrevivientes de dicho lugar Delia Barrera y Ana María Careaga.
		Del acta labrada en dicha oportunidad (fs. 21.693/5) se desprende que el predio se encuentra protegido con rejas color rojo, y ya ingresando al mismo se advierte que se están realizando excavaciones. Sobre el lugar pasa la autopista “25 de Mayo” y se indica en un principio que al nivel de la calle se ven baldosas grises y blancas, las cuales refiere la testigo Barrera que habrían pertenecido a lo que era la planta de Policía Federal que allí funcionaba. 
		En el acta de referencia, consta que “…bajando por la escalera de metal puesta en el lugar para los trabajos de excavación, se arriba a un sitio en el cual según Careaga habrían estado dos celdas, las cuales se dividían por una pared. Careaga refiere haber estado en una de esas celdas [...] Señala la testigo que en las celdas y en todo el centro estaba prohibido hablar, reír, llorar, como expresar cualquier tipo de sentimiento, que si los represores escuchaban a alguien reír o llorar, o incluso hablar, o si levantaban la mirilla de la celda y veían que estaba el detenido destabicado, entonces lo sacaban y lo torturaban. Que si había dos detenidos alojados juntos, tampoco podían hablar entre ellos, que no podía haber expresión humana, se tendía a la despersonalización y a la deshumanización, es decir, apuntaban a la pérdida de toda entidad humana. Aclara la testigo que a veces sólo sacaban de las celdas a los judíos, que les preguntaban el apellido y el que era judío, era sacado de la celda y se lo torturaba. Que cuando salían al baño, lo hacían en fila, que caminaban con las cadenas puestas en los pies y que los represores en esos momentos aprovechaban para manosear a las mujeres.”
		A su vez en la inspección ocular se pudo verificar, merced a los trabajos de excavación realizados, una puerta que según indicó Careaga sería la entrada al “Consejo”, o sala donde estaban los detenidos que estaban destabicados con los represores y que allí escribían a máquina.
		“Muy cerca de la entrada a este ambiente, y del otro lado al cual se hallan las celdas, se encuentra lo que -conforme informa Careaga- se trataba del ascensor montacargas. Se visualiza su puerta de metal plegable, cables, reja y demás elementos de su estructura, la cual se encuentra sumamente deteriorada. Hace saber la citada testigo que debajo del montacargas se encontró la pelotita de ping pong que usaban los represores para jugar, recordando tanto Careaga como Delia Barrera que en este centro se los escuchaba jugar al ping pong”.
		Asimismo se pudo observar una estructura compuesta por cimientos de paredes, que permiten determinar la existencia de lo que las testigos indican que era la enfermería, en la cual había boxes con camas donde se internaba a los detenidos. 
		La testigo Delia Barrera recordó que cuando ingresaban eran alojados en la “leonera” -lugar al cual todavía no se ha llegado con la excavación-, que cuando ésta se colmaba se producían traslados y así se descomprimía el centro. Que luego pasaban a la tortura y después a celdas, que eran todas iguales y que estaban en un sitio que todavía no fue excavado. 
		“También recuerda Delia Barrera cuando uno de los compañeros se suicidó ahorcándose con una camiseta que ató a un ventiluz, y que a raíz de ello, los hombres estuvieron una semana con el torso descubierto. También recordó cuando el represor apodado “Dr. K” o Kalinec, le dijo que no podía enyesarla porque tenía rotas unas costillas, y cuando el represor Kung Fu consideraba que no le pegaban fuerte y entonces comenzó a pegarle más.”
		A continuación el Tribunal se trasladó al Archivo donde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires conserva los objetos encontrados durante las excavaciones del centro de detención “Atlético”
		En dicho lugar se observan partes de colchones, una pelotita de ping pong, una plantilla de zapato, una moneda, una parte que habría sido el sector interno de una gorra de represor, donde se ve la inscripción “nasista” (literal) y luego una svástica; unas medias rojas tres cuartos, unos prendedores y una cachiporra con un nro. de identificación.
		Por último se advierten escombros de una pared que pertenecen a la que existiera entre las dos celdas a las cuales se refirió Careaga y se informó que una de ellas posee una inscripción que dice “Dios ayúdame”.
		Ubicación geográfica de “Atlético”:

		2.3.2. Acreditación de la existencia de “Atlético”.
		Dan cuenta de la existencia de este centro, su conformación, funcionamiento y ubicación, entre otros, los dichos de Ana María Careaga (cfr. fs. 245/262, 394/430 del Legajo 120 y Legajo 158), Miguel Ángel D´Agostino (fs. 433 del Legajo 120 y Legajo 224), Marcelo Gustavo Daelli (fs. 437/8 del Legajo 120; ante Conadep -Legajo 7314- y Legajo 225), Delia Barrera (fs. 439/440 del Legajo 120 y Legajo 233); Carlos Pacheco (fs. 472/4 del Legajo 120 y Legajo 219), Fernando José Ángel Ulibarri (fs. 475/6 del Legajo 120 y Legajo 220), Daniel Eduardo Fernández (fs. 477/9 y 717/9 del Legajo 120 y Legajo 84), Nora Strejilevich (fs. 480 del Legajo 120), Gerardo Silva (fs. 481/2 del Legajo 120), Carmen Elina Aguiar de Lapacó (fs. 483/4 del Legajo 120 y Legajo 231), Gabriela Beatriz Funes de Peidro (fs. 488 del Legajo 120), Ricardo Hugo Peidro (fs. 489/490 del Legajo 120), Luis Federico Allega (fs. 492/4 del Legajo 120 y Legajo 234), Roque Enrique Alfaya (fs. 495 Legajo 120), Zulema Isabel Sosa de Alfaya (fs. 496 del Legajo 120), Fermín Gregorio Álvarez (fs. 513/6 del Legajo 120); Jorge Alberto Allega (ante Conadep, glosada a fs. 527/534 y fs. 552/4 del Legajo 120 y Legajo 234); Adolfo Ferraro (fs. 537 Legajo 120 y Legajo 228); Pedro Miguel Antonio Vanrell (ante Conadep, glosado a fs. 539/546; fs. 871/876) y 649/654 Legajo 120 y Legajo 84); Susana Ivonne Copetti de Ulibarri (su exposición ante Conadep -Legajo 2518- y Legajo 220); Mónica Marisa Córdoba (sus dichos ante Conadep, Legajo 4260 y Legajo 264). 
		Asimismo, sustentan ello: el informe de la Conadep de fs. 467/70 del Legajo 120; informe y planos sobre demolición y construcción Autopista 25 de Mayo de fs. 574/5; informes de fs. 932 donde se agrega el informe requerido a la MCBA sobre planos del edificio de Paseo Colón 1266, los planos y croquis de Paseo Colón ‑Atlético‑ e informe del Ingeniero Salomón Herman de fs. 1003/1017, declaración testimonial del mencionado profesional que estima que existen concordancias entre los planos acompañados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Obras Sanitarias y los confeccionados por los testigos y la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas. 
		
		2.4 El Centro Clandestino de Detención “El Banco”.
		2.4.1. Características.
		Como ya se señalara al comienzo de este capítulo, este centro estuvo instalado en cercanías de la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura (Ruta Nacional N° 4), en Puente 12, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Allí, funcionó con posterioridad la XI Brigada Femenina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
		El edificio sirvió como lugar de alojamiento de detenidos clandestinos entre fines de 1977 y mediados de 1978, y estaba rodeado por otras construcciones antiguas, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
		El ingreso se producía a través de una playa de estacionamiento, donde se hallaba un portón de doble hoja de acero, con barrotes en la parte superior. Hacia la izquierda, se encontraba un pasillo que conducía adonde daban tres salas de tortura, una de ellas con un baño anexo. Más allá, estaba la enfermería. A la derecha, las oficinas de inteligencia y el laboratorio fotográfico, luego una “leonera” o celda colectiva, después transformada en un taller electrónico. Separadas del sector anterior por una circulación transversal, había casi 50 calabozos o “tubos”, muy estrechos, letrinas, baños, pileta, duchas, lavadero y cocina. Había un patio cubierto y otro descubierto, cuyas paredes estaban cubiertas de vidrios. 
		En este centro clandestino de detención operaban como base de operaciones varias fuerzas: Inteligencia de la Policía Federal, GT1, GT2, GT3, GT4 y FTE.
		Todo el mobiliario de “El Banco” estaba marcado con la inscripción "DIPA" (Dirección de Inteligencia de la Policía Federal).
		En fecha 28 de septiembre del cte. año el suscripto realizó una inspección ocular en este centro clandestino de detención, donde en la actualidad funciona la Jefatura Departamental La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
		De dicho acto procesal, participaron los sobrevivientes de dicho centro clandestino: Susana Caride, Isabel Teresa Cerruti, Isabel Fernández Blanco y Rufino Almeida, además de las partes asistentes, entre ellas la Dra. Valeria Corbacho, letrada defensora de Samuel Miara y Eufemio Jorge Uballes.
		Del acto labrada en dicha ocasión se desprende: “Al lugar accedemos por una puerta de doble hoja de madera color verde oscuro, se visualiza un camino de cemento y al final de él, la construcción de acceso al predio; [...] En cuanto al lugar de acceso, refieren Fernández Blanco y Caride que el sitio se encuentra igual, que el techo verde que se advierte es el mismo que estaba antes. Refieren ambas testigos que mientras estaban detenidas, no se percibían movimiento o traslado de personas que hiciera pensar que allí funcionaba una dependencia policial o de otra fuerza. Seguidamente ingresamos por la puerta principal de chapa verde, advirtiéndose que desde el lugar se accede a tres pasillos distintos. Fernández Blanco refiere que ellos eran ingresados por allí, que recuerda que luego la llevaron hacia la izquierda. Cerruti refiere que cuando ingresó al lugar fue por aquí y que luego fue llevada hacia la izquierda, que en esa dirección estaba el quirófano. Seguidamente tomamos por uno de los pasillos al cual comunica este acceso, por la izquierda se advierte un pasillo en forma de letra U, por el cual se accede a un patio que posee baldosas negras y blancas alternadas. Previamente a llegar a dicho sitio, en el pasillo que desemboca en el citado hall, se encuentra una puerta, que ingresamos al lugar, refiriendo Cerruti que allí habría estado el quirófano o sala de torturas...”.
		“Ya en el hall de mención (de baldosas negras y blancas), se advierte que posee maderas en sus paredes; refieren las testigos que la ventana que se advierte sobre la pared en la cual se encuentra la puerta por la que accedimos al hall, era la enfermería y que contiguo a ésta se encontraba el sector de Inteligencia”. 
		“Luego nos dirigimos a un hall que se encuentra entre el lugar de los tubos y el hall de las baldosas blancas y negras, y doblamos por un pasillo a la izquierda. Al fondo del mismo se advierte un ambiente de cemento de pequeñas dimensiones y pintado de verde claro, el cual posee un banco de cemento y comunica a un baño [...] Seguidamente, nos conducimos por el mismo pasillo volviendo hacia el hall en el cual nace el mismo, parados en este sitio Fernández Blanco dice que entre este espacio y aquel en el cual estaban los tubos, mirando hacia este último ambiente, a la izquierda, hay una oficina y recuerda Cerruti que a su criterio allí había más tubos y ella estaba alojada ahí; coincidiendo con ello Fernández Blanco”.
		“Siguiendo por el otro tramo nos encontramos con un espacio que posee lockers y una ventana. En el techo de este sitio, se advierten signos de haber habido construcciones del mismo tamaño a los tubos o celdas antes vistos. Fernández Blanco menciona que había en este sector doble fila de tubos [...] A esta altura se advierte en el techo la existencia de marcas que evidencian que alguna vez hubieron construcciones de las dimensiones de las celdas o tubos”.
		“Luego nos trasladamos al hall antes mencionado, el cual se halla entre la sala de cuchetas visitada en primer lugar y el hall de las baldosas negras y blancas, y Cerruti insiste en advertir que el espacio donde se halla una de las oficinas que hay allí, era antes usado para tubos. En este momento los testigos Almeida, Cerruti y Fernández Blanco reconocen el escalón que hay entre este hall y el de las cuchetas. También Almeida recuerda que en este sector en el cual estamos se cruzó con una señora mayor detenida cuando lo sacó el represor “Turco Julián” para hablar con Minicucci. Recordó que en este sector estaba tirado en el piso, desnudo y encadenado Ricardo Moya, que lo vio por debajo del tabique, y que lo tenían así porque su mujer Laura Crespo, se negaba a tener sexo con Miara.”
		Ubicación geográfica de “Banco”:
		
		2.4.2. Acreditación de la existencia de “El Banco”.
		La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas efectuó el 31 de marzo y el 2 de junio de 1984, procedimientos de constatación en la Brigada Femenina XIV de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a unos doscientos metros de la intersección de la Autopista General Ricchieri y el Camino de Cintura (Puente 12), Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
		Así, fue posible verificar que ese edificio había sido efectivamente utilizado para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, tal como lo afirmaban numerosas denuncias registradas ante esa Comisión.
		Sustentan ello las actas de reconocimiento del lugar -Legajos Conadep 1583, 3764, 3890, 3889, 436, 4152, 4154, 4124, consignados en la presentación de fs. 1/17 del Legajo 119-.
		Asimismo, entre otros, dan cuenta de la existencia del centro, su ubicación, conformación y funcionamiento, los dichos de Norma Teresa Leto (cfr. fs. 83/4; 1662; 2456; 2945 del Legajo 119 y Legajo 136); Patricia Bernal (fs. 93/4, 1317, 2943 del Legajo 119); Jorge César Casalli Urrutia (fs. 96/98, 1655 del Legajo 119 y Legajo 28); Miguel Ángel Benítez (fs. 103/vta. del Legajo 119 y Legajo 22); Susana Leonor Caride (fs. 119/vta.; 1024, 1242/1244 vta., 1633 del Legajo 119 y Legajo 14); Nora Bernal (fs. 1315/6, 1601 del Legajo 119 y Legajo 98); Mario César Villani (fs. 224, 227 268, 273, 1330 del Legajo 119 y Legajo 211); José Alberto Saavedra (fs. 1003, 2429 del Legajo 119 y Legajo 119 bis); Osvaldo Acosta (fs. 1248, 1674 del Legajo 119); Enrique Carlos Ghezan (fs. 135, 1607 del Legajo 119 y Legajo 20); Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (fs. 137, 1622 del Legajo 119 y Legajo 20); Elsa Ramona Lombardo (fs. 1645 del Legajo 119 y Legajo 20); Hebe M. Cáceres (fs. 2141 del Legajo 119); Jorge Raúl Marín (fs. 2184 del Legajo 119); Oscar Alberto Elicabe Urriol (fs. 2186 del Legajo 119 y Legajo 275); María del Carmen Rezzano de Tello (fs. 2191, 2195, 2200/2210, 2300 del Legajo 119); Mariana Patricia Arcondo de Tello (fs. 2211, 2255, 2276, 2301 del Legajo 119); Graciela Irma Trotta (fs. 2495 del Legajo 119 y Legajo 16); Emilia Smoli de Basile (fs. 2574 del Legajo 119 y Legajo 140); Julio Eduardo Lareu (fs. 2659 del Legajo 119 y Legajo 28); e Isabel Teresa Cerruti (Legajo 23).
		Finalmente, acredita de modo definitivo la existencia y funcionamiento del centro, las copiosas constancias agrupadas en el Legajo M “centro de detención El Banco” que concentra los testimonios de diversos damnificados que permanecieron alojados en dicho lugar, croquis, planos y vistas fotográficas del lugar.
 
		2.5. El Centro Clandestino de Detención “El Olimpo”.
		2.5.1. Características.
		Estuvo instalado en la División Mantenimiento de Automotores de la Policía Federal, ubicada en Lacarra y Ramón L. Falcón, Floresta, Capital Federal.
		Fue aplicado a funciones de clandestina detención de personas a partir del 16 de agosto de 1978 con el traslado de numerosos detenidos desde el centro de detención “El Banco” y se mantuvo activo hasta inicios de 1979 en que fue desmantelado.
		En una Sala de Inteligencia de dicho sitio, se encontraba un cartel que explicaba el nombre del lugar y rezaba: “Bienvenido al Olimpo de los dioses”, firmado por “Los Centuriones”. 
		En “El Olimpo” continuaban operando las mismas fuerzas que en los centros de detención ya abordados, y las guardias internas y externas pasaron a integrarse con personal de Gendarmería Nacional.
		Al igual que en “Banco”, las fuerzas estaban divididas en los grupos de tareas GT1, GT2 y GT3. La diferencia con el otro campo fue la existencia de construcciones nuevas, una mayor organización y una inicial flexibilización en el trato a los secuestrados, situación que se revirtió luego con las características de ensañamiento ya descriptas. 
		El centro presentaba un portón de acceso de acero y un tinglado de chapa de unos 10 metros de altura cubría prácticamente todas las dependencias, que se presentaban de alrededor de 3 metros de altura, con techo de cemento. El ingreso se efectuaba por la guardia y los traslados se hacían por una puerta de dos hojas, encontrándose a la izquierda de ésta, una imagen de la Virgen. 
		Existían también: un sector de incomunicados con grandes ventanas ojivales, tapadas con mampostería, dejando libre sólo una parte superior; una sala de torturas; un laboratorio fotográfico y dactiloscópico; una oficina de operaciones especiales; una cocina y un comedor enfrente; una enfermería para curaciones y otra para internaciones; una sala de archivo y documentación, otra para rayos X; tres pasillos con celdas, cada línea de celdas tenía un baño con una cortina como puerta, y, en la tercera línea, había un lavadero y duchas; un cuarto de guardia con ventana hacia la playa de estacionamiento; y una habitación mayor se usaba para reparar los artículos del hogar, eléctricos y electrónicos robados en los allanamientos.
		En oportunidad de realizar una inspección ocular del lugar el suscripto, contó con la presencia de dos sobrevivientes de dicho lugar Susana Caride e Isabel Fernández Blanco a efectos de ilustrar acerca de las características del lugar.
		Del acta labrada en dicha oportunidad (21.649/651) se desprende que a efectos de ingresar al lugar donde hasta hace pocos meses funcionó la División Planta Verificadora Automotor de la Policía Federal Argentina, se debe cruzar una puerta de rejas, por la cual se ingresa a un patio de extensas dimensiones y forma irregular, el cual posee piso de cemento. 
		A continuación, desde el patio se observa un portón de metal color azul, y mirando hacia el portón, a la derecha se encuentra una construcción de cemento, que comprende dos ambientes, uno de ellos -por el cual se accede- posee una ventana hacia el garaje, y la otra habitación resulta ser de parecidas dimensiones y también tiene una ventana que da hacia el garaje o patio.
		“A continuación, pasamos a recorrer los sitios a los cuales las testigos tuvieron acceso mientras estuvieron en cautiverio, tratándose de un ambiente al cual se accede desde el patio por una puerta que refieren las testigos que en aquel entonces no existía. En este lugar funcionaba el llamado “Sector de incomunicados”, advierte la testigo Fernández Blanco, que se halla modificado. Que como dijo, la puerta de ingreso desde el patio no existía. La testigo refiere que en este sitio había cinco celdas, que también había una mesa y sillas de hierro, estilo jardín, y que era aquí en donde estaba el cartel que decía “Bienvenido al Olimpo de los Dioses”. Recuerda Fernández Blanco que la única puerta de ingreso al lugar, es la que se halla -desde donde ingresamos- a la derecha del ambiente; que tampoco estaba en el sitio el espacio o mini ambiente que se halla opuesto a la puerta de ingreso que ha sido señalada como la que estaba originariamente. Que en este sitio pequeño se vé un ventiluz desde el cual se puede ver una ventana y al respecto, refiere Fernández Blanco que este sitio antes tenía ventanas, que era un lugar que tenía más luz y que evidentemente se ha levantado una pared para tapar las tres o cuatro ventanas que en aquel entonces existían” (subrayado agregado).
		A continuación se ingresó por la puerta de la izquierda, la cual es de estructura de metal pintada de azul, y que posee unos vitraux de Colores y un patio, desde el cual se observan dos cuartos. La testigo Susana Caride refirió que antes había tres cuartos u oficinas y no dos como ahora y que en el cuarto de la izquierda estaban Paco y Soler, que en el siguiente estaba el GT2 y en el restante, estaba la sala de fotografía. 
		“Que en este momento Fernández Blanco recuerda que mientras se construía el «Olimpo», fueron alojados en “Banco”, que este último les fue prestado mientras que terminaban de construir el «Olimpo», y que por ello el «Banco» era un lugar transitorio, o de paso. Refiere la testigo Caride, que las ventanas que poseen hoy las oficinas, no existían en aquel momento; que la primera oficina desde la izquierda, era la que usaba el represor Soler“.
		Saliendo del lugar y luego de caminar por un pasillo, a la izquierda hay un espacio en forma de letra L, donde según Caride y Fernández Blanco funcionaba el comedor y la cocina del Consejo. “Señalan las nombradas que en el sitio próximo a la ventana fueron dejados los cadáveres de Révora y Fasano”. 
		Saliendo al garaje, refirieron las testigos que en este predio estaban ubicados los “tubos”, el “quirófano” o sala de tortura, como los baños. 
		“Señalan las testigos que se advierte en una de las paredes laterales, que hasta cierta altura hay rasgos de haber existido una edificación que ahora ya no está; a la vez que también se observa un grupo de personas trabajando en el lugar, precisándose que se trata de antropólogos y que los mismos han levantado parte del piso del lugar, observándose que se encontraron ocho agujeros de cloaca, los cuales se hallan distribuidos en líneas paralelas de cuatro. Ya paradas en el sitio, las testigos recuerdan el lugar en el cual estaban detenidas. Se deja constancia que el patio en el cual nos hallamos posee grandes dimensiones, y posee tres paredes que lo bordean. Sobre una de ellas se registran en total cinco puertas y tres ventanas; y sobre la otra pared se registra una puerta, tres ventanas y un portón, siendo este último por el cual se accede al lugar en L, a partir del cual se accede a la «Sala de Situación». El patio citado posee techo de chapa y algunas ventanas de vidrio en el techo”.
		Ubicación geográfica de “El Olimpo”:

		2.5.2 Acreditación de la existencia de “El Olimpo”.
		La existencia de este Centro de Detención encuentra sostén en las actas de reconocimiento del lugar -Legajos Conadep 4152, 807, 1332, Anexo D, consignados en la presentación de fs. 1/17 del Legajo 119-.
		Por otra parte, entre otros, testifican sobre la existencia del lugar, su ubicación y conformación, Susana Leonor Caride (cfr. fs. 119/vta., 1024, 1242/1244 vta., 1633 del Legajo 119 y Legajo 14); Miguel Ángel Benítez (fs. 103/vta. del Legajo 119 y Legajo 22); Luis Gerardo Torres (fs. 2498, 114/vta. del Legajo 119 y Legajo 125); Mario César Villani (fs. 224, 227, 268, 273, 1330 del Legajo 119 y Legajo 211); Osvaldo Acosta (fs. 1248, 1674 del Legajo 119); Enrique Carlos Ghezan (fs. 135, 1607 del Legajo 119 y Legajo 20); Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (Legajo Conadep nro. 4124, fs. 137, 1623 del Legajo 119 y Legajo 20); Elsa Ramona Lombardo (Legajo Conadep nro. 3890, fs. 1645 del Legajo 119 y Legajo 20); Juan Agustín Guillén (fs. 2490 del Legajo 119); Mónica Evelina Brull de Guillén (fs. 2492 del Legajo 119); Graciela Irma Trotta (Legajo Conadep nro. 6068, fs. 2495 del Legajo 119 y Legajo 16); Emilia Smoli de Basile (fs. 2574 del Legajo 119 y Legajo 140); Julio Eduardo Lareu (fs. 2659 del Legajo 119 y Legajo 28) e Isabel Teresa Cerruti (Legajo Conadep nro. 5848, y Legajo 23).
		Por otra parte, los diversos testimonios que relacionaron el funcionamiento del “Olimpo” con el Primer Cuerpo de Ejército fueron confirmados, a título indiciario, por el Gendarme Omar Eduardo Torres (Legajo Conadep nro. 7077) cuyos dichos pueden verse en extenso en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (cfr. Nunca Más, cit., pp. 164/5).
		Finalmente, acredita de modo definitivo la existencia y funcionamiento del centro, las copiosas constancias agrupadas en el Legajo N “Centro de Detención «El Olimpo»”, que concentra los testimonios de diversos damnificados que permanecieron alojados en dicho lugar, croquis, planos y vistas fotográficas del lugar.

		Considerando Tercero:	
		Actividad jurisdiccional cumplida en relación a los indagados. 
		En primer término, corresponde dejar consignado que al tiempo de instruirse la entonces causa nro. 450 -hoy causa nro. 14.216/03- ante la Excma. Cámara Federal, la prueba relativa a lo que fuera la instalación y funcionamiento de los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, se fue componiendo mediante la formación de legajos individuales relativos a las víctimas de cautiverio y alojamiento en tales centros. 
		Dichos legajos fueron oportunamente puestos en conocimiento de los indagados al hacérsele saber la prueba obrante en su contra, constan en copia certificada en Secretaría y serán objeto de continua remisión a lo largo de esta resolución.
		Simplemente, a modo de ejemplo, es menester resaltar los Legajos 119 y 120 por resultar particularmente emblemáticos en relación a las imputaciones efectuadas en cada una de las declaraciones indagatorias recepcionadas por el Tribunal.
		El Legajo nro. 119 contiene lo que originalmente fuera la causa nro. 4821 del Juzgado nro. 6 del Fuero y se vinculaba a los centros de detención “Banco” y “Olimpo”. 
		Por su parte, el Legajo 120 alberga la causa nro. 411 del registro de la Cámara Federal y que fuera la causa caratulada “Israel, Teresa María s/privación ilegal de la libertad-CCD Atlético” registrada bajo el nro. 9482/83 ante la Secretaría 7 de este Juzgado Federal nro. 3.
		Sin embargo, la investigación que había llevado a cabo la Excma. Cámara del Fuero quedó paralizada como consecuencia de la sanción de las Leyes 23.521 y 23.492 (conocidas como “Obediencia Debida” y “Punto Final”, respectivamente).
		 Esta situación se modificó con el dictado de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521 y como consecuencia de ello, la Excma. Cámara del Fuero dispuso la reapertura de la investigación. 
		Al recepcionar las actuaciones, este Tribunal resolvió retrotraer las situaciones procesales de las personas imputadas a aquellas que revestían con anterioridad a la vigencia de las leyes ahora nulificadas y poner en marcha, nuevamente, la encuesta. 
		Para lo cual, además del estudio de los legajos elaborados oportunamente por la Excma. Cámara del Fuero, otra vez numerosas víctimas prestaron declaración testimonial ante esta sede tal el caso de: Jorge Osvaldo Paladino (fs. 17.260/1vta.), Ana María Careaga (fs. 17.283/4 y 19.450/1), Juan Agustín Guillén (fs. 17.285/92), Mariana Patricia Arcondo (fs.17.294/5), Susana Leonor Caride (fs. 17.328/30 y 17.829/31), Claudia Graciela Estévez (fs.17.331/2), Rufino Jorge Almeida (fs.17.333/4 y 18.126/8), Gilberto Rengel Ponce (fs. 17.339), Isabel Mercedes Fernández Blanco (fs. 17.340/1 y 17.841/43), Julio Eduardo Lareu (fs. 17359/60), Jorge Enrique Robasto (fs.18.124/5), Estela de la Cuadra de Fraire (fs. 18.147/68), Nora Beatriz Bernal (fs. 18.200), Delia Barrera (fs. 18.201/3), Carmen Aguiar de Lapacó (fs. 19.238/40), Gabriel Beatriz Funes de Peidró (fs. 19.259), Ricardo Hugo Peidró (fs. 19.260/1), Jorge Alberto Giovanoni (fs. 19.263/4), Carlos Rodolfo Cuellar (fs. 19.270/2), Isabel Teresa Cerrutti (fs. 19.373/5), Julio Fernando Rearte (fs. 19.376/85), Marcelo Gustavo Daelli (fs. 19.392/4) y Elsa Ramona Lombardo (fs. 19.448/9), Miguel D’Agostino (fs. 20.878/82); Daniel Aldo Merialdo (fs. 20.873/4) y Juan Carlos Guarino (21.684/6), quienes con sus testimonios dieron cuenta de los sucesos ocurridos durante la última dictadura militar y particularmente, sobre la vida en los centros de detención a los que estamos haciendo referencia en este decisorio.
		A su vez, se requirió a diversas fuerzas de seguridad, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Gendarmería Nacional Argentina, legajos personales de las personas imputadas. 
		Con los elementos de prueba colectados, el Tribunal dispuso la detención a efectos de recibirle declaración indagatoria, a las siguientes personas:
		1. Sargento Ayudante (R) de la Gendarmería Nacional Argentina Arlindo Benito Luna quien supuestamente bajo el apodo de “Montoya” se habría desempeñado en los centros clandestinos de detención conocidos como “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 19.990/20.002 se negó a declarar.
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria (fs. 21.062/076) negó su autoría en los hechos imputados.
		2. Comandante Principal (R) de la Gendarmería Nacional Argentina Eugenio Pereyra Apestegui, quien bajo el apodo de “Quintana” se desempeñó en los centros clandestinos de detención conocidos como “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 20003/15 se negó a declarar 
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria (fs. 21.091/104 y 22.549/62) negó su autoría en los hechos imputados.
		3. Comandante Mayor (R) de la Gendarmería Nacional Argentina Guillermo Víctor Cardozo quien bajo el apodo de “Cortez” se desempeñó en los centros clandestinos de detención conocidos como “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 20030/43 se negó a declarar. 
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria (fs. 21.047/061 y 22.563/76) negó su autoría en los hechos imputados.
		4. Subcomisario (R) de la Policía Federal Argentina Samuel Miara quien bajo el apodo de “Cobani” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 20.548/565 se negó a declarar.
		5. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Juan Carlos Falcón quien bajo el apodo de “Kung Fu” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 20.566/584 y a fs. 22.243/59 negó su responsabilidad en los hechos imputados.
		6. Adjutor Principal (R) del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena quien bajo el apodo de “Centeno” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 20.585/599 negó su responsabilidad en los hechos imputados.
		7. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Raúl González quien bajo el apodo de “Negro” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” a fs. 20.600/619 y a fs. 22.456/73 negó su responsabilidad en los hechos imputados.
		8. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Luis Juan Donocik quien bajo el apodo de “Polaco chico” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 20.620/638 y a fs.22.474/491 negó su responsabilidad en los hechos imputados.
		9. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Eufemio Jorge Uballes quien bajo los apodo de “Anteojito Quiroga” y”Führer” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” ; el nombrado a fs. 20.548/565 negó su responsabilidad en los hechos imputados.
		10. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Eduardo Emilio Kalinec quien bajo el apodo de “Dr. K” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 21.014/031 y a fs. 22.121/138 negó su participación en los hechos imputados. 
		11. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Gustavo Adolfo Eklund quien bajo el apodo de “El alemán” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 21.348/65 se negó a declarar.
		12. Auxiliar de Inteligencia Juan Antonio del Cerro quien bajo el apodo de “Colores” se desempeñó en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 21.652/669 se negó a declarar.
		13. Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Roberto Rosa quien bajo el apodo de “Clavel” se desempeñó en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 22.021/037 negó su participación en los hechos imputados.
		A su vez se ampliaron las declaraciones indagatorias de:
		14. Auxiliar de Inteligencia Julio Héctor Simón quien bajo el apodo de “Turco Julián” se desempeñó en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”,; el nombrado a fs. 21.831/44 se negó a declarar.
		15. Auxiliar de Inteligencia Oscar Rolón quien bajo el apodo de “Soler” se desempeñó en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”; el nombrado a fs. 21.807/32 se negó a declarar.
		La valoración de los descargos efectuados será realizada en oportunidad de analizar la situación procesal de cada uno de ellos. 

		Considerando Cuarto:
		Valoración de la prueba (frente a hechos delictivos concebidos con previsión de impunidad).
		4.1. Introducción.
		Los hechos delictivos que nos ocupan representan severas violaciones a los derechos humanos y, justamente por ser cometidas desde el aparato del Estado, han tenido no sólo mayor posibilidad de provocación de un resultado dañoso sino también de escapar al aparato sancionatorio por cuanto, desde el mismo momento en que fueron ejecutados, gozaban de una previsión de impunidad por medio de una tarea de ocultación de huellas y rastros.
		En efecto, estos delitos han tenido pretensión de no dejar indicios y, en su modalidad de ejecución, fueron mayoritariamente cometidos al amparo de las denominadas zonas liberadas, para consumar los secuestros y la instalación de centros ilegales para el cautiverio posterior de las víctimas, y cuya existencia era negada sistemáticamente ante la opinión pública.
		Frente a este panorama, no extraña que los medios de prueba a obtenerse se vean constituidos por un claro predominio de testimonios de víctimas, compañeros de cautiverio y/o familiares.
		Los numerosos testimonios reseñados en el presente resolutorio, conforman uno de los elementos de convicción más importantes del plexo probatorio colectado en el legajo en referencia a los hechos acaecidos en la Capital Federal durante la vigencia del último gobierno de facto (1976-1983). 
		La importancia de los relatos referidos se torna manifiesta al analizar la responsabilidad penal de los imputados, pues cada testigo brindó pormenorizados datos vinculados tanto a las privaciones de la libertad, cuanto a la instalación, funcionamiento y condiciones de cautiverio en los centros clandestinos de detención conocidos como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. 
		En este orden de ideas, no se debe olvidar que el proceso penal debe tener por objeto la búsqueda de la verdad respecto de los sucesos investigados, como así también de los antecedentes y circunstancias concomitantes que rodearon al mismo.	
		Dichos testimonios ayudaron a reconstruir la verdad histórica -fin de todo proceso penal- la cual resulta más accesible a través del rastro dejado en los objetos o en la memoria de las personas, quienes a través de sus dichos permiten al Magistrado reconstruir la actividad humana que es investigada. Máxime, en este tipo de investigaciones, cuando la actuación represiva, militar y policial estaba regida por la clandestinidad. 
	
		4.2. Importancia de la prueba testimonial.
		Los testigos, cuyos dichos se valoran en el presente resolutorio, permitieron conocer los sucesos criminales que se desarrollaban mediente un plan sistemático; el cual se ejercía de forma clandestina y secreta. 
		Así, no es casual que los interrogatorios a los detenidos fueran de madrugada, que no existieran órdenes escritas de detención, prisión o liberación, ni que existieran registros del paso de los detenidos por diversas dependencias policiales. 
		Ello, obedeció a la necesidad que la actividad represiva fuera llevada a cabo en forma secreta, clandestina, puesto que la misma era ilegal y privada de toda justificación, en punto a la selección de los medio para obtener el fin propuesto.
		Sobre la importancia de las declaraciones testimoniales en un proceso penal, Jorge A. Clariá Olmedo nos enseña: "La versión traída al proceso por las personas conocedoras de algún elemento útil para el descubrimiento de la verdad mediante su dicho consciente, con fines de prueba, es de trascendental significación desde el punto de vista probatorio. Esto nos ubica dentro de la concepción amplia del testigo, cuyo tratamiento ocupa el primer lugar en el análisis de los colaboradores del proceso penal en lo que respecta a la adquisición de las pruebas [...] En este sentido amplio y generalizante, puede llamarse testigo a toda persona informada de cualquier manera de los hechos o circunstancias que se investigan en una determinada causa penal y cuya declaración es considerada útil para el descubrimiento de la verdad [...] El testigo desempeña un servicio de carácter público en la administración de la justicia. En materia penal es el colaborador más importante para la adquisición de la prueba, por cuya razón su intervención en el proceso se impone con las menores restricciones posibles." (Clariá Olmedo, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed. Ediar S.A., Bs. As., 1963, Tomo IV, pág. 256 y sig.).
		La importancia de las declaraciones testimoniales colectadas en autos, radica fundamentalmente en la coherencia y verosimilitud de las mismas. Pues del análisis prolijo de la totalidad de ellas no se evidencian contradicciones ni objeciones entre las manifestaciones de los testigos. 
		Sobre esta misma cuestión, es decir la consideración de las declaraciones de los testigos, Raul W. Ábalos nos ilustra: "El testigo debe adquirir su conocimiento por haberlo adquirido por percepción directa y personal, y no por lo que le relataron terceras personas, ya que de esa manera no se trae una prueba directa, sino que se trae algo percibido por otro, quien, en realidad, tendría el carácter de testigo en sentido propio. No es prueba directa de un hecho una emanada de un testigo que no lo presenció (T.S.Cba. 1959; B.J.C. II-24).Para que el testimonio sea directo, no es necesario que el testimonio haya visto efectivamente cómo han sucedido los hechos; basta la percepción parcial o total por cualquiera de sus sentidos. Piénsese en aquél que escucha determinados números de disparos en la noche. Este tipo de testigo trae elementos corroborantes respecto de lo que puede saber otro testigo presencial. Además, luego del ensamble que el Juez debe hacer de las declaraciones de varios testigos que conozcan parcialmente un hecho, puede lograrse la reconstrucción del mismo. Estas verdades parciales, aisladamente consideradas podrían no tener ningún valor; sin embargo, unidas pueden producir la plena convicción del Juez respecto de cómo y cuándo fue cometido el ilícito" (cfr. su Derecho Procesal Penal, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1994, p. 573).
		Sobre esta cuestión, en ocasión del dictado de la sentencia en la causa nro. 13/84 la Excma. Cámara del Fuero señaló: "Sana crítica y apreciación razonada o libre apreciación razonada, significan lo mismo: libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio personal del juez, sean aplicables al caso. En este punto existe una unidad de concepto (conf. Devis Echandía, op. cit., T.I. p. 99)."
		"En este proceso el valor de la prueba testimonial adquiere un valor singular; la naturaleza de los hechos investigados así lo determina [...]"
 		"1°) La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración, o se cometen en el amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios."
		"En la especie la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y huellas, el anonimato en el cual procuraron escudarse sus autores, avala el aserto. No debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como órganos de prueba revistan la calidad de parientes o víctimas. Son testigos necesarios."
		"2) El valor suasorio de esos relatos estriba en el juicio de probabilidad acerca de la efectiva ocurrencia de los hechos que narran."
		"Es un hecho notorio -tanto como la existencia del terrorismo- que en el período que comprenden los hechos imputados desaparecían personas; existían lugares clandestinos de detención dependientes de las Fuerzas Armadas; personal uniformado efectuaba permanentes procedimientos de detención, allanamientos y requisas, sin que luego se tuviera noticias acerca de la suerte corrida por los afectados."
		Al decir de Eugenio Florián «...Notorio es el hecho que lo conoce la mayor parte del pueblo, de una clase, de una categoría, de un círculo de personas, y por ello en nuestro caso parece que es suficiente el concepto y que resulta inadecuada una definición, que tal vez nunca llegaría a reflejar sus infinitos matices, casi inasibles, el complicado fenómeno de la psicología colectiva…» (De las pruebas penales, Ed. Temis Bogota 1976, T.I. p. 136)”.
		"No obstante tal caracterización del fenómeno que se viene de describir, conviene despejar todo equívoco acerca de la posible exoneración de la prueba; la circunstancia de que la ocurrencia de los hechos se halle controvertida en el proceso es condición necesaria y suficiente para que se demande su prueba...." (Causa n1 13/84, Sentencia de fecha 9 de diciembre de 1985, Tomo I, pág 293. 294, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987).

	   4.3. La importancia de la labor de la CONADEP de cara a la acreditación de los hechos.
		Una vez más debemos recordar aquí que dentro de la modalidad represiva, las denominadas “Áreas Liberadas” no constituían una medida improvisada sino una pieza fundamental en el actuar delictivo en tanto implicaban que cuando un Grupo de Tareas hacía incursión violenta en los domicilios particulares para dar inicio a la metodología de secuestro como forma de detención, gozaba previamente del “permiso” o “luz verde” para semejante operativo de lo que necesariamente resultaba que cualquier persona que se comunicara con la Comisaría con jurisdicción y/o Comando Radioeléctrico, recibiera como respuesta que estaban al tanto del procedimiento pero que estaban impedidos de actuar. La liberación de la zona donde habría de iniciarse el actuar terrorista del Estado no era inocente sino una premeditada y organizada forma de, por un lado, asegurar que la policía no detendría un delito en ejecución, y por otro, prevenir la posterior acreditación probatoria futura de semejantes delitos, debiendo ser destacado que más del 60% de los casos de detenciones ilegales fueron consumadas en domicilios particulares.
		Por otro lado, los operativos se desarrollaban mayoritariamente a altas horas de la noche o de la madrugada, por grupos severamente armados y numerosos que, en promedio, se integraban por cinco o seis personas aunque en casos especiales llegaron a constituir grupos de hasta cincuenta integrantes, valiéndose no sólo de la nocturnidad sino también de concertados cortes de energía eléctrica en las zonas donde se irrumpiría y siempre con apoyo vehicular con ausencia deliberada de patentes.
		“La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta a la agresión. Estaban también dirigidos a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo.” (cfr. Informe Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas - CONADEP Cap. I “La acción represiva”). 
		De igual modo, el establecimiento de centros clandestinos de detención también formaba parte de la previsión de impunidad por los aberrantes hechos que allí acaecían. Permitían no justificar las detenciones ni la prolongación del estado de privación de la libertad; permitían negar sistemáticamente toda información sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos de derechos humanos; permitían no someter a proceso judicial a los cautivos, privarlos de toda defensa y decidir arbitrariamente su destino final; permitían aislarlos de sus familiares y amigos, torturarlos y apremiarlos porque nadie vería ni constataría las secuelas. 
		En este contexto, la dificultad de esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ha encontrado solución en la histórica labor cumplida por la CONADEP, cuyo trabajo ha sido encomiable y la información recopilada, tan copiosa como contundente, nos sigue brindando luz para explicar cómo sucedieron los hechos aún cuando hubo de reponerse al transcurso del tiempo y las medidas diseñadas por el aparato represor, concebidas para esconder los pormenores y rastros delictivos.
		Por ello, en este marco donde se han suprimido las marcas del delito en forma deliberada, o no se han dejado rastros de su perpetración, o no ha sido posible la adopción de medidas de conservación de evidencias, o se consumaron mediando invasión a esferas de privacidad o en ámbitos clandestinos especialmente organizados a tal fin, y bajo una intrascendencia pública violenta e infligiendo terror, cierta prueba se vuelve necesaria en el sentido de ser la única posible por el medio y modo como se delinquió. 
		Dicha prueba es el resultado del informe elaborado por la CONADEP y todas las constancias obtenidas sobre la base de las referencias brindadas por las víctimas de la represión y sus familiares y allegados ya que -como bien señalara la Sentencia de la causa 13 citada- a raíz de la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, cuanto el anonimato en que se escudaron los autores, no puede extrañarnos que la mayoría de quienes actúen como testigos de los hechos revistan la calidad de parientes o víctimas, inevitablemente convertidos en testigos necesarios. 
		Igualmente, la valoración que se efectúe de los legajos de la CONADEP no puede dejar de considerar que en ellos se adjuntan, más allá de los testimonios vinculados a cómo sucedieron las desapariciones, tormentos y detenciones clandestinas, los innumerables reclamos escritos que efectuaron oportunamente los familiares de las víctimas en forma contemporánea a las desapariciones ante organismos públicos, sea administrativos, policiales, judiciales o militares, instituciones religiosas y otros organismos internacionales de prestigio, lo que desecha la posibilidad de un armado, confabulación o conjura preparada ideológicamente recién al tiempo de la actuación de la CONADEP la que, por cierto, fue conformada considerando la idoneidad, la destacada solvencia intelectual pero también moral de sus miembros. 
		Así pues, las coincidencias de relatos sobre los procederes ilegales del aparato represivo responden a su correspondencia con la realidad y la coincidencia esencial obedece al obrar sistemático que caracterizó los años oscuros de la dictadura militar, no a una impracticable maquinación de las víctimas. 
		En otro orden, más allá de la recalcada reputación de los integrantes de la CONADEP, es útil recordar -tal como hiciera la Cámara Federal en la causa 13- que tal organismo fue creado a través del decreto 187 del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 15 de diciembre de 1983, a efectos de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas, constituyendo un ente de carácter público (art. 33 del Código Civil), con propio patrimonio, siendo sus miembros funcionarios públicos y las actuaciones que labraron cuanto las denuncias que recogieron, también instrumentos públicos (art. 979, inc. 2 del Código Civil).
		En cumplimiento de su tarea la Comisión elaboró por arriba de 7.000 legajos, comprensivos de declaraciones y testimonios de víctimas directas sobrevivientes, familiares de desaparecidos, verificó y determinó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención donde reinaran los tormentos físicos, psíquicos y condiciones inhumanas de vida, recepcionó declaraciones a miembros del accionar represivo, integrantes de fuerzas de seguridad, se realizaron inspecciones en diversos sitios y se recabaron informaciones de las fuerzas armadas y de seguridad cuanto de diversos organismos, acumulando más de cincuenta mil páginas documentales.
		Pues bien, todo ese material documental constituye una fuente probatoria de indudable valor y que en este decisorio es sometido a un agudo juicio crítico caso por caso imputado, complementando y valorando la consistencia de los testimonios con otras constancias como ser los reclamos coetáneos a las ilegales detenciones y efectuados ante diversos organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales, como así también las pertinentes formulaciones de denuncias e inicio de actuaciones por privaciones ilegítimas de la libertad, habeas corpus y la amplia gama de informes incorporados.

		4.4. Conclusión.
		En definitiva, en relación a las pruebas colectadas, amén de lo ya señalado, las mismas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica racional, que al decir de Vélez Mariconde “consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos (como las relativas al cuerpo del delito) ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común” (ver autor citado, Derecho Procesal Penal, T. I, p. 361 y ss.).
		Cabe recodar, a su vez, que las reglas de la sana crítica no importan liberar al juzgador de manera ilimitada o autorizarlo a formular juicios caprichosos o arbitrarios, que reposen únicamente en elementos subjetivos; este sistema es el de la íntima convicción, cuya característica principal está dada por la libertad del juez para convencerse según su leal saber y entender. Como se indicó, el sistema de valoración de la prueba adoptado por la ley vigente, reposa sobre criterios de racionalidad.
		Dentro de esta amplia libertad probatoria, un aspecto de la racionalidad está dado por la coincidencia de las manifestaciones obtenidas con las demás circunstancias de la causa, las que dentro del conjunto del cuadro probatorio son útiles para abonar tal prueba; a dicho fin, resulta indistinto que tales extremos sean anteriores, concomitantes o posteriores al hecho.

		Considerando Quinto:
		Hechos imputados. 
		1. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Pablo Pavich.
		Pablo Pavich fue detenido el 1° de julio de 1976, habiendo permanecido ilegalmente privado de su libertad en los centros clandestinos de detención conocidos con los nombres de “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, donde fue sometido a tormentos, permaneciendo desaparecido.
		Los dichos de Jorge Oscar Casalli Urrutia, Miguel Ángel Benítez, Isabel Marta Mester, acreditan la permanencia de Pablo Pavich, alias “Pascual” en el centro de detención “El Banco”; de su paso por “Club Atlético” dan cuenta Mario César Villani, Nilda Haydeé Orazi, Jorge Alberto Allega, Ana María Careaga y Miguel Ángel D’Agostino; por su parte Alberto Próspero Barret Viedma hace mención a su paso por “Olimpo” (cfr. certificaciones obrantes a fs.6/17 del legajo Nro.148).
		En dicho legajo a su vez, obra la certificación de la declaración prestada por Juan Antonio del Cerro en el legajo 119 oportunidad en la que dijo: “...Pavich, Pablo <<Pascual>> era un alto dirigente <<Teniente>> del E.R.P. en Córdoba donde integraba la plana mayor de la Regional pero no lo conoció personalmente...”.
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		2. Privación ilegal de la libertad y tormentos de María Alicia Morcillo de Mopardo.
		Conforme surge del legajo 613, la nombrada fue detenida el 13 de noviembre de 1976 en horas de la madrugada en su domicilio de la calle Cádiz 3052, Castelar, Provincia de Buenos Aires, junto a su esposo Alfredo Mopardo, su hermano Pablo Jorge Morcillo y la novia de éste, Alejandra Beatriz Roca. 
		Sobre este caso, obra a fs. 110 del legajo 613 el testimonio de Nora Beatriz López Tomé, quien relató que, al ser detenida por un grupo de personas, fue conducida en un vehículo “…por Santa Fe hasta 9 de Julio, hacia Constitución, pasando el Obelisco, a las cinco o diez cuadras dobló hacia el río y a los cinco minutos frenó delante de un edificio del tipo de los que hay en el puerto de color grisáceo, con un estacionamiento al lado con cocheras numeradas”, sitio donde se le dio un número y letra como identificación, y en el que entre otras personas, se hallaban Selma Mopardo, Alejandra Roca y Alfredo Mopardo, “que había sido el más castigado del grupo, torturado con pasaje de electricidad desnudo y con la mujer al lado”; habló con María Alicia Morcillo quien tenía problemas de abscesos debido a la lactancia.
		Agregó López Tomé, que al cabo de tres días, todos fueron trasladados en automóviles, incluida María Alicia Morcillo, en un viaje que duró 40 minutos, primero sobre asfalto y luego sobre camino de tierra. Llegaron a una “especie de casa siendo alojada en un nicho cuya dimensión era del tamaño de un colchón de una plaza, donde permanecieron cuatro personas con las manos esposadas atrás y atadas a la pared, la casa tenía a la entrada un patio que daba a un pasillo, frente a los nichos había una pileta y un cuarto donde se interrogaba y torturaba, y al lado de la casa había un galpón con techo de chapa de forma curva. [...] Unos días después, empiezan a llamar por los números a 18 personas, entre ellas María Alicia, Pablo Morcillo, Alfredo Mopardo, [...] a los que les explican que serán trasladados a Resistencia y que les aplicarían una inyección para que no se marearan pues viajarían en avión, lo que ocurrió [...] días antes que liberaran a la exponente. El traslado mencionado habría ocurrido un día viernes, a Alejandra la dejaron despedirse de Pablo Morcillo. Que unos días después aparentemente liberan a Selma y Alejandra llevándolas en dos autos sin adoptar ningún régimen de seguridad para evitar que las nombradas hablaran con otros detenidos [...] Cree que el lugar de detención se hallaba en Provincia...”.
		El caso de María Alicia Morcillo de Mopardo integró aquellos merituados por la Excma. Cámara del Fuero en la causa nro. 13/84 (caso nro. 425 de la sentencia), oportunidad en la que se indicó que “...El lugar en que ocurrió el hecho -zona Defensa 1- permite afirmar que el personal que detuvo a la víctima dependía del Primer Cuerpo de Ejército. María Alicia Morcillo de Mopardo fue mantenida clandestinamente en cautiverio en alguno de los centros que funcionaban a tales fines [...] Si bien hay un sólo testigo que habla del cautiverio de toda esa familia [...], estando a […] la modalidad utilizada por las fuerzas armadas y de seguridad en todos los casos [...] no cabe duda sobre que, luego del secuestro, fueron llevados a algún lugar especial de detención”.
		Ahora bien, tal como la misma Alzada valorara en su ocasión, el único testimonio obtenido no permite concluir, con el grado de certeza necesaria para este decisorio, que la nombrada haya estado alojada ilegalmente en alguno de los tres centros aquí tratados.
		Tampoco resulta posible atribuir, al menos por el momento, a los imputados, vinculación directa o indirecta tanto en su detención, como en su privación ilegal de la libertad, o destino posterior.
		En virtud de ello, en lo que a este evento se refiere he de proceder conforme lo establecido por el art. 309 del Código de forma, sin perjuicio de la prosecución de la investigación.

		3. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Pablo Morcillo.
		El caso del nombrado fue desarrollado bajo el nro. 430 en la causa nro.13/84 de la Excma. Cámara del Fuero.
		En relación al mismo, han de darse por reproducidas en su totalidad, las circunstancias y conclusiones indicadas al tratar el caso que antecede “2”.

		4. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Adriana Marandet de Ruibal.
		Adriana Marandet de Ruibal fue detenida el 17 de febrero de 1977 y alojada en el centro clandestino de detención “Atlético”, permaneciendo desaparecida.
		La situación de la nombrada fue motivo de desarrollo bajo el caso nro. 437 en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 por la Excma. Cámara del Fuero, en la que señaló: “Está probado que Adriana Claudia Marandet de Ruibal fue privada de su libertad el día 17 de febrero de 1977 en su domicilio sito en la calle Pergamino 397 de esta Capital Federal, por efectivos del Ejército Argentino [...] Los testigos son contestes en manifestar que, tras la muerte de Eduardo Ruibal, el personal del Ejército se llevó a Adriana Claudia Marandet [...] a Adriana Claudia Marandet de Ruibal se la mantuvo clandestinamente privada de su libertad en el lugar de detención conocido como Club Atlético”.
		En la ocasión y en base a los testimonios reunidos durante las audiencias desarrolladas, se dio por acreditado que Adriana Marandet de Ruibal, fue trasladada al centro clandestino de detención “Atlético”, lugar donde fue vista por Ana María Careaga y Mónica Marisa Córdoba.
		A su vez, este caso fue tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el nro. 2327 en el cual por Resolución Nro. 25 adoptada el 18 de noviembre de 1978 se recomendó al gobierno argentino que se ponga en libertad inmediata a la señora Ruibal, o en su caso y si ello procede, someterla al debido proceso, y asegurarle condiciones de encarcelamiento que no vulneren su derecho a tratamiento humano (cfr. legajo Nro. 121 sin foliatura).			Constan en el legajo las numerosas tramitaciones efectuadas por sus familiares en búsqueda de su paradero, con resultado negativo.
		Así, los documentos reseñados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		5. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Roxana Verónica Giovannoni.
		Roxana Verónica Giovannoni fue detenida el 28 de febrero de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención “Atlético”, permaneciendo desaparecida.
		La declaración hecha por Jorge Alberto Giovannoni da cuenta que el día 28 de febrero de 1977 se encontraba con su esposa e hija (Roxana Verónica Giovannoni) comiendo en la Pizzería “San Carlos V” sita en Olazábal y Triunvirato de Capital Federal, cuando irrumpió en el lugar un grupo de quince hombres de civil armados y los hicieron salir. Los introdujeron en dos autos equipados con radio, por lo que pudo escuchar que iban al “Club”.
		Una vez allí, pudo escuchar los gritos de su hija durante un interrogatorio, así como ruidos de golpes y aplicaciones eléctricas. Supone que ella se desmayó dos o tres veces porque le decían “despertate”.
		El declarante y su esposa fueron liberados el 1° de marzo de 1977 a las 6:30 de la mañana.
		En el legajo 230 obran los siguientes elementos que permiten acreditar la permanencia de Giovannoni en el centro clandestino de detención conocido como “Atlético”, a saber: copia de una carta de Marco Bechis quien refirió que durante su detención en “Club Atlético” vio a “Muñeca” (fs.6/7); certificación de la declaración de Marcelo Gustavo Daelli quien dijo: “...puedo recordar los apodos de «Muñeca» quien posteriormente reconocí en una foto, que se trataría de Giovanonni Roxana Verónica...” (fs. 18); fotocopias certificadas de las declaraciones ante la CONADEP de Ricardo Hugo Peidró y Graciela Funes de Peidró quienes mencionan a Roxana Verónica Giovanonni entre los alojados en el centro de detención (fs. 59/63).
		En igual sentido, en el legajo 120 consta que la nombrada fue vista en dicho centro por Graciela Funes de Peidró (cfr. fs.488) y Ricardo Peidró (fs. 489/90) y Marcelo Gustavo Daelli (fs. 1643) quien, durante su permanencia en “Atlético” viera a Roxana Giovannoni a quien en el lugar llamaran bajo el apodo de “Muñeca”.
		Lucen en el legajo las numerosas tramitaciones efectuadas por sus familiares en búsqueda de su paradero, con resultado negativo.
		Tales ilustraciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		6. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Teresa Alicia Israel.	
		Conforme se desprende del Legajo 120 y lo que se tuviera por acreditado en su oportunidad por la Excma. Cámara del Fuero al resolver la causa nro. 13/84 -caso nro. 82- la nombrada fue detenida en el domicilio que compartía con sus padres el día 8 de marzo de 1977, por un grupo armado que refirió pertenecer al Ejército Argentino; a la vez que fue trasladada al centro clandestino de detención “Atlético”, donde fue sometida a tormentos; permaneciendo desaparecida.
		Corroboran ello las expresiones de Ana María Careaga, vertidas ante la CONADEP -v. fs. 1554 del legajo 120-, en la audiencia de la causa 13/84 y a fs. 1562 del legajo 120.
		Ana María Careaga expresó que “... vio a Teresa Alicia Israel durante el mes de agosto de 1977 en un centro de detención ubicado en Paseo Colón y Garay [...] quien lloraba narrándole que estaba detenida desde marzo, mes el cual había sido muy torturada. [...] Que a las personas que mantenían detenida a Israel las conoce por seudónimos tales como «Pajarito», «Baqueta», «Turco», «Anteojo» y otros que no recuerda.” (fs. 260/1 legajo 120). 
		Asimismo, “…que en alguna ocasión pudo percibir cómo golpeaban en el baño a la misma y reiteradas burlas por su condición de judía.” 
		Finalmente, dijo que la vio por última vez en los meses de agosto y septiembre de 1977 (fs.394/430 legajo 120).
		Las expresiones de Miguel Ángel D’Agostino -fs. 1601 legajo 120-, Marcelo Gustavo Daelli -actas mecanografiadas de la causa 13/84 y fs. 1643 del legajo 120-; Fermín Gregorio Alvez -fs. 1654 legajo 120-; Jorge Alberto Allega -fs. 1662 legajo 120- y Leonardo Carlos Leibovich -legajo 120-, corroboran la permanencia de la nombrada en el mencionado centro de detención.
		Constan, a su vez, en el legajo, las numerosas tramitaciones efectuadas por sus familiares en búsqueda de su paradero, con resultado negativo.
		Todo lo expuesto permite dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
	
		7. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Carmen Aguiar de Lapacó.
		En el legajo de prueba 231 obra copia del testimonio brindado por Carmen Aguiar de Lapacó ante la CONADEP, oportunidad en la cual manifestó: “Que el día 16 de marzo de 1977, a las 23:30 horas aproximadamente estando en su domicilio sito en la calle Marcelo T. de Alvear 934, 4° 19, de la Capital Federal, en compañía de su madre, Carmen Florencia Mugnos de Aguiar, quien en ese momento tenía 72 años, Alejandra Mónica Lapacó, de 19 años, hija de la declarante, Marcelo Butti Arana, novio de Alejandra, y Alejandro Aguiar, sobrino de la declarante, suena el timbre del departamento, luego de lo cual un hombre que dice ser de las «Fuerzas conjuntas en acción» obliga a los moradores a abrir la puerta [...] la declarante abre la puerta, luego de lo cual, aproximadamente 8 hombres penetraron en el departamento, todos vestidos de civil, portando armas largas [...] Que luego de entrar obligan a todos a salir al pasillo; allí a Marcelo le colocan una capucha de color naranja o rojo, y a Alejandra, a Alejandro y a Carmen les vendan los ojos con pañuelos de Carmen, mientras que a la madre de la declarante le colocan sobre la cabeza y el rostro un mantel de nylon transparente. Que mientras tanto el grupo revisa violentamente el departamento, finalizado el operativo, luego de interrogar a Alejandro, Alejandra y Marcelo, aproximadamente a la hora 2:30 del día 17 de marzo.”
		Continúa el relato refiriendo: “Que llevan detenidos a la declarante, a Alejandra, a Marcelo y a Alejandro, a quienes luego de sacarlos del edificio los introducen en 2 automóviles, Alejandra y Marcelo en uno, y la declarante y Alejandro en el otro. Que el grupo sustrajo objetos de diferente valor, libros, joyas, elementos de oro y ropa [...] Que son testigos de este procedimiento de detención las siguientes personas: el portero del edificio, de nombre Atilio, a quien al entrar el grupo le muestran credenciales que no recuerda [...] Que son testigos también Matilde y Helena Lorda, vecinas del 3er. piso del mismo edificio, quienes ven subir a un grupo de hombres transportando un paquete con armas, y luego lo bajan; un hombre de profesión psicólogo que vivía en el 6° piso ...”.
		Carmen Aguiar fue trasladada al centro clandestino de detención conocido como “Atlético”, donde fue sometida a tormentos con golpes de cadenas y elementos de goma, conforme lo narró a fs. 18/21 del legajo 231.
		En el mismo legajo, a fs. 15 obra una declaración de Carmen Aguiar donde menciona entre los represores a los apodados como “Capitán”, “El Teniente”, “Carlos” y “Cacho”. Ante esta sede refirió que con el tiempo supo que dos de las personas que participaron de su secuestro fueron el Turco Julián y Colores, Juan Antonio del Cerro (cfr. fs. 19.238/40).
		La nombrada fue liberada el 19 de marzo de 1977, junto a su sobrino Alejandro Aguiar.	
		Su permanencia en el centro de detención “Atlético” encuentra corroboración en el testimonio de Silvia Elena Dyoukoff (fs. 1308 del legajo 120) y su sobrino.
		Las probanzas expuestas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		8. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Alejandro Francisco Aguiar Arévalo.
		Las circunstancias de su detención ocurrida el 16 de marzo de 1977 son las expuestas en el punto 7.
		Alejandro Aguiar refirió que fue privado de su libertad en la madrugada del 16 de marzo de 1977 en la casa de su tía Carmen Aguiar de Lapacó sita en la calle Marcelo T. de Alvear 934. Fue privado de su libertad junto a la mencionada Aguiar de Lapacó, su tía, Alejandra Lapacó, su prima, y Marcelo Butti Arana, novio de su prima.
		Agregó que en dicho operativo fue dirigido por Juan Antonio del Cerro, quien lo golpeó, al igual que a su prima Alejandra. Para sacarlos de la vivienda los subieron a dos automóviles, al exponente lo condujeron junto a su tía y a su prima junto a su novio.
		La familia fue trasladada al centro de detención conocido como “Atlético” donde el declarante presenció los tormentos que Del Cerro y una personada apodada “El Turco” le infligían a su prima Alejandra y escuchó como era torturado al novio de ésta Butti Arana. Entre los guardias del lugar también mencionó a “El Gordo o Juan Carlos”
		El nombrado fue liberado el 19 de marzo de 1977 junto a su tía Carmen Aguiar de Lapacó.	 
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		9. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Alejandra Lapacó.
		Alejandra Lapacó fue detenida el 16 de marzo de 1977 y conducida al centro clandestino de detención “Atlético”, permaneciendo desaparecida.
		Las circunstancias de su detención el 16 de marzo de 1977 son las expuestas en el punto 7.
		Su ilegal privación de la libertad en el citado centro encuentra corroboración en el testimonio brindado por Marcelo Gustavo Daelli (v. fs. 1643 legajo 120), quien refirió que la misma le fue mostrada por el Turco Julián a los fines de su reconocimiento.
		Por otra parte su madre, Carmen Elina Aguiar de Lapacó, quien estuvo detenida en “Atlético”, en un testimonio elocuente brindado ante esta sede refirió: “...que […] apareció en una oportunidad que salieron de la celda unos zapatos como los de su hija pero con pantalón, lo cual le llamó la atención porque su hija estaba en su casa con un vestido, que ante ello se asomó y vio que era su hija, que tocó su pierna y ella gritó, que entonces le manifestó que no se preocupe y le dijo «soy tu mamá», que en ese momento se abrazaron y Alejandra le dijo «ya no aguanto más la tortura, creo que me voy a morir» y que esas son las últimas palabras que escuchó de su hija. Que tiempo después, escuchó que una persona iba ingresando a la leonera y que por el llanto le pareció que era su hija, por eso la deponente pidió agua con voz fuerte para que ella supiera que estaba allí, ante lo cual Alejandra dijo «ay mi mamá, mi mamita está acá, me dijeron que la habían matado». Agrega que esa fue lo último que escuchó de Alejandra, quien se encuentra desaparecida.” (cfr. fs. 19.238/40).
		Alejandro Francisco Aguiar Arévalo, en su declaración obrante a fs. 81/5 del legajo 231 respecto de Alejandra Lapacó relató: “Que entonces el Jefe del Grupo, Del Cerro, agarró a Alejandra por los cabellos y golpeándole la cabeza contra la pared le decía «Por la Patria te mato acá mismo, hija de puta» [...] Que ese mismo día también es torturada su prima Alejandra Mónica Lapacó. Que el dicente podía escuchar los gritos de la misma al ser torturada. Que mientras infligían tormentos a Alejandra, el dicente se encontraba en la habitación dividida por las paredes pequeñas [...] Que entonces lo llevan a otra habitación en donde se sentían los gritos de Alejandra Lapacó. Que allí le sacan la venda y observó cómo torturaban a su prima, mientras que la interrogaban. Que a cargo de la tortura se encontraba el mencionado Juan Antonio del Cerro, acompañado por un hombre de bigotes al que llamaban «Turco». [...] Que la tortura consistía en picana eléctrica. Que cree que le mostraron el tormento para amedrentarlo. Que confirmó que la habían torturado con picana al ser llevada nuevamente a la habitación donde se encontraba el dicente”.
		Lo expuesto permite dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		10. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Miguel Ángel Butti Arana.
		Miguel A. Butti Arana fue detenido el 16 de marzo de 1977 y alojado en el centro clandestino de detención “Atlético”, permaneciendo desaparecido.
		Las circunstancias de su detención, producida el 16 de marzo de 1977 son las expuestas en el punto 7.
		Al igual que en el caso anterior, su permanencia en el citado centro encuentra corroboración en el testimonio brindado por Marcelo Gustavo Daelli (v. fs. 1643 legajo 120), quien refirió que el mismo le fue mostrado por el Turco Julián a los fines de su reconocimiento y por los testimonios de Carmen Aguiar de Lapacó y Alejandro Aguiar quienes refirieron haberlo visto en “Atlético” (cfr. legajo 231)
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		11. Privación ilegal de la libertad y tormentos de María del Carmen Reyes.
		María del Carmen Reyes fue detenida el 17 de marzo de 1977 y conducida al centro clandestino de detención “El Atlético”, permaneciendo desaparecida.	
		En la causa 13/84, caso nro. 182, se tuvo por probado que María del Carmen Reyes fue detenida en horas de la tarde del día 17 de marzo de 1977 en esta Capital y que se la mantuvo en cautiverio en el centro clandestino de detención “Club Atlético”.
		A su respecto, Marcelo Gustavo Daelli testificó a fs. 1643 del legajo 120 (actas mecanografiadas de la causa 13/84) que en “Atlético”, vio a varias personas que el dicente había conocido en 1975 cuando cursaba en la Facultad de Filosofía y Letras, entre ellas a María del Carmen Reyes, quien le narró que había sido obligada a conducir a sus captores al domicilio de su novio, Lerner, quien fuera allí abatido.
		En la mencionada causa nro. 13/84, se da por probado que los familiares de María del Carmen Reyes hicieron gestiones ante las autoridades en procura de su paradero y libertad, con respuesta negativa.
		Ello así, tales revelaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		12. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Sergio Enrique Nocera.
		Sergio Nocera fue detenido el 18 de marzo de 1977, conducido al centro clandestino de detención “Atlético” y sometido a tormentos, permaneciendo desaparecido.
		Obra en el legajo 312 certificación de la declaración de Marcelo Gustavo Daelli, quien textualmente dijo, siempre con referencia al “Club Atlético” que: “...el «Turco Julián» lo llevó [...] como a una especie de celda de incomunicación, en la cual sobre un catre metálico se encontraba un joven a quien el Turco Julián le sacó la venda, pudiendo entonces identificar a Sergio Nocera [...] tenía el cuerpo completamente llagado, los ojos con pus, sangrando de cortes que tenía en diversas partes del cuerpo, muy flaco [...] Nocera no lo reconoció al dicente [...] el Turco Julián empezó a pegarle con los puños y con un palo de goma que llevaba”.
		A través del testimonio de Marcelo Gustavo Daelli (cfr. fs. 1643), se halla acreditado en los términos exigidos por el art. 306 del Código de forma, que en el citado centro permaneció ilegalmente privado de su libertad el nombrado Nocera, siendo sometido a tormentos.
		Las manifestaciones señaladas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		13. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Liliana Clelia Fontana.
		Liliana Clelia Fontana fue detenida en su domicilio el 1° de julio de 1977, conducida al centro clandestino de detención “El Atlético”, permaneciendo desaparecida.	
		Conforme a la declaración efectuada por Clelia Deharbe de Fontana ante la CONADEP (legajo Nro. 1967) el 1° de julio de 1977 en horas de la noche irrumpieron en su vivienda cuatro individuos de civil armados, preguntando por Pedro Fabián Sandoval (esposo de Liliana Clelia Fontana). Cuando se lo estaban llevando detenido, su hija pidió despedirse, le preguntaron si era “Liliana”, contestó que sí y le ordenaron que fuera con ellos. 
		La permanencia de Liliana Clelia Fontana en “El Atlético” se encuentra acreditada por los dichos de Marco Jorge Lezcano, Haydée Marta Barracosa de Migliari, Oscar Alfredo González, Adolfo Ferraro, Ana María Careaga, Miguel Ángel D’Agostino (conforme certificaciones obrantes a fs.1/17 del legajo Nro.1110).
		En el legajo 224 que constituye prueba en la presente causa, Miguel Ángel D’Agostino textualmente dijo: “...el Atlético [...] ingresó [...] una chica llamada PATY [...] es sacada de la leonera [...] a una sesión de interrogatorios y tormentos [...] sólo pudo apreciar los gritos emanados por la víctima al infligírsele el tormento, mas no pudo ver signos visibles de tal acción [...] La antes referida Paty que posteriormente se enteró que resultó ser Liliana Clelia Fontana de Sandoval.”
		La víctima al momento de su detención estaba embarazada de dos meses y medio.
		La totalidad de los elementos de convicción reseñados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		14. Privación ilegal de libertad y tormentos de Daniel Alberto Dinella.		
		Daniel Alberto Dinella fue detenido el 6 de abril de 1977, conducido al centro clandestino de detención “Atlético”, donde fue sometido a tormentos, permaneciendo desaparecido.
		Marcelo Gustavo Daelli (cfr. fs. 1643 del legajo 120) mencionó haber visto en dicho centro al nombrado, a quien apodaban “Pascua”. Bajo este apodo, fue conocido en ese lugar por Jorge Alberto Allega (cfr. fs. 1662 legajo 120), Daniel Eduardo Fernández (cfr. fs. 477/9), Zulema Isabel Sosa de Alfaya (cfr. fs. 496), Jorge Alberto Allega (cfr. fs. 527/534), Pedro Miguel Antonio Vanrell (cfr. fs. 649/54) y por Miguel Ángel D’Agostino (cfr. fs. 1601, legajo 120), Delia Barrera y Ferrando (fs. 1625, legajo 120).
		Tales exposiciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		15. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Marco Bechis. 
		Marco Bechis fue secuestrado la noche del 19 de abril de 1977, cuando salía de la Escuela Mariano Acosta en la cual trabajaba. Lo apuntaron con un revólver y fue arrastrado hasta un vehículo. En la traducción de su declaración obrante a fs. 101 del legajo 81 refirió: “...me hicieron bajar las escaleras, oí el eco y olí la humedad típica de los ambientes subterráneos [...] Luego fui llevado a una habitación donde se me hizo un interrogatorio [...] acostado sobre una cama de hierro, donde quedé cerca de diez horas, se me aplicó corriente eléctrica (boca, testículos, axilas), en el dedo meñique del pie había un cable de descarga que permitía el paso de la corriente [...] se me interrogó tres veces”.
		En ese lugar de detención vio a Roxana Verónica Giovannoni, que fue a hacer la limpieza de la celda. Supone que estuvo alojado en “Club Atlético” por el mapa del lugar que hiciera Amnesty International. En un determinado momento se lo sacó de la prisión, lo llevaron en auto a la oficina “Coordinación Federal”, y refirió Marco Bechis “en esta oficina me quitaron la venda, estuve tres días de aislamiento junto con Pérez Esquivel [...] me llevaron a Villa Devoto, donde me registraron como si hubiese sido detenido ese mismo día.”
		A fs. 119 del citado legajo obra declaración testimonial de Adolfo Pérez Esquivel quien ratifica haber estado detenido con Marco Bechis en Coordinación Federal y manifestó, a su vez, que Bechis tenía la cara golpeada.
		A fs. 165 obra copia del decreto 1097/77 por el cual Marco Bechis es arrestado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 25 de abril de 1977. Con fecha 13 de junio de 1977 se dictó el Decreto 1722/77 mediante el cual se expulsa del país a Bechis (cfr. copia obrante a fs. 167). 
		Constan en el legajo las numerosas tramitaciones hechas ante las autoridades del gobierno militar por el padre de Marco Bechis en procura de su libertad.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		16. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Nilda Haydée Orazi.
		Conforme obra en la declaración efectuada por Nilda Haydée Orazi agregada en el legajo 314, fue privada ilegalmente de su libertad el 29 de abril de 1977 a las 22 horas en Villa Devoto, por una comisión de la Policía Federal, fue trasladada a una Comisaría, donde fue golpeada, y finalmente conducida al centro de detención denominado “Club Atlético”. 
		Una vez allí, refirió “fui acostada sobre una cama a la que le faltaba el colchón, atada de pies y manos, luego comenzaron a aplicarme electricidad de lo que ellos llamaban “picana” [...] comenzaron a utilizar dos picanas [...] Al cabo de dos días durante los cuales ni siquiera me desataron [...] fui conducida nuevamente a la sala de torturas [...] esto duró dos días más, cosa que me comentaban ellos mismos ya que yo perdí totalmente mis controles fisiológicos y caí en una especie de aletargamiento con períodos de completa inconciencia”.
		En otra oportunidad, durante su cautiverio, sostuvo Nilda Haydée Orazi que le quebraron varias costillas, el tabique nasal y el labio superior, huellas que aún serían visibles.
		A fines de mayo o principios de junio, le informan que sería trasladada, luego se entera que la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada. En el mes de diciembre de ese año salió del país con rumbo a España.
		Entre los prisioneros del lugar mencionó a “Pascual” militante de La Plata y a la sra. de Pages Larraya, esposa de Guillermo Pages Larraya.
		Entre los interrogadores y torturados que Orazi vio en el centro de detención señaló a “El alemán”, “El Turco”, “El Mosca”, “Sr. Máquina” y “Oso Blanco”. 
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		17. Privación ilegal de la libertad y tormentos de María Isabel Valoy de Guagnini.		
		Bajo el nro. 360 su caso conformó parte de la sentencia de la causa nro. 13/84 dictada por la Excma. Cámara del Fuero, en la que se tuvo por acreditado que la nombrada fue detenida el 28 de mayo de 1977, en la vía pública, por miembros del Ejército Argentino. 
		En la misma causa, se da por acreditado también que “…a María Isabel Valoy de Guagnini se la mantuvo clandestinamente en cautiverio en el lugar de detención conocido como Club Atlético, no encontrándose probado que recuperara su libertad.”
		En relación a la víctima, a fs. 160 del legajo 126, obra certificación de la declaración de Ana María Careaga quien señaló que “... en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan [...] Estuve el primer mes sola en una celda y después trajeron ahí a una chica que se llamaba María Isabel Valoy de Guagnini; ella me contó que la habían secuestrado un día sábado [...] ella era separada y tenía un hijo [...] la torturaron para que ella dijera dónde iba a encontrarse con el marido”.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
 		
		18. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Electra Irene Lareu. 
		Rafael Beláustegui, en su declaración testimonial obrante a fs. 4 del legajo 252, señaló que el 30 de mayo de 1977 en el domicilio de calle Sánchez de Bustamante 2173 de Capital Federal, se llevó a cabo: “un procedimiento realizado por un grupo de hombres armados se llevaron a mi hijo (Rafael José), su esposa Electra Irene Lareu y al hijito. Éste fue devuelto un mes y medio después luego de un llamado de la Policía Federal.”
		Desde aquel entonces hasta la fecha nunca más se tuvo noticias de Electra Lareu y su esposo Beláustegui Herrera.
		A fs. 14 obra la declaración de Carlos Francisco Brazzola, quien fue detenido junto con Electra Irene Lareu y Rafael José Beláustegui Herrera; quien refirió “Que al deponente lo detienen [...] y es llevado a su domicilio donde se encontraban Pinky (Electra Irene Lareu) y José (Rafael Beláustegui Herrera) [...] en ese lugar son atados con vendas de tela en sus manos y se los interrogaba. Que el grupo era de unas 10 personas, vestidos de civil, los que dijeron ser policías [...] entonces se llevaron a los tres, permaneciendo Diana Nora Trifiletti en el domicilio con las tres criaturas [...] Que viajaron desde su domicilio al lugar donde permaneció en cautiverio por unos quince minutos. Que al llegar recuerda que bajaron una escalera larga y Pinky junto al dicente fueron colocados en una celda juntos, mientras José fue llevado a otro lugar [...] Que recuerda que en el lugar se escuchaba constantemente el llamado de una persona, la cual supone era guardia en el lugar, a quien le decían «Colorado». Que fue liberado a los tres o cuatro días de detención”.
		Ana María Careaga, según consta en certificación de fs. 19 del legajo 252, declaró que: “... una cárcel clandestina ubicada en el subsuelo de un edificio sito en Av. Paseo Colón y Cochabamba, dependencia de la Policía Federal Argentina [...] A veces teníamos oportunidad de hablar muy despacito en el baño, fue en esa circunstancia que pude hablar con Electra, esposa de José Beláustegui (los cuales se encontraban allí secuestrados), quienes habían sido torturados allí, luego trasladados entre junio y julio a otro lugar y luego remitidos a este campo.”
		En relación a la nombrada, obra también el testimonio prestado Julio Lareu (cfr. certificación fs. 20 del legajo 252), quien refirió que hallándose detenido en el centro clandestino de detención denominado “Banco”, fue informado por otro detenido (Osvaldo Acosta) que el represor apodado “Colores” (Juan Antonio del Cerro) conocía el caso de la detención de su hija Electra Irene Lareu, desaparecida el 30 de mayo de 1977 junto a su esposo José Rafael Beláustegui. Que en base a ello, preguntó a Colores, quien le narró que integró la partida que detuvo a su hija y al esposo, que había sido torturada y que en ese momento -octubre 1978-, estaba en un centro de detención especial.
		El nombre de Electra Irene Lareu aparece en el listado aportado por Cid de la Paz y González como detenido en el centro clandestino de detención “Banco” (cfr.fs. 299 y sig. del legajo 86).
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los dos lugares de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		19. Privación ilegal de la libertad y tormentos de José Rafael Beláustegui Herrera.
		Las circunstancias de su detención acaecida el 30 de mayo de 1977, son las expuestas en el punto anterior.	
		Es de destacar que José Rafael Beláustegui Herrera nunca más volvió a ser visto.
		Al igual que en el caso anterior, las manifestaciones de Careaga y Brazzola, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que José Rafael Beláustegui soportara en “Club Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		20. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gustavo Alberto Groba.
		Se encuentra probado que Gustavo Alberto Groba fue privado ilegalmente de su libertad el día 3 de junio de 1977, en horas de la tarde, del domicilio sito en Belgrano 4099 piso 7° departamento “31” de la Capital Federal, por personal dependiente del Ejército Argentino. No recuperó su libertad.
		José Groba, padre de la víctima explicó que: “El día 3 de junio de 1977, a media mañana, se presentó en el edificio de la calle Belgrano Nro. 4099 de esta Cap. Fed., una persona vestida de civil y dirigiéndose a la portería, que está ubicada en la parte superior del edificio, preguntó a los encargados si Gustavo Alberto Groba vivía ahí, mostrando al mismo tiempo una fotografía de cuando era estudiante secundario. En la portería le informaron que efectivamente Gustavo vivía en el Piso 7° Departamento Nro. 31, pero que no estaba, ya que de día trabajaba y luego iba a la Facultad de Ingeniería. [...] Por la tarde viene un grupo de hombres, con uno que los dirigía, que manifestó que eran «Fuerzas de Seguridad», vestidos de civil pero con chalecos antibalas y armados. El señor que los dirigía pidió en la portería que les abrieran el departamento Nro. 31, donde vivía mi hijo, y se introdujeron, quedando algunos hombres armados fuera del mismo. Más tarde llegó a dicho departamento la Srta. Graciela Nicolía, prometida de mi hijo, acompañada de su hermana casada, la Sra. Elena Isabel Nicolia de Herrera con su hijo de pocos meses en sus brazos, pues habían quedado en encontrarse en el departamento, seguramente con la idea de cenar juntos [...]. Montaron nuevamente la guardia y a los pocos minutos, cuando llegó mi hijo procedieron de la misma forma, introduciéndolo en su departamento donde estaba su prometida Graciela y la hermana de ésta con su hijito. El señor que comandaba el grupo le dijo a la hermana de Graciela que no se la llevaba porque estaba con el bebé [...] En el interín tanto a Gustavo como a Graciela los encapucharon y se los llevaron. Desde entonces y pese a los muchos empeños tanto de nuestra parte como de los padres de Graciela, nunca pudimos saber nada de ellos.” (cfr. fs.6/7 del legajo 154).
		A fs. 16 obra la declaración testimonial de Elena Isabel Nicolía quien relata el secuestro de su hermana, Graciela Nicolía, y de Gustavo Groba, en iguales términos.
		Su permanencia en el centro de detención “Atlético” se encuentra acreditada por los dichos de Luis Federico Allega y Jorge Alberto Allega. 
		A fs. 106 del legajo 154 obra declaración testimonial del primero de ellos, quien refirió que fue “…trasladado a un centro de detención, estimando que éste estaría ubicado en el sótano de un edificio entre las calles Chile, México, Ing. Huergo y Azopardo. Reconoce en este lugar a Gustavo Groba, quien había sido detenido doce días atrás, muy lastimado. Fue trasladado 8 ó 10 días más tarde simultáneamente al traslado de otras 20 ó 25 a un supuesto penal en el sur, para lo que le dieron instrucciones, entre ellas debían dejar su ropa, les darían una inyección para evitar el mareo y debían cantar muy fuerte al salir del sótano. Otra de las personas allí detenidas… [era] …Graciela Esther Nicolía (novia de Groba)”. Por su parte, según certificación obrante a fs.110 del mismo legajo, Jorge Alberto Allega reconoció en “El Club Atlético” a “…Gustavo Grova, su señora Graciela…”.
		Las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		21. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Graciela Nicolía.
		Las circunstancias de su detención ocurrida el 3 de junio de 1977, son las expuestas en el punto anterior. 
		Al igual que en el caso anterior, las manifestaciones de Luis Federico Allega y Jorge Alberto Allega, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que Graciela Nicolía soportara en “Club Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		22. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Alberto Allega.
		A fs. 1535 del legajo 120, obra copia del testimonio prestado por Jorge Alberto Allega en la causa 10.075 del registro del Juzgado Federal nro.3, ex- Secretaría nro. 7, oportunidad en la que señaló haber sido detenido el 9 de junio de 1977 en su lugar de trabajo (Donato Álvarez 1270, Capital Federal) por aproximadamente cuatro personas vestidas de civil. 
		Que desde el 9 de junio de 1977 al 10 de julio de 1978, se lo mantuvo detenido.
		En ese período, permaneció alojado en “Club Atlético” desde su detención hasta fines de septiembre de 1977; en “Puesto Vasco” hasta mediados de octubre de 1977; en la “Brigada de Quilmes” o “Malvinas”, hasta los primeros días de enero de 1978; en “Puesto Vasco” nuevamente hasta mediados de febrero de 1978; en la “Brigada de Quilmes” nuevamente hasta el 20 de abril de 1978; y finalmente, en “El Banco” hasta el 10 de julio de 1978, en que fue liberado.
		En su testimonio en la causa nro. 13/84 (cfr. actas mecanografiadas glosadas a fs. 13 del legajo 234), refirió que en “Atlético” vio a Gustavo Grova y su esposa Graciela; José Fraiese; su hermano Luis Allega; Teresa Israel; Pascua; Tana; Piojo; Ana María Careaga; Gerónimo Médico; Soledad; Facha; Blanca; La Negra; Silvia; Pascual; El Pelado; Mario Sualdo: Delia, Pepino ; Roberto Grunban; y un tal “Tito”.
		En “Banco” vio a Mario Villani, Clemente, Juan Carlos Guarino; Bea; Chino o Cabezón; Cristoni; Tano; Angela; Facho; Anteojito; Gualincho; Víctor, el Médico y a Andrés, quien tenía un laboratorio fotográfico.
		En dichos testimonio ante la Excma. Cámara Federal y la CONADEP indicó Allega que las primeras personas que lo interrogaron en “Atlético” fueron: “Colores”, “Raúl”, “Padre”, “Soler”, “Turco Julián”, “Baqueta”, “Anteojito Quiroga”, “Sami”, “Paco”, “Calculín” (quien se desempeñaba como personal de inteligencia), “Boca”, “Poca Vida”, “Alacrán”, “Juan”, “Polaco Grande”, “Polaco chico”, “Siri” y “Ratón”.
		Agregó que los represores estaban divididos en grupos de tareas (GT 1), GT 3 y GT 4) y que a los tres meses de su detención el centro de detención fue visitado por un alto jefe militar y por comentarios de los guardias se trataría de Suárez Mason, a quien sí pudo ver en el centro de detención en ocasión que fuera destabicado al sufrir una crisis.
		En ocasión de ser liberado, fue trasladado a su domicilio por dos represores “Siri” y “Paco”.	
		Su hermano Luis Federico Allega también fue detenido y conducido a “Atlético”, compartiendo la ilegal privación de libertad.
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.

		23. Privación ilegal de la libertad y tormentos de José Daniel Tocco.
		A fs. 12 del legajo nro. 13 obra copia del habeas corpus que interpusiera su padre en la que relata que el 12 de junio de 1977, José Daniel Tocco fue aprehendido por un grupo de personas cuando se hallaba en la vía pública en las cercanías de la casa de sus padres. Horas más tarde, un grupo de personas irrumpió con violencia al domicilio perteneciente a Rómulo Remo Tocco (padre de la víctima) sito en Monroe 3388 de esta Capital.
		La permanencia de Tocco en “Atlético” se halla acreditada por el testimonio de Ana María Careaga (cfr. fs. 5 legajo 13) quien refirió que el nombrado se hallaba allí alojado desde antes del 13 de junio de 1977, presentando secuelas de torturas y golpes.
		También Miguel Ángel D’Agostino (cfr. certificación de fs. 56 del legajo 13) atestigua su permanencia en este centro y refirió que “aparentemente había sido maltratado al punto de estar unos días en la enfermería [...] le decíamos Pepino y su identificación era K 03”.
		Las constancias reunidas a lo largo de la encuesta permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		24. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Ana María Careaga.
		A fs. 1613 y siguientes del legajo de prueba nro. 120 obra copia del acta mecanografiada de la declaración testimonial prestada por Ana María Careaga en el marco de la audiencia oral celebrada en el marco de la causa nro. 13/84.
		En dicha ocasión, Careaga explicó que fue detenida el 13 de junio de 1977 a las 17.30 en la esquina de las Avenidas Juan B. Justo y Corrientes mientras esperaba a su padre y a su marido; que la detuvieron dos personas que se movilizaban en un vehículo al cual fue ascendida y que vestían de civil. La llevaron a una cárcel clandestina ubicada en el subsuelo de un edificio, la habían vendado en el auto; la condujeron por una escalera al subsuelo; fue torturada reiteradamente e interrogada por su familia ‑refugiados políticos oriundos de Paraguay-.
		En dicho lugar conocido como “Club Atlético” compartió cautiverio con José Daniel Tocco, Ana María Loriente Blanca; Teresa Israel Liliana Mansilla Amanda; Edith Fedquin Liliana; Pedro Fabián Sandoval Federico; Liliana Fontana; Adriana De Ruibal La Pacha; Sebastián Meidan; La Negra Marta; Pablo Pavich Pascual; Miguel Ángel D’Agostino; Raúl Medina Médico; y Laura Graciela Pérez Rey.
		Ana María Careaga recuperó su libertad el 30 de septiembre de 1977.
		Respecto de su vida en “Atlético” Careaga señaló que: "Después de pasados los primeros días, me llevaron a una celda, y pude ir adaptándome poco a poco a esa vida, aprendiendo cómo tenía que vivir, qué era lo que podía hacer y lo que no podía. A pesar de que permanecía siempre tabicada y de que me sacaban tres veces por día para ir al baño, pude hacerme una idea general de cómo era el lugar donde «vivía» [...] El campo, que se hallaba en un subsuelo, tenía dos secciones de celdas, que estaban enfrentadas en un pasillo muy estrecho: de un lado los pares y del otro los impares. Para sacarnos al baño abrían las puertas una por una ‑cada uno de nosotros tenía que estar de pie cuando se abría la puerta‑ y luego desde la punta del pasillo el guardia gritaba el número de las celdas, allí nosotros nos dábamos vuelta y cada uno se tomaba de los hombros del que tenía delante, formando un «tren» que era conducido por un guardia.” (Ana María Careaga, declaración prestada ante la CONADEP).
		A su vez, la nombrada señaló haber sido sometida a reiterados golpes y al paso de corriente eléctrica sin haber importado su estado de embarazo y su edad.
		Conforme surge del desarrollo de su caso (nro. 83) en la causa nro.13/84, el cuerpo Médico Forense indicó que “…surge la existencia de cicatrices en distintas zonas del cuerpo de la víctima, entre ellas algunas semejantes a las provocadas por brasas de cigarrillos, forma ésta de tortura que Ana María Careaga dice haber padecido”.
		Ana María Careaga en oportunidad de testimoniar ante este Tribunal (fs. 17.283/4 y 19.450/1), en el marco de la causa 9373/2001 y a fs. 64 del legajo 158 señaló los nombres y seudónimos que usaban los guardias y represores en el centro de detención “Atlético” a saber: “Coronel”, Antonio Benito Fioravanti, quien estaba a cargo del centro de detención, lo pudo ver personalmente porque en una oportunidad le hizo sacar el tabique, el día que fue liberada él era quien manejaba el auto; “Baqueta”, Juan Carlos Gómez, quien la interrogó bajo tormentos; “Anteojo Quiroga”, Jorge Uballes quien también participó de los interrogatorios y tortura a los que fue sometida; “Cobani”, Samuel Miara, quien poco antes de ser liberada la sacó de su celda y la golpeó estando embarazada de siete meses y medio; “Turco Julián”, Julio Simón, se destacaba por los fuertes golpes que propinaba; “Doctor K”, Kalinec Eduardo Emilio quien también participó de su interrogatorio, “Colores”, Juan Antonio del Cerro; “Kung Fu”, Juan Carlos Falcon quien era un guardia que torturó a una chica por haberla encontrado llorando; “Pedro o Calculín”, Pedro Santiago Godoy; “Soler”, Carlos Augusto Rolón; “Poca Vida”, “Gallego”, “Guerra”, “Gonzalito”, “Juan”, “Juancito”, Centeno, “Alacrán”, “Clavel”, “Cara de goma”, “El tío” y “Pajarito”.
		Su ilegal permanencia en el lugar, encuentra también corroboración en los testimonios de Miguel Ángel D’Agostino, Delia Barrera y Ferrando y Jorge Alberto Allega (cfr. legajo 120), quienes refirieron que atento a la edad de Careaga, era llamada “Piojo”.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		25. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Luis Federico Allega.
		Luis Federico Allega testimonió - conforme luce en las declaraciones obrantes en el legajo nro.120 (fs. 492/4), legajo 537 (fs. 24/5, y 28/34) - que fue secuestrado el 13 de junio de 1977 por un grupo de personas armadas que se identificaron como fuerzas de seguridad, para trasladarlo luego a un centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”, donde fue sometido a diversos mecanismos de torturas por parte del “Turco Julián” y “Colores” a quienes pudo reconocer por habérsele salido las vendas en las sesiones de tortura.
		Agregó que compartió cautiverio con Gustavo Groba, Graciela Esther Nicolía, Mario Sulado y Clelia Liliana Fontana Deharbe.
		En oportunidad de permanecer en cautiverio en el referido centro de detención vio a los siguientes represores: “Coronel”, “Pajarito”, “Kung Fu”, “Soler”, “Juan”, “Cobani”, “El Tordo”, “Zapatilla Negra”, “Colores” y “Turco Julián”.
		En dicho lugar de detención fue visto por su hermano Jorge Alberto Allega (cfr. declaraciones del nombrado glosadas en el legajo 234).
		Luis Allega fue liberado el 8 de julio de 1977.
		Las expresiones vertidas por la víctima permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad que Luis Federico Allega soportara en “El Atlético”.
		Los elementos de prueba reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes y Luis Juan Donocik.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		Respecto de este hecho Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones.

		26. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Miguel Ángel D’Agostino.
		Miguel D’Agostino refirió haber sido detenido en el domicilio de sus padres sito en la calle Francia 2996 de esta Ciudad, por un grupo de personas de civil, que ingresaron al lugar armados el día 2 de julio de 1977 y conducido, con los ojos vendados, al centro clandestino de detención conocido como “Club Atlético”, donde permaneció, siempre vendado y engrillado, hasta el 30 de septiembre de 1977 fecha en la que fue liberado en la vía pública.
		Al llegar al centro clandestino de detención, le hicieron ingresar a una oficina donde le revisaron los efectos y vestimenta, identificándolo con la letra K y el nro. 35, manifestándole que debía olvidarse de su nombre y recordar esos datos. Luego, lo hicieron descender una escalera, llevándolo a un sótano donde permaneció parado hasta que se presentó una persona como “Turco Julián”, quien le preguntó su nombre, respondiendo “Miguel D’Agostino”, tras lo cual empezó a golpearlo diciéndole que ése no era su nombre, siendo golpeado hasta que dijo “K-35".
	 	Luego empezó la sesión de tortura, que duró cuatro o cinco días, le aplicaron picana y lo interrogaron, a veces lo asfixiaban con unas bolsas de polietileno y en otras ocasiones le tiraron kerosene o nafta. Las torturas eran con intervalos, lo llevaban a la leonera y lo dejaban tirado en el piso.
		Agregó que en una oportunidad, por levantarse el tabique, el represor “Kung Fu” comenzó a golpearlo y le aplicó picana eléctrica.
		Entre los represores que actuaron el centro de detención señaló a “Kung Fu”, “Pajarito”, “Gallego”, “Gonzalito”, “Turco Julián”, “Juan”, “Pedro”, quienes estaban en todo momento y a otro grupo que iba a interrogarlos, entre quienes señaló a “Colores”, “Doctor K”, “Capitán”, “Cobani” y “Alemán”.
		En dicho centro clandestino de detención, D’Agostino compartió cautiverio con María Teresa Israel, Anabella, Pitelli, Liliana Clelia Fontana Deharbe (a) “Paty”, Pedro Sandoval, Daniel Alberto Di Nella (a) “Pascua” Ruben Medina (a) “Gerónimo”, Ana María Careaga (a) “Piojo”, Juan Marcos Hernán Laura Perez Rey, Liliana Zeilit Pablo Pavich, Daniel Tocco, Pedro Vanrell, Elena Codam alias “La Tana” Amanda Mansilla y Omar Lauria. 
		Sobre la vida en el centro de detención D´Agostino explicó: “En los tubos el silencio era total. En las vísperas de los traslados masivos en los que se llevaban alrededor de veinte personas, ese silencio se acentuaba [...] A veces «hablábamos» dando pequeños golpes en la pared intermedia que dividía los tubos, o al tocarle el hombro al compañero que iba adelante nuestro en el «trencito». Todos esperaban quietos y en silencio que los nombraran, querían salir de allí, todavía quedaba alguna esperanza. El traslado, más que miedo, encerraba cierta expectativa...".
		Lo hasta aquí narrado surge de las declaraciones testimoniales de D’Agostino incorporadas en el legajo 224 que corresponden a: 1) declaración prestada ante la CONADEP, 2) ante el Juzgado Federal 3, 3) en la audiencia oral del juicio correspondiente a la causa nro. 13/84 y 4) ampliación de la declaración testimonial ante la Cámara Federal. 
		A su vez, en dicho legajo nro. 224 se encuentra una certificación de la declaración testimonial de Ana María Careaga prestada en el marco de la causa nro. 13/84 en la cual señaló que vio a Miguel D’Agostino en el centro clandestino de detención conocido como “Atlético”.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		27. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Edith Zeitlin. 
		Conforme se desprende del legajo 357 Edith Zeitlin fue detenida el 14 de julio de 1977 en ocasión de encontrarse en su domicilio de la calle O´Higgins 4525 piso 7 depto “b” Capital Federal y trasladada al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”. Edith Zeitlin nunca recuperó su libertad.
		A efectos de dar con el paradero de Zeitlin, su madre, Sofia Nisenson, interpuso un recurso de habeas corpus, el cual conforme se desprende de las constancias obrantes a fs. 5/7 del legajo 357, tuvo resultado negativo.
		Su permanencia en el lugar encuentra corroboración a través de los testimonios de Ana María Careaga (cfr. legajo 357) y Miguel Ángel D’Agostino (cfr. legajo 120).
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		28. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Eduardo Raúl Castaño.
		Eduardo Castaño fue privado de su libertad el día 4 de agosto de 1977 de su domicilio sito en el Edificio 28, piso 4to., depto “A”, siendo trasladado al centro clandestino de detención denominado “Atlético”, donde fue sometido a tormentos, encontrándose aún desaparecido.
		Daniel Eduardo Fernández a fs. 899/900 del legajo 120 señaló que estuvo detenido ilegalmente en “Atlético” y allí conoció a Eduardo Raúl Castaño, quien sufría secuela de poliomelitis en una pierna, y fue torturado mediante golpes y picana; por dichos de la víctima sus torturadores habrían sido el Turco Julián y Kung Fu. Pedro Miguel Vanrell testificó a fs. 649/54, señalando que compartió cautiverio con Castaño en “El Atlético”.
		Los elementos de cargo colectados, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho, a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad, y en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		29. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Delia Barrera y Ferrando.
		Delia Barrera y Ferrando fue detenida en su domicilio sito en Superí 1435 el día 5 de agosto de 1977, en horas de la noche y llevada al centro clandestino de detención “Atlético”.
		Su caso se desarrolló bajo el número 619 en la sentencia de la causa 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero, oportunidad en la que se tuvo por probado que la nombrada fue ilegalmente privada de su libertad el 5 de agosto de 1977, y puesta en libertad el 4 de noviembre del mismo año.
		En oportunidad de prestar declaración ante la CONADEP, explicó que el día viernes 5 de agosto de 1977 al entrar en el edificio de su domicilio de la parte de atrás del ascensor salieron tres hombres que la llamaron por su nombre, la tiraron detrás del ascensor, le colocaron una venda en los ojos y le ataron las manos. Uno de ellos le puso un cuchillo o navaja en el cuello y le dijeron que se quede tranquila que la cosa no era con ella. La subieron a un coche tipo ambulancia de color blanco con puertas en la parte trasera del mismo y con ventanillas cubiertas por cortinas. De los tres hombres, uno estaba con uniforme compuesto por camisa y pantalón azul de fajina y botas altas negras (uniforme perteneciente a la Policía Federal), los otros dos estaban vestidos de civil, con camisas de colores, fuera del pantalón y gorros de lana. Uno de los hombres del operativo le levantó la polera y la revisó debajo de las axilas, después le bajó el pantalón y le revisó en la vagina con el dedo, para ver, según él, si tenía pastillas de cianuro.
		Luego de no más de media hora de viaje llegaron a un lugar, donde se entraba por un portón, después de recorrer una calle de empedrado, era un garage grande, donde estacionaron, la bajaron y la llevaron a una oficina. “En esa oficina me dijeron que a partir de ese momento debía responder al número H‑26, no decir más mi nombre. Me cambiaron las vendas de los ojos por un tabique de tela azul tipo antifaz con un elástico atrás”.
		”Soy trasladada a un lugar denominado leonera era una habitación con piso de cemento, dividida por boxes, paredes de mas o menos 1 metro de altura, me tiran al piso, en ese momento no había nadie, al rato siento que entra gente, yo estaba llorando y escucho la voz de Hugo, mi esposo, que me pide que me quede tranquila que él estaba ahí. [...] De ahí fui llevada a otro sector (un pasillo) donde había un banco, me dijeron que me iba a revisar un médico, me hicieron desnudar y acostar en el banco, el supuesto médico me revisó en la zona genital, luego me hicieron vestir y que me quedara sentada, me largaron un perro policía llamado Sultán, que me olfateaba y ponía sus patas en mis hombros, el guardia me advirtió que me quedara quieta pues ante cualquier movimiento el perro iba a atacarme [...] Después traen a mi esposo (Hugo Alberto Scutari) me hacen hablar, el me reconoce y dice «sí, es mi señora, pero no le hagan nada». Se lo llevan y uno de ellos empieza a pegarme con una goma o cachiporra, diciendo que me cuidara la cabeza, yo me cubría y el golpe iba al estómago, cuando me decía que me cuidara el estómago me pegaba en la cabeza”.
		De allí fue llevada a su primera sesión de tortura, ”…me llevan a una oficina no muy grande y me dicen que me agache y levante lo que estaba en el piso, siempre vendada, yo me agacho y tanteó con la mano, encuentro un cable que daba electricidad, lo largo y me dicen que lo levante, ante mi negativa uno de ellos lo agarra y me tiran contra una pared y me lo pasa por la cabeza y por la cara. Allí me colocan unas cadenas en los tobillos que unen con dos candados con dos números que debía recordar siempre para cuando me los sacaran o cuando nos bañábamos (los números eran 156 y 86).“
		Barrera y Ferrando contó que dentro del centro de clandestino de detención se vivía un profundo clima de antisemitismo:”En ese lugar en cualquier momento entraban los guardias y nos pateaban, nos preguntaban la religión en caso de que alguno dijera que era judío automáticamente era sacado de la leonera y era golpeado o torturado en otro sector. Dentro del campo había un guardia al que le decían El Gran Führer. Era normal escuchar grabaciones de discursos de Hitler durante toda la noche y cuando éramos torturados nos hacían gritar Heil Hitler [...] A un compañero judío lo hacían hacer de perro, que ladrara, le lamiera las botas al guardia y respondiera a sus órdenes. Otro cuando fue traslado le pintaron los bigotes como Hitler”.
		Relata que el domingo 7 de agosto “entra un guardia me llama «H‑26, afuera», me agarra del brazo y me lleva a un salón justo enfrente de la leonera, me coloca en el centro y alrededor mío siento un grupo de gente, el guardia les da la orden que empiecen a golpearme, el apodo de este guardia era Kung‑Fu, como no me golpeaban fuerte él les dijo que no sabían golpear, a lo que uno contestó «señor, le estamos pegando fuerte», él dijo que les iba a demostrar cómo se hacía y empezó a hacerlo, los golpes fueron más fuertes, en las costillas, la espalda, yo me caí al suelo y allí me patearon, me quedaba sin aire y como yo se los advertía, me seguían pateando en las costillas. Después me agarraron de los pelos y me llevaron arrastrando hasta otro sector ubicado en el fondo, allí me metieron a una especie de oficina, luego supe que le decían quirófanos, me sacaron los grillos, me dijeron que me desnudara y que me subiera a la mesa que estaba allí, ésta era una plancha presumo de hierro oscuro, allí me ataron los brazos a la altura de la muñeca y me abrieron las piernas que también me ataron con unas gomas negras en los tobillos a unas maderas. Uno de ellos me ató un cable en el dedo gordo del pie derecho y me hizo escuchar un sonido como un zumbido al mismo tiempo me preguntó si conocía ese ruido, yo dije que no y me contestó que ya lo iba a conocer. Le dio la orden a otro que me diera media hora, en ese momento empezaron a torturarme con picana eléctrica, en todo el cuerpo, sobretodo en la zona genital, pechos, cara, al mismo tiempo que yo era torturada Hugo estaba siendo golpeado y llevado al quirófano que estaba al lado de donde yo me encontraba. El interrogatorio lo hicieron en forma conjunta, una pregunta a él y otra a mí, siempre sobre nombre de guerra, dónde había participado, qué cosas había hecho, nombres y domicilios de compañeros, descripción física de los mismos, qué militancia teníamos.“
		”No puedo calcular el tiempo que duró la tortura, que para mí fue una eternidad, pero cuando vuelve uno de los guardias le preguntó al que se quedó conmigo si había cantado, le dijo que yo no sabía nada que era un perejil, entonces me tiraron agua sobre el cuerpo y me volvieron a picanear, me pegaban en el estómago con los puños.”
		“Después de un rato me soltaron las ataduras, me dijeron que bajara de la mesa y me llevaron junto con Hugo corriendo por el pasillo, los dos desnudos, al baño donde nos hicieron bañar, ahí nos vestimos y fuimos devueltos a la leonera. Como estaba muy golpeada y dolorida, me llevaron a la enfermería, donde me revisa un guardia apodado Dr. K que me dice que tenía fisuradas las costillas pero que no podían vendarme por que podía suicidarme con las vendas.” 
		En la leonera estuvieron alrededor de quince días, cuando luego de un traslado grande de detenidos son llevados a una celda que tenía el Nro. 19, enfrente del pasillo principal, casi al lado de los “quirófanos”, lo que empeoraba la situación por el hecho de escuchar constantemente los gritos de las personas torturadas.
		Delia Barrera y Ferrando continuó dando detalles de la vida en el Centro de Detención: “Desde el momento que pasamos a la celda, sólo fuimos sacados una vez para un nuevo interrogatorio, otras veces para hacer ejercicios, 200 flexiones, saltos de rana y también para simulacros de fusilamientos, que consistían en pararnos de cara a una pared mientras los guardias hacían todo el teatro de preparar las armas, apuntar y disparar, en ese momento mientras nosotros esperábamos lo peor, llorábamos o gritábamos, ellos se burlaban y se reían.” 
		“En una oportunidad uno de los guardias al que le decían Pepe nos sacó todos los colchones y nos hizo dormir varios días sobre el material de los camastros, este guardia me puso de nombre Pepina, así que me llamaban H‑26 o Pepina […] En las guardias de otro, el Turco Julián, represor que se destacaba por su antisemitismo y por usar una cruz svástica en su pecho, también de uniforme de fajina, cuando íbamos al baño nos daban mate cocido y un pedazo de pan, pero esto fue en contadas ocasiones.”
		”El 20 de septiembre uno de los chicos destabicados me saca de la celda y me dice que si algún guardia me pregunta qué hago en la fila, le contestara que estaba descompuesta, de esa manera coincidí con la salida de Hugo, estaba detrás mío, sentí su mano en mi hombro y me dijo: «Moni, hoy me trasladan, me dicen que me llevan a un Penal al Sur, así que nuestras familias estarán enteradas de nosotros y vos pronto vas a salir en libertad y podrás ir a visitarme, llevarme cigarrillos y chocolates, sé fuerte y no me abandones», éstas fueron las últimas palabras que escuché de mi esposo, cuando lo trasladan esa noche, pasó frente a mi celda, tosió y así nos despedimos. Desde esa fecha mi esposo Hugo Alberto Scutari continúa desaparecido.” 
	“A partir de esa fecha estuve sola en la celda. En algunas oportunidades en las guardias de uno al que llamaban Poca Vida, él traía la guitarra se la daba a un chico que estaba en una celda al que le decían Meta (Hugo Clavería), abría las puertas de algunas celdas nos hacia pararnos en la puerta y cantar, una chica a la que le decían Israel o Cuervo (Teresa Israel) cantaba la canción del Principito, otra chica a la que le decían Chiquita o Petisa (Norma Lidia Puerto de Riso) que estaba con su esposo Daniel Riso cantaba una canción de María Elena Walsh, la Tortuga Manuelita, yo cantaba canciones de Serrat y otro compañero que nunca identifiqué cantaba tangos, igualmente a pesar de esta distensión dentro del pozo, Poca Vida no dejó de torturar a un compañero que se había levantado el tabique para mirar, mientras era picaneado nosotros debíamos seguir cantando.” 
		“En varios oportunidades fui sacada de la celda por el Coronel que era el responsable del lugar (Comisario Antonio Benito Fioravanti) él conversaba conmigo de distintos temas y fue quien me dijo que Hugo había sido trasladado a una Granja de Recuperación donde se encontraba bien y trabajando.”
		”El 4 de noviembre me sacan de la celda y me llevan a un interrogatorio con un guardia al que apodaban Zapatilla Negra El Violador me preguntó cuánto tiempo hacía que estaba, yo le dije 92 días, pues llevaba la cuenta marcando rayas en la pared de mi celda con la cuchara con la que comíamos, él dijo que quería darme información de dónde estaba mi esposo pero que no tenían nada sobre él, que seguramente se había escapado o se había ido del país, cosa que yo le refuté pues ellos mismos lo habían trasladado. “
		”Él me informó que esa noche iba a salir en libertad, les pidió a los guardias que me dieran ropa (yo estaba con un camisón) y que me prepararan. Alrededor de las 20 hs. me sacan de la celda y me llevan al sector enfrente de la leonera y por un aparato siento que dicen que suban a la H‑26, subo las escaleras del brazo de Zapatilla Negra, me llevan a un coche donde me hacen tirar en el piso, me tapan con una frazada y me trasladan a una cuadra del domicilio de mi madre, no sin antes prevenirme que no cuente nada, que me olvide de todo y empiece una nueva vida, de lo contrario volverían a buscarme y esta vez no saldría.”
		En el marco de la causa 9373/2001 Delia Barrera y Ferrando declaró: “En una oportunidad el Turco Julián me sacó de la celda [...] Supe que era él porque era su guardia. Ellos tenían guardia que iban rotando. Él era el jefe de guardia. Otros jefes eran Kung Fu, Colores y Cobani. Cada jefe de guardia estaba a cargo de todo el campo en sus turnos, y bajo sus órdenes estaba la patota, que eran los que salían a hacer procedimientos. Nosotros estábamos a cargo de Kung Fu, entonces él era el único que nos podía interrogar, no los otros jefes ed guardia, aunque sí te podían pegar. [...] Cuando abrieron la puerta de mi celda uno de los guardias dijo que yo podía estar embarazada y este tipo le dijo que me llevaran a la Sardá. Después supe que había sido Suárez Mason, alias Pajarito”
		Al ser preguntada acerca de si sabe el nombre de las personas responsables de su secuestro y detención, manifestó que: “El responsable de mi secuestro, detención, tortura y libertad fue Kung Fu, que es Juan Carlos Falcón. También por conversaciones con otros compañeros del campo que lo conocieron sé esto. Por averiguaciones de Mario Villani supimos que se llamaba así. Él era alto, grandote, cara redonda, de unos treinta y pico años en ese entonces, morocho de pelo corto. Si lo vuelvo a ver lo reconocería. [...] A Colores lo sentía en el campo, pero no lo vi, tenía una voz muy especial, muy chillona. Él se jactaba de que cuando te daba picana te hacía ver todos los colores. Él venía cuando estaba en sus guardias. [...] A Zapatilla Negra era un tipo de unos cincuenta años, canoso, no le vi la cara, tenía uniforme gris. A él la única vez que lo vi fue cuando me dieron la libertad. A Sami la Foca recuerdo que tenía la cara como con viruela, era grandote. A Poca Vida él me hizo mirarlo, era alto, delgado con uniforme de fajina de la policía, morocho, pelo corto, no tenía más de veinticinco o veintiséis años. A él lo vi cuando un día se llevó a un chico al quirófano porque se había levantado el tabique el día que estábamos cantando. Lo escuchamos cómo lo torturaba. [...] Al Gallego y a Pepe no los podría reconocer, ni tampoco sé los nombres” (cfr. fs.63/66).
		En dicha causa, al realizar la denuncia (fs. 1/13) Delia Barrera y Ferrando afirmó haber visto en su misma condición a Liliana Clelia Fontana (Paty, embarazada) y a su compañero Pedro Sandoval (Erico) y Ana María Careaga (embarazada). Entre las personas vistas y que continúan desaparecidos menciona a Hugo Alberto Scutari (su marido), Hugo Clavería (Meta), Víctor Rolando Pisoni (Cacho), Irene Belochio de Pisoni (Cecilia), Anabela Pitelli de Canon (su esposo también estuvo en “Atlético” y fue “trasladado” en julio de 1977), Norma Lydia Puerto de Riso (Petisa), Daniel Riso, Eduardo Castaño, Rubén Raúl Medina (Gerónimo), Daniel Alberto Dinella (Pascua) y Teresa Israel.
		A su vez, en el legajo 233 obra copia de las declaraciones de Delia Barrera y Ferrando prestadas el legajo 120, en la causa nro. 13/84 y ante la Cámara Federal que ratifican sus manifestaciones ante la CONADEP.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		30. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Cecilia Laura Minervini:
		Cecilia Laura Minervini fue ilegalmente detenida el día 10 de agosto de 1977 en la esquina de calles Pacheco y Olazábal de esta ciudad, a las 21 hs, por un grupo de individuos que se trasladaban en una camioneta militar. La nombrada nunca recuperó su libertad.
		Según surge del legajo de la CONADEP nro. 84, Daniel Eduardo Fernández, Juan Carlos Seoane y Miguel Antonio Vanrell, la habrían visto en el campo de detención “El Atlético”. 
		Precisamente, Fernández a fs. 158 y siguientes declara que vio a Cecilia Minervini, a quien conocía con anterioridad. 
		Vanrell declaró que cuando fue detenido fue interrogado por el Turco Julián acerca de Cecilia Minervini y él negó conocerla, por lo que refirió “…que en un momento dado y durante esa tortura escuchó que ingresaban personas al quirófano e inmediatamente el Turco Julián preguntó «es éste» escuchando el declarante la voz de Cecilia que decía «sí» para luego referir el Turco Julián «ves boludo que se conocían»”. 
		Declaró que la vio en tres oportunidades más y en una oportunidad “…conversó por escasos minutos con Cecilia quien se limitó a pedirle perdón por haberlo metido en eso”. 
		Por su parte, Juan Carlos Seoane relató “…que en una de las idas al baño pudo escuchar hablar a Cecilia Minervini y luego la vio en forma directa. Que en una oportunidad el dicente pudo escuchar cómo Cecilia Minervini era torturada por los represores del lugar [...] que escuchó claramente los quejidos de Cecilia”.
		Con el objeto de averiguar el paradero de la nombrada se han llevado a cabo diversas gestiones, obrando en el legajo CONADEP Nro. 2676, oficios dirigidos a la Conferencia Episcopal Argentina, a la Fuerza Aérea Argentina, al Jefe del Ejército, al Ministro del Interior, al Jefe de la Armada, firmados todos ellos por José Minervini, padre de Cecilia. 
		Asimismo, obra respuesta dada por el Ministerio del Interior, de donde surge que no fue posible dar con datos que permitan la determinación del paradero de la nombrada. 
		Obra asimismo cédula de notificación a Lydia Rosa de Minervini en la cual se la notifica del rechazo del habeas corpus presentado en favor de la víctima, el cual habría tramitado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 6.
		La permanencia de Minervini en el centro clandestino de detención conocido como “El Atlético” se encuentra corroborada entonces por los citados testimonios de Daniel Fernández, Pedro Miguel Vanrell y Juan Carlos Seoane.
		Los elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		31. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Daniel Eduardo Fernández.
		Daniel Eduardo Fernández fue detenido el 13 de agosto de 1977 en su domicilio sito en la calle Roosevelt 5045, 3° 16 y conducido al centro clandestino de detención “Atlético” y liberado el 13 de septiembre de 1977.
		En sus testimonios glosados en el legajo 120 (en particular el de fs. 477 y sig.), en el legajo 84 (fs.158/9) y en la causa 9373/2001 (fs. 383/5), Fernández refirió haber permanecido detenido en el mencionado centro clandestino de detención, donde soportó tortura psicológica y golpes por parte de sus captores y reconoció por los apodos a los guardias Poca Vida; El Correntino; Turco Julián, cuyo nombre real es Julio Héctor Simón, fue uno de los que le pegó con un palo de goma; Sami; Colores; Coronel, quien le dio una charla antes de su liberación y Kung Fu, con el tiempo supo que se trataba de Juan Carlos Falcón .
		En dichas declaraciones refirió haber visto en “Atlético” a Cristina Bienposto, Julio Raul Castaño, “Pascua”, Rosalba Vencentini, Oscar Alfredo González, Cecilia Minervini, Ricardo Esteban Benjamín, un chico judío de quince o dieciséis años, Pedro Miguel Vanrell, Rosalba Vencentini “Maricruz”, “Mario”, “Chupín” y “Fresco”. El 17 de agosto se llevaron a casi todas las personas secuestradas y sólo quedaron el declarante Eduardo Castaño y Delia Barrera.
		Corrobora su permanencia en el lugar el testimonio de Pedro Miguel Vanrell (cfr. fs. 649 legajo 120 y legajo 84) y Juan Carlos Seoane (cfr. 172/7 del legajo 84).
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		32. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Pedro Miguel Antonio Vanrell.
		Pedro Vanrell fue detenido el 17 de agosto de 1977 en su lugar de trabajo sito en Cangallo y Florida, siendo trasladado al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”, sometido a tormentos y liberado en la madrugada del 23 de septiembre del mismo año.
		En sus exposiciones de fs. 539/46; 649/654, 871/6 -legajo 120- y a fs. 160/67 del legajo 84, Vanrell refirió haber sido detenido el 17 de agosto de 1977, y conducido a “Atlético”, donde fue torturado mediante golpes y aplicación de picana. En la última de estas declaraciones específicamente relató que: “se le aplicó picana eléctrica en las partes más sensibles del cuerpo: ojos, boca, genitales, todas las partes húmedas y también en los costados del cuerpo, en los flancos. Otra vez la víctima fue colgada de las manos quedando a unos 20 cm del piso. Después de esto tuvo que comer directo con la boca porque las manos no las podía usar”.
		Respecto a su liberación refirió que “el 23 de septiembre fue llevado -vendado- en la caja de una camioneta hasta la calle Austria y Libertador alrededor de las 2 de la madrugada. Allí lo hicieron descender y le indicaron que luego de contar hasta cien podía sacarse la venda. Una vez que la camioneta se alejó del lugar se sacó la misma. Destaca que fue liberado en forma conjunta con otro detenido cuyo nombre desconoce.”
		En sus declaraciones menciona como torturadores a El Coronel (el capo del pozo), El Turco Julián, Poca Vida, Kung Fu, El Correntino, Don Juan, Gonzalito, Sammy la Foca Loca, Soldado, El Cobrado (de inteligencia infiltrado en el ERP), Corchito, Pato Donald.
		Entre los detenidos del lugar mencionó a Ricardo Esteban Benjamín (“Tonny”), Rosalba Vencentini (“Paula” o “Cecilia”), Cecilia Laura Minervini (“La Tana”), Norberto Luis Piñeiro (El gordo Luis, bancario), Cristina Bienposto (H55), Rolando Víctor Pisoni (¿”rulo”?), Irene Bellochio (“Cecilia”), Oscar Alfredo González (“Chiche”), Nardo Oscar Surraco, Eduardo o Julio Castaño (sus padres vivían en Lugano 1 y 2), Omar (“Chango”, sus padres tenían un negocio de electricidad), “La Lana”, “pascua”, “Erico”, “Bonzai”, “Juan”, “Mami”, “La negra”, “Pacual”, “Mario” (pareja de Cecilia Minervini), “Maricruz” (pareja de Ricardo E. Benjamín), “El Tordo” y “Soledad”.
		Juan Carlos Seoane (fs. 172/7 del legajo 84) y Miguel D´Agostino (fs. 179 del mismo legajo) refirieron haber compartido su cautiverio en “El Atlético” con Vanrell. 
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		33. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Juan Carlos Seoane.
		Juan Carlos Seoane fue detenido el 17 de agosto de 1977 en su domicilio de la calle Blanco Encalada 3959 de esta ciudad por un grupo de personas armadas que lo trasladan al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”. Finalmente Seoane fue liberado el 3 de diciembre de 1977.
		En dicho lugar “se le dice que su nombre no es más Juan Carlos Seone, pasando a ser desde ese momento H-97 [...] Que al llegar al final de la escalera, le fue cambiado el vendaje de los ojos por otro, tipo un antifaz con algodón en su interior y le colocan, cadenas en los pies sujetadas por candados”.
		Refirió haber sido torturado durante su cautiverio “Que en el quirófano es acostado en una especie de camilla ubicada en el lugar la cual recuerda que era de metal y tras ser sujetado, se le conecta un cable el cual estaba por el otro extremo conectado a una especie de batería de automotor. Que se lo interroga por la persona de Abel Cortes, quien también había sido compañero de secundaria [...] Que además de la vez que acaba de relatar el dicente fue interrogado del mismo y por medio del uso de la picana eléctrica unas tres veces más aproximadamente. que recuerda que en su caso personal, quien presidía los interrogatorios era el represor apodado «Julián», quien también había participado de su detención” (cfr. declaración de fs. 172/7 legajo 84).
		Entre los represores que actuaban en el centro mencionó a Poca Vida, Perro, Samy, Capitán, Coronel y El Ruso. Entre los detenidos vistos en el lugar recordó haber visto a Pedro Miguel Antonio Vanrell, “Juan”, Daniel Fernández, “La Negra”, “La tana”, “Pascual”, Cecilia Minervini, Eduardo Surraco (quien había intentado suicidarse) y “Erico”.
		Su permanencia en el lugar encuentra corroboración en las expresiones de Daniel Eduardo Fernández (cfr. fs. del 717 legajo 120), permitiendo establecer que el damnificado permaneció ilegalmente privado de su libertad.
		Las exposiciones señaladas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		34, 35 y 36. Privación ilegal de la libertad y tormentos de David Daniel Vázquez (34), Rubén Orlando Córdoba (35) y Ángel Reartes (36).
		En el domicilio de la calle Muñecas 857 Capital Federal, el día 6 de septiembre de 1977, fue secuestrado David Vázquez y trasladado al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”. Al momento no se tienen pruebas de que haya recuperado su libertad.
		Rubén Orlando Córdoba y Ángel Reartes, hermanastros, trabajaban haciendo carteras en el domicilio de Muñecas 857. El día 6 de septiembre de 1977 se produjeron en dicho domicilio dos homicidios por lo que personal de la Seccional 27a les dijo que no podían ingresar y que a las 8 ó 9 horas se dirijan a la Comisaría. Allí “fueron llevados a sendos calabozos, al que acudieron hombres vestidos de civil quienes le vendaron al dicente la boca y los ojos y le trasladaron hasta un lugar que desconoce” (declaración efectuada el 27 de septiembre de 1977 por Ángel Manuel Reartes, fs. 387 legajo 67). 
		Ya en 1985 Ángel Manuel Reartes dio más detalles de su detención: ”…que fue desnudado y sometido a una revisación en todo su cuerpo, principalmente en la zona anal y, acto seguido, fue golpeado con los puños y mediante puntapiés por varias personas [...] quizá al otro día o a los dos días, volvió a ser objeto del mismo interrogatorio aplicándole picana eléctrica en el cuerpo” (fs. 412/3). 
		Rubén Orlando Córdoba relató que “…atado a una mesa y siempre vendado le aplicaron picana eléctrica por todo el cuerpo [...] También se le aplicó una inyección en la nuca que le hizo perder el conocimiento y al recuperarlo se encontró, siempre vendado, atado a una especie de palo y engrillado” (fs. 418/9).
		Ambos fueron liberados a los pocos días en las cercanías de la cancha del Club Huracán. 
		De las constancias correspondientes al legajo 67, que se corresponde con la causa nro. 12.509 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 12, se desprende que el Comisario a cargo de la Seccional 27 recibió un llamado anónimo en el cual le decían que en la calle Muñecas 857 había dos muertos. 
		A fs. 116 de la causa mencionada se ordenó la rebeldía de Vázquez por considerarlo imputado en el homicidio de Alejandro Manuel Colombo y Raúl Alberto Gómez.
		A fs. 181 se presentó el Dr. Marcelo Parrilli como querellante en representación del padre de Alejandro Manuel Colombo; en dicha presentación, se hace referencia a las manifestaciones de los testigo Córdoba (fs. 77) y Reartes quienes cuando fueron a pedir que se levante la clausura del inmueble ubicado en la calle Muñecas y a retirar a su hermano menor que había sido allí trasladado a la Seccional 27 fueron detenidos y conducidos a un centro de detención clandestino, presumiblemente, “Atlético” donde escuchó la voz de Vázquez. 
		Radicadas las actuaciones ante la Cámara Federal (fs. 425) amplió su declaración testimonial Ruben Orlando Córdoba (fs. 428/30 del legajo 67) quien dijo que en ocasión de concurrir a la Seccional 27 de la Policía Federal Argentina, fue detenido junto a su hermano Ángel Reartes, de ahí fue trasladado, por personal civil, a un centro clandestino de detención donde pudo reconocer a su hermano Ángel Reartes y a David Vázquez. En dicho lugar fue torturado al igual que su hermano. Al único represor que puede identificar es a uno apodado “Kung Fu”.
		En cuanto a las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de Vázquez, Reartes y Córdoba, toda vez que los tres habrían sido trasladados al centro de detención “Atlético”, circunstancia que es corroborada por los dichos de Córdoba, quien recordó que uno de los represores se apodaba “Kung Fu”, habré de pronunciarme en los términos del artículo 306 del C.P.P.N., respecto de Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		37. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Lisa Levenstein de Gajnaj.
		Lisa Levenstein de Gajnaj fue detenida el 20 de octubre de 1977 en el domicilio de la calle Salguero 814 de esta Capital Federal por un grupo de personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino, habiendo sido conducida al centro clandestino de detención “El Atlético”, siendo liberada el 28 de octubre de 1977.
		Su caso se desarrolló bajo el número 620 en la sentencia de la causa 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero, oportunidad en la que se tuvo por probado que la nombrada fue ilegalmente privada de su libertad el 20 de octubre de 1977, permaneciendo en el centro mencionado por espacio de ocho días, al cabo de los cuales fue liberada.
		Su testimonio obra a fs. 72/74 del legajo 119, oportunidad en la que indicó haber sido detenida en su domicilio por un grupo de personas que se identificaron como fuerzas legales, fuertemente armadas, vestidas de civil, siendo trasladada junto a su esposo Salomón Gajnaj, a un lugar donde les colocan grilletes y le asignaron el número X16, mientras que a su esposo, la identificación X18. Agregó que escucharon los gritos de su hijo León Gajnaj mientras era torturado. El esposo se descompuso y fue llevado a la enfermería al igual que la declarante. Pudo ver a su hijo León por diez minutos antes de recuperar la libertad el 28 de octubre, siendo dejada en la esquina del Hospital Muñiz, habiéndose despedido además de su esposo, quien fue liberado el 28 de noviembre de 1977. 
		Su hijo León se comunicó telefónicamente al domicilio los días 22 de diciembre de 1977, 18 de enero de 1978, 15 de febrero de 1978, 8 y 9 de marzo de 1978, fecha desde la cual nunca más se tuvo noticias de él.
		Identificó entre los represores a uno que se hacía llamar “teniente” (no tendría más de 30 años, alto) que fue quien la secuestró. Entre los detenidos, además de su hijo y su marido, mencionó a “El Gordo” (flaco, hacía de médico) y a “Soledad” (estaba en la enfermería).
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		38. Privación ilegal de la libertad y tormentos de León Gajnaj.
		León Gajnaj fue detenido el 20 de octubre de 1977, conducido al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético” y posteriormente a los centros “Banco” y “Olimpo”, habiendo sido sometido a tormentos, encontrándose desaparecido.
		El testimonio de su madre, Lisa Levenstein de Gajnaj, referenciado en el punto 37, resulta por demás suficiente para acreditar no sólo la ilegal privación de la libertad del nombrado, sino la aplicación de tormentos a su respecto. Particularmente refirió: “En el lugar al cual nos llevaron logré por la voluntad de una persona tocar y hablar con mi hijo cuando iba a los baños, al preguntarle cómo está y qué pasó, porque lo toqué todo lastimado y torturado, y sin ropa más que un calzoncillo, me contestó: «mal, pero no hasta morir y me denunció un tipo, no sé por qué, yo voy a hacer que ustedes queden libres». Yo le contesté que nosotros no éramos importantes y que no se preocupara por eso” (cfr. fs. 9/10 del legajo 26).
		Por su parte, Salomón Gajnaj (padre de León) declaró que: “los últimos diez días, todas las noches, el exponente recibió la visita de su hijo, al que acompañaban hasta donde se encontraba el exponente. Que hablaban, y en varias ocasiones en que los dejaron solos, se quitaron las vendas y se vieron, habiéndolo visto inclusive desnudo (en una ocasión en que quiso orinar), habiendo observado el exponente que León entre sus testículos presentaba una marca rojiza, que si bien se lo veía desmejorado, psíquicamente estaba bien, y mutuamente se daban ánimo” (cfr. fs. 49 del legajo 26).
		Su caso fue desarrollado en el tratamiento de la sentencia dictada en la causa nro.13/84 -caso 622-, en la que se tuvo por probado que el nombrado fue visto en los centros “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” no sólo por las expresiones de su madre, sino también por el testimonio de Mario César Villani y de Salomón Gajnaj. Asimismo Oscar Alfredo González y Cid de la Paz afirmaron en su informe haberlo visto en los centros clandestinos de detención”Atlético” y “Banco”.
		De esta forma. las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		39. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Salomón Gajnaj.
		Salomón Gajnaj fue detenido el 14 de noviembre de 1977, conducido al centro clandestino de detención “Atlético”, siendo liberado cuarenta días después.
		El testimonio de Lisa Levenstein de Gajnaj referenciado en el punto 37 resulta por demás suficiente para acreditar la ilegal privación de la libertad del nombrado.
		Su caso fue desarrollado en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 -caso 621-, en la que se tuvo por probado que el nombrado fue visto en el centro de detención conocido como “Atlético”.
		Entre los represores del centro mencionó a “El Teniente”, “El Coronel” (era el Jefe del centro) y entre los detenidos, además de su mujer y su hijo vio a “Gordo” (en enfermería, flaco) y “Soledad” (linda, 23 años, morocha, tocaba la quena).
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		40. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Alejandro Víctor Pina.
		Alejandro Pina fue privado de su libertad el 26 de octubre de 1977 y conducido al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”. No está probado que haya recuperado su libertad.
		Su madre y su padrastro relataron a la CONADEP que el día 26 de octubre de 1977, Alejandro salió de la casa de su novia (sita en las proximidades de Roosevelt y Triunvirato) en el barrio de Villa Urquiza, aproximadamente a las 20:15 horas. Tenía una cita en Corrientes y Juan B. Justo, luego de la cual volvería a cenar. Ese fue el último contacto con Alejandro Pina en libertad (cfr. fs.1/2 legajo 235).
		En relación a este suceso se encuentra agregado en el legajo 120 (fs. 467/70) un informe elaborado por la CONADEP sobre el centro clandestino “Club Atlético” del cual se desprende que Alejandro Pina permaneció cautivo en dicho centro (legajo 605).
		A su vez, en dicho legajo se encuentra agregada copia de la presentación efectuada por la Subsecretaría de Derechos Humanos dando cuenta que Pina fue visto en este centro por Donato Martino y Marcos Lezcano, acorde de lo que se desprende de los legajos 1482 y 1485.
		Del testimonio de Adolfo Ferraro (fs. 537 del legajo 120), surge corroborada la permanencia de Alejandro Pina en el centro de detención “Club Atlético”. 
		Marcos Jorge Lezcano en su declaración respecto de Pina refirió: “Que al muchacho pude verlo muy golpeado, aclara que para ello se corrió el tabique en un momento en que los guardias no se encontraban presentes. Que presentaba su rostro totalmente ensangrentado y con grandes hematomas, con las encías muy hinchadas por la aplicación de la picana, así como quemaduras en el cuerpo” (cfr. fs. 57/9 del legajo 228).
		Las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		41. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mirta González.
		Mirta González fue privada en forma ilegal de su libertad el 26 de octubre de 1977, en el barrio Vucetich de la localidad de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, por personal operacional que dependía del Ejército Argentino. Desde aquel entonces permanece desaparecida.
		A González se la mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención conocidos como “El Atlético” y “Banco”.
		Obra en el legajo 119 la presentación efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos en la que se menciona que la nombrada habría permanecido alojada en “Atlético” y “Banco”.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 623 en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero, en la que se tuvo por probado que la nombrada se la mantuvo ilegalmente privada de su libertad en los centros clandestinos “El Atlético” y “Banco”, donde fuera vista por Mario César Villani y Nelva Méndez de Falcone.
		A fs. 33 del legajo 97 se encuentra glosada la certificación de la declaración testimonial prestada por Mario Villani en la audiencia del juicio correspondiente a la causa nro. 13/84, en la cual el nombrado recuerda que “…compartió cautiverio en el Atlético con una chica de apellido González hasta el 28 de diciembre de 1977 cuando fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como Banco”.
		A fs. 34 del citado legajo obra la certificación de la declaración prestada en el marco de la causa nro. 13/84 por Nelba Méndez de Falcone quien estuvo cautiva en “Banco” con Mirta González en el año 1978.
		Asimismo, y como veremos en el punto siguiente, el hecho de que también haya sido víctima su compañero Juan Carlos Fernández Pereyra (quien también permanece desaparecido), tal como quedará demostrado a continuación, termina de cerrar el cuadro probatorio en torno de Mirta González.
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los centros “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que la nombrada sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
	
		42. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Juan Carlos Fernández Pereyra.
		Juan Carlos Fernández Pereyra fue privado en forma ilegal de su libertad el 26 de octubre de 1977, en el barrio Vucetich de la localidad de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires por personal operacional que dependía del Ejército Argentino, permaneciendo desaparecido.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 624 en la sentencia de la causa nro. 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero, en la que se tuvo por probado que el nombrado fue detenido junto a Mirta González, habiendo sido mantenido ilegalmente privado de su libertad en los centros clandestinos de detención “El Atlético”, ”El Banco” y “El Olimpo”. No se encuentra probado que Juan Carlos Fernández Pereyra recuperara su libertad.
		En el legajo 97 se encuentran glosadas las certificaciones de las declaraciones testimoniales de Juan Carlos Guarino (fs. 18), Juan Agustín Guillén (fs. 19), Graciela Trotta (fs.20), Elsa Ramona Lombardo (fs. 22), Enrique Ghezán (fs. 25) quienes vieron a Juan Carlos Fernández Pereyra en el centro de detención “Olimpo” y de Susana Leonor Caride (fs. 23) e Isabel Fernández Blanco de Ghezán (fs. 24) quienes lo vieron en el centro de detención conocido como “Banco”.
		La totalidad de los elementos citados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		43 y 44. Privación ilegal de la libertad y tormentos Fernando José Ángel Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri: 
		Fernando José Angel Ulibarri y su esposa Susana Ivonne Copetti de Ulibarri fueron privados de su libertad en la primera semana del mes noviembre de 1977 de su domicilio sito en Arenales 3173 piso 2do. Depto “8" por un grupo de personas armadas vestidas de civil y conducidos al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético” donde fueron sometidos a tormentos. Fueron liberados el 28 de noviembre de dicho año.
		Fernando José Angel Ulibarri manifestó que al llegar al centro de detención fue identificado con una letra y un número, correspondiéndole el X-73 y a su esposa el X-74. 
		Al llegar a dicho lugar fue conducido a una habitación, donde lo colocaron desnudo sobre una cama de hierro y fue torturado a través de la aplicación de picana eléctrica. 
		Ulibarri mencionó haber sido torturado por una persona apodada “El Turco Julián” (cfr. las declaraciones obrantes a fs. 1/2, 9/10, 13/17).
		Susana Ivonne Copetti de Ulibarri, esposa del nombrado se pronunció en idénticos términos que su marido y a su vez señaló al “Turco Julián” como una de las personas que la torturó mediante la aplicación de picana eléctrica. Al día siguiente fue torturada por otra persona, siendo esta sesión de tormentos más dura que la anterior. (cfr. las declaraciones obrantes a fs. 5/7, 18/21). 
		En sus declaraciones, Ulibarri recordó haber visto entre los detenidos a una chica embarazada que la llamaban “Paty”, entre los represores mencionó a “Golo” que se apellidaría Peña y “Julián”.
		Copetti de Ulibarri, por su parte mencionó entre los ilegalmente detenidos a una integrante del ERP a la que llamaban “La Tana”, así como también recordó haber visto a “Paty”, “Manuel”, “Erico”, “Gerónimo” que la atendió en la enfermería, un grupo de trabajadores municipales detenidos en consecuencia a una huelga, entre los represores recordó al “Turco Julián”. 
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		45. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mirta Edith Trajtemberg.
		En ocasión de dictar sentencia en el marco de la causa nro. 13/84 la Excma. Cámara del Fuero trató el caso de Mirta Edith Trajtemberg bajo el nro. 627 y dio por probado los siguientes hechos:
		Mirta Edith Trajtemberg fue detenida en noviembre de 1977, siendo trasladada al centro clandestino de detención “El Atlético” y posteriormente fue conducida a los centros conocidos como “Banco”, “Olimpo”y a la ESMA, ello a través de las expresiones de Benjamín Trajtemberg, Horacio Cid de la Paz, Mario César Villani y Nelva Méndez de Falcone. Nunca más desde aquel entonces se la ha vuelto a ver.
		Obran en el legajo 135 las certificaciones de las declaraciones prestadas por Daniel Aldo Merialdo y Ana María Arrastía Mendoza, quienes refirieron haberla visto en el Centro clandestino de detención “Olimpo” y en “Atlético” y “Banco” respectivamente.
		Asimismo obra la copia de una carta enviada por Oscar Alfredo González a Benjamin Trajtemberg donde relata que vio a Mirta en el centro “Banco”.
		En el legajo 98, Nora Beatriz Bernal, quien estuvo detenida en “El Banco” refirió haber visto a Trajtenberg, quien tenía cicatrices en las muñecas y el cuello porque había intentado suicidarse.
		Respecto de ella, Juan Antonio del Cerro refirió “Trajtemberg, Mirta «Ángela» la conoció por un informe y era Teniente Primero de Montoneros [...] Recuerda que al deponente le encomendaron brindar apoyo a la brigada de operaciones [...] En ese momento arribó un segundo vehículo de operaciones y el pasaje comenzó a descender rápidamente del colectivo, pudiendo observar que una joven delgada era bajada del colectivo, presumiblemente «estampillada» calculando que murió ahí mismo, por los síntomas que presentaba...” (cfr. certificación de fs.30 del legajo 135).
		Las pruebas citadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que la nombrada sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
	
		46. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Marcos Jorge Lezcano: 
		Marcos Jorge Lezcano fue ilegalmente detenido el 3 de noviembre de 1977 a las 0:30 hs. cuando se encontraba en su domicilio sito en Barrio General Savio, Edificio 45, 6° piso “B” de Capital Federal, junto a su amigo y compañero de trabajo en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Donato Martino, oportunidad en la que se hizo presente un grupo de personas fuertemente armadas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, que lo esposaron y trasladaron al centro clandestino de detención “El Club Atlético”.
		Allí permaneció por un lapso de 25 días donde fue torturado -sin poder conocer a los autores- y donde compartió cautiverio con sus compañeros municipales, a saber: Donato Martino, Adolfo Ferraro, Sr. Alvaro, Luis Ferrito, Antonio Migliari y su señora y con Alejandro Pina, “Erico”, “Facundo” y “Paty” (embarazada). Entre lo represores del centro mencionó a “El Turco Julián”, “Poca Vida” y “Kung Fu”.
		Las razones por las cuales se habrían consumado las detenciones de varios trabajadores municipales habrían obedecido a la realización de una medida de fuerza. 
		En tal sentido, son ilustrativos los dichos de Fernando Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri, que dan cuenta de la presencia en “El Club Atlético” de un grupo de trabajadores municipales detenidos a consecuencia de una huelga realizada (cfr. fs. 62/3 del legajo 228). 
		En igual sentido se manifestaron Martino y Migliari en sus declaraciones de fs. 33/6 y 49/51 del mismo legajo, respectivamente.
		Obran en autos constancias de la presentación de Marcos Jorge Lezcano ante la CONADEP (legajo 1485), que se encuentra anexado al legajo 305, a su vez acumulado al legajo 228, surgiendo asimismo la declaración testimonial prestada por la propia víctima -fs. 57/9 del último legajo mencionado- y donde refirió haber sido liberado junto a sus compañeros Alvaro y Ferraro.
		De los testimonios de Donato Martino (legajo CONADEP 1482 y fs. 34/6 del legajo 228), Antonio Migliari (legajo CONADEP 6964 y fs. 49/51 del legajo 228) y de Adolfo Ferraro (fs. 537 del legajo 120), surge corroborada la permanencia de Lezcano en “El Club Atlético”.
		Los elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		47. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Adolfo Ferraro:
		Adolfo Ferraro fue privado de su libertad en una primera oportunidad el día 3 de octubre de 1976, cuando se presentó en su domicilio -Roosvelt 125, Caseros, Provincia de Buenos Aires- un grupo armado y compuesto por aproximadamente 60 personas. El damnificado fue esposado y encapuchado, trasladándoselo junto a su hijo de 19 años en a lugar denominado “El Campito”.
		En dicho lugar de clandestina detención, Ferraro fue torturado y atacado por dos perros policía que lo atacaron.
		Días después fue trasladado al centro clandestino de detención “El Club Atlético” junto a su hijo y un compañero de trabajo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de apellido Salazar. Allí, permaneció dos días y fue liberado.
		El día 3 de noviembre de 1977 se produjo la segunda detención de Adolfo Ferraro también en su domicilio y resultó trasladado nuevamente al “Club Atlético”, encontrando en dicho sitio a varios compañeros municipales. En esta oportunidad su cautiverio duró entre 28 y 30 días, habiendo sido brutalmente golpeado en una oportunidad.
		Las razones por las cuales se habrían consumado las detenciones de varios trabajadores municipales habrían obedecido a la realización de una medida de fuerza. 
		En tal sentido, son ilustrativos los dichos de Fernando Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri, que dan cuenta de la presencia en “El Club Atlético” de un grupo de trabajadores municipales detenidos a consecuencia de una huelga realizada (cfr. fs. 62/3 del legajo 228). 
		En igual sentido se manifestaron Martino y Migliari en sus declaraciones de fs. 33/6 y 49/51 del mismo legajo, respectivamente.
		Obran en autos constancias de la presentación de Adolfo Ferraro ante la CONADEP (legajo 1486), que se encuentra en el legajo 228, en la que denuncia estos hechos (fs. 1/3 y 6). Entre los detenidos recordó haber visto a si hijo y a un compañero de trabajo Salazar. Entre los represores del Centro clandestino de detención mencionó a “El alemán”, quien ordenaba a quién había que torturar y en qué momento y que en varias oportunidades participaba de las mismas; “El Turco Julián”, “Kung Fu”, “Poca Vida”, “El Tío” y “El Coronel” quien era de alto rango.
		De los testimonios de Donato Martino (legajo CONADEP 1482 y fs. 34/6 del legajo 228), Antonio Migliari (legajo CONADEP 6964 y fs. 49/51 del legajo 228) y de Alberto Alvaro (legajo CONADEP 7269 y fs. 24/6 del legajo 228), surge corroborada la permanencia de Ferraro en “El Club Atlético” en su segunda detención.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		48. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Donato Martino.
		Donato Martino fue ilegalmente detenido el 3 de noviembre de 1977 a las 0:30 hs. cuando se encontraba en el domicilio de su amigo y compañero de trabajo en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sito en Barrio General Savio, Edificio 45, 6° piso “B” de Capital Federal, Marcos Lezcano, oportunidad en la que se hicieron presentes un grupo de personas fuertemente armadas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, lo esposaron y trasladaron al centro clandestino de detención “El Club Atlético”.
		En “El Club Atlético” fue interrogado y permaneció allí hasta el 8 de noviembre de 1977.
		Las razones por las cuales se habrían consumado las detenciones de varios trabajadores municipales habrían obedecido a la realización de una medida de fuerza. 
		En tal sentido, son ilustrativos los dichos de Fernando Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri, que dan cuenta de la presencia en “El Club Atlético” de un grupo de trabajadores municipales detenidos a consecuencia de una huelga realizada (cfr. fs. 62/3 del legajo 228).
		En igual sentido se manifestaron Martino y Migliari en sus declaraciones de fs. 33/6 y 49/51 del mismo legajo, respectivamente.
		Obran en autos constancias de la presentación de Donato Martino ante la CONADEP (legajo 1482), que se encuentra anexado al legajo 305, a su vez acumulado al legajo 228, surgiendo asimismo la declaración testimonial prestada por la propia víctima -fs. 34/6 del último legajo mencionado-. En la declaración mencionó haber compartido su cautiverio con Jorge Lezcano, Luis Ferrito, Antonio Atilio Migliari, Alberto Rubén Alvaro y Adolfo Ferraro. Entre los represores recordó a “El Turco Julián”.
		De los testimonios de Marcos Lezcano (legajo CONADEP 1485y fs. 57/9 el legajo 228), Antonio Migliari (legajo CONADEP 6964 y fs. 49/51 del legajo 228) y de Alberto Alvaro (legajo CONADEP 7269 y fs. 24/6 del legajo 228), surge corroborada la permanencia de Martino en “El Club Atlético”.
		Los elementos de prueba reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
	
		49. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Antonio Atilio Migliari:
		Antonio Atilio Migliari fue detenido el 4 de noviembre de 1977 en su domicilio sito en la calle Paso 1794, piso 1° de Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado de entre 8 y 10 personas que vestían de civil. Fue trasladado junto a su esposa -Haydée Marta Barracosa- al centro clandestino de detención denominado “El Club Atlético” donde permaneció aproximadamente 22 días.
		Migliari compartió cautiverio con diversos compañeros municipales que individualiza, a saber: Donato Martino, Adolfo Ferraro, Luis Ferrito, Marcos Lezcano y el señor Alvaro, así como con su esposa, “Erico”, “Julián”, “La Turca”. Entre los represores que participaban de los interrogatorios mencionó a “El Turco Julián”, “Colores”, “Kung Fu” y “Poca Vida”.
		Las razones por las cuales se habrían consumado las detenciones de varios trabajadores municipales habrían obedecido a la realización de una medida de fuerza. 
		En tal sentido, son ilustrativos los dichos de Fernando Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri, que dan cuenta de la presencia en “El Club Atlético” de un grupo de trabajadores municipales detenidos a consecuencia de una huelga realizada (cfr. fs. 62/3 del legajo 228).
		En igual sentido se manifestaron Martino y Migliari en sus declaraciones de fs. 33/6 y 49/51del mismo legajo, respectivamente.
		Obran en autos constancias de la presentación de Antonio Atilio Migliari ante la CONADEP (legajo 6964), que se encuentra anexado al legajo 305, a su vez acumulado al legajo 228 y la declaración testimonial prestada por la propia víctima -fs. 49/51 del último legajo mencionado-.
		De los testimonios de Marcos Lezcano (legajo CONADEP 1485y fs. 57/9 el legajo 228), Donato Martino (Legajo CONADEP 1482 y fs. 34/36 del legajo 228), de Alberto Alvaro (legajo CONADEP 7269 y fs. 24/6 del legajo 228) y de Haydée Marta Barracosa (fs. 53/6 del legajo 228), surge corroborada la permanencia de Migliari en “El Club Atlético”.
		Las constancias reunidas en las actuciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		50. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Horacio Cid de la Paz.
		Horacio Cid de la Paz fue ilegalmente detenido el 15 de noviembre de 1977, en la esquina de las Avenidas Gaona y Juan B. Justo de Capital Federal aproximadamente a las 10.00 hs. y trasladado a bordo de un vehículo Ford Falcon hasta el Centro clandestino de detención “El Club Atlético”. Luego trasladado a “El Banco”, “El Olimpo” y la División Cuatrerismo Quilmes. Finalmente recuperó su libertad el 18 de febrero de 1979.
		Los detalles vinculados a lo que fuera su detención y cautiverio obran a fs. 1/15 del legajo 563 en lo que fuera su testimonio brindado vía consular en el Reino de España y se corroboran con los numerosos testimonios de quienes compartieron cautiverio con Cid de la Paz.
		Relató que en el centro de detención “Atlético” el jefe era Fioravanti apodado “El Coronel” o “Tordillo” y entre los represores de los centros mencionó a “Tiro Loco”, “Padre”, “Clavel”, “Colores”, “Kung Fu”, “Mosca”, “Raúl”, “Japo”, “Paco”, “Soler”, Mayor Minicucci apodado “Rolando”, Primer Alferez de Gendarmería Pereyra, Raúl Guglielminetti apodado “Guastavino”, Coronel Ferro, “Capitán Miguel”, “Capitán Cortes”, “El Viejo Pereyra”, “Cacho”, “Turco”, “Blanco o bigote”,”Pepe”, “Pablo”, “Don Carlos”, “Baqueta”, “Covani”, “Negro Raúl”, “Siri” (muerto en un allanamiento a una vivienda), “Polaco Grande”, “Calculín o Pedro” (cojo, dentadura saliente, alrededor de 40 años, trabajó en DIPA), “Capitán Leo”, “Soler”, “Colores o Tío”, “Clavel”, “Padre”, “Dr. K”, “Anteojo Quiroga”, “Tiro Loco”, “Centeno” (herido en el mismo enfrentamiento en que murió Siri), “Cramer o Eduardo”, “Alacrán”, “Nelson”, “Cortes”, “Alemán”, “Felice”, “Valderrama”, “Nito”, “El Tordo o Dico”, “Gato viejo”, “Ratón”, “Rey o Gordo Rey”, “Turco Julián”, “Pepe”, “Polaco chico”, “Alemán”, “Mortadela”, “Mosca”, “Japonés”, “Kung Fu”, “Coco”, “Juan”, “Juancito”, “Gonzalito”, “Foca”, “Guerra”, “Romerito”, “Sapo”, “Cura”, “Ruso”, “Samy”, “Sérpico” y “Willy”.
		Luego de permanecer ilegalmente alojado en “Atlético”, estuvo en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “El Olimpo”, habiéndose fugado el 18 de febrero de 1979.
		Las personas con las que Cid de la Paz compartió cautiverio se encuentran enumeradas en el informe que elaborara junto con Oscar González para Amnesty International.
		Su caso fue desarrollado en la sentencia de la causa 13/84 por la Excma. Cámara del Fuero donde se tuvo por probado que el nombrado permaneció ilegalmente detenido en “El Atlético”, “El Banco”, “El Olimpo” y en la División Cuatrerismo Quilmes de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires.
		La detención de Cid de la Paz fue confirmada por las expresiones de Mario César Villani y Susana Leonor Caride. Esta última señaló que, hallándose en libertad, recibió una comunicación telefónica de Julián en la que le narró que Cid de la Paz se había fugado; Isabel Teresa Cerruti; Osvaldo Acosta; Enrique Carlos Ghezan; Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan; Elsa Ramona Lombardo; Juan Agustín Guillén; Graciela Irma Trotta; Julio Eduardo Lareu; todos ellos coincidentes también al referir que el nombrado integraba el Consejo que funcionó en “Banco” y “Olimpo” y que registraba el apodo de Cristoni.
		Las constancias reunidas a lo largo de la encuesta permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		51. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gustavo Adolfo Chavarino Cortés:
		Gustavo Adolfo Chavarino Cortés, ciudadano español, fue detenido el 18 de noviembre de 1977, por fuerzas de la Policía Federal, en las inmediaciones de la calle Lacarra y Av. Directorio de Capital Federal y conducido al Centro clandestino de detención conocido como “El Club Atlético” y luego a “El Banco”, siendo sometido a tormentos y permaneciendo en calidad de desaparecido.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 295 en la sentencia dictada en la causa 13/84 por la Excma. Cámara del Fuero, oportunidad en la que no se dio por probado el hecho en cuestión.
		Ahora bien, del detenido análisis de las constancias obrantes en el legajo 267, en particular de la documental y testimonios allí incorporados, se advierten la existencia de nuevos elementos que autorizan a tener por acreditado los hechos imputados.
		En efecto, conforme surge del legajo 267, en sus numerosos contactos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el padre de la víctima, Antonio Chavarino, hizo saber que tanto Horacio Guillermo Cid de la Paz como Oscar Alfredo González, le indicaron que su hijo estuvo hasta abril de 1978 en “El Club Atlético” y que fue luego trasladado a “El Banco”.
		Se suma a lo anterior la misiva dirigida al progenitor del damnificado donde le señala que Chavarino alias “El Gallego” llegó a “Atlético” herido y fue atendido por otro prisionero llamado Jerónimo. Se lo identificó como X-100 y para cuando es trasladado a “El Banco” se encontraba en buen estado de salud (cfr. fs. 35 del legajo 267).
		También Daniel Aldo Merialdo relató en el legajo 744 que encontrándose en “Atlético” y cuando pudo circular sin vendas pudo ver escenas espantosas entre las que destaca a “El Turco Julián” con un látigo pegándole hasta cansarse a dos secuestrados, uno de ellos el X-100. Exhibidas las fotografías de cautivos reconoce al X-100 como “Chavarino”, la que corresponde a Gustavo Adolfo Chavarino Cortés (cfr. certificación de fs. 59 del legajo 267).
		Los elementos de convicción citados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los centros “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		52. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Daniel Aldo Merialdo:
		Daniel Aldo Merialdo fue ilegalmente detenido el 25 de noviembre de 1977, en horas del mediodía, en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios de la localidad de Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado integrado por aproximadamente ocho personas.
		Merialdo fue alojado en clandestino cautiverio en el centro de detención “El Club Atlético” donde inmediatamente fue sometido a una sesión de torturas mediante el paso de corriente eléctrica. Posteriormente también fue alojado clandestinamente en “El Banco”, “El Olimpo” y ESMA, de donde se fugó en 1980.
		Detenido en “Atlético”, a poco de llegar fue torturado mediante el paso de energía eléctrica a través de la picana, mientras era interrogado por si tenía amigos subversivos. Quienes lo torturaron actuaban bajo los siguientes seudónimos: “Raúl”, “El Padre”, “Tiro Loco”, “Angelito” y “El Turco” (no el Turco Julián).
		A fs. 13/5 y 16/9 del legajo de mención prestó testimonio Merialdo, quien vio torturado a Mario Villani y corroborró la presencia en dicho centro clandestino de detención de Luis Guagnini, una chica que le decían “Anteojito”, otra llamada “Laura”, Cid de la Paz, “Rata” o “Ratón”, Luis Guagnini, matrimonio Falcone, Pagés Larraya, Mario Villani, Pavich, “El Tano”, “Bea”, la enfermera “Laura”, “El Ratón” Laurenzano, Juancito, María, Gustavo, “El Chino” Ríos marido de Bea, Estela, un hombre de 70 años, “Guarincho”, “Mogo” Zurita, “Angelita” de apellido judío, matrimonio llamado “Los Cristianos”, un peluquero, “Marisa”, “Cali”, Julia Zabala Rodríguez, “La Chilena”, el médico Víctor “Caballo Loco”, Fontanella con su esposa, una chica Maero, “La Pato” y su esposo, Giorgi, Toscano, Pacho, Clamente, Poblete, Susana Caride, Osvaldo Acosta, Oscar González y Lucía.
		En su declaración prestada ante esta sede el 28 de abril del corriente año, mencionó entre los represores a “Alacrán”, Scifo Módica; “Alemán”; “Angelito”; “Anteojito Quiroga” o “Führer”; “Baqueta”; “Bigote”; “Cacho”; “Calculín”, Pedro Santiago Godoy; “Candado”; “Catorce”; “Centeno”, Juan Carlos Avena; “Clavel” Rosa; “Cobani” Samuel Miara; “Coco” Ferro; “Colores” o “El Tío” Juan Antonio del Cerro; “Cortés”, Cardozo; “Cramer”; “Don Juan”; “Dr. K.”; “El Turco”; “Estévez”; “Felice”; “Gato”; “Gordo Rey”; “Guastavino”, Gulielminetti; “Guerra”; “Juancito”; “Kung Fu”; “Miguel”; “Montoya”; “Nelson”; “Nito”; “Paco” Spina; “Padre o Cura” Tadey; “Poggi”; “Polaco chico”; “Polaco Grande”; “Quintana”; “Ratón”; “Raúl” González”; “Rodilla”; “Rolando” Minicucci; “Ruso”; “Siri”; “Soler”; “Tiro Loco”; “Turco Julián”; “Valderrama”; “Gordo” Linares y Fioravanti.
		En la última de sus declaraciones obrantes en el legajo, hizo referencia a que había dos grupos de represores, los guardias o “candados” y los que se dedicaban a los secuestros y las torturas.
		Antes de fin de 1977, Merialdo fue trasladado a “El Banco” donde también fue torturado en un lugar forrado con paneles acústicos. Ya en el “Olimpo”, Merialdo fue integrado al denominado “Consejo” asignándosele tareas vinculadas a la lectura de periódicos y fotografía, lo que le permitió moverse con mayor libertad y observar escenas de tormentos entre las que señaló al Turco Julián castigando con un látigo a dos secuestrados “X-100" y “El Hormiga”.
		Osvaldo Acosta (cfr. legajos 119 y 120 y fs. 21 del legajo 744) quien también permaneciera detenido en los mismos centros, testificó la permanencia en dichos lugares y en la División Cuatrerismo de Quilmes, del detenido Merialdo. El traslado de Merialdo de “Olimpo” hacia la División Cuatrerismo se produjo en enero de 1979 en lo que se designó como “vaciamiento de Quilmes”, circunstancia de la cual dio testimonio Mario Villani (cfr. fs. 3/4 del legajo 744).
		En apoyo de lo precedente, se suman los dichos de Nelva Alicia Méndez de Falcone, quien señaló que en “El Banco” estaba Daniel Merialdo a quien le decían “Andrés” y se ocupaba de hacer trabajos de falsificación de documentos para los guardiacárceles (cfr. fs. 22 del legajo 744).
		En igual sentido, se pronunció Enrique Carlos Ghezan agregando la corroboración sobre la permanencia de Merialdo en “El Olimpo” (cfr. fs. 24 del legajo 744). De igual forma, se pronunció Roberto Ramírez (cfr. fs. 27 del mismo legajo).
		Juan Antonio del Cerro y Carlos Muñoz, por su parte, corroboran con sus testimonios la presencia de Merialdo en la ESMA, circunstancia que carece de relevancia al presente decisorio (cfr. fs. 25 y 26 del mencionado legajo).		Las constancias reunidas en las actuciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		53. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Israel Gorfinkel:
		Jorge Israel Gorfinkel fue ilegalmente detenido el 25 de noviembre de 1977 en la intersección de las calle Larrea y la Av. Córdoba. Permaneció en clandestino cautiverio en “El Club Atlético” y en “El Banco”, y se halla hasta la fecha en calidad de desaparecido.
		Su situación fue motivo de análisis bajo el caso 629 de la sentencia dictada en la causa nro.13/84, dándose por probado que el nombrado permaneció detenido en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		Corrobora ello el testimonio de Mario César Villani, quien en ocasión de ser detenido portaba una agenda en la que figuraba un encuentro con el damnificado, al que fue llevado, relatando: “Que en un momento dado el deponente oyó que lo llamaban a sus espaldas, y al volverse vio a su amigo Jorge Gorfinkel que llegaba corriendo porque se le había hecho tarde. De inmediato, y antes de que el deponente pudiera intentar -siquiera- una advertencia, los miembros de la comisión, dirigida por quienes por sus nombres «de guerra» eran conocidos como «Coro» o «De Luca» o «Tordillo» -jefe del grupo de tareas, «Soler», «El Padre», «Raúl», «Toso», «Capitán Leo» o «Pepona» o «Cara de Goma», «Patán» y otros que no recuerda, se lanzaron sobre Jorge Gorfinkel, derribándolo, vendando sus ojos y luego introduciéndolo en un vehículo, en el que lo llevaron al Club Atlético” (cfr. fs. 77/80 del legajo 94).
		Es también el testimonio de Villani el que permite acreditar la permanencia y traslados de Gorfinkel en los centros de detención mencionados. 
		La esposa de la víctima, María Teresa Bodio, dio cuenta que Gorfinkel el 25 de noviembre de 1977 se encontraría con su amigo Villani (cfr. fs. 48 y vta. del legajo 94).
		De esta forma, las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los centros “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		54. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Lucía Rosalinda Víctoria Tartaglia:
		Conforme surge del legajo 574 al que se hallan agregadas copias de la causa 35/84 caratuladas “Tartaglia, Lucía y otro por presunta privación ilegítima de la libertad”, es posible tener por probado que Lucía Rosalinda Víctoria Tartaglia fue ilegalmente detenida el 27 de noviembre de 1977, siendo conducida al centro clandestino de detención “El Club Atlético” y posteriormente a “El Banco” y “El Olimpo”, habiendo sido sometida a tormentos, encontrándose desaparecida.
		Lucía Tartaglia fue reconocida por numerosos testimonios de compañeros de cautiverio como apodada “Anteojito”. Los dichos de Isabel Mercedes Fernández Blanco (“Banco” - fs. 65 legajo 123), Enrique Carlos Ghezan (“Banco” y “Olimpo” - fs.66 legajo 123), Graciela Irma Trotta (“Banco” y “Olimpo” - Fs. 247 legajo 123), Rufino Jorge Almeida (“Banco” - fs. 380 legajo 123), Alberto Próspero Barret Viedma (“Olimpo” - legajo 123), Miguel Ángel Benítez (“Banco” - legajo 123), Nora Bernal (“Atlético” y “Banco” - legajo 123), Oscar Alberto Elicabe Urriol (“Banco” - legajo 123), Roberto Omar Ramírez (“Olimpo” - legajo 123), Daniel Aldo Merialdo (“Atlético” - legajo 123), Jorge Alberto Allega (“Banco” - legajo 123), Mario César Villani (“Atlético”, “Banco” y “Olimpo” - legajo 123)
		Los numerosos testimonios hacen referencia a que Lucía Tartaglia estaba embarazada durante su cautiverio, y que a principios de 1979 fue sacada del centro de detención “Banco” para dar a luz. 		
		Las exposiciones señaladas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que la nombrada sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		55. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mariano Carlos Montequín:
		Mariano Carlos Montequín (legajo CONADEP 3992) fue ilegalmente detenido el 6 de diciembre de 1977 en su domicilio de la calle Ramón Freire 2320 de Capital Federal, siendo conducido al centro clandestino de detención denominado “El Club Atlético” y posteriormente a “El Banco”, habiendo sido sometido a tormentos y permaneciendo en calidad de desaparecido.
		En la sentencia dictada en la causa 13/84 -caso nro. 630- la Excma. Cámara del Fuero dio por acreditado que el nombrado permaneció privado de su libertad en ambos centros.
		Los testimonios de José Alberto Saavedra (cfr. legajo 119), Rufino Jorge Almeida, Norma Teresa Leto y Nelva Alicia Méndez de Falcone permiten establecer la ilegal privación de la libertad a la que fuera sometido Montequín.
		También, el testimonio de Ana María Arrastía Mendoza quien depuso en el marco de la causa nro. 36.329 -legajo 157- y a fs. 191/202 del legajo 92, acredita la presencia de Montequín en “Banco”.
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los centros “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		56 y 57. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gustavo Fraire Laporte y de Rubén Omar Salazar.
		En horas de la madrugada del 6 de diciembre de 1977, en el domicilio de la calle Juncal 1771, piso 5° depto. 16 de Capital Federal, irrumpió una numerosa fuerza de seguridad que dijo pertenecer al Ejército Argentino, llevándose encapuchados y maniatados, entre otros, a Gustavo Ernesto Fraire Laporte y Rubén Omar Salazar, quienes permanecen en calidad de desaparecidos.
		Los menores presentes en el lugar fueron, primero, entregados a un vecino y, posteriormente, trasladados a la Comisaría de Av. Callao y Las Heras -Seccional 17° PFA- donde permanecieron hasta ser entregados a sus abuelos, ocasión en la que se habría informado que el procedimiento se había llevado a cabo por el Regimiento I del Ejército.
		Toda esta información se encuentra sobradamente acreditada por medio de los legajos CONADEP nros. 7783, 3394 y SDH nro. 1000. Asimismo, dichos extremos se ven consolidados por medio del legajo 96 que obra reservado en Secretaría.
		En la causa nro. 13 la Excma. Cámara del Fuero tuvo oportunamente por probado que Gustavo Ernesto Fraire Laporte fue privado de su libertad en las circunstancias reseñadas -Caso nro. 631-, del mismo modo que lo hizo respecto de Rubén Omar Salazar -Caso 632-.
		También, se dio por acreditado que el primero de los nombrados fue mantenido clandestinamente en cautiverio en un lugar que operaba bajo el Comando del Ejército Argentino y, respecto del segundo, que estuvo detenido en “El Banco” perteneciente a la Policía y que dependía del Primer Cuerpo de Ejército.
		Respecto de los damnificados se hicieron reclamos y solicitudes de averiguación de sus paraderos que oportunamente no arrojaron resultados positivos a raíz de las contestaciones brindadas por las autoridades requeridas en los expedientes judiciales.
		Entre ellos, se destacan y dan sustento al desarrollo señalado de los hechos: el recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Gustavo Fraire Laporte ante el Juzgado Criminal de Sentencia Letra “U” (causa nro. 1656) de fecha 20-12-1976, expediente nro. 274 caratulado “Salazar, Rubén Omar s/habeas corpus” del Juzgado Federal nro. 2 y sus similares nros. 40.253 y 96/79 de los Juzgados Federales nros. 3 y 1 respectivamente.
		A mayor abundamiento, cabe anotar que, como producto de las privaciones de la libertad que nos ocupan, se instruyó sumario bajo el nro. 3342 caratulada “Fraire, Gustavo Ernesto s/privación de la libertad” ante el Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Fontela, Secretaría nro. 117 luego acumulada a la causa 11.944 “Torres y Larcamón s/privación ilegal de la libertad” del Juzgado de Instrucción nro. 23 a cargo del Juez Dr. Manuel Lanusse, Secretaría nro. 139 del Dr. Enrique Posse, bajo un nuevo nro. 12.144, donde se dictó sobreseimiento provisional por falta de pruebas. 		En otro orden, conforme declararan en la causa nro. 4821 del Juzgado Federal nro. 6, Jorge César Casali Urrutia y Nelva Alicia Méndez de Falcone compartieron su lugar de cautiverio con Fraire Laporte.
		Asimismo, Mario Villani, en la Audiencia de la causa 13, manifestó que conoció a Salazar con el apodo de “Nino” en “El Banco”. En tanto, conforme surge del legajo 119 Julio Eduardo Lareu hace mención a Fraire Laporte bajo su apodo “Gusta”.
		Igualmente, quienes ocupan este caso aparecen mencionados en el informe presentado a Amnesty Internacional por parte de Oscar Alfredo González y Horacio Cid de la Paz (cfr. legajo 86 fs. 299).
		No se halla acreditado, al menos de momento, que Fraire Laporte y Salazar hayan sido vistos en “El Club Atlético”.
		Ana María Arrastía Mendoza también dio testimonio de la presencia de Fraire Laporte en “El Banco” y sostiene que también habría estado en “Atlético”, mención que no alcanza a acreditar tal extremo (cfr. legajo 96).
		Las constancias probatorias antes reseñadas permiten establecer, en consecuencia, la ilegal privación de la libertad de la que fuera objeto Gustavo Fraire Laporte y Rubén Omar Salazar, durante sus detenciones en el “El Banco”.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
 
		58. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Laura Lía Crespo.
		Laura Lía Crespo -legajo nro. 1964 CONADEP- fue privada ilegalmente de su libertad el día 6 de diciembre de 1977 en su domicilio de la calle Acevedo 1260 de esta Capital. 
		Ello ha sido especialmente avalado por el testimonio de su padre Rodolfo Alberto Crespo, las constancias obrantes en el expediente nro. 3410 caratulado “Crespo, Laura Lía s/habeas corpus”, expediente nro. 13.254 caratulado “Crespo, Laura Lía s/robo en su perjuicio” y los dichos del encargado y su esposa, que refirieron que un grupo numeroso de personas habían ingresado violentamente a la unidad funcional.
		La damnificada que nos ocupa habría sido conducida originalmente al centro clandestino de detención conocido como “El Club Atlético” y posteriormente trasladada a “El Banco”, habiendo sido sometida a tormentos y permaneciendo en calidad de desaparecida.
		Su ilegal privación de la libertad en “El Club Atlético” se halla sustentada por las declaraciones brindadas por Mario César Villani, en tanto Nelva Alicia Méndez de Falcone y Jorge Casalli Urrutia (cfr. legajos 119, 120 y actas mecanografiadas de la causa 13/84), atestiguan su paso por “El Banco”.
		Se encuentra como legajo de prueba la causa nro. 5203/02, la cual conoce su origen en la denuncia formulada por la Fiscalía Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de La Plata en relación a las manifestaciones efectuadas por Silvia Crespo en el marco del “Juicio por la verdad”.
		En dicha oportunidad, Silvia Crespo, hermana de la desaparecida Laura Crespo, pidió a los jueces de la Cámara Federal que citen a declarar al represor Samuel “Cobani” Miara, quien según los testimonios de sobrevivientes, abusaba de la joven cuando estaba secuestrada en el centro clandestino “El Banco”.
		Silvia Crespo, contó que su hermana fue secuestrada el 6 de diciembre de 1977 en Capital Federal. El grupo de hombres vestidos con ropas del Ejército se llevaron también al marido de la chica, Ricardo Moya, y a María Sedeni Bonasorte. "El departamento estaba destrozado. El reloj despertador estaba roto y parado a las 14.36", precisó la testigo.
		La testigo señaló que la última noticia que tuvo de Laura fue un llamado que ella hizo a una tía, a quien le dijo: "Estamos cercados". Seis días después, Rodolfo Crespo ‑otro hermano, también desaparecido‑ avisó que a Laura se la habían llevado.
		Relató que un vecino denunció ante una comisaría el allanamiento de la vivienda donde Laura fue secuestrada ‑en Acevedo 1260, 3° 14, Capital Federal‑ y que por eso el padre de la chica fue citado a declarar por la Policía.
		"Mi papá encontró la puerta del departamento partida en dos y con una faja de la Policía Federal. El portero del edificio dijo que habían sido efectivos del Ejército que llegaron con una foto", aseguró Silvia Crespo.
		También contó que el padre, dado que era capitán retirado de la Marina, pudo reunirse con el teniente coronel Raúl Alberto Gatica ‑mencionado como represor en el legajo 7169 de CONADEP‑ y con el Jefe de la Armada, almirante Emilio Massera.
		Gatica lo recibió en el Primer Cuerpo del Ejército en una oficina con las paredes llenas de ficheros, de los que extrajo dos: el de Laura y el de su marido Ricardo, que contenían la fecha de secuestro e información sobre su militancia política. "Le dijo que Laura era muy linda, que a todos les gustaba ver su belleza en «El Banco». Nosotros pensamos, ¿estará sentada en un banco?. Después nos enteramos que era el nombre del campo de concentración", expresó Silvia Crespo.
		Massera pertenecía a la misma promoción de la Escuela Naval que el padre de la desaparecida. En la reunión, le prometió a Crespo contestarle.
		Al poco tiempo, relata Crespo, se lo encontró en una cena de la promoción Nro.73: "Massera le dijo que no le habían querido decir nada. Mi papá se enojó y lo insultó, diciéndole que él sabía perfectamente dónde la podía encontrar", contó la testigo.
		Sobre la desaparición de su hermano Rodolfo, Silvia Crespo dijo que fue secuestrado el 25 de febrero de 1978, junto a José Américo Pollola, Mario Demichel y Mónica Elsa Ortega, quienes también permanecen desaparecidos.
		Silvia Crespo dijo que supo que tanto Rodolfo, como Laura y su marido Ricardo estuvieron en “El Banco” hasta julio de 1978, cuando fueron trasladados, según los testimonios de los sobrevivientes.
		A su vez en un escrito (cfr. fs. 12/27 de la causa nro. 5203/02) presentado ante la Excma. Cámara Federal de la ciudad la Plata, Silvia Crespo reseñó que a) Nelva Razano, ex detenida desaparecida había visto a Laura Crespo y Ricardo Moya en “El Banco”, b) María del Carmen Rezzano, quien fue privada de su libertad en el “Banco” vio al matrimonio Moya, c) Mariana Arcondo dijo haber visto a Laura Crespo en el “Banco”, d) Claudia Estévez dijo que Samuel Miara alias “Cobani” acosaba sexualmente a Laura Crespo, e) Rufino Almeida señaló “…otra modalidad delictiva era el acoso y sometimiento sexual de las mujeres secuestradas, como el caso de Laura Crespo (desaparecida) a quien Cobani, en realidad Samuel Miara, presionaba para mantener relaciones sexuales con él, castigando a cadenazos a su esposo de apellido Moya, o imponiéndole estar parada durante días frente a la sala destinada a enfermería, porque ella no accedía voluntariamente…”, f) Mario Villani le dijo que: “Con la que tuvo más trato fue con Laura porque estaba en el Consejo con él, que la vio en Club Atlético y luego la llevaron a Banco donde al tiempo la hicieron ocuparse de la enfermería, razón por la cual recibió el apodo de La Torda...”. Agregó que Villani le comentó que Samuel Miara alias “Cobani” acosaba sexualmente a Laura Crespo y como se negaba castigaba a cadenazos a Ricardo Moya.
		Asimismo, cabe mencionar que la Excma. Cámara del Fuero -caso 634- en la sentencia dictada en la causa 13/84, dio por probada la detención de la nombrada en ambos centros.
		Tales probanzas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que la nombrada sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		59. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Ricardo Alfredo Moya.
		Está suficientemente acreditado, conforme surge de los legajos CONADEP nro. 1965 y 6826, que Ricardo Alfredo Moya fue privado de su libertad el 6 de diciembre de 1977 en horas de la tarde en proximidades de la Av. Córdoba y Acevedo de Capital Federal cuando se dirigía junto con Alicia Sebastiana Corda de Derman a un domicilio allí situado. Pocas horas después, testigos presenciales observaron, cómo personal armado de civil sustraía pertenencias del domicilio ubicado en la mencionada dirección.
		Del mencionado legajo CONADEP nro. 1965, también surge que Moya fue visto con vida en un centro clandestino de detención aunque permanece en calidad de desaparecido.
		En la sentencia de causa 13/84 -Caso nro. 633- la Excma. Cámara Federal tuvo por probado que Ricardo Moya fue privado de su libertad en las circunstancias mencionadas y que fue mantenido en cautiverio en el centro clandestino denominado “El Banco” que dependía operacionalmente del Primer Cuerpo de Ejército. Esto último ha sido avalado por el testimonio de Nelva Alicia Méndez de Falcone, que lo sindica como una de las personas con las que compartió cautiverio. 
		A los ya mencionados dichos de Nelva Alicia Méndez de Falcone, se agregan los de Jorge César Casalli Urrutia (cfr. legajo 119 y actas mecanografiadas de la causa 13/84).	
		Tales manifestaciones, sumadas a las vertidas en el caso anterior, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		60. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Stella Maris Pereiro de González.
		El 6 de diciembre de 1977, en horas de la madrugada, Stella Pereiro de González -quien permanece en calidad de desaparecida- fue privada ilegalmente de su libertad de su domicilio sito en la calle Zuviría 438 piso 5° depto B junto con el matrimonio compuesto por Mario Alberto Depino y Maria Marta Barbero, con los cuales convivía.
		Eleonora Delorenzo de Pereiro, denunció la desaparición de su hija mediante la interposición de tres recursos de habeas corpus, presentaciones ante el Ministerio del Interior, la Junta Militar, las Naciones Unidas, la O.E.A., yCruz Roja Internacional. Todas estas gestiones tuvieron resultados infructuosos.
		El caso de Pereiro de González fue desarrollado bajo el nro. 635 en la sentencia recaída en la causa 13/84, ocasión en la que se dio por acreditada la ilegal privación de la libertad de la nombrada en el centro denominado “El Club Atlético”, ello conforme lo refiriera el esposo de la misma, Oscar Alfredo González, también allí alojado, habiendo indicado asimismo Horacio Cid de La Paz, que Pereiro de González fue trasladada en enero de 1978 (cfr. actas mecanografiadas y legajos 120 y 119).
		Se agrega también para corroborar la permanencia de Pereiro de González en “El Club Atlético” y “El Banco” la inclusión de la nombrada en el informe presentado a Amnesty Internacional por parte de Oscar Alfredo González y Horacio Cid de la Paz (cfr. legajo 86 fs. 299), cuanto las constancias obrantes en el legajo 321, en particular las manifestaciones de su esposo.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que la nombrada sufriera en “Banco”.		
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527, se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		61. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Guillermo Pagés Larraya.
		Se encuentra acreditado que el día 21 de diciembre de 1977, entre las 12.00 y las 12.30 hs., fueron privados de su libertad Guillermo Pagés Larraya y Luis Rodolfo Guagnini. 
		Estas personas se encontraban almorzando en el Restaurante sito en la Av. Las Heras esquina Laprida donde arribaron personas de civil y uniformados que los sacaron del lugar y los introdujeron a un automóvil particular con rumbo desconocido.
		Las circunstancias antedichas surgen del legajo CONADEP nro. 1060, de los testimonios de la causa nro. 4821 “CONADEP s/denuncia” y fueron oportunamente tenidas por acreditadas en la causa nro. 13 que tramitara ante la Excma. Cámara del Fuero -Casos nro. 297- .
		Pagés Larraya, quien permanece en carácter de desaparecido, fue conducido al centro clandestino de detención “El Club Atlético” y posteriormente fue derivado a los centros “El Banco” y “El Olimpo”, donde padeció tormentos.
		Las expresiones testificales glosadas en el legajo 133 de Mario César Villani (fs. 21) y Miguel Ángel D’Agostino señalaron haber compartido junto al nombrado su cautiverio en el centro de detención “Atlético”, Susana Caride (fs. 13), Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (fs.19), Enrique Carlos Ghezan (fs. 15), Elsa Ramona Lombardo (fs. 16), Nelva Alicia Méndez de Falcone, Isabel Teresa Cerruti y Jorge Casalli Urrutia (fs. 23) estuvieron detenidos en el centro “Banco” junto a Pagés; Julio Eduardo Lareu (fs. 14) e Irma Trotta (fs. 24) vivieron su cautiverio con el nombrado en los centros “Banco” y “Olimpo”, en este último centro también fue visto por Claudia Pereyra (fs. 22). 
		Asimismo, a través de la exposición de Julio Lareu, se halla acreditada la aplicación de tormentos físicos a los que fuera sometido el nombrado, en tanto en su exposición en la causa 13/84 -cfr. actas mecanografiadas- Lareu indicó que durante los interrogatorios fueron torturadas diversas personas, entre ellas Guillermo Pagés Larraya. También, Daniel Merialdo dio cuenta de las torturas padecidas por el nombrado (cfr. legajo 133).
		Los elementos de prueba reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		62. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Luis Rodolfo Guagnini.
		Se encuentra acreditado que el día 21 de diciembre de 1977, siendo entre las 12.00 y las 12.30 hs., fueron privados de su libertad el ya referido Pagés Larraya y Luis Rodolfo Guagnini.
		Estas personas se encontraban almorzando en el Restaurante “Emiliano” sito en la Av. Las Heras esquina Laprida donde arribaron personas de civil y uniformados que los sacaron del lugar y los introdujeron a un automóvil particular con rumbo desconocido.
		Las circunstancias antedichas surgen del legajo CONADEP nro. 1060, de los testimonios de la causa nro. 4821 “CONADEP s/denuncia” y fueron oportunamente tenidas por acreditadas en la causa nro. 13 que tramitara ante la Excma. Cámara del Fuero -Caso nro. 298- .
		Luis Rodolfo Guagnini, quien permanece desaparecido, estuvo cautivo en “El Club Atlético” y en “El Banco”, donde fue sometido a tormentos.
		Las expresiones de Mario César Villani (cfr. legajo 119) permiten establecer que Guagnini permaneció ilegalmente privado de su libertad en el “Club Atlético”, en tanto de las expresiones de Nora Beatriz Bernal y Nelva Alicia Méndez de Falcone acreditan su alojamiento en “El Banco”. Por su parte, Daniel Merialdo corroboró su estancia en los dos centros (cfr. fs. 161 del legajo 126).
		Las pruebas citadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético” y “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		63. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Dora del Carmen Salas Romero.
		Dora del Carmen Salas Romero, compañera de Luis Rodolfo Guagnini (caso tratado precedentemente), fue detenida el 21 de diciembre de 1977, en la Librería Norte, sita en la Av. Las Heras 2225 de esta Ciudad, siendo conducida a la Comisaría 19a. PFA y posteriormente a un lugar donde estuvo con el nombrado Guagnini. 
		Fue liberada el 23 de diciembre de 1977.
		Ahora bien, no obstante que en la imputación efectuada se hace alusión a su cautiverio en los centros clandestinos de detención “El Club Atlético” y “El Banco”, los antecedentes con los que se cuenta -exceptuadas las presentaciones que efectuaran los familiares de su pareja, Luis Guagnini- no alcanzan a acreditar fehacientemente que Salas Romero haya permanecido ilegalmente detenida en alguno de los centros bajo examen, razón por la cual habré de proceder conforme lo reglado por el art. 309 del Código de forma, en relación a la totalidad de los indagados, y hasta tanto sus propias manifestaciones u otros elementos, se arrimen a la investigación y permitan clarificar la cuestión.

		64. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gabriel Alegre.
		Gabriel Alegre, quien permanece en calidad de desaparecido, fue ilegalmente detenido en enero de 1978 y conducido a los centros clandestinos de detención “El Banco” y “El Olimpo”, habiendo sido sometido a tormentos.
		Los testimonios de Graciela Trotta, Jorge César Casalli Urrutia, José Alberto Saavedra y Julio Lareu (cfr. actas mecanografiadas de la causa 13/84, legajo 119 y legajo 28), permiten acreditar, con el grado de certeza exigido por el art. 306 del Código Procesal Penal, la ilegal privación de la libertad que Alegre soportara en dicho centro de detención.
		En relación a los tormentos padecidos por Alegre, resulta también esclarecedor el testimonio de Julio Lareu, en tanto relató que en “El Banco”, Gabriel Alegre había sido torturado y su estado era muy malo al punto que no podía girar sobre su propio Cuerpo. En dicha oportunidad, afirmó que entre los guardias e interrogadores se hallaban “Soler”, “Ruso”, “Guerra”, Padre”, “Colores”, “Cobani”, “Facundo”, “Julián”, “Polaco chico”, “Polaco Grande”, “Juancito”, “Kung Fu” y Avena alias “Centeno” que los interrogatorios que le efectuaron consistieron en preguntas apoyadas por torturas. (cfr. fs. 198 y sig. del legajo 122).
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.

		65. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Nelva Alicia Méndez de Falcone.
		Se encuentra acreditado que Nelva Alicia Méndez de Falcone fue detenida el 14 de enero de 1978 en la calle Belgrano al 800 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, por personal policial uniformado y de civil que circulaban con patrulleros de dicha fuerza.
		Méndez de Falcone fue privada en forma ilegal de su libertad y mantenida en cautiverio mediante la imposición de graves padecimientos físicos y psíquicos en el centro clandestino de detención conocido “El Banco”, el cual se encontraba bajo dependencia operacional del Primer Cuerpo de Ejército. 
		La damnificada sostuvo haber sido sometida a tormentos en dicho sitio, y resultó liberada el 27 de febrero de 1978.
		Su situación fue desarrollada en la sentencia de la causa 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero bajo el caso número 257, oportunidad en la que se tuvo por probada su permanencia en el lugar (aunque no la aplicación de tormentos en su perjuicio).
		Obran sus propios dichos en los legajos 119 y 307, oportunidad en la que refirió haber sido sometida a torturas por parte de Juan Antonio del Cerro alias Colores.
		A fs. 1737 del citado legajo 119, luce un informe elaborado por el cuerpo Médico Forense, al respecto en el que se concluye que “no surgen signos de lesiones externas vinculadas al mismo, las cuales, de haber existido, dado el tiempo transcurrido, han desaparecido sin dejar secuelas de orden médico legal tanto en el orden físico como psíquico.”
		Corrobora la permanencia de Méndez de Falcone en este centro, la exposición brindada por Nora Beatriz Bernal (cfr. legajo 119), lo declarado por Daniel Merialdo (cfr. fs. 13/9 del legajo 744) y los dichos de Oscar Alfredo González y Horacio Guillermo Cid de la Paz (cfr. sentencia causa 13/84).
		Méndez de Falcone, al declarar en el legajo nro. 307, refirió que, entre los represores que vio en el centro de detención donde permaneció privada de su libertad, pudo identificar por sus apodos a: “El Turco Julián”, “Colores” -quien la torturó-, “Ruso”, “Polaco”, “Mosca”y “Baqueta”.
		Que al Jefe del grupo le decían “El Coronel”, que era canoso, de cabello abundante y era delgado. 
		En referencia a las guardias que cumplían funciones en el centro la testigo dijo que una de ellas estaba integrada por “Kung Fu”, “Baqueta”, “Ruso” y “Juancito” el cual era gordo, morocho y que era policía. 
		Que la otra guardia estaba formada por “El Turco Julián”, “Colores”; que había dos polacos, uno rubio y otro morocho.
		Agregó que en cierta oportunidad conversó con “Turco Julián”, quien manifestaba su odio hacia los militantes del ERP 22 porque su hermano que había sido policía había sido asesinado por ellos; refirió que tenía una versión “tremenda” de los judíos, que los odiaba.
		También mencionó que había un grupo de interrogadores entre los que estaba “Soler”, quien interrogó a su marido diciéndole que formaba parte del Grupo de tareas del Ejército. Que había una persona con apodo “Führer”que también interrogaba. 
		Refirió que compartió cautiverio con una chica de nombre Cristina Vera a quien llamaban “la Chaqueña”, que asimismo había una señora de 52 años que se llamaba Monona Cruz, a la vez que también había una nieta de Leopoldo Lugones a quien le decían Rosita, y que el chico herido de bala a quien le decían “Pacho”.
		Recordó que en “El Banco” había un joven de apellido De Pino el cual era de La Plata y que junto a él estaba un joven de apellido Sampallo a quien le decían “Bambino”, y que también estaba Pipa Rebagliatti y su señora Alicia Cruz, ambos de La Plata, también mencionó a Laura Crespo y a su esposo de apellido Moya.
		 En relación a las torturas que la misma padeció recordó que “Colores” fue quien la torturó aplicándole picana en las encías y en los genitales, que durante el interrogatorio parecía sentir placer en lo que hacía y decía obscenidades; todo ellos mientras el represor con apodo “El Cura” la golpeaba; que al día siguiente escuchó que llevaban a un muchacho al “quirófano” que el muchacho pedía “No [...] Colores, no” y éste le dijo, “yo te voy a enseñar lo que es bueno, te vamos a hacer el supositorio” que consistía en picanearlo en el ano. 
		Méndez de Falcone contó el caso de Patricia Ayerbe a quien habían torturado tanto con picana que en determinado momento, sus pulsaciones eran demasiadas y tuvieron que sacarla de ese estado.
		Posteriormente, a ella y a su marido les dijeron que serían dejados en libertad y que en esa oportunidad el ”Mayor Soler” les dijo que ellos habían sido investigados y que no tenían antecedentes, que lo que habían hecho era haber colaborado con su hijo. 
		Recordó que había un guardia al cual le decían “Samy La Foca Loca” ya que tenía los bigotes como una foca; que también había un represor apodado “El Cura” que fue quien la torturó, el cual una noche le sacó la venda, que era una persona joven de cutis anguloso, nariz aguileña. 
		Por último, agregó que dos noches estuvo en el “Banco” el Gral. Suárez Mason y que también varias veces entró al centro de detención un militar de apellido Minicucci.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		Respecto de este hecho Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones.

		66. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Ademar Falcone.
		Jorge Ademar Falcone fue privado ilegalmente de su libertad el 14 de enero de 1978 cuando transitaba junto a su esposa -Nelva Alicia Méndez de Falcone, caso anterior- por la calle Belgrano al 800 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, por personal policial uniformado y de civil que circulaban con patrulleros de la fuerza.
		Falcone fue también trasladado al centro clandestino de detención “El Banco”, donde -según dichos de su esposa- fue sometido a tormentos, recuperando su libertad el 27 de febrero del mismo año.
		Conforme surge del desarrollo de su situación -caso nro. 256 de la causa 13/84- se dio por acreditado que el nombrado permaneció alojado en el centro indicado.
		Su permanencia en el lugar se halla corroborada por el testimonio de Nora Beatriz Bernal quien refiriera haber visto al matrimonio Falcone, compuesto por la víctima aquí tratada y Nelva Alicia Méndez de Falcone. 
		En igual sentido, se pronunció Daniel Merialdo (cfr. fs. 13/9 del legajo 744) y los testigos Oscar Alfredo González y Horacio Guillermo Cid de la Paz (cfr. Sentencia causa 13/84).
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		67. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Juan Héctor Prigione.
		Juan Héctor Prigione fue ilegalmente privado de su libertad en la medianoche del 24 de enero de 1978 por personal con dependencia operacional del Ejército Argentino.
		Lo precedente se encuentra suficientemente acreditado con las constancias obrantes en el legajo 157 donde obran copias de las actuaciones nro. 36.329 caratuladas “Privación ilegal de la libertad - damnif: Prigione, Juan Héctor y otros” de las que surge que el día mencionado, siendo las 21.00 hs., salió del domicilio ubicado en Solís 1519 de Capital Federal con destino a la casa de Ana María Arrastia Mendoza.
		Los padres de la víctima, Carlos Prigione y Susana Chávez de Prigione, corroboran la detención de su hijo y la de su compañera, Ana María Arrastía oportunidad en la cual, además, ratifican las constancias del legajo CONADEP nro. 3357 (fs. 95 vta., 284 y 2933 del legajo 119).
		Las gestiones judiciales como las efectuadas ante diversos organismos públicos y privados, tendientes a conocer el paradero de Prigione, no arrojaron resultados positivos, quedando probado con las constancias acumuladas en autos que el nombrado fue mantenido clandestinamente en cautiverio en la sede denominada “El Banco” del centro clandestino de detención bajo análisis.
		La situación de Prigione fue motivo de análisis en la sentencia dictada en la causa 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero -caso 300- en la que se avanzó en similar dirección de acreditación probatoria, dando por probado que el nombrado permaneció alojado en “El Banco”.
		A tales efectos, la Cámara Federal valoró especialmente el testimonio prestado por Mario César Villani en la Audiencia de la causa 13/84 y sus dichos en la causa nro. 36.329 donde lo reconoce fotográficamente. 
		Juan Héctor Prigione permanece en calidad de desaparecido.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena. En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		 
		68 y 69. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Ana María Arrastía Mendoza y Gabriel Miner.
		Ana María Arrastía Mendoza fue ilegalmente detenida el 26 de enero de 1978, en su domicilio sito en la calle Trelles 2373 piso 7° “C” de Capital Federal, por un grupo de siete u ocho hombres armados y vestidos de civil, que dijeron pertenecer a las “Fuerzas Conjuntas”, y golpearon a Gabriel Miner, conocido de la damnificada quien residía transitoriamente en el lugar.	
		Arrastía Mendoza y Miner fueron trasladados al centro de detención conocido como “Banco”, donde fueron desnudados, revisados y se les colocaron grilletes en los pies, un vendaje especial y se los identifica como D-100 y D-99, respectivamente.
		En dicho centro clandestino de detención a Arrastía le hicieron escuchar la sesión de torturas que padeciera Gabriel Miner y que consistió en aplicación de picana eléctrica, presión en los genitales con pinzas y estiramiento de los miembros. 
		Finalmente, a Arrastía Mendoza también le fue aplicada la picana eléctrica en las articulaciones de codos y piernas.
		Arrastía Mendoza ha brindado detalles de los tormentos padecidas por los cautivos individualizando a algunos de los autores como ser “Anteojito”, “El Turco Julián”, “Calculín”, “Fierro”, “Kung Fu”, “Polaco”, “Turco”, “Ruso”, “Ratón”, “Sapo”, “Tucumano”, “Baqueta”, “Juan”, “Coronel” o “Coro”, “El Padre”, “Rolando”, “Sam “ o ”Tío Sam”, “Raúl” y “Colores”.
		El 13 de junio de 1978 se produjo la liberación de Arrastía Mendoza a quien condujeron al Aeropuerto de Ezeiza para que viaje con destino a Lima, Perú, proporcionándole un pasaporte adulterado a nombre de “María Susana Giménez”.
		Por su parte Gabriel Miner. Nunca recuperó su libertad.
		Todo lo precedente surge de las constancias de la causa nro. 36.329 -legajo 157- y concretamente de los propios dichos de la damnificada Arrastía Mendoza.
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran Gabriel Miner y Ana María Arrastía Mendoza en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		70. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Irene Nélida Mucciolo.
		Irene Nélida Mucciolo habría sido ilegalmente detenida el 26 de enero de 1978, conducida al centro clandestino de detención “El Banco”, permaneciendo en carácter de desaparecida.
		Su caso fue desarrollado en la sentencia dictada en la causa 13/84 por la Excma. Cámara del Fuero, en la que no se dio por acreditada la detención en esas condiciones de la nombrada.
		Sin embargo, de los antecedentes obrantes en autos y en particular del legajo 311 y del legajo CONADEP 2311, es posible tener por acreditado que la damnificada fue aprehendida el día 27 de enero de 1978 desde su lugar de trabajo en las oficinas de la Inspección General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo permanecida detenida en “El Banco” hasta abril de 1978 en que es trasladada y nunca más vista con vida.
		Así en el legajo 311 se encuentra agregado copias de los diversos recursos de habeas corpus interpuestos por Jorge Horacio Mucciolo a efectos de dar con el paradero de su hija, notas de reclamos ante el Ministerio del Interior y denuncias formuladas ante diversos organismos de derechos humanos (cfr. fs. 4/36), las cuales sumadas a la declaración testimonial de Nelida Scipioni ( fs. 37) y los testimonios de González y Cid de la Paz ante Amnesty International permiten tener por acreditada la privación ilegal de la libertad que sufriera Irene Mucciolo.
		Las constancias reunidas a lo largo de la encuesta permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		71. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Armando Ángel Prigione.
		Conforme constancias obrantes en el legajo 157, Armando Ángel Prigione, quien permanece desaparecido, fue detenido ilegalmente en el mes de febrero de 1978, en la vía pública, por fuerzas con dependencia operacional del Ejército Argentino. 
		Ya en cautiverio, el nombrado fue conducido al centro clandestino de detención “El Banco”.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 305 en la sentencia dictada en la causa 13/84, en la que se dio por acreditado que el nombrado permaneció ilegalmente privado de su libertad en los centros clandestinos de detención mencionados y en los que se encuentra acreditado el desempeño del indagado.
		Corrobora la detención en ambos lugares, las manifestaciones vertidas por Mario César Villani (cfr. actas mecanografiadas de la causa 13/84, legajo 119 y 157).
		Las constancias reunidas en las actuciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		72 y 73. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Marcelo Weisz y de Susana Mónica González de Weisz. 
		En ocasión de dictar sentencia en el marco de la causa nro. 13/84 la Excma. Cámara del Fuero, al tratar los casos nro. 85 y 86 dio por probado que Marcelo Weisz y su esposa Susana Mónica González de Weisz fueron privados en forma ilegal de su libertad el 16 de febrero de 1978, conforme lo narrado por Clotilde Folgán madre de Susana, quien, no obstante no ser testigo directo del hecho, relata que en esa fecha se presentó un grupo de personas que le entregó el hijo del matrimonio Weisz.
		De la declaración de Folgán, (cfr. fs. 2/12 del legajo 24) surge que Marcelo Weisz y Susana González, mientras estaban detenidos cada diez o quince días, salían del centro y se hacían presentes en el domicilio de la declarante. Agregó que en esas oportunidades alguna vez estuvieron acompañadas por el “Turco Julián” y que en esas ocasiones no pudo hablar con los nombrados porque los represores les habían dicho que a la primera vez que hicieran algo que no les gustase, ya no los iban a llevar al centro de detención.
		Folgan refirió que cierta vez en su domicilio se hizo presente una persona baja, gordita y pelirroja y que luego se enteró de que se trataba de “Colores” o “Tío”, quien le hizo saber que vería de nuevo a su hija. Que otra de las personas que actuaba en el caso de su hija y el marido era “El Turco Julián” y que Oscar Alfredo González denunció haberlos visto en el centro “Olimpo” y que ello consta en la revista “La Semana” del 22 de diciembre de 1983 (nro. 368). Agregó, que en una de las visitas, su hija llevó a la casa a Ana María Pifaretti y a otra chica mas, de la cual no supo su nombre.
		Por último, agregó que la última visita a su domicilio su hija la hizo a principios de 1979 y que entre el 15 y el 17 de febrero la nombrada la llamó por última vez y le dijo que cuidara al bebé, luego de lo cual perdió todo tipo de contacto. 
		De las constancias del legajo nro. 24 se desprende que el matrimonio Weisz fue visto en el centro clandestino de detención conocido como “Banco” por Jorge Casalli Urrutia (fs. 41), Susana Caride (fs. 43), Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (fs. 44), Isabel Allen (fs. 52) -quien además comentó sobre una paliza propinada a Marcelo Weisz por ser judío-.
		Los damnificados fueron vistos en el centro de detención “Olimpo” por Elsa Lombardo (fs. 45), Enrique Carlos Ghezan (fs. 46), Isabel teresa Cerruti( fs. 47), Porfirio Fernández (fs. 51), Héctor Retamar (fs. 56), Osvaldo Acosta (fs. 58) y Daniel Merialdo (fs. 60).
		El matrimonio Weisz nunca más fue visto con vida.
		Las constancias reseñadas, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho, a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos respecto de Susana Mónica González de Weisz.
		A Oscar A. I Rolón se lo cautelará por los tormentos del matrimonio Weisz.

		74. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Juana María Armelín.
		Juana María Armelín fue privada de su libertad de su domicilio sito en la calle Navarro 2634, el día 23 de febrero de 1978, por un grupo de personas armadas pertenecientes al Ejército Argentino y a la Policía Federal Argentina. 
		En la sentencia dictada en la causa 13/84 la Alzada trató el caso de Armelín bajo el nro. 90 y sostuvo que la nombrada fue mantenida ilegalmente privada de su libertad en los centros clandestinos de detención “Banco” y “Olimpo”, junto a su pareja Oscar Ríos, conforme los testimonios de Mario Villani y Ana Arrastía de Mendoza.
		Allí se dejó constancia de la declaración de Francisco Rafael Ugartemendía quien refirió que a las 3 de la mañana lo despertó el estampido de armas de fuego y ruidos en los techos y comprobó que ello era producto de la persecución de un hombre, una mujer y dos niños. 
		Que éstos ingresaron a su domicilio pidiendo por la salida, que luego se produjo un operativo de unas cien personas con camiones militares, que finalmente detuvieron a la mujer. 
		Asimismo, obran en ese mismo sentido testimonios de Juana Barrero y Mirta Ugartemendía, Salvador Anselmo Granogio y Antonio Chaparro, a la vez que obra el testimonio de Isabel Dolores Farías de Chaparro.
		Por último, cabe señalar, conforma ya lo afirmara la Excma. Cámara del Fuero, que Armelín nunca volvió a ser vista con vida desde entonces.		
		La totalidad de los elementos citados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		75. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Marcelo Walterio Senra.
		En ocasión de dictar sentencia en el marco de la causa nro. 13/84 la Excma. Cámara del Fuero trató el caso de Senra bajo el número 306 y dio por probado que el nombrado fue detenido el 26 de abril de 1978 en el domicilio de su madre sito en Darragueira 2126 piso 1 depto “c” de esta Capital Federal por un grupo armado. Senra se halla desaparecido.		
		Asimismo, se acreditó que el nombrado fue mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como “Banco” y que nunca recuperó su libertad.
		Ello, a su vez, encuentra corroboración en las presentaciones efectuadas ante Amnistía Internacional por Horacio Cid de la Paz y Oscar Alfredo González, la cual se encuentra glosada en fs. 255 y sig. del legajo 86.
		Las exposiciones señaladas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		76. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Julio Eduardo Lareu.
		Julio Lareu fue privado de su libertad el día 29 de mayo de 1978, en Deheza 2775 por un grupo de alrededor de veinte personas armadas, trasladado al centro clandestino de detención “Banco” y posteriormente -16 de agosto de 1978- fue trasladado al lugar de detención conocido como “Olimpo”. 
		En el legajo nro. 542 de Guillermo Marcelo Möller obra una declaración prestada por Julio Eduardo Lareu (fs. 198/200) en la cual el nombrado expuso que fue detenido en la fecha indicada, por un grupo de personas que entre ellos se llamaban “Padre”, “Color” y “Soler”, que los nombrados lo llevan al “Banco”. 
		Que allí conoció a Guillermo Marcelo Moller. 			Agregó que había guardias e interrogadores que respondían a distintos apodos tales como “Facundo”, “Cobani”, “Julián”, “Polaco”, “Ruso”, “Guerra”, “Soler”, “Padre”, “Colores”, “Juancito”, “Kung Fu”. 
		Que el interrogatorio implicaba torturas, que conoció a Gabriel Alegre, quien había sido torturado y su estado era malo.
		Agregó que dentro de “El Banco” compartió cautiverio con Carlos Schwarsler, el Negro Daniel, los hermanos Tello, los hermanos Peña, Osvaldo Acosta, Mabel Maero, Sr. Pita, Hernán y su mujer, Paz y González, Jorge Urrutia, Susana Caride, Abel Mateu -entre otros-. 
		Agregó que había un represor con nombre o apodo “Julián”, quien llamaban “El Turco”, que una vez que queda en libertad, fue visitado en su domicilio por “Julián” y “Soler”; recordó que uno de los interrogadores se llamaba “Centeno” y otro “Siri”, que luego supo que “Centeno” era Avena y que la persona que estuvo al frente del centro “Olimpo” se llamaba Rolando.
		Por otro lado, al prestar declaración ante esta sede (fs. 17.359/60 vta.) refirió que efectivamente estuvo primero en el centro de detención “Banco” y luego en “Olimpo”, donde permaneció hasta el 22 de diciembre de 1978.
		En esta ocasión, aparte de las personas que ya nombradas, recordó a Tadei y al secuestrador “El Tano González”, que el que “más mandaba” era Minicucci, y que “Julián” a “Soler”, cuando le dirigía la palabra, “lo gritoneaba”. 
		Agregó el testigo, que entre los represores había uno con apodo “Clavel”, que era una persona muy cruel; que “Calculín” era uno que contaba a los presos y parecía que tenía funciones administrativas; que “Rolando” era Minicucci, que también estaba “El alemán”, y que había un represor con apodo “Alacrán” que era muy cruel.
		A su vez, señaló que “Cobani” era Samuel Miara, y nombró, por sus apodos, a otros represores: “Tiro loco”, “Cortés”, “Polaco grande”, “Polaco chico”, “El Japonés”, “Nelson” y “Quintana”, que en “El Banco” también escuchó a Suárez Mason. 
		Por último señaló que el detenido Pavich le dijo que a Electra Lareu y a su marido José Belásutegui, los había visto en “Atlético”.
		En la declaración prestada en el marco del juicio de la causa 13/84, relató que en ocasión de su cautiverio en “El Banco” fue golpeado y que en dicho centro clandestino de detención compartió cautiverio con Osvaldo Acosta, Guillermo Páges Larraya, Gabriel Alegre, Isidro Peña, Jesús Peña, Susana Caride, Mario Villani y Guillermo Moller (cfr. legajo 28).
		De las constancias obrantes en el legajo 28 se desprende que Lareu fue visto en el centro de detención “Olimpo” por las siguientes personas: Mario Villani (fs. 17), Graciela Trotta (fs. 18), Susana Caride (fs. 64) y Carlos Ghezan (fs. 65). 
		A su vez, de las constancias del citado legajo se desprende que el nombrado fue visto en el centro de detención “Banco” por Osvaldo Acosta (fs. 68). 
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		77. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Nélida Isabel Lozano.
		Nélida Isabel Lozano fue detenida el 29 de marzo de 1978 y conducida al centro clandestino de detención conocido como “Banco”, donde fue sometida a tormentos, para luego ser liberada el 15 de mayo de 1978.
		Julio Eduardo Lareu (fs. 5 del legajo 28) corroboró que fue detenida junto a su ex esposo, Osvaldo Acosta, y conducida al centro de detención conocido como “Banco”, en tanto que las expresiones de Osvaldo Acosta refieren que la nombrada fue torturada junto con éste.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena. (Ver siguiente caso para mayor detalle).
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		78. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Osvaldo Acosta.
		Osvaldo Acosta fue detenido el 29 de marzo de 1978, y conducido al centro clandestino de detención “El Banco” y posteriormente trasladado a “Olimpo” y a la ESMA, habiendo sido sometido a tormentos, y liberado entre fines de 1981 y principios de 1982.
		A través de sus propias expresiones se ha establecido su detención junto a su mujer, Celia Beatriz Conte, y su ex esposa Nélida Isabel Lozano, siendo todos ellos torturados (cfr. fs. 1248 y sig. del legajo 119, testimonio de actas mecanografiadas causa 13/84 de Osvaldo Acosta). 
		En agosto, explicó el testigo Acosta, fue trasladado a “Olimpo” donde también se hallaban muchos de los represores que estaban en “El Banco”, señalando entre ellos a “Soler” respecto de quien narró un episodio que lo tuviera por protagonista: poco antes de ser desmantelado “El Olimpo”, el “Turco Julián” lo amenazó de muerte e incluso le hizo un simulacro de fusilamiento provocando el desmayo de “Soler” a quien señaló como “ladero” del Teniente Coronel Minicucci.
		Agregó que en “El Banco”, una de las noches “Julián” lo sacó del tubo en el cual estaba y lo llevó a la sala de interrogatorios, que este represor “manejaba con manos fuertes todos los interrogatorios”, y le preguntó por si conocía a una mujer que estaba tirada, lastimada y que sería la secretaria del Dr. Guillermo Díaz Lestrem.
		Añadió que “Julián” le dijo que interrogue a Susana Caride, lo cual hizo, tomando una máquina de escribir y preguntándole por sus datos.
		Luego Julián le dijo que esa no era la forma de interrogar y lo golpeó, llevándolo a su celda. 
		También recordó que compartió su cautiverio con Oscar Ríos, José Ríos, Beatriz Longhi, Estela, Isidoro Peña y Jesús Peña. 
		Luego de su paso por “El Banco”, fue conducido al centro de detención conocido como “Olimpo”, el cual tenía dos pasillos diferenciados, sala de duchas, unas oficinas adelante, la enfermería una sala de inteligencia, sala de interrogatorios, como asimismo una pequeña oficina en donde dijo que él prestó funciones.		
		Acosta, narró que a raíz de un enfrentamiento armado entre los represores y gente de Montoneros, en el cual había resultado herido un oficial del servicio penitenciario, llegaron los mismos con un herido, al cual interrogaron, siendo que este interrogatorio duró poco.
		Este sujeto dijo que en su domicilio había 150.000 dólares, lo que generó una terrible disputa entre los oficiales del centro “Olimpo”, hasta algunos “se fueron a las manos”, ya que cuando habían hecho el recuento, no había más de 20.000 dólares. 
		A raíz de que alguno de ellos comentó lo sucedido a los superiores, el Jefe del “Olimpo” de nombre “Cortés” le ordenó que instruyera un sumario y se constituyera en Juez instructor, lo que así hizo. 
		Así, citó a los oficiales que habían intervenido en el procedimiento, pero nadie asumió la responsabilidad, más allá de que -según dijo Acosta- tenía instrucciones precisas de sobreseer el sumario.
		Que tal como se determinara, el sumario se cerró y se dejó constancia de que el detenido había mentido, ya que en su domicilio sólo habían habido 20.000 dólares. 
		Agregó que “Cortés” le pidió su matrícula de abogado y que él se la dio, que hizo un sello y firmó cono abogado.
		Posteriormente, Acosta fue conducido a la Seccional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ubicada en Quilmes, posiblemente División Cuatrerismo, donde permaneció dos meses, hasta su traslado a la ESMA.
		El paso de Osvaldo Acosta por “El Banco” y “Olimpo”, se halla asimismo, corroborado por las manifestaciones de Julio Eduardo Lareu (cfr. fs. 2659 del legajo 119) y Susana Leonor Caride. (cfr. fs. 119 del legajo 119).
		De esta forma, las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
							
		79. Privación ilegal de la libertad y tormentos de María del Carmen Rezzano de Tello.
		María del Carmen Rezzano de Tello fue detenida el 31 de mayo de 1978, conducida al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, siendo liberada el 16 de junio de 1978.
		Su ilegal privación de la libertad se halla corroborada a través de sus propias expresiones, obrantes a fs. 2191/2 del legajo 119, así como por las manifestaciones de Mariana Arcondo de Tello (fs. 2276 y fs. 2301), José Antonio Saavedra, (fs. 1003 y fs. 2429), Osvaldo Acosta (fs. 1248), Elsa Lombardo (fs. 1645), Jorge Marín (fs. 2184) y Oscar Elicabe Urriol (fs. 2186). 
		La nombrada, al declarar, expuso que fue detenida el 31 de mayo de 1978 cuando llegaba a su domicilio ubicado en calle Carlos Gardel 2760 de la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires, que fue llevada a “El Banco”, que allí reconoció la voz de su marido Pablo Tello, cuando éste estaba siendo torturado, que también en el mismo sitio vio a su cuñada María Arcondo de Tello, quien fue golpeada.
		Que la última vez que vio a su marido fue en la Oficina de Inteligencia del lugar, que en dicho sitio en una ocasión le quitaron la venda y vio a su marido, como también al “Turco Julián” y a “Colores”, quienes habían estado en su domicilio cuando la detuvieron. También dijo que estaba allí “Kung Fu” y otros tres hombres.
		Que cuando fue liberada, con otras siete personas fue llevada en una camioneta que manejaba un sujeto que se hacía llamar “Soler”, siendo todos dejados en distintos lugares; que ella y su concuñada fueron dejadas en Banfield. 
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
 
		80. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mariana Patricia Arcondo de Tello.
		Mariana Patricia Arcondo de Tello fue detenida el 31 de mayo de 1978 y trasladada al centro clandestino de detención “Banco”, siendo liberada el 16 de junio de 1978.
		Surge de los antecedentes incorporados al legajo 119 que la nombrada fue detenida el 31 de mayo de 1978 y conducida al “El Banco” donde se encontraba su marido Rafael Tello, y sus cuñados Pablo Tello y María del Carmen Rezzano de Tello, habiendo sido liberada el 16 de junio de 1978.
		Su ilegal privación de la libertad se halla corroborada a través de sus propias expresiones, obrantes a fs. 2276 y siguientes del legajo 119 cuanto a fs. 17.294/5 de los principales, así como por las manifestaciones de María del Carmen Rezzano de Tello (fs. 2191), José Antonio Saavedra (fs. 1003 y fs. 2429), Osvaldo Acosta (fs. 1248), Elsa Lombardo (fs. 1645), Jorge Marín (fs. 2184) y Oscar Elicabe Urriol (fs. 2186), resultando ello suficiente para enrostrar a los imputados el hecho bajo análisis.
		En la declaración agregada a fs. 2276/8vta. del legajo 119, la nombrada expuso que las personas que la detuvieron estaban vestidas de civil, que fue trasladada al centro denominado “Banco” y que su marido Rafael Tello también fue detenido. 
		Que entre las personas que regían el lugar se hallaban “El Turco Julián”, a quien luego reconoció como Julio Héctor Simón; refirió que estaba también “Colores” quien estuvo cuando se llevó a cabo su detención y quien la torturó. Agregó que los dos nombrados eran los principales torturadores. Describió a “Colores” como de estatura media, de cutis muy blanco, “con voz metálica” y de cabello castaño- pelirrojo. Recordó a otros represores tales como: “Kung Fu”, “Facundo” y “Soler”, quien manejó la camioneta cuando fue liberada junto a María del Carmen Rezzano el 16 de junio de 1978. 
		Precisó que luego de liberada se entrevistó con Rufino Almeida, y su mujer, con Oscar Elizalde Urriol y con Tito Ramírez, quienes también habían estado detenidos en “El Banco”. 
		También recordó a Elsa Martínez y a Hernán Ramírez, así como a un muchacho uruguayo llamado Olivero.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		Respecto de este hecho Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones.

		81. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Rafael Armando Tello.
		Rafael Armando Tello fue detenido el 31 de mayo de 1978, siendo conducido al centro clandestino de detención denominado “El Banco” y posteriormente trasladado a “Olimpo”, habiendo sido sometido a tormentos, hallándose desaparecido. 
		Su ilegal privación de la libertad en ambos centros se halla corroborada en las constancias del legajo 119, especialmente por las expresiones de su cuñada María del Carmen Rezzano de Tello (fs. 2088), José Antonio Saavedra (fs. 1003 y fs. 2429), Osvaldo Acosta (fs. 1248), Elsa Lombardo (fs. 1645), Jorge Marín (fs. 2184), Oscar Elicabe Urriol (fs. 2186), y su esposa Mariana Arcondo de Tello (fs. 2276), como también de los dichos de Rufino Almeida -fs. 73 y siguientes y 144 y siguientes de la causa 9373/2001, cuanto a fs. 17.333/4 vta. de los principales-, Hebe Cáceres -fs. 31 y sig. causa 9373/01-, resultando ello más que suficiente para enrostrar a los imputados al menos con el grado de certeza requerido para este decisorio, su responsabilidad en dicho ilícito.
		En lo que atañe a la aplicación de tormentos físicos, no sólo se desprende de las referencias efectuadas por la esposa que habría sido sometido a ello, sino que se suma a ello lo declarado por Hebe Cáceres (cfr. fs. 31/4 causa 9373/01). La nombrada refirió que el nombrado fue torturado por “El Turco Julián” y agregó que el nombrado arrastró de los pelos a Daniel Tello. Agregó que en el centro estaban “Soler”, “Colores”, “Cobani”, “Kung Fu” y el “Turco Julián”, que allí llevaron a Rafael Tello, a quien reconoció por la voz y a quien conocía de La Plata desde hacía años, y Tello -según la descripción que hizo- habría sido sometido a tormentos junto a ella, por parte de los represores mencionados.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		82. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Pablo Daniel Tello.
		Pablo Daniel Tello fue detenido el 31 de mayo de 1978, siendo conducido al centro clandestino de detención “El Banco” y posteriormente a “Olimpo”, lugares donde fue sometido a tormentos, hallándose desaparecido. 
		Al igual que en el caso de su hermano Rafael, se halla acreditado con el grado de certeza necesario para este pronunciamiento, que la víctima fue efectivamente alojada en ambos centros, ilegalmente privada de su libertad, resultando de las manifestaciones de María del Carmen Rezzano de Tello, Mariana Arcondo de Tello, José Saavedra, Oscar Elicabe Urriol, Osvaldo Acosta, Elsa Lombrado, Jorge Marín -legajo 119-, Rufino Almeida -fs. 73 y siguientes y 144 y siguientes de la causa 9373/2001, cuanto a fs. 17.333/4 vta. de los principales-, Hebe Cáceres -fs. 31 y ss. causa 9373/01), entre otros.
		María del Carmen Rezzano de Tello, refirió que estando en el quirófano o sala de tortura “…reconoció la voz de su marido Pablo Daniel Tello en circunstancias en que estaba siendo torturado…” y agregó que luego vio al nombrado “…quien le manifestó que había sido muy golpeado…” y advirtió al verlo “…signos evidentes de haber sido torturado”.
		También manifestó que Pablo Tello le dijo que tenía dos costillas rotas y le habían pasado corriente eléctrica por las diferentes partes del cuerpo. 
		Resulta de interés para este caso, la declaración brindada por Rufino Jorge Almeida (fs. 73/3), quien refirió que vio cuando el represor apodado “Turco Julián” lo interrogaba a Pablo Tello y que incluso éste en otra oportunidad le dijo al nombrado que se quede tranquilo, que él aclararía todo.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		83. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Rufino Jorge Almeida.
		Rufino Jorge Almeida fue detenido el 4 de junio de 1978, siendo conducido al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, sometido a tormentos, y liberado el 27 de julio de 1978. 
		Los propios dichos del damnificado permiten tener por acreditada su ilegal privación de la libertad en “El Banco” donde compartió cautiverio con numerosos detenidos cuyo ilegal alojamiento en dicho centro se tuviera por acreditada, entre otros: Pablo Pavich, Julio Lareu, Jorge Allega, Mario Villani, Daniel Merialdo, Lucía Tartaglia, Horacio Cid de la Paz, Mariano Montequín, Laura Crespo, Ricardo Moya, Osvaldo Acosta, Rafael y Pablo Tello, Raúl Olivera Cancela, Susana Caride, Isabel Fernández Blanco y Enrique Ghezan.
		De acuerdo a lo que surge de las declaraciones testimoniales que prestara Almeida (cfr. fs. 73 y sig. y 144 y sig. de la causa 9373/2001, cuanto a fs. 17.333/4 vta. de los principales), el nombrado fue secuestrado junto a su esposa Claudia Estévez, de la casa de sus suegros sita en la calle 54 nro. 528 de La Plata entre el 2 y el 4 de junio de 1978 y permaneció en el centro clandestino de detención denominado “El Banco” desde la fecha de detención hasta el 26 ó 27 de julio de ese año, para posteriormente ser sometido a una especie de libertad vigilada hasta 1983.
		En el primero de los testimonios reseñados, refirió que al ser detenido, fue esposado por una persona que cree que le decían “Padre”, que lo introdujeron en un Ford Falcon color claro y lo llevaron al centro de detención, donde se se le asignó el nombre identificatorio G-56 y a su esposa, G-55. 
		Relató Almeida que primero fue interrogado y luego sometido a la aplicación de torturas, mientras le aplicaban picana estaban en la sala unas tres personas; que en dicho sitio la gente estaba en el piso, tirada o sentada, que al tercer día lo colocaron en la celda con su mujer, quien le dijo que había sido maltratada y golpeada. 
		Agregó que de los represores, quien ejercía mayor control sobre él y su esposa era “El Turco Julián”; que había otro guardia de apodo “Kung Fu”, como otros con apodos: “Cobani”, quien parecía ser el jefe de los guardias por aparentar mayor rango; ”Rolando”, quien era el jefe o “algo similar”; “Colores”, a quien vio en los interrogatorios; y “Padre” quien estuvo en el momento de su detención.
		En cuanto a los detenidos, recordó que se encontraba Hebe Cáceres, ya que ello le fue comentado por su esposa; también vio a Mariano Montequin, el cual era de La Plata.
		Añadió que ya en los últimos tiempos de cautiverio fue interrogado por el “Turco Julián”, quien le comenzó a decir que quedaría en libertad, “que se portara bien” y cosas del estilo. 
		Refirió que luego fue sacado en una camioneta, que fue llevado hacia la Ciudad de La Plata, que cuando bajó de la camioneta vio a Cid de la Paz, quien era un colaborador de los represores.
		Que posteriormente, junto con su esposa, fueron introducidos en un vehículo que manejaba “Cobani”, que luego le quitaron la venda y “Cobani” lo saludó, le dijo que se portara bien y se despidió; que luego de liberado “El Turco Julián” concurrió a su domicilio, para realizar controles, que incluso se le dio un teléfono para que llamara; que también concurrió a su domicilio una persona de nombre Juan Carlos, quien se entrevistó en una oportunidad con él y en otra oportunidad, con su mujer. 
		 Agregó que en oportunidad de ser torturado, fue llevado a una sala en la cual estaba Pablo Tello, que fue llevado allí por “El Turco Julián”; que fue destabicado y que allí vio a “Colores” quien participaba de la tortura que le era aplicada; que Pablo Tello se dirigió al “Turco Julián” diciéndole que él iba a aclarar lo que hiciera falta, y que vio cuando Tello era interrogado por el nombrado represor.
		También refirió que en una oportunidad el detenido a quien le decían “El Tano” era quien lo preparó para ser torturado; agregó que fue conducido a San Isidro y que allí una persona con apodo “Angelito” le hacía preguntas sobre drogas y armas; en tanto que “El Padre” amenazaba a la esposa del compareciente con un cuchillo. Que además de las dos personas, participaron del operativo de detención “El Turco Julián” y “Colores”.
		Refirió que en cierta oportunidad escuchó los gritos de su esposa, que ante ello le dijo a Víctor, de quien creyó que era un militar, que no le pegaran más, que ante ello el apodado “Cobani” le dijo que ponga las manos sobre la mesa y una vez hecho esto le pegó con una cadena y le dijo: “así le voy a pegar si no nos dicen lo que queremos o si no nos dicen dónde está la cuñada de Pablo Tello”.
		Que en la época en que “Julián” le dijo que iba a ser liberado, le dijo que tendría una entrevista con “Rolando”, que según dijeron, era el “capo” del campo y quien iba a decidir si salían en libertad. 
		Que fueron a una salita donde estaba Mario Villani con una pava y mate, y que éste cumplía tareas relacionadas con radios; que en ese momento “Julián” le dijo a Villani que se vaya. Que llegó “Rolando” a quien también le decían “Petiso”. 
		Agregó que Hebe Cáceres le dijo que había sido torturada y que en ello había intervenido “Rolando”; que a Hebe la vio golpeada.
		Que en el Consejo también estaba Laura Crespo, quien era odontóloga y vivía en La Plata, quien le dijo que además de ella estaba el marido y el hermano, agregando al respecto Almeida que al hermano lo conocía y que se llamaba Rodolfo Crespo. Dijo que a Laura Crespo, el represor Cobani la presionaba para que tenga relaciones con él y que para ello torturaba a su marido de apellido Moya, que un día lo castigó con cadenazos. Que quien ponía límites a esta situación era “El Turco Julián”. 
		Que cuando vio a Cid de la Paz (el cual era del Consejo) le preguntó por varias personas que habían sido detenidas y el nombrado le dijo que Dakayuku había estado allí detenido y que había muerto enfermo de tuberculosis, a la vez que también le dijo que habían pasado por allí como “detenidos” Santiago Sánchez Viamonte y Cecilia Eguía. 			Agregó que en una oportunidad fue torturado por dos personas, que una de ellas era “El Padre”. 
		Entre las personas con las que compartió cautiverio se refirió -entre otros- a Beatriz Longhi y su marido “El Chino” o “Cabezón”; como a la hija del jugador de fútbol Lolo Ferreyra de La Plata. En cuanto a los hermanos Tello, dijo que fueron trasladados a fines de julio de 1978.
		Refirió que Cobani tenía el mando de las guardias y el manejo interno del campo; que una vez liberado, “El Turco Julián” se presentaba en su domicilio junto con “Colores”, y que el primero le decía a su mujer “¿Todavía me tenés miedo?”. Que también debía llamar a un número de teléfono y preguntar por “Colores” o por “Javier”, que incluso en cierta oportunidad le dieron el teléfono 35-9919 interno 2155 y que cuando llamó atendieron diciendo “Policía Federal”. Que entre las personas que lo detuvieron estaban “Soler” y “Paco”. Que también vio a Centeno, quien era joven, alto, rubio. También mencionó a “Calculín”.
		Al declarar ante la Cámara Federal de La Plata, Rufino Jorge Almeida señaló que de su detención participó Tadei, que era miembro de la policía; que también intervino “Colores” o Juan Antonio del Cerro y que también participó “Paco”, como asimismo “El Petiso Rolando”, sobre el cual después se enteró de que se trataba de Guillermo Minicucci, que era quien estaba a cargo del campo al cual fue llevado, a la vez que dijo que también en ello intervinieron “Kung Fu” y “Soler” sobre quien dijo creer que el apellido era Rolón. Agregó que al llegar al lugar los llevaron a una habitación donde estaba Hebe Cáceres y Rafael Tello, que los golpeaban con cadenas y los hacían chocar entre ellos mientras estaban con sus ojos vendados; y que por las voces pudo reconocer que lo hacían “Colores” y “El Turco Julián”. 
		Que a su mujer Claudia, “Cobani” que según dijo, era Miara, la arrastró de los pelos y le arrancó un pedazo de cuero cabelludo. Que en otra oportunidad “Cobani” le hizo estirar las manos sobre una mesa y lo castigó con una cadena. Que luego los pusieron en el “tubo” juntos a él y a su mujer, que en el tubo del frente estaban Pablo Tello y Gianfranco Sotarel y que al lado estaban Elsa Martínez y su marido Hernán Ramírez, quienes fueron muy golpeados.
		Recordó que a Pablo Tello lo torturó “El Turco Julián”.
		Asimismo se refirió a Mariano Montequín y agregó que éste se encontraba con su novia Patricia Villar. También se refirió al “mogo Zurita”, y Pablo Pavich alias Pascual. 
		Recordó a una señora anciana, desnuda, a la cual cruzaban y la llevaban para la zona del quirófano.
		 Asimismo, recordó que en el campo estaba Guglielminetti.
		Que cuando “El Turco Julián” torturaba lo hacía “haciendo gala de su antisemitismo a los judíos”. 
		Que “Cobani” y “El Turco” las reducían a las mujeres sexualmente. 
		Agregó que otro represor era “Siri” que era Federico Covino, Oficial de la Policía Federal; que también estaba Raúl González que era Comisario de Policía Federal y que también estaba Eduardo Tadei que era principal de la Policía Federal.
		Que cuando cerraron “Olimpo” llevaron a un grupo de gente a lo que llamaron “Omega” que era la División Cuatrerismo de Quilmes y que después ese grupo fue a la ESMA. 
		En cuanto a Juan Carlos Avena, dijo que participó de su secuestro. Que Juan Antonio del Cerro alias “Colores” aparte de secuestrarlo y torturarlo, intervino en la tortura de Pablo Tello, Claudia Estévez, Rafael Tello y Hebe Cáceres. Que Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu participó en su secuestro, que “Calculín” era Pedro Santiago Godoy, y que éste interrogaba y evaluaba a los detenidos; dijo que Raúl o “El Negro” de nombre completo Raúl González, participó de su secuestro y lo torturó habiendo hecho lo mismo con respecto a su señora; que Raúl Guglielminetti también estuvo en el campo; que Juan Carlos Linares participó también de su secuestro; Samuel Miara alias Cobani participó de su secuestro y tortura, como de las de su mujer y de violaciones a ésta. Almeida también mencionó que Miara torturó a Ricardo Moya, como a Laura Crespo y que violó a ésta o la acosó sexualmente. Que Minicucci participó de su secuestro, que era quien decidía en el Campo; que “Soler” de nombre Oscar Augusto Rolón participó de su secuestro y que daba golpizas y torturaba; que “El Turco Julián” de nombre Julio Héctor Simón participó de su tortura, de Pablo Tello, Rafael Tello, Tito Ramírez y de la violación de Hebe Cáceres; y también nombró a Suárez Mason y a Eduardo Tadei alias “El Padre”, quien lo secuestró y torturó.
		Agregó que todo lo expresado lo pudo acreditar en forma directa. Por otro lado, dijo que “Kung Fu” era un jefe de Guardia y no pudo precisar si “El Japonés” también era otro Jefe de guardia, que eran lo que se llamaba “Candados”. Por otro lado, Almeida describió a “Soler” como una persona de 30 ó 35 años, de tez clara, ojos claros, entre castaño claro y rubio, quien se distinguía porque tenía un lenguaje aparentemente más educado y tenía voluntad de resaltar como más formado, vistiendo de una manera más formal, con pretensiones de elegancia y a la moda. 
		La acreditación del caso que nos ocupa encuentra respaldo también en los dichos de María Esther Biscayart de Tello, madre de Rafael y Pablo Tello, quien a fs. 2088 del legajo 119 refirió que el matrimonio Almeida habría sido detenido en la misma ocasión que sus hijos y nueras y liberados en julio de 1978, como también en el testimonio de Claudia Estévez, -cfr. fs. 17.331/2 vta. esposa de Almeida y Hebe Cáceres (cfr. fs. 31/4 causa 9373/01)-.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.

		84. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Hebe Margarita Cáceres.
		Hebe Margarita Cáceres fue secuestrada detenida entre el 2 ó 3 de junio de 1978, a las 20.00 hs, ocasión en la que fue interceptada por un grupo del Ejército Argentino, cuando circulaba en un vehículo por la calle 41 llegando a la esquina de la calle 7 de la Ciudad de La Plata. (cfr. fs. 31 y ss. causa 9373/01) para ser trasladada al centro de detención conocido como “El Banco”.
		A Hebe Margarita Cáceres le fue asignado desde el momento de su secuestro la identificación G-61 y en su detención logró individualizar a Julio Simón, alias el “Turco Julián”, Oscar Augusto Rolón, alias “Soler” o “El Jefe” y Samuel Miara, alias “Cobani”, como quienes efectuaron su detención, y quienes la interrogaron en el trayecto hacia el centro clandestino.
		Agregó, que al llegar al centro, la llevaron a un cuarto donde estaban “Soler”, “Colores”, “Cobani”, “Kung Fu” y “El Turco Julián”, nombres de los cuales se dio cuenta con el tiempo de estar allí y darse cuenta de cómo se llamaban entre ellos. 
		Que en un momento, se quedó sola con el Turco Julián y la “masacró a golpes de puño, patadas, cadenas y empujones”. En otra oportunidad fue torturada con picana eléctrica por “Soler” y “Colores”, quienes se alternaban para usar dicha picana, a la vez que mencionó que Minicucci, a quien le decían “Rolando” y quien también le aplicó electricidad, que esto lo supo porque se lo contó Claudia Estévez. 
		Cáceres explicó que asistían a quienes “daban máquina” los represores “Cobani”, “Kung Fu” -cuyo nombre verdadero es Juan Carlos Falcón-, y “Caballo loco”, quien era médico y decía cuándo había que seguir o no; estas personas intervinieron en varias sesiones de tortura. 
		Después de cada sesión, iba a parar a la enfermería donde estaba “El Cabezón”, quien resultó ser Oscar Dionisio Ríos, que está desaparecido y a quien le habían dado un tiro en su espalda.
		En el centro de detención “El Banco”, Cáceres explicó que también cumplían tareas los siguientes represores: Pedro Santiago Godoy alias “Calculín” quien pasaba lista por la mañana para ver si estaban todos, les daba mate cocido, y luego los sacaba para torturarlos; “Cobani” a quien vio arrastrar de los pelos a Claudia Estévez y golpearla e inclusive intentar algún acoso sexual; “Colores” a quien Raúl Olivera le dijo que lo había torturado varias veces. 
		También mencionó que entre los represores había uno de apodo “Alacrán”, otro apodado “Centeno” que integraba las “patotas”, que Minicucci era el Jefe del lugar, y que sobre él estaba Suárez Mason, quien en alguna ocasión visitó el lugar.
		 Respecto del “El Turco Julián”, su mayor torturador, había establecido un código según el cual ella era de él, es decir, de su propiedad, que éste a la noche no le dejaba dormir para hablarle toda la noche, ocasiones en las cuales le contaba que el problema del país eran los judíos y le explicaba que había que terminarlos. Que el nombrado torturó a Rafael y Daniel Tello el mismo día que la torturó a ella.
		La nombrada explicó que compartió cautiverio con Oscar Elicabe Urriol, la esposa de Ríos de nombre Norma Beatriz Longhi, Irma Niesich alias “La Gallega”, Cid de la Paz, quien la torturó con una manguera; Roberto Oscar Ramírez, Fernando Díaz Cárdenas, Claudia Estévez, Edison Oscar Cantero Freire, los hermanos Tello, Elsa Delia Martínez Ramírez Mario Villani, Rufino Almeida, quien fue torturado por “El Turco”, “Soler”,” Cobani” y “Kung Fu” y Raúl Olivera Cancela y que fue liberada el 9 de julio de 1978.
		Los testimonios de Julio F. Zottarel y Oscar Alberto Elicabe Urriol (cfr. legajo 119), Rufino Almeida (fs. 73 y siguientes y 144 y siguientes de la causa 9373/2001, cuanto a fs. 17.333/4vta. de los principales), entre otros, acreditan su permanencia en el citado centro de detención.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.

		85. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Raúl Pedro Olivera Cancela:
		Raúl Olivera Cancela, fue detenido el 5 de junio de 1978 y trasladado al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, hallándose desaparecido.	
		En relación a este caso, obra a fs. 2141 del legajo 119 el testimonio brindado en Madrid ante escribano, por Hebe Mercedes Cáceres, quien en tal ocasión refirió que en fecha 5 de junio de 1978 se dirigía a encontrarse con Raúl Olivera, cuando observó que un grupo de hombres vestidos de civil, golpeó y tiró al suelo a Cancela, que luego de ello lo levantaron, le pusieron esposas y se lo llevaron.
		Cáceres describió su detención y agregó que en el lugar al cual la trasladaron, estaba Cancela, quien estaba alojado en una celda con otro sujeto.
		También mencionó que pudo conversar con el nombrado y que estaba “repuesto de los golpes y la electricidad”, por último aclaró que ambos estuvieron detenidos en el centro de detención denominado “El Banco”, y que en el centro de detención “Colores era el encargado principal de la máquina, y que según sus propios compinches, era algo que realmente le apasionaba”.
		Asimismo, vale tener en cuenta que en el legajo nro. 86 obra a fs. 184 declaración testimonial de Rafael Trigo Recio, quien refirió que Olivera Cancela trabajaba en el taller gráfico “Metropres Editorial y Gráfica de la Asociación de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina” (sito en Capital Federal), y que tanto éste como Fernando Díaz de Cárdenas, el cual era de nacionalidad uruguaya, fueron detenidos.
		Las pruebas referidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		86. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Fernando Díaz de Cárdenas
		Se encuentra acreditado que Fernando Díaz de Cárdenas fue privado de su libertad y alojado en el centro clandestino de detención denominado “El Banco”, hallándose actualmente desaparecido.
		En el legajo nro. 86 obra a fs. 184 declaración testimonial de Rafael Trigo Recio, quien refirió que 5 de junio de 1978 se hicieron presentes en su lugar de trabajo, siendo este el taller gráfico “Metropres Editorial y Gráfica de la Asociación de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina” (sito en Capital Federal), personas que se identificaron como pertenecientes a “Coordinación Federal” y que se hallaban vestidas de civil, y específicamente de traje; que éstas le preguntaron por Fernando Rafael Santiago Díaz de Cárdenas, ante lo cual fue a buscarlo, que cuando ya el nombrado estaba con el personal policial, fue a avisar a la gerencia lo que estaba ocurriendo, y cuando regresó, ya Díaz de Cárdenas había sido detenido.
		Hebe Margarita Cáceres, en su testimonial de fs.225 y siguientes del legajo 86 refirió que en su lugar de detención pudo ver a los hermanos Pablo Daniel y Rafael Arnaldo Tello, a un trabajador gráfico uruguayo de nombre Fernando Díaz y a Raúl Olivera, con quien pudo conversar. Luego, pudo saber que este lugar era el centro clandestino de detención conocido como “El Banco”.
		El nombre de Fernando Díaz de Cárdenas aparece también en el listado aportado por Cid de la Paz y González como detenido en el centro clandestino de detención “El Banco” (cfr.fs. 299 y ss del legajo 86).
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		87. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Edison Oscar Cantero Freire:
		Se encuentra acreditado que Edison Oscar Cantero Freire fue privado de su libertad el 7 de junio de 1978, alojado en el centro clandestino de detención denominado “El Banco”, hallándose actualmente desaparecido.
		 A fs. 360 del legajo 86 obra copia de la denuncia efectuada por Rolando Hernan Cantero Cantero, padre de Edison Oscar Cantero Freire ante la CONADEP. Allí surge que el 6 de junio de 1978 la víctima no volvía a su domicilio, y ante ello su esposa, Maximina Silva, asustada, fue a la casa de su hermana.
		En la madrugada del 7 de junio escucharon a Edison golpear la puerta y llamar a su esposa; que luego abrieron la puerta e ingresó un grupo de personas con Edison, quien se encontraba muy golpeado y no se mantenía en pie. Señaló que le preguntaron a su esposa dónde estaba “el fierro”, que luego se fueron y ya no volvieron a saber de Edison.
		Constan en el legajo las numerosas tramitaciones efectuadas por sus familiares en procura de su paradero, con respuesta negativa.
		El nombre de Edison Oscar Cantero Freire aparece en el listado aportado por Cid de la Paz y González como detenido en el centro clandestino de detención “El Banco” (cfr.fs. 299 y ss del legajo 86).
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditada la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		88. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Oscar Alberto Elicabe Urriol:
		Se encuentra acreditado que Oscar Alberto Elicabe Urriol, fue privado de su libertad el día 6 de junio de 1978, luego de lo cual fue trasladado al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, recuperando su libertad el 18 de julio del mismo año.
		Al respecto, obra el legajo nro. 275 perteneciente al nombrado, de donde surge su testimonio en el cual menciona que en la fecha citada estaba internado en el Policlínico de la ciudad de La Plata, ya que había sido sometido a un intervención quirúrgica, cuando varios individuos pertenecientes a las fuerzas conjuntas lo llevaron detenido a un centro de detención.
		Que el centro en el cual estuvo se trataba del denominado “El Banco” cercano a la localidad de Ezeiza, que allí vio a los hermanos Tello, y que Pablo Tello había sido aparentemente torturado.
		Que permaneció allí unos cuarenta y tres días. 		Que allí también reconoció a una persona que era Profesor de la Facultad de Arquitectura de La Plata, y al que conoce como Tito Ramírez, quien había sido torturado. También reconoció en dicho lugar a Hebe Cáceres, y a la Sra. Arcondo, esposa de Rafael Tello. Entre los represores nombró al “Turco Julián”, “Colores” y “Kung Fu” .
		En otra declaración, dijo que fue detenido por unas ocho personas, entre las cuales se hallaban los tres nombrados, que fue llevado al centro “El Banco”, donde estuvo unos 42 ó 43 días, y que recuperó su libertad el 18 de julio del mismo año. 
		Agregó que entre las personas que lo detuvieron estaban “El Turco Julián”, “Colores” y el “Polaco Grande”, y entre otras personas que actuaban como represores nombró a “Polaco chico”, “Catorce”, “Kung Fu” y “Rolando” o “Roldán”.
		Erricabe Urriol refirió en su declaración de fs. 26/29vta. del citado legajo que en el “El Banco” compartió cautiverio con un detenido de apellido Leone que decía ser el sobrino del Presidente de la República de Italia. También había un detenido que poseía un yeso en una pierna y al cual lo habían bautizado “Mate Cocido” debido a la gran cantidad que ingería de esta infusión. Que junto a él, se encontraba también un joven de apellido Ríos y apodado “Cabezón”, quien tenía una herida en su espalda, producto de un impacto de bala.
		Agregó el testigo que había una presa del lugar de nombre Estela, que cree que poseía nombre real Silvia, que oficiaba de enfermera, y recuerda que se había desempeñado como enfermera en el Policlínico de La Plata. También había un médico que se llamaba Víctor, que era de origen cordobés. También refirió haber compartido cautiverio con un sujeto apodado “Tito”, quien repartía comida en la enfermería, y que el nombrado recuperó su libertad desde la ESMA. Que en la enfermería también estaban “Tano” y “Cristoni”, quienes le dijeron que si no hablaba con ellos tendría que hacerlo con los interrogadores. Estaban asimismo dos hermanos de apellido Peña, oriundos de La Plata 
 		El nombrado testificó en el legajo 119 haber sido detenido el 6 de junio de 1978, siendo trasladado al centro clandestino de detención “El Banco”, donde permaneció detenido hasta el 18 ó 19 de julio de ese año.
		Las circunstancias descriptas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		89. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge César Casalli Urrutia:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 311 en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 en la que se dio por acreditado que Jorge César Casalli Urrutia fue privado de su libertad el día 10 de junio de 1978 en su domicilio sito en la calle San Guillermo 2325 de Martín Coronado, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado que dependía operacionalmente del Ejército Argentino. 
		Se lo mantuvo clandestinamente en cautiverio en el centro de detención conocido como “El Banco”, habiendo recuperado su libertad el 25 de julio de 1978
		Obran en el legajo 28, copias certificadas de las actas mecanografiadas correspondientes a la causa 13 de la declaración que efectuara Casallli Urrutia en la que dijo que luego de ir a su domicilio pasaron por el domicilio de Alberto Saavedra, llevándoselos detenidos a ambos.
		El primer día de detención en “El Banco” lo llevaron vendado a un recinto donde el Turco Julián le empezó a preguntar por una chica y lo golpeó.
		Entre los detenidos, recuerda a Beatriz Longi, Oscar Dionisio Rios, Lia de Cria de Moya, el marido de ésta, un tal Guarincho, de apellido López; Mogo, de apellido Zurita; Gustavo y María, cuyos apellidos refirió no recordar; Julio Lareu, Pajet Iaraya y Gabi Alegre. Agregó que también había un sujeto apodado “El Tano” que era un ex detenido que colaboraba con los represores y que torturaba a los detenidos, y que la misma tarea cumplía “otro al cual le decían Ratón Laurensano”.
		Refirió que fue interrogado y torturado por el represor apodado “Turco Julián”, que los represores se llamaban “Pereira”, “Rolando”, “Colores”, “Calculín” que usaba anteojos con terrible aumento; y que todos ellos se encargaban de interrogatorios y torturas. 
		A fs. 53 del legajo 28 obra la declaración que efectuara Julio Eduardo Lareu ante la CONADEP en la cual reconoce a “Jorge Casalli” como uno de los detenidos en El Banco.
		Además de sus propias expresiones, corroboran su permanencia en el lugar, las expresiones de Julio Lareu (cfr. fs.53 y ss del legajo 28) y José Saavedra (cfr. certificación de fs. 62 del legajo 28) .
		Las constancias reunidas a lo largo de la encuesta permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

	90. Privación ilegal de la libertad y tormentos de José Alberto Saavedra:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 310 en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 en la que se dio por acreditado que José Alberto Saavedra fue privado de su libertad el día 10 de junio de 1978 en su domicilio sito en la calle María Reyna nro. 162 de la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado que dependía operacionalmente del Ejército Argentino.
		Se lo mantuvo clandestinamente en cautiverio en el centro de detención conocido como “El Banco”. 
		José Alberto Saavedra recuperó su libertad el 22 de junio de 1978.
		La víctima refirió (fs. 1003 del legajo 119) haber sido detenido por un grupo de personas armadas que expresaron ser de fuerzas legales, siendo conducido al centro de detención conocido bajo el nombre de “El Banco” donde fue golpeado e interrogado, permaneciendo detenido diez días. 
		Que en ocasión de ser liberado, fue amenazado a que saliera del país porque la próxima vez que lo detuvieran lo matarían. 
		Que en el “El Banco” además de a Casalli Urrutia vio a “Gaby” Alegre; Oscar Rios; Beatriz Longhi “Bea”; “Mariano” Montequin o Pontequin; “Alejo” primo de Zurita el “Mogo”; “Cuqui” cuyo marido se apellidaba Tello y a éste; Julio Lareu.
		Entre los represores señaló al “Turco Julián”, “Facundo” -que estaba a cargo de una de las guardias-, “Caballo loco” que era un detenido que trabajaba como médico, a “Kung Fu” y “Cobani”. 
		En relación a Saavedra, obra a fs. 2512 -legajo 119- el informe realizado por el cuerpo Médico Forense en el que se indica que “los episodios que le acaecieron, con corroboración radiológica, le provocaron presumiblemente lesiones en el cuello, que pueden ser de origen concausal”.
		A sus expresiones, se aúnan las vertidas por Jorge César Casalli Urrutia quien -actas mecanografiadas de la Causa 13/84- corrobora no sólo la detención de la víctima, sino su ilegal privación de la libertad en el centro consignado.
		Las constancias reunidas en las actuciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		Respecto de este hecho Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones.

		91. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Irma Niesich:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 312 en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 en la que se dio por acreditado que Irma Niesich fue privada de su libertad el día 15 de junio de 1978 en su domicilio sito en la calle Ibarrola 5471 de Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, por personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino. 
		Se la mantuvo clandestinamente en cautiverio en los centros de detención conocidos como “El Banco” y “Olimpo”.
		Asimismo, Irma Niesich no ha sido vista con vida desde aquel entonces.
		Acreditan su paso por el centro de detención denominado “El Banco” los dichos de Isabel Teresa Cerruti (cfr. certificación de fs. 45 legajo 18) e Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (cfr. certificación de fs. 46 legajo 18).
		Su permanencia en “Olimpo” está acreditada por los testimonios de Susana Leonor Caride (cfr.certificación de fs. 47 legajo 18), Julio Lareu (cfr. certificación fs.49 bis legajo 18) y Alberto Próspero Barret Viedma (cfr. certificación fs.106). 
		Su detención en ambos centros por Enrique Carlos Ghezan (cfr. certificación fs. 48 legajo 18), Elsa Ramona Lombardo (cfr. certificación de fs.49 y 108 legajo 18), Susana Leonor Caride (cfr. certificación fs. 107) y Graciela Irma Trotta (cfr. certificación fs. 109).
		Por otra parte, de las declaraciones de Olga Esther Gasparini de Zaldarriaga surge que Irma Niesich, junto con su compañero Roberto Alejandro Zaldarriaga, fueron a visitarla durante el cautiverio que ellos sufrieran, una vez, en las vacaciones de julio de 1978, y otra, el 25 de octubre de 1978, siempre acompañados de sus captores.
		En esta última visita, Roberto Alejandro le refirió que se encontraba en un centro de detención ubicado entre las calles Ramón L. Falcón, Lacarra y Olivera (cfr.fs.11/15, 18/24 legajo 18). 
		Osvaldo Teodoro Guglielmi (cuñado de Roberto Alejandro Zaldarriaga) también dio cuenta de estos encuentros y de la referencia del centro de detención (cfr. fs.71 legajo 18). 
		Por su parte, Silvia Mirta Zaldarriaga dio cuenta de estos encuentros y mencionó que en una de las visitas comentaron cómo habían sido trasladados desde “El Banco” hacia “Olimpo” (cfr. fs. 90/92 legajo 18).
		Asimismo, María Finderle de Nesich (madre de Irma), hizo referencia a uno de estos encuentros en la casa de Zaldarriaga.
		Los elementos de prueba reunidos, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		92. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Roberto Alejandro Zaldarriaga:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 313 en la sentencia dictada en la Causa 13/84 en la que se dio por probado que fue detenido en horas de la madrugada del mes de junio de 1978 en el domicilio de su madre sito en la calle Monte Egmont 277 de la localidad de Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado dependiente operacionalmente del Primer Cuerpo del Ejército.
		A Roberto Alejandro Zaldarriaga se lo mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”. Nunca más fue vuelta a ver con vida desde entonces.
		Los dichos de testigos dan cuenta que luego de su aprehensión, Zaldarriaga fue conducido a entrevistar a sus familiares en ocho oportunidades aproximadamente, bajo custodia de unos individuos armados (Sobre estos encuentros ver mayor desarrollo en caso 91).
		Acredita su paso por el centro de detención “El Banco” el testimonio de Isabel Teresa Cerruti (cfr. certificación de fs. 45 legajo 18).
		Su permanencia en “Olimpo” está acreditada por los testimonios de Julio Lareu (cfr. certificación fs.49 bis legajo 18) y Alberto Próspero Barret Viedma (cfr. certificación fs.106). 
		Su detención en ambos centros por Enrique Carlos Ghezan (cfr. certificación fs. 48 legajo 18), Susana Leonor Caride (cfr. certificación fs. 107), Elsa Ramona Lombardo (cfr. certificación fs. 108) y Graciela Irma Trotta (cfr. certificación fs. 109).
		Las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		93. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jesús Pedro Peña:
		Bajo el nro. 314 su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dio por probado que el nombrado fue privado de su libertad el 27 de junio de 1978 en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por efectivos del Ejército Argentino. 
		A Jesús Pedro Peña se lo mantuvo clandestinamente en cautiverio en centros de detención que operaban bajo el comando del Primer Cuerpo de Ejército (“El Banco” y “Olimpo”). Permanece desaparecido.
		Su paso por los centros “El Banco” y “Olimpo” se halla acreditado a través de los testimonios de Julio Lareu (cfr. certificación fs. 9 legajo 27) y Elsa Ramona Lombardo (cfr. certificación fs. 31 legajo 27).
		Enrique Carlos Ghezan (cfr. certificación fs. 23 legajo 27), Oscar Erricabe Urriol (cfr. certificación fs. 30 legajo 27) y Osvaldo Acosta (cfr. certificación fs. 37 legajo 27) hacen referencia a su cautiverio en “El Banco”. En tanto Susana Leonor Caride (cfr. certificación fs. 24) se refirió a su detención en “Olimpo”.
		El nombre de Jesús Peña aparece en el listado aportado por Cid de la Paz y González como detenido en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “Olimpo” (cfr.fs. 299 y ss del legajo 86).
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
			
		94. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Roberto Omar Ramírez:
		El día 27 de junio de 1978 cerca de las 20.00 hs, en la vía pública, en los alrededores de las Av. Santa Fe y Callao de esta Capital Federal, fueron privados de su libertad Roberto Omar Ramírez y Helios Hermógenes Serra Silvera, por un grupo de personas con dependencia operacional del Ejército Argentino.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 315 en la Sentencia dictada en la Causa 13/84, oportunidad en la que se acreditó que el nombrado permaneció detenido en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “Olimpo”, y que fue sometido a tormentos. En el mes de marzo de 1979 fue trasladado a la ESMA y finalmente liberado en marzo de 1979.
		Roberto Ramírez, en declaración extrajudicial obrante a fs.5/48 del legajo 331 refirió haber visto en el centro “El Banco” a los hermanos Tello, “Juan” y a “El Indio”. Asimismo relató las torturas e interrogatorios a los que fue sometido. Precisamente dijo: “Para aumentar los efectos de la tortura, le cubren en varias oportunidades la cabeza con una bolsa de polietileno sujetada al cuello y le introducen una sonda en el ano, para que la corriente produzca dolor en el interior del organismo...”.
		En el escrito por él confeccionado y que obra en el legajo nro. 331, Ramírez relató que ya en el campo de detención el detenido era llevado a la enfermería, que allí los represores le informaban que podía colaborar y que ello era a cambio de su vida. Entre los represores, mencionó a “Colores”, “Julián”, “De Felice” y “El Padre”.
 		Su privación de la libertad en los centros aquí analizados, se halla corroborada por los testimonios de Susana Leonor Caride (cfr.certificación fs. 51 legajo 331), Rufino Jorge Almeida (cfr. certificación fs.56 legajo 331), y Oscar Elicabe Urriol (cfr. certificación fs. 54 legajo 331) respecto de “El Banco”; Osvaldo Acosta (cfr. certificación fs. 58 legajo 331) y Daniel Aldo Merialdo (cfr. certificación fs. 60 legajo 331), respecto a su permanencia en “Olimpo”.
		El nombre de Ramírez aparece en el listado aportado por Cid de la Paz y González como detenido en el centro clandestino de detención denominado “El Banco” (cfr.fs. 299 y ss del legajo 86).
		Oscar Elicabe Urriol refirió, además, que Ramírez presentaba hematomas producto de golpes en todo el cuerpo (cfr. certificación fs. 54 legajo 331).
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
										
		95. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Helios Serra Silvera:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 316 en la Sentencia de la Causa 13/84, oportunidad en la que se dio por acreditado que fue privado de su libertad el 27 de junio de 1978, después de las 19 horas, cuando salió de su domicilio de la calle Colombres 486 de la Capital Federal para dirigirse a la Alianza Francesa, situada en el barrio de Almagro. 
		Tal como se sostuviera en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 dictada el 9 de noviembre de 1985 por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y que debe reafirmarse al día de la fecha, esta víctima no ha vuelto a ser vista con vida.
		Su permanencia en los centros “El Banco” y “Olimpo” se halla avalada por los testimonios de Elsa Ramona Lombardo (fs. 400 del legajo 86), Horacio Cid de la Paz (cfr. copia de carta de Horacio Cid de La Paz obrante a fs. 387/9), Roberto Ramírez (cfr. copia de su carta obrante a fs.382/3 legajo 86), Enrique Carlos Ghezan (cfr. certificación fs. 410 legajo 86) y Elsa Ramona Lombardo (cfr. certificación de fs. 410 legajo 86), en cuanto a su permanencia en “Olimpo”.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditada la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		96. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Ana María Pifaretti:
		Bajo el nro. 87 su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la Causa 13/83, en la que se dio por acreditado que fue privada de su libertad el día 28 de junio de 1978 en las inmediaciones del Sanatorio Güemes sito en esta Capital, por un grupo armado de personas.
		También quedó probado que se la mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”, que dependían operacionalmente del Primer Cuerpo de Ejército. No está probado que haya recuperado su libertad.
		Abonan ello los testimonios de Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (“El Banco” - fs. 1622, legajo 119), Elsa Ramona Lombardo (“El Banco” -fs. 1645 legajo 119-) y Susana Leonor Caride (“El Banco” y “Olimpo” fs. 119, legajo 119-).
		El nombre de Ana María Pifaretti aparece en el listado aportado por Cid de la Paz y González como detenida en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “Olimpo” (cfr.fs. 299 y ss del legajo 86).
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		97. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Guillermo Marcelo Moller:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 262 en la sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dio por acreditado que el nombrado fue privado de su libertad en el mes de junio de 1978 en la ciudad de Buenos Aires, por un grupo de personas que se encontraban armadas y que dependía operacionalmente del Ejército Argentino. Guillermo Moller se encuentra desaparecido.
		A fs. 8 del legajo 122 obra declaración de Adelina María Pressello de Gómez Franco, quien alquilara una habitación de su departamento a Guillermo Marcelo Moller. La nombrada refirió que el 23 de junio de 1978 se hicieron presentes en su domicilio personas vestidas de civil que adujeron pertenecer a “Coordinación Federal” para detener al Sr. Moller. Que ante la ausencia del mismo, se hicieron presentes guardias en el departamento, hasta que el 25 de junio alrededor de las 8:00 horas, uno de los integrantes del grupo la anotició de que habían logrado la detención de Moller en la puerta del edificio y por lo tanto abandonarían el edificio.
		A fs. 133 del legajo 122 obra una carta de la “House of Lords - Westminster” en la que se refiere que según los informes “…fue visto en los campos Banco y Olimpo entre junio y diciembre de 1978, pero está reportado con una letra «t», que significa transferido, lo cual, según lo que estos testigos piensan, significaría que Guillermo probablemente ha sido muerto”.
		A fs. 198 obra testimonio de Julio Lareu quien refirió que estando detenido en “El Banco” pudo conversar con Guillermo Marcelo Moller. Que el día 16 de agosto de 1978 se hace una mudanza a un nuevo lugar de detención (“Olimpo”) donde también pudo ver a Moller. 
		Que en los primeros días de diciembre, se hace una lista de personas detenidas, que serían trasladadas. Luego del traslado no volvió a ver a Moller. 
		Entre los represores de ambos lugares menciona a “El Turco Julián”, “Ruso”, “Cobani”, “Kung Fu”, “Soler”, “Polaco chico”, “Polaco Grande”, “Guerra”, “Padre” y “Juancito”; en la declaración de fs. 389 refirió que Moller fue “trasladado” el 6 de diciembre de 1978; sin embargo nótese que en la anterior declaración (fs. 198) refirió que “trasladado” significaba exterminado. 
		 A fs. 206 se encuentra la testimonial de Jorge Roberto Gaidano, quien vivía con Moller, y quien refirió que durante su detención lo llevaron al “quirófano”, donde fue interrogado, que asimismo lo trasladaron a otro quirófano donde permaneció dos días. A ese lugar llevaron a Moller, a quien reconoció por los gritos durante su tortura (pasaje de corriente eléctrica y golpes).
		Los elementos de convicción citados, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		98. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Carlos Gustavo Mazuelo:
		Conforme la denuncia de Elena Mirta Cario de Mazuelo ante la CONADEP (cfr. fs.1 legajo 143) el 1° de julio de 1978 al llegar a su casa sita en El Salvador 765 Villa Dominico Avellaneda, encontró a un grupo de personas armadas, vestidas de civil. En ese momento la secuestraron a ella y a Carlos Gustavo Mazuelo (su marido), poniéndolos en autos separados, les vendaron los ojos y los tiraron sobre el asiento. Después de un viaje de una hora llegaron al lugar de detención. Relató que la llevaron a una sala donde estaba también su marido. Al cabo de dos días los llevaron para el primer interrogatorio, primero a su esposo y luego a ella. Por los golpes la dicente se desmayó. Despertó a los dos días cuando fue llevada a otra sala donde ella y su marido fueron colocados en una cama uno arriba del otro, atados y con los ojos vendados y les pasaron corriente eléctrica.
		La nombrada fue puesta en libertad 16 días después. 
		En cuanto a su marido, no volvió a tener noticias de él.
		Su privación ilegal de la libertad en los centros de detención bajo análisis, halla sustento en las expresiones de Enrique Carlos Ghezan (“El Banco” y “Olimpo”, cfr. certificación de fs. 18 legajo 143), Isabel Fernández Blanco de Ghezan (“El Banco”, cfr. fs.1622 legajo 119) y Elsa Ramona Lombardo (“El Banco” y “Olimpo”, cfr. certificación de fs.19 legajo 143). 
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		99. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Elena Mirta Cario de Mazuelo. 
		Las condiciones de su detención y privación ilegal de la libertad se hallan descriptas en el caso anterior, resultando suficientes para tener por acreditada la privación ilegal de la nombrada en los centros de detención clandestino “El Banco” y “Olimpo”.
		Al respecto, vale tener en cuenta lo relatado por Elena Mirta Cario de Mazuelo ante la CONADEP (cfr. fs.1 legajo 143), en cuanto a que el 1 de julio de 1978 al llegar a su casa sita en El Salvador 765 Villa Dominico Avellaneda, encontró a un grupo de personas armadas, vestidas de civil. En ese momento la detuvieron a ella y a su marido, que luego los llevaron al lugar de detención, donde la sometieron a golpes e interrogatorios y que incluso a causa de los golpes, se desmayó. Asimismo agregó que fue víctima de aplicación de corriente eléctrica, y que fue liberada el 16 días después a su detención.
		Relató que en el lugar de detención vio a Miguel Ángel Porta y a Oscar Vicente Balmaceda, dijo que el médico que los atendía en el lugar era uno de los detenidos, lo mismo que los cocineros y los que distribuían la comida. 
		Las exposiciones señaladas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		100. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mabel Verónica Maero.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 317 en la sentencia dictada en la Causa 13/83 por la Cámara Federal, ocasión en la que se acreditó su aprehensión en el mes de julio de 1977 en esta Capital, por personal que dependía operacionalmente del Primer Cuerpo del Ejército.
		Mabel Maero estuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”. No fue vuelta a ver con vida desde aquel entonces.
		Sustentan la detención de la nombrada en los centros citados los testimonios de Enrique Carlos Ghezan (cfr. certificación fs.17 l), Isabel Fernández Blanco de Ghezan (cfr. certificación fs. 16), Oscar Alfredo González y Horacio Cid de la Paz (cfr. certificación de fs. 13) y Daniel Aldo Merialdo (cfr. certificación fs. 18); respecto de su cautiverio en “Olimpo” obra el testimonio de Mario César Villani (cfr. certificación de fs.15) -todos del legajo 141-.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		101. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Isidoro Oscar Peña:
		Bajo el nro. 318 su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dio por probado que fue privado de su libertad a mediados del mes de julio de 1978, por un grupo que dependía operacionalmente del Ejército Argentino. A Isidoro Oscar Peña se lo mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”. No está probado que haya recuperado su libertad.
		Su permanencia en los centros “El Banco” y “Olimpo” se halla acreditado a través de los testimonios (cfr. actas mecanografiadas de la Causa 13/83 y el legajo 119 que corre por cuerda) de Julio Lareu (Banco/Olimpo - cfr. certificación fs. 21 legajo 27), Enrique Carlos Ghezan (Banco - cfr. certificación fs. 23 legajo 27), Oscar Elicabe Urriol (Banco/Olimpo - cfr. certificación fs. 30 y 35 legajo 27), Elsa Ramona Lombardo (Banco/Olimpo - cfr. certificación fs. 31 legajo 27), Susana Leonor Caride (Olimpo - cfr. certificación fs. 24 legajo 27) y Osvaldo Acosta (Banco - cfr. certificación fs. 37 legajo 27).
		Las pruebas citadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		102. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Isabel Teresa Cerruti:
		Bajo el nro. 319 su caso fue desarrollado en la sentencia dictada en la Causa 13/84 ocasión en la que se dio por probado que fue detenida el día 22 de julio de 1978 en la intersección de las calles Jean Jaures y Corrientes de esta Capital, por personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino. A Isabel Cerruti se la mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”, habiendo recuperado su libertad el 26 de enero de 1979.
		En su declaración testimonial de fs. 1104 del legajo 119 refirió que entre las personas secuestradas y liberadas se hallan Delicia Gonzalo, Enrique Ghezan, Isabel Fernández Blanco De Ghezan, Susana Caride, Juan Carlos Guarino, Cid De La Paz, Norma Leto, Nora Bernal, Celina Benfield y Zurita.
		En su declaración Cerruti dijo que en el centro de detención “Olimpo” había un represor apodado “Guastavino”, que según se decía era torturador y secuestrador y que integraba las “patotas” que salían a detener gente. Que el nombrado a ella no la torturó, y que posteriormente lo vio en fotografías publicadas en los diarios. Que también escuchó en el “El Banco” que uno de los represores era “Colores”. Que en el centro “Olimpo” conoció a “Colores”, el cual era aproximadamente de 1,70 m de altura, ni gordo ni flaco, pelirrojo, de tez blanca, poseía entre 40 y 45 años y no usaba bigotes. Que escuchó a Colores decir que a los detenidos les iba a volver “a dar máquina” en referencia a la picana eléctrica, a la vez que también escuchó al nombrado hacer comentarios que le permitieron suponer que integraba las “patotas”. Que si bien mientras estuvo detenida no vio a ningún represor apodado “Kramer”, cuando ya fue liberada, sí supo por ex detenidos, que éste había sido uno de los represores que allí actuaron.
		En su declaración prestada ante este juzgado abrante a fs. 19.373/5 mencionó que en su secuestro participaron “Cacho”; “Cortés” quien sabe que se llama Guillermo Cardozo y “Montoya” que es Alberto Luna.
		Entre los represores que actuaban en ambos centros recordó, además de los mencionados anteriormente a “Julián”, cuyo nombre real es Simón; “Colores” Juan Antonio del Cerro; “Centeno” Juan Carlos Avena; “El Viejo Pereyra” que es quien la libera; “Soler”, Oscar Augusto Rolón; Siri; “Paco”; Guglielminetti; “Calculín”, Pedro Godoy; “Gato”; “Miguel”, Del Pino; “Polaco chico”; “Polaco Grande”; “Montoya”, Alberto Luna; “Clavel”, Roberto Antonio Rosa; y “Alacrán” Scifo Módica. Entre los represores que escuchó nombrar mencionó a “Willy”, “El alemán”, “Kung Fu”, “Sérpico”, “Candado”, “Rodilla”, “Poca Vida” y “Quintana” Pereyra Apesteguía.
		Recordó que Julián le pegó fuertemente a Enrique Ghezán y que Cristina Carreño y Juan Carlos Rugilo mencionaron que habían sido torturados por él. “Que entre las tareas que tenía era torturar con picana, golpeaba con cadenas, con palos, de vez en cuando tiraba tiros al aire, tenía un perro policía y asustaba a la gente con el perro”.
		Respecto de “Colores” menciona que lo vio personalmente cuando torturaba a una persona en el quirófano. Menciona que era más sofisticado en la tortura, sádico, que parecía que disfrutaba con la tortura.
		En relación a “Centeno” recuerda que participaba tanto de los secuestros como de las torturas. Que puntualmente Santiago Villanueva le comentó que había participado de su secuestro y que lo había torturado.
		Respecto de “Calculín”, refirió que se especializaba en torturar, que fueron varias personas las que le comentaron que habían sido torturadas por él entre ellos Jorge Taglione, Juancito y Cristina Jurkievich.
		Recordó que entre los represores, “Miguel” tenía voz de mando, al igual que Guglielminetti.
		En relación a “Quintana” mencionó que se desempeñaba como jefe de una de las guardias. Hizo mención a una de las actividades de dicha guardia: “Que en el Olimpo, lo que le hicieron fue el Orden Cerrado, que consistía en hacerlos hacer gimnasia hasta que se desmayaban. Que eran por ejemplo trescientas flexiones y que el que se paraba o se quedaba quieto lo golpeaban. Que esto era frecuente en el Olimpo. Que el que daba las órdenes de los ejercicios era el jefe de guardia de turnos, que recuerda a Quintana como uno de los que solía hacer estas cosas. Recuerda que en el mismo sector donde estaban las celdas elegían a dos detenidos y los hacían pelear tipo boxeo y si no lo hacían los golpeaban. Que también le hacían eso a las mujeres, por ejemplo a Gertrudis Poblete. Que cuando hacían esto cerraban las puertas y que cuando terminaban se veían las manchas de sangre en las paredes.”
		En relación a la tortura manifestó que al llegar al “El Banco” fue sometida a una sesión de picana eléctrica. Que entre quienes la torturaban estaban Calculín, Cacho y Quintana. Supone que la tortura duró tres o cuatro horas.
		Fue liberada el 26 de enero de 1979, en un automóvil conducido por el Viejo Pereyra, junto con otros dos detenidos. Hasta agosto de 1982, permaneció bajo un régimen de “libertad vigilada”, consistente en llamadas y citas de control.
		Entre los detenidos recordó haber visto a Susana Caride, Claudia Pereyra, Juan Carlos Rugilo (desaparecido), Jorge Taglione, Enrique Ghezán, Isabel Fernández Blanco, Delicia, que le decían Mili, Cuca (desaparecida), Cristina Carreño (desaparecida), Horacio Sellán, “El ruso”, Marina Jurikievich (desaparecida), y su hija Cristina Jurkievich, Mario Villani, Juan Carlos Guarino, Elena Guarino, el hijo de Guarino, José Poblete y Gertrudis de Poblete (desaparecidos) y su hija María Víctoria, Tito Zaldarriaga (desaparecido), “la gallega” o “Pequi” la esposa de Zaldarriaga, Santiago Villanueva (desaparecido), María González de Weis (desaparecido), Gustavo Weis (desaparecido), Mari de Cobacho (desaparecida), Marta Vaccaro que estaba embarazada (desaparecida), Eduardo, “Chifo”, Roberto, estos últimos tres eran presos comunes que los llevan al “Olimpo” y que están desaparecidos, Pascual Pavich, Mariano Pagés Larraya (desaparecido), Clemente Slavkian (desaparecido), Julia y Ernesto (desaparecidos), Julia Zabala Rodríguez, Daniel Merialdo, Daniel Retamar, Rebeca Sapovlski, Celina Benfield, Darío Cetrángolo (desaparecido), Lucila Révora y Fassano (quienes llegaron muertos al “Olimpo”).
		A esto, deben sumarse las expresiones de Juan Carlos Guarino (“Olimpo”), Mario César Villani (“Olimpo”), Susana Leonor Caride (“El Banco”), Juan Agustín Guillén (“El Banco”) quienes refirieron haber compartido cautiverio con Isabel Teresa Cerruti.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		103. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Santiago Villanueva:
		Bajo el nro. 320 su caso fue desarrollado en la sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dieron por acreditado que fue privado de su libertad en horas de la noche del día 25 de julio de 1978 en su domicilio sito en Emilio Lamarca 668 de esta Capital, por un grupo armado de personas que dependía operacionalmente del Ejército Argentino.
		A Santiago Villanueva se lo mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”. Está demostrado que fue sometido a un mecanismo de tortura. No está probado que haya recuperado su libertad.
		Detenido junto a su esposa Norma Teresa Leto, el testimonio de ésta permite establecer que fueron violentamente retirados de la vivienda con los ojos vendados y esposados, siendo ubicados en la parte trasera de sendos autos. El 26 de julio los trasladaron a otra dependencia, lugar que luego identificó como “El Banco”. 
		Refirió Leto que “…desde el tubo pude escuchar que mi compañero era torturado salvajemente por el Turco Julián, quien lo obligaba a permanecer parado después de cada golpe”. 
		Al día siguiente, lo vio a su cónyuge muy golpeado. Durante la noche del 13 de agosto Julián la retiró del tubo para llevarla a una habitación con su marido, permitiéndoles hablar y permanecer destabicados (cfr. fs. 1/4 legajo 136).
		Isabel Teresa Cerruti, quien estuvo ilegalmente detenida en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “El Olimpo”, en su declaración prestada ante esta sede a fs.19.373/5 recordó “…puntualmente Santiago Villanueva comentó en un momento que Centeno era uno de los que lo secuestró y que lo torturó.”
		La ilegal privación de la libertad en los centros de detención “El Banco” y “Olimpo” encuentra sustento en los testimonios de Susana Caride (Banco - certificación fs.89), Isabel Teresa Cerruti (Olimpo - certificación fs. 90), Elsa Ramona Lombardo (Banco - certificación fs. 91), Isabel Fernández Blanco de Ghezan (Banco - certificación fs. 92), Enrique Carlos Ghezan (Banco - certificación fs. 93) y Porfirio Fernández (Olimpo - certificación fs. 94 -todos del legajo 136-.
		Estas exposiciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		104. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Norma Teresa Leto:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 321 en la Sentencia dictada en la Causa 13/84 oportunidad en la que se dio por probado que fue privada de su libertad el día 25 de julio de 1978 en horas de la noche en su domicilio sito en Emilio Lamarca 668 de esta Capital, por un grupo armado de personas que dependía operacionalmente del Ejército Argentino. A Norma Teresa Leto se la mantuvo en cautiverio en el centro clandestino de detención denominado “El Banco” perteneciente a la Policía Federal. Está demostrado que fue sometida a un mecanismo de tortura. Está probado que recuperó su libertad el día 14 de agosto de 1978.
		En su testimonio brindado a fs. 1662 del legajo 119, Leto refirió haber sido detenida en su domicilio junto a su pareja Santiago Villanueva. conducida a una casa donde es golpeada y luego trasladada al centro clandestino de detención “El Banco”, donde fue interrogada y torturada por el Turco Julián. Que luego de ser liberada, a los quince días, Julián la citó, encontrándose con el nombrado quien le informó que Santiago Villanueva iba a pasar a una prisión o permanecer tres años más en la condición en que se hallaba en aquel momento.
		En dicha oportunidad mencionó a varios de los represores, a saber: Cobani, Turco Julián y Colores. Agregó que uno de los detenidos que le llevaba la comida era “La Gallega” o “Paqui” como también le decían.
		En su declaración que obra en el legajo nro. 136, la nombrada menciona a Susana Caride y a Santiago Villanueva. Agregó que fue torturada y golpeada en presencia de “El Turco Julián” y otros dos colaboradores, a la vez que hace alusión a la existencia de un perro que allí había. Relató que Villanueva fue torturado por el “Turco Julián”. 
		Corroboran además la permanencia de la nombrada en este centro de detención, las expresiones vertidas por Isabel Teresa Cerruti (cfr.fs. 1104 legajo 119) y Elsa Ramona Lombardo (cfr. certificación de fs. 91 del legajo 136).
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		105. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Cristina Magdalena Carreño Araya.
		En la sentencia dictada en la causa 13/84, bajo el nro. 322, se desarrolló el caso de la nombrada, oportunidad en la que se dio por probado que fue privada de su libertad en el mes de julio de 1978 en esta Capital. Se la mantuvo en cautiverio en el centro de detención “Olimpo”, perteneciente a la Policía Federal.
		Amén de ello, las expresiones de Graciela Trotta (Banco - cfr. certificación fs. 9), Susana Leonor Caride (“Olimpo” - cfr. certificación fs. 10), Isabel Teresa Cerruti (“Olimpo” - cfr. certificación fs. 11), Horacio Martín Cuartas (“Olimpo” - cfr. certificación fs. 18), Miguel Angel Benitez (Banco - cfr. certificación fs. 20), Norma Teresa Leto (Banco - cfr. certificación fs. 21), Porfirio Fernández (“Olimpo” - cfr. certificación fs. 22), Enrique Carlos Ghezan ( “Banco”-”Olimpo”, cfr. certificación fs. 23) y Daniel Aldo Merialdo (“Olimpo” - cfr. certificación fs. 28) (todos del legajo 17) corroboran la permanencia de la nombrada en este centro, coincidiendo en el grave estado que presentaba Carreño Araya ocasionado por las reiteradas torturas a las que fuera sometida, incluso se hace referencia a un ensañamiento particular en contra de ésta.
		Respecto de Carreño, Caride en su legajo nro. 14, refirió: “…recuerdo especialmente a Dora Careño, una joven chilena, que fue torturada, desde que la tenía ahí, supongo que desde el mes de julio creo, hasta la época de su traslado, en el mes de diciembre, donde fue permanentemente torturada, pero de una forma brutal, era una masa de carne, machucada, psíquicamente ya muy mal, casi llevada al borde de la locura”.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		106. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Susana Leonor Caride:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 95 en la sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dio por acreditado que fue detenida en la noche del día 26 de julio de 1978 en su domicilio de la calle Fragata Sarmiento 551 de Capital Federal por un grupo armado. 
		A las 22 horas de ese día, un grupo armado de personas, luego de patear la puerta, la interrogaron acerca de la tenencia de armas en el interior de su vivienda, por lo que optó por abrirles, luego fue detenida en presencia de su madre y de sus hijos.
		Se la mantuvo en cautiverio en los lugares denominados “El Banco” y “El Olimpo”.
		También está probado que Susana Leonor Caride fue sometida a tortura.
		Recuperó su libertad el día 23 de diciembre de 1978.
		La nombrada testificó (cfr. copias de actas mecanografiadas a fs.1/8 del legajo 14) haber sido detenida el 26 de julio de 1978 y conducida a “El Banco”, donde fue interrogada, golpeada y torturada entre otros, por “el Turco Julián” (“…el Turco Julián me cadenea, me pega con una cadena, dice «llévensela sino la mato»…”); derivada en agosto de 1978 a “Olimpo” también en el lugar se desempeñaba el nombrado Julián.
		Que luego de liberada, fue visitada y controlada por el nombrado hasta 1981, quien le contó que Cid de la Paz y Horacio González habían escapado, en tanto que Juan Jorge Toscano había muerto.
		Mencionó que los nombrados Cid de la Paz y González le aplicaron picana eléctrica y que el médico que estaba allí y que era un detenido, se llamaba Jorge Vázquez.
		Entre los detenidos mencionó a Celina Banfield, Tito Ramírez, Santiago Villanueva, Pagés Larraya, Roberto Zaldarriaga, Iris Manesich, Susana González, Gustavo Weis, un chico al cual le decían “Mogo”, otro de apodo “Gualincho”, Isabel Fernández Blanco, Enrique Ghezan, e Isabel Cerruti. Dijo que en el “El Banco” eran parte del Consejo de detenidos que colaboraban con los represores, los mencionados antes (Cid de la Paz y González), como también Mogo y Laurenzano.
		Agregó que otro represor era Paco, quien le dijo que iba a quedar el libertad, y también nombró a Minicucci. 		También Caride se refirió al caso de Fassano y Révora y puntualmente refirió que cierto día llegaron al lugar de detención dos cadáveres. Que había habido un enfrentamiento donde había perdido la vida Covino, Jefe del “Olimpo”; que Juan Carlos Avena alias “Centeno” había quedado herido, al igual que Del Pino alias Miguel. Que luego en los diarios salió algo relativo a un enfrentamiento donde habían resultado muertos dos extremistas y un agente de la policía federal, y se enteró de que se trataba de tal hecho. 
		En su declaración ante la CONADEP, en cuanto a este hecho dijo que en octubre de 1978, el 10 u 11, cayeron prisioneros que estaban involucrados en el atentado en la casa de Lambruschini y que a raíz de esas detenciones, se hizo un procedimiento en el domicilio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Révora, contando los mismos detalles volcados anteriormente.
		Agregó que ya liberada, cuando se mudó a su domicilio de Villa del Parque se encontró con uno de “sus” represores de nombre o apodo “Soler”, a quien le dio su dirección y quien a su vez le dio tal dirección a los represores “Colores” y “Julián”.
		En el relato que obra a partir de fs. 13 del legajo nro. 14, Caride refirió que fue alojada en el centro de detención “Olimpo” en fecha 16 de agosto de 1978, que en el mes de septiembre el represor “Soler”, que según Caride, era de Policía Federal, “la sacó” a escribir a máquina sobre unos informes cuyo texto copiaba de unas carpetas que decían “Policía Federal” y estaban vinculadas sobre temas de Chile, cantidad de buques, armas, aviones y todo lo referente al material bélico que tenían los chilenos.
		También a fs. 148 del legajo 14 obra el informe realizado por el cuerpo Médico Forense del que se concluye con relación a Caride, que “...podemos informar que las secuelas psíquicas producidas por el ejercicio de violencia se ven reflejadas actualmente en sueños y pesadillas de los sufrimientos padecidos en dicha detención, por lo cual necesita apoyo psicológico y psiquiátrico”.
		Corroboran su ilegal privación de la libertad y aplicación de tormentos, las expresiones de Norma Teresa Leto (cfr. certificación de fs. 166), Claudia Leonor Pereyra (cfr. certificación de fs. 169) y Osvaldo Acosta (cfr. certificación de fs. 170); en tanto Julio Lareu (cfr. certificación de fs. 167), Mario César Villani (cfr. certificación de fs.165), Alberto Próspero Barret Viedma (cfr. certificación fs. 168), Daniel Aldo Merialdo (cfr. certificación de fs. 173) e Isabel Teresa Cerruti testificaron haberla visto los centros de detención mencionados.
		Recordó asimismo a Eladio Isidoro Peña, dos hermanos de La Plata, como a Clemente, a unos presos comunes de nombres Eduardo, Chifo, Roberto, Pablo y, Algredo Giorgi, Enrique Basile, Juan Carlos Rugero, Roberto Lazara, un joven de nombre Guillermo Yoli, que estando en el “Olimpo”, había tomado una pastilla de cianuro y que lo pudieron salvar, al cual posteriormente lo llevaron a una cita en la estación de tren de San Miguel y que al llegar el tren, se arrojó abajo y se suicidó.
		Agregó que había una persona discapacitada, que era un chico chileno, Poblete, al cual le faltaban las dos piernas porque había tenido un accidente, que fue sometido a graves torturas; que había una chica ciega, un chico rengo, y que Poblete, que está desaparecido, estaba con su esposa y con su bebé.
		En su declaración ante la CONADEP Caride manifestó que en “Olimpo” un día que estaba en la enfermería, pudo revisar un fichero y advirtió que allí figuraba el nombre Wenceslao Caballero, perteneciente al Poder Judicial de Capital Federal, nombre que a su lado poseía una cruz roja; que asimismo estaba el nombre de Rodolfo Walsh, y al lado de éste, también había una cruz roja. Agregó que también estaba su ficha, pero no decía nada, y que ello le ha hecho suponer que la cruz indicaba la muerte de los nombrados.
		Indicó que aparte de los citados represores se encontraba uno de apellido Cortez, que era supuestamente de Gendarmería y el cual era gordo, grandote, castaño claro y de unos 38 años; “Miguel”, el cual era joven, morocho, estatura mediana, y que posiblemente era del Ejército; Eduardo o Cramer, el cual era joven, de estatura mediana, moreno y que era posiblemente policía; “Paco” a quien describió como flaco, alto, con bigotes, pelo lacio, castaño oscuro, de unos 35 ó 38 años, posiblemente policía; “Polaco Grande” el cual era alto, rubio, grandote, de unos 30 o 35 años; “Polaco chico”: flaco, alto, rubio y joven; “Guerra” a quien no vio y sobre quien no pudo asegurar si era Miguel; “Foca” que era gordo, no muy alto, con bigotes tipo foca; “Calculín” el cual era medio pelado, estatura mediana, con anteojos grandes con aumento y era de la Policía Federal. También nombró a “Centeno”, a “Ciri” sobre quien dijo que era moreno, estatura mediana, de unos 40 años y el cual iba con un perro; “Rolando”, que era petiso, rubión, joven, con complejos por su estatura y al cual algunos le decían “Mayor”; “Ferro” o “El Coro”, el cual tenía unos 55 años y estatura mediana; “Rodilla” o “Muñoz” de unos 30 o 35 años, pelado, medio gordo, tez blanca, y que según decía pertenecía al GT 2 (Grupo de Tareas 2); “Quintana” que era petiso, pelo lacio peinado con gomina, bigotes, delgado, estaba rindiendo materias y el cual según decía, era de Gendarmería.
		Entre las personas que vio detenidas nombró a la Sra. de Palaqua, Néstor Zurita, Sra. de Basile, Billy, Juancho, Chifo, Eduardo, Roberto, Clemente, Celina Banfield o Rebeca, “Turco” o Gordo Oscar, Enrique Basile, Gabi, Chilena Graciela, Luna (Pety), Sra. Graciela o Cristina, Elsa Lombardo, Milli, Isabel Fernández Blanco, Enrique Ghezan, Santiago Villanueva, Alfredo Giorgi, Oscar Alfredo González, Cid de la Paz, Ratón o Perico de apellido Laurenzano, Cuca, Tanga o Tanca, Cacho Acosta o Costa, Zaldarriaga, Nesich, Carlos Fassano y Révora (a quienes llevaron acribillados), Marcelo Weis (Gustavo), Susana González de Weis, Claudia, Julia Zabala Rodríguez, Familia Scutari, Mario Toscano, Guillermo Pagés Larraya, Pascual, Eloy, Tornay Nigro, Pato o Guillermo Jolly, María del Carmen Jurkievich y Roberto Lazerra o Lazzarra.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		107. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan:		
		Bajo el nro. 323 su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la causa 13/84, ocasión en la que se dio por probado que fue detenida en horas de la noche del 28 de julio de 1978 en la intersección de las calles Pueyrredón y French de esta Capital Federal.
		Al salir del hospital Nacional de Odontología, una mujer le arrancó el bebé de sus brazos y dos hombres la sujetaron y la introdujeron en un vehículo en el que fue vendada y conducida al sitio que luego reconoció como el centro clandestino de detención denominado “El Banco”. 
		Fue conducida a las inmediaciones de su hogar conyugal y obligada a comunicarse telefónicamente con su marido, produciéndose la detención de Enrique Carlos Ghezán. 
		Se la mantuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “El Olimpo”, de la Policía Federal.
		Se ha probado que fue sometida a un mecanismo de tortura.
		Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan recuperó su libertad el 28 de enero de 1979.
		La nombrada testificó (cfr. copias de actas mecanografiadas obrantes a fs.19/30 del legajo 20) haber sido conducida al centro de detención denominado “El Banco”, que ya en el lugar citado un represor con apodo “Soler” comenzó a darle un discurso paternalista y del acto patriótico que estaban llevando a cabo. Agregó que luego de ello le dijeron que irían a su casa junto a ella, que así lo hicieron y una vez en tal sitio le dijeron que busque la forma de que su esposo saliera de tal sitio. 
		Que efectivamente, su esposo salió y en tal momento, presenció la detención del nombrado, que había un represor al cual le decían “El nene”. Dijo que luego la llevaron nuevamente al centro denominado “El Banco”. 
		Que fue severamente golpeada y fue interrogada por el Turco Julián (“…el Turco Julián da la vuelta a la mesa y me da una trompada que me deja casi sin conocimiento…”), presenciando las torturas que el nombrado infligía a Elsa Lombardo, recuperando la libertad en 1979. Acotó que en agosto de 1978 fue trasladada a “Olimpo”.
		Ya en esta sede, al prestar declaración testimonial, refirió que tanto ella como Enrique Ghezan y Elsa Lombardo fueron detenidos por un grupo operativo en el cual estaba “Soler”, “El Nene”, “Raúl” y “el Viejo Pereyra”. 
		Corroboran su detención en ambos centros así como la aplicación de tormentos de las que fuera objeto, las expresiones de Elsa Ramona Lombardo (cfr. fs. 32/41), Susana Leonor Caride (cfr. certificación de fs. 57) y Enrique Carlos Ghezan (cfr. fs. 51), en tanto los dichos de Juan Agustín Guillen (cfr. certificación de fs. 58), Isabel Teresa Cerruti (cfr. certificación de fs. 53), Juan Carlos Guarino (cfr. certificación de fs.54) y Mario César Villani (cfr. certificación de fs. 56) acreditan su permanencia en “Olimpo” -todas las citas se corresponden con el legajo 20-.
		En su declaración ante la Cámara Federal refirió que había un “Consejo” que estaba integrado por gente que salía del campo para hacer alguna tarea de inteligencia, que otras personas trabajaban en el centro, así había un médico y una enfermera, que el médico era Víctor que era Jorge Vázquez, la enfermera Ana María Pifaretti, en electrónica estaban Mario Villani y Juan Carlos Guarino y José Lasky; en lavandería estaba Mabel Maero, Paqui o Niesich, Mari que era la Sra. de Covacho, María Elena de Covacho; en “Inteligencia” estaba Susana González de Weis, su esposo Marcelo Weis, Cid de la Paz, Alfredo González, Mario Toscano, y relató que en lavandería también estuvo Gertrudis Ilasik de Poulette; Alicia Legui, y que Néstor Zurita lavaba autos.
		A su vez, recordó que en el centro también estaban Marta Vacaro y su marido Hernando Deria; así como también “el Chino” o Santiago Villanueva.
		En su declaración ante la CONADEP y en la prestada ante esta sede el 27 de abril del corriente año manifestó que entre los represores se encontraban “Soler”; “Cortés”, que es Guillermo Cardozo, el cual era de gendarmería, de estatura media de cuerpo grueso, cabello claro, 40 años de edad; “Turco Julián”, Simón; “Miguel” que es Del Pino, de unos 30 y 35 años, de estatura media, morocho, acento cordobés y el cual era del Ejército; “Colores” que es Del Cerro, a quien también describió y que estaba en casi todas las torturas; “Calculín”, Pedro Santiago Godoy, el cual poseía estatura media, de unos 40 años, con lentes gruesos, “Guerra”, el cual era de unos 25 años, tenía un aserradero en Tigre; “Centeno”, que es Juan Carlos Avena, del Servicio Penitenciario; “Quintana”, Pereyra Apesteguía, el cual poseía estatura baja, era morocho, con bigotes y peinado con gomina, y el cual presumiblemente era de Gendarmería; “Cacho”, de 30 ó 35 años, de estatura media, cabello castaño, posiblemente del Ejército; “Pereyra”, hombre canoso, de estatura media, delgado, posiblemente de Policía Federal; “Candado” quien es Dinamarca, era bajo, delgado, morocho, con bigotes, participó de sus controles; “Juancito”, de unos 40 años, morocho, estatura media; “Raúl” de unos 35 o 40 años, morocho, cabello crespo y Negro; “Nito” el cual era bajo, morocho, delgado, pelo lacio, y de Gendarmería; “Nelson”, Luis Méndez que esta de estatura mediana, tirando a alto, castaño con pelo crespo, bigotes, de unos 35 o 40 años, posiblemente de Gendarmería; “Siri”, que es Covino, quien muere en un operativo; “Eduardo”, quien es Eduardo Cruz, estaba presente en el operativo de su detención y participó de los controles posteriores a su liberación; “Facundo” quien es Domínguez y hacía una de las guardias; “Kung Fu” que es Falcón, que era de las patotas operativas; “Guastavino”, que es Gulielminetti, que torturaba; “Rodilla”, que es Laiño, de Prefectura, que era de las patotas, físicamente era gordito y pelado; “Polaco Grande” que posiblemente sea de apellido Lorenzatti, de las patotas, medio rubio y alto; “Montoya” Alberto Luna, de las patotas; “Covani” que es Samuel Miara, de las patotas; “Rolando o Petiso” era Minicucci, era el jefe de “El Banco” y “Olimpo”; “Clavel” que es Roberto Antonio Rosa, de las patotas operativas; “Alacrán” que es Scifo Módica, de las patotas; “Padre” Eduardo Tadey, que era de las patotas; “Valderrama” que es Ricardo Valdivia, de las patotas; “Paco” posiblemente Espina o Spina, quien tenía un trato diferente; a la vez que nombró a: Foca, Suárez Mason, Ferro, El Coro, Alacrán, Polaco chico, Sandokan y “El Padre”.
		La totalidad de los elementos citados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		108. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Enrique Carlos Ghezan:
		Bajo el nro. 324 su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la causa 13/84, ocasión en la que se dio por probado que fue detenido en horas de la noche del día 28 de julio de 1978 en la intersección de las calles Ader y Zapiola de la localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado de personas. Está acreditado que se lo mantuvo en cautiverio en los centros de detención “El Banco” y “El Olimpo”, pertenecientes a la Policía Federal.
		Quedó también probado que fue sometido a un mecanismo de tortura. 
		Está probado que Enrique Carlos Ghezán recuperó su libertad el día 28 de enero de 1979.
		Al efecto, resulta de interés la versión brindada ante esta sede por la testigo Isabel Mercedes Fernández Blanco, quien refirió que “Soler”, “El Nene”, “Raúl” y “el Viejo Pereyra” estuvieron en el grupo operativo que la secuestró a ella, como a Enrique Ghezan y a Elsa Lombardo.
		Enrique Ghezan testificó (cfr. copia de actas mecanografiadas obrantes a fs.1/15 del legajo 20) haber sido conducido a “El Banco”, donde fue golpeado con cadenas e interrogado por el Turco Julián, trasladado en agosto de ese año a “Olimpo”, recuperando la libertad el 28 de enero de 1979.
		Corroboran su detención en ambos centros así como la aplicación de tormentos de las que fuera objeto las expresiones de Isabel Fernández Blanco de Ghezan (cfr. testimonial de fs. 19/30), en tanto los dichos de Graciela Irma Trotta (cfr. certificación de fs. 55), Susana Leonor Caride (cfr. certificación de fs. 57), Isabel Teresa Cerruti (cfr. certificación de fs. 53), Mario César Villani (cfr. certificación de fs. 56), Juan Carlos Guagnini (cfr. certificación de fs. 54) y Juan Agustín Guillén (cfr. certificación de fs. 58) acreditan su permanencia en “Olimpo”.
		En el testimonio agregado en el legajo mencionado, Enrique Ghezan refirió que entre los represores que actuaban en los centros de detención estaban los mismos a los cuales nombró Isabel Mercedes Fernández (ver caso anterior). 
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		109. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Graciela Irma Trotta:
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 325 en la sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dio por acreditado que fue detenida el día 28 de julio de 1978 en la intersección de las Avdas. Santa Fe y Canning de esta Capital por personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino. 
		Fue vista en cautiverio en los centros de detención denominados “El Banco” y “El Olimpo”. En el mencionado lugar fue sometida a torturaS. Fue liberada el día 26 de enero de 1979.
		Trotta testificó (cfr. copias de actas mecanografiadas obrantes a fs. 2/23 del legajo 16) haber sido detenida el 28 de julio de 1978 cuando estaba tomando un café en un bar sito en Canning (Scalabrini Ortiz) y Santa Fe, junto a una amiga, refirió: “…de pronto vienen al lugar, en dos coches, varias personas que me agarran fuertemente de las manos, me esposan y llevan a puntapiés diciendo que estaba drogada [...] me llevan a un coche […] hasta llegar a un lugar que después supe que se llamaba Banco”.
		Al momento de la detención tenía tres meses de embarazo. 
		En ese lugar, fue interrogada y torturada, siendo obligada a acompañar a quienes detuvieron a su esposo Jorge Augusto Taglione (textualmente refirió: “…me ataron de pies y manos y me pasaron electricidad por los genitales…”).
		De los interrogadores reconoce a Julián, que le decían El Turco. “Después de un tiempo de estar en el Banco nos trasladan a todos engrillados el pie de uno con el pie de otro, vendados, en un camión, viajamos hacia un lugar que después reconocimos como El Olimpo, tenía una leyenda que decía «El Olimpo - Este es el lugar de los dioses»”.
		En ese lugar permanece en una precaria enfermería hasta su liberación. 
		Allí pudo ver a un chico de apellido “Levi” o “Legui” quien había sido brutalmente torturado por Julián (el mismo que estaba en “El Banco”). 
		Los días 25 y 26 de julio comenzó con contracciones y la llevaron a la Clínica Sardá, donde una hora después tuvo al bebé. Aportó los nombres, apellidos y/o apodos de distintas personas con las que compartió el cautiverio.
		Su permanencia en ambos centros se halla sustentada por medio de los dichos de Enrique Carlos Ghezan (Banco y Olimpo, cfr. certificación de fs. 65), Claudia Leonor Pereyra (Banco/Olimpo, cfr. certificación de fs. 73); Isabel Fernández Blanco de Ghezan (Banco, cfr. certificación de fs.64); Mario César Villani (Olimpo, cfr. certificación de fs. 63); Mónica Evelina Brul de Guillen (Olimpo, cfr. certificación de fs. 61); Julio Lareu (Olimpo, cfr. certificación de fs. 62); Juan Agustín Guillén (Olimpo, cfr. certificación fs. 58); Elsa Ramona Lombrado (Banco/Olimpo, cfr.certificación de fs. 57), Juan Carlos Guarino (Olimpo, cfr. certificación fs. 59) Daniel Aldo Merialdo (Olimpo, cfr. certificación fs. 76) y Susana Leonor Caride (Banco y Olimpo, cfr. certificación de fs. 60), todos del legajo 16.
		Las constancias reseñadas, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		110. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Augusto Taglioni:
		Bajo el nro. 326 su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la Causa 13/84 en la que se dio por acreditado que el día 25 de julio de 1978, en su domicilio de la calle Villegas 788 de la localidad de Lomas del Mirador Provincia de Buenos Aires, por personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino. 
		Está acredita su permanencia en los centros de detención “El Banco” y “El Olimpo”. 
		En el mencionado en primer lugar fue sometido a torturas físicas.
		Jorge Augusto Taglioni recuperó su libertad el día 26 de enero de 1979.
		Conforme su declaración ante la CONADEP (fs.27/30, legajo 16) ese día, ante la tardanza de su esposa (Graciela Trotta) salió a la calle, donde se encontró con un operativo que evidentemente venía en su busca.
		Lo introdujeron a un auto mientras desvalijaban la casa. Luego los separaron de autos, los maniataron con un cable y los encapucharon, partiendo los autos.
		Anduvo diez minutos y llegaron a un lugar que sabe que es “El Banco”. 
		Fue golpeado mientras lo interrogaban. Alguien dio la orden que lo lleven a “la máquina” donde lo volvieron a interrogar y lo golpearon.
		Luego, junto con su esposa, lo llevaron a una celda del sector incomunicados, donde quedaron los dos solos.
		Reconoció al Turco Julián como uno de los interrogadores. 
		Entre el 16 y el 18 de agosto se produjo un éxodo masivo al campo “Olimpo”.
		Lo liberaron el 26 de enero de 1979 junto con su esposa, llevándolos a la Maternidad Sardá.
		En el legajo nro. 16 se halla la declaración de Jorge Augusto Taglioni, quien en dicha oportunidad refirió que su ex esposa Graciela Trotta fue secuestrada cuando se hallaba embarazada de tres meses, que el mismo día de su secuestro, como no llegaba salió a la calle y se encontró con un operativo llevado a cabo por unas quince personas, todos vestidos de civil y armados, los cuales estaban dirigidos por el Capitán Paco, y que esto lo sabe porque el nombrado se identificó de tal forma. Tales sujetos lo introdujeron en el vehículo en el cual estaba Graciela y desvalijaron su domicilio; que seguidamente los maniataron y encapucharon, y que en el trayecto uno de los captores dijo “Operativo Quique OK”.
		Luego de unos diez minutos llegaron a un centro de detención, que sabe que es el denominado “El Banco”, que allí fue llevado a una oficina en donde había unas diez personas, allí fue interrogado sobre presuntas operaciones terroristas, luego de lo cual llevaron a su presencia a un joven de nombre o apodo “Lala”, quien manfestó “que él no sabe nada”. 
		Agregó que allí vio a Graciela, que luego de dos o tres días de alojamiento el Capitán Paco le permitió a Graciela llamar por teléfono a su tía.
		Agregó que los que se encargaban de llevar la comida eran secuestrados comunes, que había uno de nombre Chifo. Que estuvieron allí alojados alrededor de diez días, que fueron sometidos a torturas psicológicas y que quienes hacían las guardias también integraban las patotas.
		Refirió que allí vio a Susana Caride y a Elsa Lombardo, que entre el 16 y 18 de agosto se produjo una mudanza general al centro de detención “Olimpo”, que esto produjo euforia principalmente entre los presos del Consejo o colaboradores.
		Recordó que entre los represores estaba “El Turco Julián”, que era un personaje contradictorio, que a veces les llevaba a los detenidos chocolates y otras los golpeaba. Agregó que uno de los Jefes de “Olimpo” era llamado “Guastavino”. 
		También se refirió a Poblete como una persona discapacitada y que fue tratada con sadismo. Dijo que en “Olimpo” vio detenidos -entre otros- a Pagés Larraya, Alberto Toscano, Juan Carlos Rugilo; agregándose a fs. 33/35 del legajo el listado de las personas vistas durante su cautiverio.
		Su permanencia en los centros de detención halla sustento, además, en las expresiones de Elsa Lombardo (Banco/Olimpo, cfr. certificación de fs. 57); Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan (Banco, cfr. certificación fs.64); Enrique Carlos Ghezan (Banco/Olimpo, cfr. certificación de fs. 65); Claudia Leonor Pereyra (Banco/Olimpo, cfr. certificación de fs. 73) y Daniel Aldo Merialdo (Olimpo, cfr. certificación de fs. 76, todos del legajo 16.
		Los elementos de prueba reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		111. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Elsa Ramona Lombardo:
		Se encuentra probado que Elsa Ramona Lombardo fue privada ilegalmente de su libertad el día 28 de julio de 1978 aproximadamente a las 23 hs. cuando se hallaba en el domicilio sito en calle Zapiola nro. 6321 de Munro, provincia de Buenos Aires; por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente del Ejército, luego de lo cual fue conducida al centro clandestino de detención denominado “El Banco” y posteriormente a “Olimpo”, habiendo sido liberada el 23 de agosto de 1978.
		Su caso fue tratado en la Sentencia dictada en la causa 13/84 bajo el nro. 327, donde se dio por acreditado que la misma fue privada ilegalmente de su libertad y sometida a tormentos.
		La nombrada testificó (cfr. actas mecanografiadas del legajo nro. 20 y legajo 119) que estuvo detenida junto al matrimonio compuesto por Enrique Carlos Carlos Ghezan - Isabel Fernández Blanco de Ghezan, que fue conducida al centro denominado “El Banco” donde fue golpeada y torturada e interrogada por “El Turco Julián”. 
		Agregó que el 16 de agosto fue trasladada a otro centro de detención, precisamente a “Olimpo”, donde también se hallaba el nombrado represor.
		Por último, dijo que fue liberada el 23 de agosto de 1978.
		Refirió Lombardo que en el lugar de detención (“El Banco”) fue interrogada, que su agresor era un sujeto de apodo “Turco Julián”, que el interrogatorio versó sobre su historia política.
		Que la vida en el centro era una tortura física y moral permanente, que los detenidos se arrastraban sin poder caminar, que ello como consecuencia de los golpes a los cuales eran sometidos.
		Que en una oportunidad había un hombre joven, compañero de la detenida “Milli”, quien se arrastraba y a quien le echaron agua fría y en pleno invierno lo sacaron. Que Milli pidió ayuda toda la noche. Agregó que había un detenido de nombre “Víctor” que medicaba aspirinas.
		Recordó que fue alojada junto con Susana Caride y que había otro represor apodado “Juancho”. Asimismo, entre otros represores que actuaban en el centro de detención mencionó a “Miguel”, el cual poseía estatura media, tez blanca, pelo castaño claro, porte militar y tonada provinciana; “Candado” el cual era morocho, de estatura mediana, cabello ondulado y el cual -según su relato- al momento de la detención le puso un revólver sobre el pecho, la ató, le vendó los ojos y le quitó los efectos de valor que poseía; “Viejo Pereyra” el cual poseía entre 55 y 60 años, era delgado, pelo canoso, de estatura mediana, “Cacho” que tenía entre 30 y 35 años, estatura mediana y tez blanca, pelo castaño claro como también nombró a “Soler”, “Rolando”, “Covani”, “Colores”, “Tiro loco”, “Juancito” y “Kung Fu”; asimismo, mencionó a varias personas vistas en el centro de detención.
		También refirió Lombardo (legajo nro. 20) que en el centro de detención “Olimpo” escuchó nombrar a varios represores y entre ellos a “Soler”.
		Resulta de interés en este caso, el testimonio brindado por Isabel Mercedes Fernández Blanco, quien refirió que tanto ella como Elsa Lombardo y Enrique Ghezan fueron detenidos por un grupo operativo en el cual estaban los represores “Soler”, “El Nene”, “Raúl” y “el Viejo Pereyra”.
		Su permanencia en los centros de detención mencionados fue confirmada por los testimonios de Isabel Fernández Blanco, Enrique Carlos Ghezan, Delia Barrera y Ferrando e Isabel Teresa Cerruti.
		Según el testimonio de la nombrada, en el centro de detención “Olimpo” o en el “El Banco” vio a Elio Serra alias “Rolo”, Carlos Gustavo Mozuelo alias “Juancho”, Juan Toscano, Juan Carlos Fernández, Susana González de Weiz, Irma Nesich, Roberto Zaldarria, Guillermo Pajes, Pascual Pavich, Juan Rugilo y a Isidoro Peña -entre otros-. 
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		112 y 113. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Claudia Leonor Pereyra y de Edgardo Gastón Zecca: 
		Se encuentra probado que Edgardo Gastón Zecca y Claudia Leonor Pereyra fueron privados de su libertad el día 1º de agosto de 1978, cuando se hallaban en el domicilio de calle Humahuaca 3951, 2do piso “B” de Capital Federal, por dos personas vestidas de civil que los introdujeron en distintos vehículos Ford Falcon, luego de lo cual fueron trasladados al centro de detención denominado “El Olimpo”-el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino-, en donde fueron sometidos a la aplicación de torturas. 			Ambos fueron liberados, Zecca unos diez días después a ser detenido, mientras que Pereyra fue liberada luego de unos tres meses.
		Según surge del testimonio de Pereyra agregado en el legajo nro. 323, en “Olimpo” la nombrada vio a dos sujetos que “colaboraban”, de nombres “Tano” y “Norberto”, como asimismo a otra persona de nombre Graciela Trotta, quien se encontraba con su compañero estudiante de ingeniería de Mar del Plata. Agregó que la nombrada estaba embarazada de siete meses.
		Refirió que entre los represores que estaban en “El Banco” y en el centro “Olimpo” se encontraba uno apodado “Soler”. Agregó que el represor al que tuvo más acceso fue “El Turco Julián”, quien poseía 42 años, y era de tez oscura y era de Entre Ríos o Corrientes.
		En esta oportunidad mencionó en cuanto a las circunstancias en que se dio la detención de ella y de Edgardo Zecca, que cuando llegaban a su casa había unas personas que se encontraba detrás de los árboles, quienes procedieron a detenerla, que también había un patrullero que se hallaba en la esquina de Medrano y Humahuaca. Que tales sujetos estaban armados. 
		Que luego fueron llevados al centro de detención denominado “El Banco”, en donde al llegar fue desvestida luego de lo cual la llevaron al “quirófano”, que allí la dejaron desnuda y atada, que escuchó voces y gritos de su novio a quien estaban torturando, y que luego, la torturaron a ella, a la vez que le refirieron que las torturas eran en primer lugar, porque era judía.
		Que las torturas consistieron en aplicación de picana y golpes, y que estas sesiones se repitieron varias veces.
		Que vio a su novio muy golpeado, que en este lugar vio a Susana Caride, a una pareja que describió, como asimismo a un detenido de apodo Juancho, quien se encargaba de la limpieza del lugar, y que también vio a una chilena de apellido Careño.
		Agregó nuevamente que en tal sitio estaba “El Turco Julián”, quien -entre otros- la torturó.
		Que luego de unos días la llevaron a “Olimpo”, que en este traslado estaba con Guillermo Pagés, Cuca, Caride, Pato y Chala y otras personas. 
		En el mismo legajo obra la declaración testimonial prestada por Zecca, en la cual refirió que al llegar al lugar de detención le asignaron un número, que en su caso era P-83 y en el caso de Claudia P-82, que lo golpearon y luego lo ataron a una puerta metálica que oficiaba de cama, que vio a Claudia luego de haber sido golpeada y picaneada, que escuchó gritos de una chica chilena; que al poco tiempo le aplicaron una inyección que era glamaglobulina y que le dijeron que en el centro había alguien con hepatitis.
		Que lo sometieron a golpes de puño, palazos y cadenas, y que lo interrogaron.
		Por último, obra la parte pertinente del testimonio prestado por Susana Caride, en el cual refirió que en el “Olimpo”, compartió la celda con Claudia.
		Pereyra en el testimonio obrante en su legajo refirió que al “Olimpo” no fue trasladada una persona que hacía la limpieza y al cual llamaban “Juancho”, que allí había dos personas detenidas que colaboraban con los represores y que eran “Tano” y “Norberto”, como asimismo colaboraba Graciela Trotta. Que el “Tano” prestaba sus servicios en inteligencia, mientras que Norberto lo hacía en el taller de automóviles, a la vez que nombró a otras personas con las que compartió cautiverio.
		Agregó que entre los represores estaba “El Turco Julián”, “Calculín”, “Paco”, que era el tercer jefe del “Olimpo”, el cual era alto, de buen porte, con bigotes, buen mozo, quien antes de ser liberada la entrevistó y la amenazó de muerte en caso que hablara.
		En otra declaración -obrante en el mismo legajo- Pereyra refirió que a Caride y a Celina “El Turco Julián” las llamaba a veces para realizar tareas como escribir a máquina. En cuanto a los represores, en esta ocasión dijo que estaban “El Turco Julián”, “Soler”, “Kung Fu”, “Calculín”, “Colores” y “Paco”. Refirió que entre los detenidos había un chico de unos 14 ó 15 años.							
		Edgardo Zecca, al declarar (mismo legajo) refirió que luego de que Pereyra fue liberada, se le hizo saber que debía comunicarse a los tres meses, con el “Turco Julián”.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado las ilegales privaciones de la libertad y tormentos que soportaran Edgardo Gastón Zecca y Claudia Leonor Pereyra en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos respecto de Edgardo Gastón Zecca. En cuanto a Rolón se lo cautelará por el delito de tormentos respecto de Edgardo Zecca y Claudia Leonor Pereyra.

		114. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Miguel Ángel Benítez:
		Se halla probado que el nombrado fue privado ilegalmente de su libertad el día el 3 de agosto de 1978, de su domicilio de calle Irala 1153 de Capital Federal, trasladado al centro clandestino de detención “El Banco” y luego a “Olimpo”, los cuales dependían operacionalmente del Ejército Argentino, habiendo sido liberado el 4 de septiembre de 1978.
		Su caso fue desarrollado en la Sentencia dictada en la causa 13/84 bajo el nro. 329, oportunidad en la que se dieron por acreditados la privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos en su perjuicio.
		El nombrado testificó (cfr. actas mecanografiadas del juicio correspondiente a la causa nro.13/84 y legajo 119) haber sido detenido y conducido primero al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, donde fue interrogado y torturado; que luego fue conducido al centro de detención denominado “Olimpo”, donde permaneció hasta su liberación.
		Asimismo, surge el legajo nro. 22 el testimonio brindado por Benítez, quien aportó una lista de las personas que vio mientras estuvo detenido y agregó que luego de estar detenido en “El Banco”, el 16 de agosto fue trasladado, junto con todos los detenidos, al centro de detención “Olimpo”. 
		Entre los detenidos mencionó a “Daniel” de La Plata, tenía un pulmón afectado; ”Anteojito”, embarazada; “El Cordobés” o “Víctor” médico; “El Gordo Oscar” o “Ángel” secuestrado en un bar de Moreno y Catamarca y estaba muy golpeado por lo que fue trasladado; “La Negra”; “Pascual” quien escribía en el diario Estrella Roja; “La Chilena” y “Negra” o “Negrita”. 
		Agregó que entre los secuestradores se encontraban “Pereyra”, “Calculín”, “El Turco Julián”, “Miguel”, “El Polaco”, “Cacho”, “Centeno”, “Coco”, “Colorado”, “Colores”, “Covani”, “El gordo Rey”, “Nelson”, “Rolando”, “Soler” y “Chiquito” (de unos 40 años, robusto, rubio y de bigotes).
		A fs. 47 obra el acta de reconocimiento por la que Miguel Ángel Benítez reconoce a Juan Antonio del Cerro como la persona apodada “Colores”.
		Su permanencia en el centro de detención se halla también corroborada por los testimonios de Elsa Ramona Lombardo, quien refirió “…había una persona de apellido Benítez que trabajaba en colectivos…”, como asimismo la declaración de Caride, quien refirió que al nombrado lo vio detenido en los dos centros de detención citados.
		En el relato que efectuó Benítez ante la CONADEP refirió que uno de los integrantes de las patotas de torturadores que se había ensañado con él era uno al cual apodaban “El Turco”, a la vez que mencionó que fue interrogado y torturado.
		Las constancias reunidas a lo largo de la encuesta permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		115. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mario Osvaldo Romero:
		Se encuentra acreditado que Mario Osvaldo Romero fue privado ilegalmente de su libertad el día 10 de agosto de 1978, aproximadamente a las 12:30 hs., en el Barrio de Once de Capital Federal -en las inmediaciones de la sede del Sindicato de U.T.A.-, luego de lo cual fue conducido al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino. Romero se halla actualmente desaparecido.
		Las circunstancias relativas a su detención se hallan acreditadas en la sentencia dictada en la causa 13/84, las que encuentran sustento en las piezas agregadas en el legajo nro. 139, en el cual obran declaraciones de Elsa Zanetti de Romero, madre del nombrado.
		Según relata la nombrada, Mario Osvaldo Romero se encontraba identificado en el centro clandestino “El Banco” bajo el nro. G-92 y que llegó a dicho lugar con una herida en la cabeza, sufriendo una trombosis a consecuencia de ello.
		Su permanencia en el centro de detención se halla además acreditada por los testimonios de Enrique Carlos Ghezan e Isabel Fernández Blanco de Ghezán
		Las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		116. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Alberto Tornay Nigro: 
		La privación ilegal de la libertad de Jorge Alberto Tornay Nigro se encuentra acreditada en el legajo nro. 338 de la CONADEP, en el cual surge que la detención del nombrado habría sido llevada a cabo el día 1º de septiembre de 1978, en su domicilio sito en calle Guayaquil 746, piso 2°, departamento “B”, de Capital Federal, por personal del Ejército Argentino. La víctima nunca recuperó su libertad.
		Las circunstancias de su detención han sido analizadas en la sentencia de la causa nro. 13/84 bajo el nro. 331, y se dio por probado que el mismo estuvo alojado en el centro clandestino de detención denominado “Olimpo”, teniéndose como prueba para ello los testimonios brindados por Horacio Cid de la Paz y Alfredo González.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		117. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Alberto Próspero Barret Viedma:
		Se encuentra acreditado que Alberto Próspero Barret Viedma, fue privado ilegalmente de su libertad el día 19 de septiembre de 1978, aproximadamente a las 22:00 hs., cuando se hallaba en su domicilio de calle Bartolomé Mitre 3450, 2do piso, departamento “7” de la Capital Federal, por un grupo de aproximadamente ocho hombres vestidos de civil que portaban armas, luego de lo cual fue trasladado al centro clandestino de detención denominado “Olimpo”, el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino. Fue liberado el 3 de octubre de 1978.
		En el legajo nro. 249 se encuentra el relato de la víctima, quien refirió que en la fecha indicada, aproximadamente a las 22 hs., regresó a su domicilio, al cual había ingresado un grupo de unos ocho hombres que se hallaban vestidos de civil y poseían armas, siendo que algunos de ellos poseían coraza anti-balas. Que los nombrados lo golpearon, le robaron objetos, y luego lo esposaron y ataron, le introdujeron un trapo en su boca y en una camioneta lo trasladaron a un sitio en el cual permaneció quince días detenido.
		Que en este lugar lo desnudaron y ataron a una mesa de hierro, y que en esta posición le aplicaron picana eléctrica, mientras que un sujeto de nombre “Víctor” controlaba su corazón y el pulso. Agregó que también le colocaron una bolsa en su cabeza y sentía que se iba ahogando. 
		Refirió que en cierta oportunidad escuchó cuando interrogaban a una persona a quien le decían “Sochi” o “Zochi”, que le preguntaban en dónde era “la cita” a lo que la persona decía “no sé nada” y se escuchaba que lo castigaban con cadenas, y agregó que oía la voz del “Turco Julián”.
		Conforme surge del relato brindado por la víctima en las audiencias orales de la causa nro. 13/84, cuyas actas mecanografiadas se encuentran agregadas al legajo nro. 249; el nombrado reconoce el lugar donde permaneció detenido como el centro clandestino de detención “El Olimpo”. 
		Asimismo, manifestó que compartió cautiverio en dicho sitio con Susana Caride; Jorge, quien allí se llamaba T-54; Pablo, un muchacho judío; un chico de apellido “Sochi” quien murió de un coma diabético después de una sesión de tortura, sería del Partido Comunista; Víctor, que hacía de médico; Inés, hacía de enfermera; “Pequi” la cordobesa; una anciana de unos 70 años a la que interrogaban por su sobrina; “La Pato” que estaba embarazada; “La Pata”; Susana Caride; “Tito”; Jorge quien sería de apellido Taglioni; “El Chango” salteño, detenido junto con su mujer; “Anteojito”; “Irma”; “Quintana”; “Chifo”; “Eduardo” y “Pascual”.
		Entre los represores mencionó a “El Turco Julián” que fue quien lo torturó; “Cacho”, hombre blanco de facciones finas; “Miguel” le dijeron que era catamarqueño y oficial del Ejército, lo interrogó mientras era torturado; Fernández; “Sr. Pereyra” hombre de edad, blanco y canoso; “Montoya”; una persona que hablaba guaraní, que era de gendarmería.
		Una vez liberado, hasta fines de enero de 1979 recibió llamados telefónicos preguntándole qué estaba haciendo, el último que lo llamó fue Julián.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		118 y 119. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Claudio Lewi y de Ana María Sonder de Lewi: 
		Se encuentra acreditado que Jorge Claudio Lewi y Ana María Sonder de Lewi fueron privados de su libertad el día 8 de octubre de 1978, luego de lo cual fueron trasladados al centro clandestino de detención “Olimpo”, el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino, habiendo sido posteriormente trasladados a la Escuela Mecánica de la Armada. Los nombrados se hallan desaparecidos.
		Tales circunstancias surgen del legajo nro. 138, como asimismo de los casos nros. 506 y 507 de la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 dictada el 9 de noviembre de 1985 por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
		Tal como se desprende del caso nro. 506, Graciela Irma Trotta manifestó que vio a Jorge Lewi en “Olimpo”. 
		Tal como surge del legajo nro. 138 citado, Graciela Trotta al declarar refirió que en cierta oportunidad en el centro de detención “Olimpo” cayó un grupo de personas y entre ellas mencionó a Juan Lewi y a Diana de Lewi. 
		Agregó que con respecto al primero, había sido salvajemente torturado, que lo habían sumergido en agua caliente, lo que llamaban “submarino”, que cuando ya la piel se le cayó lo sumergieron en el inodoro, donde había excrementos que se le pegaron a la cara, por lo cual las heridas no podían cicatrizar porque se le habían infectado. Agregó que tenía llagas, úlceras y que cuando ya las heridas cicatrizaron, el represor “Julián” le pegó una patada en la mandíbula y se la sacó de lugar, por lo cual tuvo que tomar agua con una pajita.
		Agregó que Lewi gritada todo el tiempo, que quería ver a su mujer y que estaba desesperado; y que si bien al nombrado le decían “Juan”, no sabe cuál es el nombre verdadero.
		También surge del mismo legajo el extracto del testimonio prestado por Enrique Carlos Ghezan quien dijo que había “…un chico que le decían Juancito, bueno había dos Juancitos, uno era Lewy y la Sra., que también estaba en el Campo...”.
		Obra agregado el testimonio de Héctor Daniel Retamar, quien refirió que en el centro vio a Ana y a su compañero, que en una ocasión se levantó la venda y vio a un sujeto que se llamaba “Torres” o “González” y que era una persona importante en el centro; que a raíz de esto lo castigaron pegándole. Agregó que a Lewi lo vio en Navidad con la cara absolutamente deformada “como una momia”, que tomaba agua con una pajita y que casi no veía; y que cuando se lo llevaron le dijeron a Lewi que “…nunca más iba a mirar a nadie”. Agregó que cuando refirió “Coronel Torres” en realidad se refería al “Coronel Ferro”, y agregó que Lewi tenía la cabeza vendada, no deformada. Luego de tal trascripción, se deja constancia de que Retamar estuvo detenido en el centro de detención “Olimpo”.
		Por otro lado, obra agregada parte de la declaración prestada por Daniel Aldo Merialdo, quien al exhibírsele fotografías, reconoció en ellas a Jorge Lewi como alguien que le resultaba conocido.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos respecto de Ana María Sonder de Lewi. 
		En cuanto a Rolón se lo cautelará por el delito de tormentos respecto del matrimonio Lewi.

		120. Privación ilegal de la libertad y tormentos de María del Carmen Judit Artero de Jurkiewicz: 
		Se encuentra probado que la nombrada fue detenida el 11 de octubre de 1978, trasladada al centro clandestino de detención “El Banco” y posteriormente a “Olimpo”, a la vez que se presume que habría sido sometida a tormentos, hallándose desaparecida.
		Su permanencia en ambos centros se halla corroborada través de las expresiones de Enrique Carlos Ghezan e Isabel Fernández Blanco de Ghezan, efectivamente debe valorarse la declaración del nombrado obrante en el legajo nro. 119 -fs. 1607- en donde expuso que el 6 de diciembre hubo una mudanza de más de cincuenta personas al centro de detención “Olimpo”, que entre ellos fue trasladada María del Carmen Jurkiecich.
		Las pruebas referidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en ambos centros clandestinos de detención, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		121. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Eduardo Alberto Martínez: 
		Se encuentra acreditado que Eduardo Alberto Martínez fue privado ilegalmente de su libertad el día 31 de octubre de 1978 cuando se hallaba en el domicilio sito en Av. Alvarez Thomas 2420 de Capital Federal, en donde poseía un negocio, por un grupo de aproximadamente ocho personas que se hallaban vestidas de civil. No está probado que Eduardo Alberto Martínez haya recuperado su libertad.
		Por otro lado, en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 dictada el 9 de noviembre de 1985 por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en el caso nro. 339, se tuvo por probado que el nombrado fue detenido por efectivos del Ejército Argentino y mantenido clandestinamente en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como “Olimpo”.
		Del legajo nro. 304 surge la declaración de Elba Beatriz Simoni (fs. 1), madre de Eduardo Martínez, quien relató que en la fecha citada, un grupo de sujetos se presentó en dicho local, que en ese momento estaba en el mismo Valentina Rojas, mujer de Oscar Rojas, socio de Eduardo; que los sujetos esperaron a que Eduardo llegara y al arribar lo introdujeron en un automóvil y lo llevaron detenido.
		La nombrada citó el testimonio de Cid de la Paz, quien habría visto a Martínez en el centro de detención denominado “Olimpo” y dijo que al mismo lo apodaban “Fernando”. Cid de la Paz habría manifestado que unas cincuenta personas en diciembre de 1978 habrían efectuado llamadas telefónicas a su domicilio y que efectivamente la víctima en esa fecha la habría llamado. Según la nombrada, también Retamar reconoció en fotografías a Martínez, a quien dijo haberlo visto en el “Olimpo” en enero de 1979.
		En el mismo legajo, obran constancias de la presentación de un habeas corpus a favor del nombrado, obrando cédula que notifica su rechazo dictado en fecha 27 de mayo de 1980; habiéndose realizado asimismo diversas gestiones en procura de obtener el lugar de detención del mismo.
		También obra en dicho legajo extracto del testimonio brindado por Daniel Retamar, donde surge en relación a “Olimpo” que “…en el tubo 4 ó 5, estaba un muchacho que por fotos reconoció como Fernando que sabe que se llama Eduardo Alberto Martínez, actualmente desaparecido”.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		122, 123 y 124. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Enrique Luis Basile, Emilia Smoli de Basile y Ada Cristina Marquat de Basile. 
		Se encuentra probado que Ada Cristina Marquat de Basile, Enrique Luis Basile y Emilia Smoli de Basile, fueron privados ilegalmente de su libertad el día 10 de noviembre de 1978, que la primera fue sustraída de su domicilio de calle Asunción 3500, 1er piso, departamento 5 de Capital Federal; Enrique Basile, en las inmediaciones de la Estación Devoto del Ferrocarril General San Martín, mientras que Emilia Smoli, habría sido secuestrada a la salida del Banco de la Provincia de Neuquén, sito en Cangallo y Maipú de Capital Federal.
		Ada Cristina de Marquat recuperó su libertad el día 20 de diciembre de 1978 mientras que Emilia Smoli, fue liberada el día 10 de noviembre del mismo año. Con respecto a Enrique Luis Basile, nunca más se tuvieron noticias acerca de su destino. 	 	Ello surge del análisis que se realizó en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 dictada el 9 de noviembre de 1985 por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, bajo los casos nros. 341, 342 y 343.
		Allí se acredita que Enrique Basile fue mantenido en cautiverio en “Olimpo” el cual dependía del Primer Cuerpo del Ejército, a la vez que se cita que Susana Caride habría declarado haber compartido cautiverio junto a Basile en los dos centros citados. 
		En cuanto a Ada Cristina Marquat, se consigna allí que la nombrada fue detenida por un grupo de personas armadas, que se realizaron diversas gestiones en procura de averiguar su lugar de detención y que todas ellas dieron resultado negativo. Que asimismo se presentó habeas corpus a su favor suyo y de su esposo Enrique Luis Basile, y que en tal marco Emilia Smoli relató que un grupo de hombres que dijeron ser de la SIDE la detuvieron y luego de interrogarla en un centro de detención que luego reconoció como “Olimpo”, fue llevada a la casa de su hijo, donde se encontraba Ada Cristina y donde fue detenida.
		En cuanto a la detención de Enrique Luis, surge en el análisis de su caso en la sentencia citada, que su madre, luego de ser interrogada, fue obligada a identificar al nombrado en la Estación Devoto, a donde la condujeron y donde se produjo la detención del nombrado. 
		Por otro lado, obra en el legajo 140 un escrito confeccionado por la nombrada del que surge que, en la fecha antes indicada, fue detenida por unos cuatro hombres vestidos de civil que se identificaron como pertenecientes al Servicio de Inteligencia de la Nación, que la llevaron a un lugar en el cual la tabicaron y la torturaron. Agregó que mientras la golpeaban se le cayó la venda de los ojos y pudo ver a uno de ellos. Que le aplicaron picana eléctrica, hasta que dio el domicilio de su hijo.
		En el mismo legajo obra un acta en la cual la nombrada reconoce al lugar en el cual estuvo detenida, haciéndolo efectivamente respecto al predio denominado “Olimpo”.
		En otra declaración -fs. 31/4vta- Emilia Smoli agregó, en cuanto al operativo que se hizo con el fin de determinar el paradero de su hijo, que en la oportunidad en que la hicieron subir en el automóvil Fiat 600 y el cual era conducido por “El Turco”, la llevaron hasta el domicilio de su hijo, que allí le pidieron que se quite la venda y se incorpore. Que al llegar a la casa de su hijo, vio a su nuera y a sus nietos, pero no dijo nada, que su nuera se dio cuenta y pudo avisar a su hijo, que cuando llegaron al domicilio ya no había nadie y como no podían ingresar, la dejaron allí esperando, rodeada por un montón de personas vestidas de fajina con armas largas. Que luego detuvieron a su nuera y a todos los hicieron entrar al departamento, que ya a esta altura el objetivo de los represores era saber dónde estaba Enrique, y luego de que su hija mencionara a qué hora se iba a encontrar y dónde, la dejaron a su nuera en el departamento y la llevaron a ella en el automóvil hasta la estación Devoto, en donde finalmente detuvieron a su hijo. 
		Luego de detenido Enrique, fue llevada nuevamente al “Olimpo”, que luego de una hora, la llevaron nuevamente al domicilio de su hijo, y allí detuvieron a su nuera, que su nuera estuvo en “Olimpo” y que tuvo una infección en la vagina por la picana que le aplicaron; que su nuera fue liberada el 20 de diciembre.
		Agregó que la última vez que vio a Enrique fue en febrero de 1979, cuando esperaba un colectivo y vio pasar a un automóvil Ford Falcon color gris, con dos personas adelante y su hijo solo atrás, que sólo se limitó a mirarla y llorar; luego de ello, ya nunca más tuvo noticias de él.
		Por último surge en el legajo el extracto de testimonio de Susana Caride, en el cual surge que en “Olimpo” también estaba entre los represores uno llamado “Guastavino”, el cual concurría a la celda de Enrique Basile, supuestamente a los efectos de interrogarlo.
		Emilia Smoli recordó entre los represores a “El Turco Julián” quien la torturó, “El Coronel” quien podría ser Ferro que participó en su secuestro y a “Paco”; y entre los detenidos a Mario y Gustavo, quienes fueran amigos de su hijo; Mary, esposa de Gustavo y a su hijo.
		Las constancias reunidas en las actuciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran Ada Cristina Marquat de Basile, Enrique Luis Basile y Emilia Smoli de Basile en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos respecto de Enrique Luis Basile y Ada Cristina Marquat de Basile. Respecto de Oscar A. I. Rolón se lo cautelará por el delito de tormentos en estos tres casos.
		
		125. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Julia Elena Zabala Rodríguez:
		Se encuentra acreditado que Julia Elena Zabala Rodríguez fue privada ilegalmente de su libertad el día 21 de noviembre de 1978, de su domicilio particular sito en la calle Aráoz 2438, 4° piso, donde vivía junto a sus hijos menores, luego de lo cual fue llevada al centro clandestino de detención denominado “Olimpo” el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino.
		Julia Elena Zavala Rodríguez no recuperó su libertad, permaneciendo en calidad de desaparecida.
		En las actuaciones nro. 14.753 caratuladas “Zabala Rodríguez, Ana María Mendoza de s/dcia. Privación ilegítima de la libertad y hurto” del Juzgado de Instrucción nro. 21, Secretaría nro. 165, consta la declaración testimonial del encargado del edificio quien expresa que en la fecha del secuestro se presentaron seis o siete personas que dijeron ser de la Policía Federal y lo hicieron conducirlos hasta la damnificada para luego expresarle que se retire, llevándose a dicha mujer una hora más tarde. 
		Los reclamos tendientes a dar con el paradero de la damnificada fueron infructuosos y entre ellos se resalta el rechazo al recurso de habeas corpus interpuesto a su favor (causa nro. 290/79 Juzgado Federal nro. 3 - Secretaría nro. 7).
		Conforme surge del legajo nro. 144, la nombrada era hermana del diputado peronista Zabala Rodríguez, que había sido asesinado en el año 1976.
		La nombrada, al ser detenida, habría sido esposada y, con sus ojos vendados, trasladada en una camioneta al centro de detención conocido como “Olimpo”, en donde le dieron un número y letra como identidad. Fue desnudada y manoseada.
		De los testimonios de Oscar Alfredo González y Horacio Guillermo Cid de la Paz, surge que Julia Zabala Rodríguez fue sometida a torturas y precisó que en “Olimpo” la sala de tortura o “quirófano” estaba ubicada contigua a la calle, que pared de por medio se encontraba la acera por donde transitaba la gente. 
		Agregó, que en cierta oportunidad circuló la versión de que varios detenidos serían llevados a la ESMA, y que luego entraron en el lugar el Mayor Minicucci (Jefe del Pozo) y el Suboficial de Policía “Turco Julián”, luego de lo cual el Suboficial citado llevó a Julia al quirófano (en referencia a Julia Zabala Rodríguez) donde la torturó salvajemente pasándole directamente en la cabeza un cable de 220 voltios durante varias horas.
		También obra el testimonio de Cid de la Paz, en el cual el nombrado describe que en el “Olimpo” vio a Rualdes, al Coronel Ferro y que la responsabilidad directa del lugar estaba a cargo de una persona llamada “Rolando”. 
		En relación a los miembros del grupo de tareas que participaron del hecho que damnificó a Julia Elena Zabala Rodríguez, menciona que estaba integrado por “Calculín” probablemente de PFA; “Soler”, policía, casado y con hijo/s; “Turco Julián”, suboficial de Policía; “Paco”, oficial de la Policía y “Romerito” y “Foca” de baja graduación, participaron de su secuestro.
		Asimismo, obra certificación de parte de la declaración prestada por Juan Agustín Guillén, en la cual refirió que en el “Olimpo” pudo reconocer detenida a Zabala Rodríguez, hermana del diputado peronista.
		También obra certificación de lo declarado por Ghezán, en cuanto dijo que en el centro de detención “El Banco” vio a Julia Zabala Rodríguez “…la hermana del que fue diputado nacional”.
		Se certificaron por otra parte los dichos de Del Cerro, quien refirió que escuchó que Zabala Rodríguez había sido interrogada por Suárez Mason y que dicha declaración fue transcripta por una persona apodada “Soler”; refirió que dicha circunstancia habría sido objeto de comentario en la ESMA.
		Conforme a otras certificaciones, como la de los dichos de Héctor Daniel Retamar, éste también vio a Zabala Rodríguez en el “Olimpo”, y por otra parte, en la certificación de los dichos de Enrique Carlos Ghezan, surge que la nombrada fue duramente torturada, a la vez que se certificó que Fernández Blanco de Ghezán, dijo que Zabala Rodríguez fue torturaba y que presentaba llagas en la frente, y que fue torturada con un cable de 220.
		En la certificación de los dichos de Daniel Aldo Merialdo, surge que en “Olimpo” vio a Julia Zabala Rodríguez, que era torturada sistemáticamente como si hubiera “una cosa personal”.
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		126. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Adolfo Nelson Fontanella:
		Se encuentra acreditado que Adolfo Nelson Fontanella fue privado de su libertad el día 23 de noviembre de 1978, aproximadamente a las 10:00 hs., en la calle Bernardo de Yrigoyen 230 de la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas que se hallaban armadas; y que fue trasladado al centro clandestino de detención “Olimpo”, el cual operaba bajo la órbita del Ejército Argentino. No está acreditado que Fontanella haya recuperado su libertad.
		Del legajo nro. 281, surgen constancias de las gestiones realizadas en procura de averiguar el lugar de detención de Fontanella. En una carta dirigida a la CONADEP y firmada por la madre del nombrado de nombre Santa Velázquez, surge que el mismo fue sacado violentamente de la casa-quinta de sus suegros, sita en la localidad de Moreno, junto con su esposa María de las Mercedes Troncoso, por personas que dijeron pertenecer a las Fuerzas Armadas. Mencionó que su hijo estuvo detenido en el centro de detención denominado “Olimpo”. Asimismo, refirió que previamente a la detención de su hijo, los sujetos fueron al domicilio de calle Gamarra 1536 de Capital Federal; que tras violentar la puerta ingresaron al domicilio y robaron varios artículos, posteriormente los secuestradores fueron a su domicilio de calle Joaquín V. González nro. 1825 de Capital Federal, en donde le preguntaron por su hijo, la golpearon con las armas que portaban; luego de ello, los citados sujetos se dirigieron a la casa de sus consuegros a quienes obligaron a llevarlos a la casa-quinta de Moreno.
		Agregó que el día 21 de diciembre del mismo año su nuera, María de las Mercedes Troncoso de Fontanella, fue devuelta a su hogar paterno; que reconoció a uno de los secuestradores lo apodaban “El Turco Julián”.
		En otra declaración prestada por Santa Gertrudis Velázquez, surge que cuando su nuera estaba con libertad vigilada, recibía periódicamente la visita del mencionado “Turco Julián”, de “Colores” y de “Soler”. También mencionó que Jorge Braiza, Adriana Trillo, Carlos Mires y Adriana Fernández, que eran amigos de su hijo, lo habrían visto en el “Olimpo”.
		En oportunidad de prestar declaración en las audiencias orales efectuadas en la causa nro. 13/84 que tramitó ante la Excma. Cámara del fuero, Adriana Claudia Trillo de Braiza mencionó haber visto detenidos en el centro clandestino de detención conocido como “Olimpo” a Mercedes Troncoso de Fontanella y a su marido, Néstor Fontanella, entre otros; ello conforme surge de las actas mecanografiadas de dicha declaración obrante en el legajo nro. 281 fs. 65/70. Jorge Alberto Braiza también mencionó haber visto durante su cautiverio a Fontanella (cfr. fs. 70/77). 
		Por su parte, María de las Mercedes Troncoso relató en dichas audiencias las circunstancias de su detención junto a su marido, manifestando asimismo que ambos fueron conducidos al centro clandestino de detención “Olimpo”.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		127. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gustavo Raúl Blanco: 
		Se halla acreditado que el nombrado fue privado de su libertad el 24 de noviembre de 1978 en su domicilio de la calle Sarmiento 1678, Caseros, Provincia de Buenos Aires, siendo trasladado al centro clandestino de detención denominado “Olimpo”, en donde fue sometido a tormentos físicos. Fue liberado el 11 de enero de 1979.
		En el legajo 359 a fs. 1081/7, relató las circunstancias de su secuestro, cautiverio y liberación. El 24 de noviembre de 1978 a la 1 de la madrugada fue despertado por alrededor de 15 personas que se identificaron como del Ejército. Entre las personas que dirigieron ese operativo mencionó a “Turco Julián”, “Soler” y “Rossi”.
		El declarante y su mujer Gilda Susana Agusti (embarazada) fueron introducidos en dos autos, encapuchados. En el camino le informaron que lo llevaban por su vinculación con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y le mostraron una foto ampliada de su DNI. Luego de 20 ó 30 minutos de viaje oyó una comunicación desde la radio del coche “Móvil a Olimpo, traemos los paquetes”. 
		Una vez allí, le sacaron el gamulán que le servía de capucha, le pusieron un pañuelo o venda en los ojos y le informaron que, a partir de ese momento, su nombre sería el 84 precedido por una letra que no recuerda. Su mujer era el número 85.
		Luego fue introducido en un recinto, le quitaron la venda y comenzaron a golpearlo entre ocho y nueve personas. Fue llevado a la “parrilla” donde, vestido únicamente con calzoncillos, lo ataron de pies y manos con unas cuerdas a una mesa.
		Relató: “…Después de eso le dijeron que iba a hablar con «el malo» y otro de los individuos dijo «ahora viene el Turco Julián». Se hizo presente, pudiendo apreciar que era el mismo individuo que había estado en su domicilio [...] Que el aludido vino munido de una goma que, sin poder asegurarlo, cree que tenía dentro algo así como un alambre, con la cual procedió a golpearlo en todo el cuerpo y fundamentalmente en los ojos. Que todavía tiene marcas en los costados de los ojos y en otras partes del cuerpo. Que cuando cesó de golpearle con la goma, le sacaron los calzoncillos y «El Turco» hizo un comentario a los demás aludiendo a sus órganos sexuales, riéndose y diciendo «miren, con ésto le hizo un hijo a la esposa». Que el mismo individuo le pregunta si seguía viendo a algunas personas que trabajaban en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y si conocía a algún subversivo”.
		Luego de la sesión de tortura le dejaron conectado un electrodo al dedo gordo del pie que le daba una descarga eléctrica cada uno o dos minutos. Tiempo después, apareció un detenido llamado “Víctor” que hacía de médico y le pregunta si estaba bien, tiempo más tarde lo desconectaron, y lo llevaron a bañar. Las sesiones de torturas se repitieron en dos oportunidades más.
		Entre los detenidos mencionó a Alfredo, empleado del INTI, detenido delante del personal jerárquico de la institución; Azzam Mansur, compañero de Alfredo; “Carozo”; Daniel Retamar; un hombre sin piernas que se movilizaba en silla de ruedas y “Cristoni”. 
		También, recordó entre los represores a “Mayor Rolando”, “Soler”, “Turco Julián”, “Tono”, “Paco” y “Colores”.
		Fue puesto en libertad el 11 de enero de 1979, llevado por el “Turco Julián” en la casa de la abuela de su esposa.
		Relató asimismo, que tres meses después de su liberación recibió la visita de “Colores”, pelirrojo, pecoso, de voz aflautada (la había escuchado durante su detención) y de quien se presentó como “El Gordo Juan Carlos”. Ambos le preguntaron si había mediado dinero para su liberación, a lo que el declarante respondió negativamente. Dijeron que de no ser así a ellos les faltaba su parte y los amenazaron a él y a su familia diciéndole que deberían darles dinero en caso que se lo soliciten, y que si Blanco sabía de la actividad de un subversivo debía denunciarlo, que la vida del declarante, su esposa y su hijo dependían de ello.
		Gustavo Blanco, dos días después de este acontecimiento, fue al Ministerio del Interior donde se entrevistó con un Comandante Principal de Gendarmería de apellido Sosa y con un Coronel de apellido San Román, a los que le contó todo lo sucedido y dijeron que iban a investigar los hechos.
		Días más tarde el declarante y Sosa se entrevistaron con un oficial de la Policía Bonaerense, un teniente coronel y el Coronel Rospide. Tiempo después recibió un llamado telefónico de un Teniente Coronel Ramírez quien le preguntó si había novedades y que en caso de tenerlas se comunique con él antes de realizar algo. Pero le aclaró que en lo referido a la denuncia de personas que las hiciera “porque estaba en juego la Nación”.
		No tuvo novedades hasta que en marzo de 1980 recibió un llamado de “Juan Carlos” citándolo para un encuentro al que no concurrió. 
		Dos semanas más tarde, el 30 de marzo de 1980 fue a Paso de los Libres con su esposa e hijo, cruzó la frontera con Brasil en un taxi y al cabo de nueve meses obtuvo asilo en el Reino de Suecia.
		A fs. 1392/4 luce la declaración de Julio Francisco Sosa en la que menciona el encuentro mencionado entre el declarante, Blanco y Rospide. Menciona que a fines de 1978 la suegra de Blanco lo fue a ver por la presunta desaparición de su hija embarazada y su yerno.
		En la indagatoria prestada por Del Cerro en la causa nro. 4821 caratulada “Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas s/ denuncia” (legajo nro. 119), el nombrado expuso que del listado de secuestrados, conoció en ESMA -entre otros- a Gustavo Blanco alias “Chester“, a quien conoció, y que, según lo informado, éste no era un sujeto peligroso.
		Que asimismo, del legajo nro. 137 de donde surge el testimonio de Retamar, surge que cuando se hallaba en el centro de detención denominado “Olimpo” fue llevado al quirófano, en donde fue torturado, y agregó que estaba en el centro -entre otros- Gustavo Blanco alias “Chester”.
		Asimismo, surge el legajo nro. 95, en el cual obra el relato de Juan Agustín Guillén, quien refirió que en el centro clandestino de detención “Olimpo” compartió cautiverio -entre otros- con un sujeto apodado “Chester”. 
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		128. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Alfredo Antonio Giorgi:
		Se encuentra acreditado que Alfredo Antonio Giorgi fue privado ilegalmente de su libertad el día el día 27 de noviembre de 1978, en el establecimiento perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sito en Migueletes, provincia de Buenos Aires, por personal que dependía operacionalmente del Ejército Argentino. Se lo mantuvo ilegalmente detenido en “Olimpo”. No está probado que Giorgi haya recuperado su libertad.
		El caso citado se encuentra analizado en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 9 de diciembre de 1985, bajo el nro. 348.
		Obra asimismo el legajo nro. 359 del cual surge que a raíz de la detención de Giorgi, su padre Osvaldo César Giorgi habría presentado una acción de habeas corpus, expediente en el cual expuso que su hijo fue detenido por seis personas vestidas de civil que se presentaron ante las autoridades del I.N.T.I., siendo su hijo citado a la Administración del Instituto y allí detenido por los nombrados en presencia de funcionarios del I.N.T.I. 
		Obra en dicho expediente copia de la declaración testimonial prestada por Rodolfo Julio Masotti, Guardia de Seguridad (fs. 8/vta.), quien refirió en cuanto al hecho, que en horas de la tarde, se hizo saber a la guardia que concurriría una persona para ver al Director, no debiéndosele pedido identificación.
		Que luego, arribó un rodado con tres individuos de civil en su interior, uno de cuyos ocupantes -de unos treinta años, alto, delgado, morocho-, se acercó diciendo que iba a ver al Director, por lo que lo acompañó al despacho de éste, que al cabo de unos diez minutos salieron el administrador en su auto siguiéndolo el auto con los tres individuos y minutos más tarde, los tres sujetos volvieron a salir esta vez retirándose de la planta, llevando en el auto a Giorgi y a otra persona.
		En igual sentido, obra declaración testimonial de Humberto Tornesi (fs.9), quien refirió en cuanto al hecho, que en horas de la tarde, se dio la orden de hacer pasar sin previa identificación a una persona que preguntaría por el Administrador General.
		A fs. 23/5 obra la declaración testimonial de Enrique Sturzenbaum en la que refirió que el 27 de noviembre de 1978 recibió a las 14.30 hs. de parte del Ingeniero Carlos Otto Sanio -Director Nacional de Extensión y Tecnología o Director Nacional de Promoción- la indicación de que había dado orden en portería de que cuando concurriera el Sr. Cramer de la Policía Federal se lo hiciera pasar sin previo control, es decir, sin confeccionarse la boleta de acceso reglamentaria.
		Que cuando Saño habló con el declarante sólo le dijo que Cramer iba a retirar a Giorgi, sin aclararle el motivo, sólo que era “por una indagación”.
		Que a las 15.30 horas arribó el tal Cramer, quien fue acompañado hasta su despacho por un miembro del personal de vigilancia y anunciado por su Secretaria, ingresando al lugar manifestándole al exponente que suponía que ya estaba anoticiado de su visita y que venían a retirar al Sr. Giorgi, y le pidió al declarante que tenga a bien acompañarlos. Que cuando le solicitó la identificación a Cramer éste le dijo que ese tipo de operativos “…no podían hacerse con identificación de sus intervinientes”.
		 Que a continuación se retiraron, desconociendo toda ulterior circunstancia. Lo describe a Cramer de unos 36 ó 36 años, alto.
		La presencia de “Cramer” en el secuestro de Giorgi también es mencionada por José Luis Pasqualini y Carlos Otto Sanio.
		A fs. 145 la Policía Federal Argentina informó no se registran constancias de servicios referentes a ninguna persona de apellido Cramer; tampoco en el registro de bajas de la fuerza; así como tampoco en la División Retiro y Jubilaciones en los últimos ochenta años.
		A fs. 206/7 se encuentra agregado un manuscrito de Oscar Alfredo González en el que relata que Giorgi estuvo clandestinamente detenido en “El Olimpo” y que en los primeros días de enero habría sido trasladado.
		A fs. 1081/7 se encuentra la declaración de Gustavo Raúl Blanco quien refirió haber visto en “Olimpo” a un muchacho de nombre Alfredo, técnico químico o algo similar, quien había sido secuestrado en el INTI (su lugar de trabajo) frente a personal jerárquico de la Institución.
		A fs. 1185/1186 el Dr. Parrilli, letrado apoderado de la querella, informa que “Cramer” podría ser el oficial de la Policía Federal Eduardo Cruz, quien trabajaría como guardia de seguridad en el Banco Nación casa Central.
		A fs. 1339/41 obra la declaración de Daniel Retamar, quien durante su ilegal detención en “Olimpo” pudo ver a Alfredo Giorgi. Vista una fotografía suya, lo reconoció como el “Alfredo” que mencionara.
		A fs. 1483, Mario Villani declaró haber visto en “Olimpo” a Giorgi. Mencionó que estando el declarante detenido en Quilmes escuchó, entre enero y febrero 1979, un informativo de Radio Colonia, según el cual en inmediaciones del Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires había sido encontrado el cadáver de un profesional del INTI de nombre Alfredo Giorgi, el cual según la policía se lo conectaba con el tráfico de estupefacientes. 
		En dicho acto se le mostró a Villani una fotografía de Eduardo Cruz al que reconoce como “Kramer” o “Eduardo” de contextura mediana, 1,76 o más de estatura, cabello de color castaño claro. Asimismo, sin afirmarlo categóricamente, reconoce a Eugenio Pereyra como “Quintana”.
		A fs. 2037/9 obra la declaración de Omar Eduardo Torres quien, contratado por Gendarmería Nacional, ofició de guardia del predio ubicado en Lacarra y Ramón Falcón desde fines de junio de 1978 hasta febrero de 1979 fecha en que se dejó de utilizar el predio. Que la guardia era en la puerta de entrada, siempre del lado de afuera. Que a la semana de trabajar allí vio el ingreso de personas detenidas. Que en tres oportunidades observó la presencia del General Suárez Mason. Que entre las personas que entraban a dicho predio recuerda a “Centeno” y oficial “Ramón”, 1° Alferez Luis Méndez, 1° Alferez Tevez, suboficial Principal Aurelio Soto, Sargento Torres apodado “Tatú”, cabo 1° Luna apodado “Montoya”, cabo 1° Arlindo Luna, Cabo 1° Gómez apodado “El Chivo”, cabo 1° Ortiz apodado “Pelicán”, Federico Talavera, Esteban Ramírez, Villalon Galeano y Lugo Miguel de Gendarmería; a “El Polaco”, “El alemán”, “Estévez”, “El Turco Julián”, “Guerra”, “El sapo”, “El polaco grande”y “Siri” de Policía; y a “Mayor Ferro”, “Miguel”y “Calculín” del Ejército.
		Entre los detenidos que pudo ver de “Olimpo” mencionó a un técnico electrónico que trabajaba en un taller, una persona en silla de ruedas, “Mogo” al que lo hacían salir para arreglar los autos y “Clemente”.
		Que el declarante respondía al Mayor del Ejército Odera, conocido como Rodolfo, quien parecía el jefe del lugar. No recuerda haber visto a Giorgi.
		Tales testimonios permiten conocer las circunstancias en que se produjo la detención del nombrado, su trasladado al centro de detención denominado “Olimpo”, donde fue sometido a tormentos, hallándose actualmente desaparecido.
		Conforme la certificación obrante a fs. 2375 del legajo 359 Daniel Aldo Merialdo menciona a Giorgi entre los secuestrados de “Olimpo” y que luego escuchó en la radio que habían encontrado su cadáver.
		Tales probanzas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		129 y 130. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Marta Inés Vaccaro de Deria y Hernando Deria:
		Se encuentra probado que Hernando Deria y Marta Inés Vaccaro de Deria fueron privados ilegalmente de su libertad el día 28 de noviembre de 1978 cuando se hallaban en su domicilio de calle San Nicolás 1194 de Capital Federal, por un grupo armado de personas. Está probado que ambos fueron alojados en el centro clandestino de detención “Olimpo”. Marta Inés Vaccaro de Deria y Hernando Deria, se encuentran desaparecidos.
		El caso de María Inés fue desarrollado bajo el nro. 89 y el de Hernando bajo el nro. 88 en la sentencia dictada en la causa 13/84 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en la que se dieron por acreditadas las ilegales privaciones de la libertad de la que los nombrados fueran objeto.
		Allí fueron tenidos en cuenta los testimonios vertidos Enrique Carlos Ghezan, Isabel Mercedes Fernández Blanco, Isabel Cerruti y Porfirio Fernández; a la vez que se tuvieron en cuenta los dichos de Adriana C. Trillo de Bariza, Jorge Alberto Braiza y Mercedes Troncoso de Fontanella;
		Asimismo, obra el legajo nro. 15 en el cual se encuentra el testimonio de Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan, quien refirió que Vaccaro fue secuestrada en noviembre de 1978 con un embarazo muy avanzado.
		Obran copias de recursos de habeas corpus presentados por los familiares de las víctimas, en el cual se menciona que tanto Marta Inés como Hernando Deria fueron detenidos en la fecha citada, aproximadamente a la 1:15 hs, por un grupo conformado por entre ocho y diez personas; que los nombrados violentaron la puerta del domicilio, revisaron la casa y detuvieron a los nombrados.
		Del testimonio brindado por Jorge Alberto Braiza se desprende que conoció al matrimonio de los Deria ya que su mujer iba al mismo colegio que Marta Vaccaro, obrando asimismo la declaración de Adriana Claudia Trillo de Braiza, quien confirma la declaración del nombrado. Conforme su declaración efectuada en el marco de la causa 13, obrante a fs. 140/5, ambos estuvieron detenidos en “Olimpo” desde el 28 de noviembre al 22 de diciembre de 1978.
		En su declaración, María de las Mercedes Troncoso de Fontanella refirió que durante su cautiverio fue interrogada por la vida del matrimonio Deria, que en el lugar vio a Marta Inés Vaccaro, que a Hernando Deria no lo vio pero que escuchó su voz proveniente de un recinto que parecía ser la enfermería.
		Asimismo, en el “Informe sobre Campos Secretos de Detención en Argentina” que se encuentra agregado al mencionado legajo de prueba, se señala que Marta Inés Vaccaro y Tito o Hernando Deria ingresaron al “Olimpo”.
		Que a los dos los obligaron a desnudarse, mientras eran destinatarios de gestos obscenos, injurias, manoseos y golpes, que supuestamente era para evitar que alguno entre con una pastilla de cianuro. 
		Que comenzaron a golpear y a amenazar a los nombrados y luego fueron llevados a la sala de torturas o “quirófano”. Que a “Tito” le aplicaron picana mientras interrogaban a Marta, al tiempo que le decían que de lo que Marta dijera dependía lo que le hacían a su compañero. También refirió que a Marta finalmente la torturaron con cadenas y palos, principios de asfixia y amenazas de provocarle abortos.
		Que cuando terminaron de torturarlo, Tito estaba deformado, lleno de hematomas, lastimaduras, hinchazones, y Marta casi no podía moverse. 
		Luego, fueron alojados en un tubo en donde permanecieron hasta enero de 1979, cuando fueron trasladados.
		Aclara dicho informe que el caso de Marta fue el único del que tuvieron conocimiento en el que una embarazada es llevada en un “traslado” común.
		Las circunstancias de la detención de los nombrados fueron también relatadas por la hermana y la madre de Marta Elena, Elva Elena Vaccaro y Rosalía Luisa Martinoia de Vaccaro, quienes testimoniaron en las audiencias públicas realizadas en la causa 13/84, cuyas actas mecanografiadas están agregadas al legajo de prueba correspondiente a este caso.
		Por otro lado, se han certificado los dichos de Graciela Trotta, Isabel Teresa Cerruti, Adriana Claudia Trillo de Braiza y Enrique Carlos Ghezan en cuanto dijeron que en “Olimpo” había una persona llamada Marta Vaccaro; el último de los nombrados, asimismo reconoció la permanencia en dicho centro de detención del marido de Marta Vaccaro, de nombre Hernán.
		A fs. 385 del legajo 15 obra una certificación de la declaración efectuada por Alberto Próspero Barret Viedma, quien textualmente expresa:”...que durante la semana que estuvo en la enfermería un día apareció una detenida que era Marta Vaccaro, que estaba embarazada...”.
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran Hernando Deria y Marta Inés Vaccaro de Deria en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		131. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Susana Alicia Larrubia: 
		Se encuentra probado que Susana Alicia Larrubia fue privada ilegalmente de su libertad en el mes de noviembre de 1978, trasladada al centro clandestino de detención “Olimpo” y sometida a tormentos, hallándose desaparecida.
		Su caso, bajo el nro. 340, se sustanció en la sentencia dictada en la causa 13/84 en la que no se comprobó el hecho por falta de pruebas al respecto.
		No obstante ello, ese cuadro probatorio ha cambiado en la actualidad.
		En efecto, del legajo nro. 296, surge que la nombrada fue detenida y trasladada al centro de detención de mención.
		Al respecto, obra el extracto del testimonio de Enrique Ghezan, quien refirió que vio a Susana Larrubia hasta el 28 de enero de 1979, que la apodaban “Pájaro Campana” o “Bety”, y dio una descripción de la nombrada. 
		Ghezan, estuvo privado de su libertad en “El Banco” y en “Olimpo”.
		También testimonió haber visto a la nombrada Héctor Daniel Retamar, quien dijo que la vio en “Olimpo”, y sobre quien refirió que era hija del Presidente del Casino de Oficiales del Ejército de La Plata, textualmente relató: “...fue torturada en presencia del dicente por Colores y por el Turco Julián, tenía consigo una bebita de meses, desconoce el destino de ambas…” (cfr. certificación de fs. 12 legajo 296).
		También en el informe de Cid de la Paz y González se hace referencia a que Susana Larrubia para navidad pudo llamar a su padre, quien vivía en la localidad de La Plata (cfr. certificación del legajo 296).
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Eduardo Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar A. I. Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		132. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Héctor Daniel Retamar:
		Se halla acreditado que Héctor Daniel Retamar fue privado de su libertad el día 5 de diciembre de 1978, en el domicilio de la calle Zelaya 4041, departamento 3, y luego trasladado al centro clandestino de detención denominado “Olimpo”, el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino, en donde fue sometido a torturas físicas, habiendo sido liberado el 12 de enero de 1979.
		Cabe resaltar que al momento de los hechos Daniel Retamar tenía tan sólo 16 años de edad.
		Su caso fue desarrollado en la sentencia dictada en la Causa 13/84 dictada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, bajo el nro. 349, ocasión en la que se dio por acreditada su privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en su perjuicio.
		Susana Leonor Caride e Isabel Teresa Cerruti testificaron sobre su permanencia en este centro clandestino, en tanto que Retamar refirió haber sido torturado en el lugar.
		Así, obra el legajo nro. 137 de donde surge el testimonio de Retamar en el cual a fs. 1/5 y 14/18 expuso que el 5 de diciembre de 1978 se encontraba en su domicilio ubicado en Villa Fiorito, cuando un numeroso grupo de nombres armados rodeó el inmueble y comenzaron a disparar granadas de gases lacrimógenos sobre la vivienda, en donde también estaban Graciela Boniface de 25 años de edad y su sobrino Matías De Dios Deón, de un año y cuatro meses, hijo de Lucía Deón, quien se encontraba secuestrada ilegalmente.
		Que ante ello, salió del domicilio con el chiquito en brazos y de la mano de la nombrada Graciela, y al ver la cantidad de hombres volvió a ingresar al mismo; que luego escuchó disparos de armas de fuego y al salir del domicilio fue agarrado fuertemente por personas que lo esposaron, mientras se llevaban al chiquito; que luego ingresó al domicilio y vio a Graciela con la cara ensangrentada, que lo sacaron de la habitación y lo sentaron en el pasillo, que escuchó disparos dentro de la vivienda y luego que uno de los que ingresó a la vivienda, que luego supo que era el “Turco Julián”, dijo “…ya no sirve para nada, la hicimos teta…”, es decir, que la habían asesinado.
		Que luego lo introdujeron en un auto y escuchó por la radio que decían “Torre y alfil llamando a Olimpo, tarea terminada, ya vamos para casa”. 
		Relató que lo hicieron descender, lo tabicaron y que ya en el lugar le pegaron patadas y le pegaron con gomas y palos, lo desnudaron y revisaron para ver si tenía alguna pastilla. Que dicho sitio era el “Olimpo” lugar que después identificó.
		Que más tarde lo tiraron sobre un colchón de goma espuma que estaba manchado y desprendía olor, permaneciendo en dicho lugar tirado. Relató que permaneció allí hasta que apareció “Julián” y otros más y volvieron a golpearlo salvajemente, textualmente refirió: “…que lo interrogaban sobre si era el macho de Lucía y en dónde estaba el dinero y quién pasaba el dinero. Que lo golpearon con palos en la cabeza y patadas y trompadas en todo el cuerpo. Que el dicente se desmayó y que cree que permanece tirado un día”.
		Más tarde le hicieron simulacros de fusilamiento y lo siguieron golpeando.
		Fue llevado al baño, donde recordó “…que casi todos los que estaban bañándose tenían en su cuerpo las marcas y rastros de la tortura en la cara, en los testículos, marcas como de latigazos, hematomas y magulladuras en la cara y algunas caras que por los golpes no podía ver sus rasgos”.
		Asimismo, manifestó que en la primera semana de detención fue llevado al quirófano, en donde fue torturado y donde había una radio puesta a todo volumen, 
		Fue obligado a presenciar unas “clases” de nazismo donde se les decía que el causante de todos los males era el judaísmo.
		Estas “clases”eran dadas por “Julián”, “Paco” y otra persona morocha, medio gordo que podía tratarse de Suárez Mason aunque por estar en la sombra nunca pudo verle el rostro. Que le llamaba la atención que en esas ocasiones les hicieran bajar las vendas y así ver las caras de los represores.
		Recordó que entre los detenidos estaban Gustavo, quien escribió a máquina su declaración y lo invitó a colaborar; Adolfo el chileno; Paco, que tenía un apellido alemán; Alfredo Giorgi; Susana Larrubia quien fue torturada por “Julián” y “Colores” en su presencia; Ana y el marido Claudio; la flaca Liliana; una ciega y su marido; una chica a la cual le decían Pato y su marido Chala; había otro al cual le decían “El Tarta”; otro al cual le decían Cali; otra persona mayor de nombre Celina; El Negro Chocolate; La Negrita de Santa Fe; Eduardo Alberto Martínez; Gustavo Blanco alias “Chester”, que fue liberado; Inés, que era enfermera; el médico al cual le decían Víctor, que fue liberado; Julia Zabala Rodríguez; un discapacitado al cual le decían Pepe; Clemente, que trabajaba en el taller; Susana Caride que le decían “La Negra“; Lucía Deón, que está liberada; Federico quien sacaba las fotos de los otros detenidos; Villani; Cid de la Paz; González; Lewi fuertemente torturado por haberse levantado el tabique y su compañera Ana.
		Entre los represores mencionó a “Turco Julián” uno de los que participó del operativo de secuestro; “Paco” participó en su secuestro y liberación, era alto, flaco de pelo oscuro, rostro parecido al de Videla; “Orlando” quien fue uno de los que lo golpeó; “Colores” quien estuvo presente mientras lo torturaban; “González” daba las órdenes de torturar, parecía el jefe; “El chino” guardia, le informó que iba a quedar en libertad; “Torres” parecía importante, era el Coronel Ferro y “Bonito” que era muy sádico. 
		Al ser liberado, el 12 de enero de 1979, le dijeron que tenía que llamar periódicamente a un teléfono donde lo atendía una señora y debía dejar mensajes.
		Luego aparecieron en su trabajo Julián, Paco y Colores quienes le dicen que llame ante cualquier eventualidad a otro número (el dicente describe a los dos primeros en su declaración).
		Obran asimismo extractos de las declaraciones prestadas por Juan Agustín Guillén, quien dijo que en el centro de detención llamado “Olimpo” pudo reconocer a Retamar, con quien estuvo la noche del 24 de diciembre.
		También obra extracto de la declaración prestada por Isabel Teresa Cerruti, quien refirió que en el centro de detención citado vio a Retamar. 
		La totalidad de los elementos citados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		133 y 134. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mónica Evelina Brull de Guillén y Juan Agustín Guillén.
		Los nombrados fueron privados ilegalmente de su libertad el día 7 de diciembre de 1978, luego de lo cual fueron conducidos al centro clandestino de detención denominado “El Olimpo”; habiendo sido ambos liberados, la primera el 21 de diciembre de 1978; y el segundo, el 2 de enero de 1979.
		Sus casos fueron desarrollados bajo los nro. 91 y 92 en la sentencia dictada en la causa 13/84 en la que se dio por probada tanto la privación ilegal de la libertad como la aplicación de tormentos físicos de los que fueran objeto.
		La permanencia de Mónica Evelina Brull en el centro se halla acreditada mediante los dichos de Juan Agustín Guillén, Mario César Villani y Gilberto Rengel Ponce (cfr. actas mecanografiadas y legajo 119), en tanto a través de sus propios dichos. 
		En cuanto a Juan Agustín Guillén, a través de sus propias expresiones y las de Mario César Villani, Mónica Brull de Guillén y Gilberto Rengel Ponce, se halla acreditada su permanencia en el citado centro de detención.
		Asimismo, en el legajo nro. 95, obra el relato de Juan Agustín Guillén, quien refirió que fue privado de su libertad en la calle Adrogué 972 de Villa Domínico, en Avellaneda; que estaba en su casa esperando a su mujer, cuando una persona se asomó y le preguntó si allí vivía una señora ciega a lo que el nombrado respondió que sí, ya que su esposa es no vidente. 
		Luego fue llevado del lugar, detenido, junto con su mujer y su pequeño hijo. Que al llegar al lugar de detención (“Olimpo”) lo golpearon, y posteriormente lo llevaron a una oficina donde fue golpeado e interrogado sobre su actividad, reconoce a uno de los represores que había en dicha oficina como “Paco” -presunto oficial de inteligencia-; asimismo, menciona que su número dentro del centro de detención era “B-12”.
		Luego menciona que la persona que procedió a su detención fue un tal “Capitán Echeverri” o “Soler” a quien menciona como la persona que hizo entrega de su hijo a la familia de su mujer.
		Que en el lugar compartió cautiverio con Rengel Ponce; Zabala Rodríguez; “La negra” Caride; el matrimonio conformado por “El Pato” y “La Pata” Graciela Trotta; Tita; Clemente; Danielito Retamar; un discapacitado de apodo “Chester” quien rengueaba de una pierna; “Gualicho”, quien fue liberado; José Poblete; Gerturudis Lacic; “Juancito”; “Tito”; Isabel Mercedes Fernández Blanco de Guezan (cfr. actas mecanografiadas de la causa 13/84); Julia Zabala Rodríguez; el matromonio de Ernesto y Julia; un muchacho apodado “Puchi” oriundo de Bahía Blanca o Río Negro; una señora María o Lucy; un grupo familiar que a la señora le decían La Turca, junto con sus hijas y el yerno; un matrimonio en el que el hombre tenía un brazo enyesado; un muchacho joven que le decían “Chocolate” y trabajaba en Olivetti; Cali; Laura; el Tarta con su señora; “Ñoqui” (cfr.declaración efectuada a fs.32/5); Enrique Ghezán; el matrimonio integrado por Julia y Ernesto; Isabel Cerruti; “El Mandril” con su esposa Marta Vaccaro; “Churrasco” un chico militante del PO; “Mogo”; Cid de la Paz y el médico “Víctor” de apellido Vázquez (cfr. declaración de fs. 42/3).
		Mencionó entre los represores a Julián; Soler; Colores; Paco; Clavel; El Coronel; El chino; Quintana que era de gendarmería; Juan Carlos (cfr. declaración efectuada a fs.32/5); Minicucci; Suárez Mason quien fue al campo para un asado de despedida del personal que se iba al sur en momentos de la guerra con Chile (cfr. declaración efectuada a fs. 42/3).
		Por último, relató que cuando fue dejado en libertad -2 de enero- le hicieron entrega de un número telefónico al que tenían que llamar una vez por semana; que a las dos semanas, cuando llamó a dicho número, le indicaron que tenía que ir a una confitería ubicada en la Avenida Cabildo y que cuando concurrió a dicho lugar se entrevistó con “Soler” quien le preguntó cómo andaba y por su mujer Mónica, entre otras cosas. Refirió que dicha entrevista duró unos 15 ó 20 minutos.
		A fs. 40 obra el reconocimiento por rueda de personas que efectuara Guillén en rueda de personas en el que identifica a Juan Antonio del Cerro como “Colores”.
		También declaró Mónica Evelina Brull (testimonio brindado en las audiencias orales de la causa nro. 13/84) y dijo que fue detenida a las 18:30 del 7 de diciembre de 1978 en las calles Cangallo y Uriburu de Capital Federal, que la detuvo un sujeto que se identificó como “Clavel”.
		Agregó que fue conducida a un lugar al que luego reconoció como “Olimpo”, ello por la descripción que le hizo su esposo, que en el lugar “Clavel” le presentó a “Julián” quien le preguntó si veía y luego de decidir no tabicarla le hizo preguntas sobre su esposo y su hijo. Que también le preguntó si tenía actividad política y al decir que no, ordenó que la llevaran a la “máquina” en donde se la sometió a aplicación de picana.
		Que en la habitación al mostrar resistencia, la sometieron a golpes en el vientre y en otros lados, que la obligaron a desvestirse, y le aplicaron un alambre en los pies y comenzaron a hacerle preguntas. 
		Agregó que luego, la llevaron a un cuarto en donde estaba otra vez “Julián” y en donde luego apareció “Soler”, cuya voz había escuchado mientras la torturaban, que le volvieron a preguntar sobre sus actividades, y sobre su marido e hijo.
		Agregó que luego, aparecieron su marido y su hijo y la dejaron ir a la enfermería donde estuvo con su hijo, de entonces 9 meses y donde había una enfermera de nombre Inés. 
		Que allí estaba detenida Graciela Trotta, quien también estaba embarazada de siete meses, y que cuando la liberaron le dieron un teléfono al cual debía llamar y era el 58-4889. 
		Finalmente, hizo referencia a la reunión con “Soler” en la confitería de la Av. Cabildo que relatara Juan Agustín Guillén.
		Entre las personas con las que compartió su cautiverio mencionó a Inés en enfermería; su marido Juan Agustín Guillén; Isabel embarazada de 2 meses; Graciela Trotta embarazada de 7 meses a la que llamaban “Pato”; “La negrita de Santa Fe”; Gilberto Rengel Ponce; Gertrudis y José Poblete y el médico al que le decían “Víctor”. Entre los represores mencionó a Clavel, Julián, Soler y Colores.
		En el testimonio que brindó la nombrada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, manifestó que en el quirófano le aplicaron picana eléctrica por distintas partes del cuerpo y por espacio de mucho tiempo -aún conociendo su estado de embarazo-; luego fue sometida a una nueva sesión de picana eléctrica, oportunidad en la cual “Soler” se encontraba a los pies de la cama junto con otras personas. 
		Por último, relató que el 21 de diciembre fue liberada junto con Laura; el Boli; “Nita” de nombre Adriana y su marido Jorge al que le decían “Carozo”; “El Flaco” Juan Carlos; “Hueso” que era Hugo y “Pato”.
		A fs. 53 obra certificación de una declaración efectuada por Juan Antonio del Cerro en la que refirió que Mónica Brull pertenecía a Montoneros. Que se reunió con ella y el marido en entrevistas en la que ellos le brindaban información sobre la Pastoral Juvenil.
		Asimismo, se han citado en el legajo los testimonios de Mario César Villani, Isabel Teresa Cerruti, Juan Antonio del Cerro, Susana Leonor Caride, Gilberto Rengel Ponce, Enrique Carlos Ghezan, Héctor Daniel Retamar y Daniel Aldo Merialdo, quien coincidieron en haber visto a Mónica Evelina Brull y a Juan Agustín Guillén en el centro clandestino “Olimpo”.
		En la declaración testimonial que este Tribunal le recibiera a Juan Agustín Guillén (fs. 17.291/2), el nombrado refirió que a “Soler” lo vio en tres oportunidades.
		En concreto, refirió que “…también vio a «Linares» en la esquina de Cabildo y Juana Azurduy, que Linares era de la patota, que lo conocía por «Carlos», que había sido citado después de su liberación y se encontraron. Posteriormente una noche Linares y «Colores» van a la casa del dicente en Ituzaingó, le recriminan que se habían mudado lejos. Que de la existencia de Colores, se enteró por Gertrudis, la esposa de Poblete, quien en el centro de detención le comenta al dicente que fue Colores quien la detuvo. Que estos encuentros que tiene con los represores del centro de detención una vez liberado, se debe a que estaba bajo el régimen de libertad vigilada, que se incluían estos encuentros.”
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran los nombrados en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos respecto de Juan Agustín Guillén.
		Respecto de este hecho -en lo que respecta a Mónica Brull de Guillén- Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones.

		135. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Ricardo César Poce:
		Se halla probado que Ricardo César Poce fue privado de su libertad el día 9 de diciembre de 1978 en la localidad de Ezpeleta, Partido de Berazategui de la Provincia de Buenos Aires, por efectivos del Ejército Argentino, y que luego fue conducido al centro clandestino de detención denominado “Olimpo”, hallándose desaparecido.
		Su caso fue desarrollado bajo el nro. 263 en la sentencia dictada en la causa 13/84 dictada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en la que se acreditó la privación ilegal de la libertad de la que fuera objeto.
		Allí se tuvieron presentes los dichos de su padre Julio César Poce, quien relató que el día mencionado su hijo fue detenido por las fuerzas conjuntas en la vía pública, llevándoselo en un automóvil a la vista de muchas personas. 		Asimismo se tuvo en cuenta el testimonio brindado por Cid de la Paz, quien confirmó que vio al nombrado en el centro de detención “Olimpo” el 9 de diciembre de 1978.
		A raíz de la detención del nombrado se hicieron diversas gestiones, a fin de procurar la averiguación de su paradero o lugar de detención, no habiéndose obtenido dato alguno en tal sentido.
		También fueron tenidas en cuenta las declaraciones prestadas por exhorto por Horacio Cid de la Paz y Alfredo González, quienes ratifican los hechos que se tienen por acreditados.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		136. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Nora Beatriz Bernal:
		Nora Beatriz Bernal fue ilegalmente detenida el día 30 de enero de 1978 alrededor de las 16:00 hs. en la intersección de las calles Niceto Vega y Bonpland de Capital Federal. En dicha ocasión, la nombrada se encontraba con su compañero Jorge Daniel Toscano, su hijo de 20 días y su suegra, Emma Ferrario de Toscano. 
		Bernal fue conducida al centro clandestino de detención denominado “El Banco”, donde fue sometida a tormentos físicos, y liberada el 17 de febrero de 1978.
		Fue nuevamente detenida en los primeros días de abril de 1978, a raíz de haber llegado a conocimiento de sus secuestradores que había tenido un encuentro con María del Carmen Jurkievich, que era intensamente buscada, razón por la cual la condujeron otra vez a “El Banco” donde fue torturada y finalmente, liberada en junio de 1978.
		Su caso encuentra acreditación en el legajo 98 y su situación fue analizada en la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 de la Excma. Cámara del Fuero -caso 304 bis- donde se dieron por probadas ambas detenciones y la aplicación de torturas mediante el paso de corriente eléctrica.
		En sus exposiciones glosadas a fs. 122, 1315/6, 1601 y ss. del legajo 119, refirió haber sido detenida junto a su esposo, Jorge Toscano, el 30 de enero de 1978, siendo liberada y nuevamente detenida, conducida a “El Banco” donde fue golpeada y torturada, presenciando la tortura aplicada a su marido. Ya en libertad, se verificaron visitas de Toscano al domicilio, a las que concurría acompañado por un grupo de personas.
		Respecto a las torturas recibidas en su segunda detención, en la declaración de fs. 5/14 del legajo 98 textualmente refirió: “Una vez llegada al «pozo» es desnudada y amarrada a la «parrilla», donde Soler se encarga de aplicarle picana eléctrica y Rolando la golpea. Durante este procedimiento le piden que relate su encuentro com María del Carmen, sin hacer hincapié en el hecho en sí, sino utilizando el interrogatorio con picana y golpes según sus palabras para que le sirva de escarmiento (ya que desde el primer momento demuestran conocer todos los detalles del encuentro, dirección y fecha de llegada de ambas a Mar del Plata).”
		Recordó que “…Un día domingo (estando incomunicada) ingresa al quirófano uno de los responsables de la guardia (a quien no conoce) que le ajusta la venda de los ojos, la amarra a la parrilla y la ultraja. Luego la amenaza de muerte si relata lo sucedido. Al día siguiente un oficial de la nueva guardia la encuentra totalmente alterada por lo ocurrido y se inicia entonces una «parodia» de investigación en la que es interrogada por los oficiales de todas las guardias que se proponen ubicar y castigar al responsable, quien resulta ser el jefe de una de las guardias, a quien llaman Cobani. Se evidencia entonces un enfrentamiento entre las distintas patotas que es aprovechado por Rolando (supuestamente de Marina) para desplazar al Coronel (Policía) porque hay orden de no violar a las detenidas.”
		Recordó haber estado detenida junto a Anteojito, quien le curó las heridas al llegar al Pozo, “Tito”; “Laura” alta, esbelta de La Plata o Mar del Plata; “Popeye”, hermano de Laura; “Stella” enfermera, tenía 2 ó 3 hijos varones de 7 a 10 años; un hombre de 70 ó 75 años de Mar del Plata, supo que fue liberado; Susana Lugones, tenía una hija en Barcelona, traslado común en febrero de 1978; un médico de La Plata que sufría una cardiopatía, detenido junto con su esposa, tenía una hija adolescente desaparecida; Pablo Sorio, “Pacho” profesor, actor de 28 años de edad, detenido en su domicilio, había sido baleado; “La Chaqueña”, embarazada de 6 meses; Víctor, trasladado a los distintos pozos para la atención médica de los detenidos; El Tano; Cristoni; León Gajnaj; Patricia Bernal; “Juan” Jorge Toscano; “El Negro” obrero, delegado de fábrica; Carlos, aproximadamente de 27 años de edad, de La Plata, detenido hace 7 meses, su mujer había sido muerta cuando intentaban secuestrarla; una pareja del PC, ella estaba embarazada de 5 meses; Clemente y su mujer; El Chino del PCML; María (Susana González); Gustavo (Marcelo Weisz); Trajtemberg, había intentado suicidarse, una mujer a quien le decían Ángela; Lucía Tartaglia; Oscar Ríos; Norma Langhi; Pablo Guarino y su mujer; y Luis Guagnini.
		Entre los represores nombró a “El Coronel”, se presentó como jefe del Pozo; “Soler”, quien torturó a su compañero Toscano ante su presencia y en su segunda detención le aplica picana eléctrica; “El Padre” y “Raúl” quienes conducen el auto cuando la liberan de su primer detención; “Rolando” la golpea mientras la torturan; Baqueta; Valderrama; Clavel; Sammy La foca loca; Kung Fu; Polaco Grande; Dr. K (no lo vio); “Colores”, participó en sus dos detenciones, lo vio torturando a Toscano, le llamó la atención el rostro desencajado mientras los hacía; “El Gato”; “Clavel” la interrogó. Los jefes de guardia eran Ratón, Cobani, Baqueta y El Ruso.
		A fs. 132 obra el reconocimiento que hiciera Bernal en rueda de personas en la que identifica a Juan Antonio del Cerro como “Colores”.
		Corroboran la permanencia de Nora Bernal en este centro, las expresiones de Emma Ferrario de Toscano, Isabel Teresa Cerruti y Patricia Bernal, quien refiriera haber escuchado los gritos de la víctima mientras era torturada. 
		Por otra parte, conforme surge del legajo 98, la propia damnificada concurrió oportunamente con funcionarios de la CONADEP al centro clandestino de detención “El Banco” reconociendo el sitio como el lugar de su clandestino cautiverio.
		Las constancias reunidas a lo largo de la encuesta permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		Respecto de este hecho Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones. 

		137. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Daniel Toscano:
		Jorge Daniel Toscano fue ilegalmente detenido en horas de la tarde del día 30 de enero de 1978 en la intersección de las calles Niceto Vega y Bonpland de Capital Federal. En dicha ocasión, el nombrado se encontraba con su compañera Nora Beatriz Bernal, su hijo de 20 días y su madre, Emma Ferrario de Toscano. Jorge Daniel Toscano permanece en calidad de desaparecido.
		El caso de Toscano fue motivo de análisis en la sentencia de la causa 13/84 que ocupó el caso 303, ocasión en que la Excma. Cámara Federal dio por acreditado que fue mantenido en cautiverio en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “El Olimpo” pertenecientes a la policía Federal, que actuaba bajo dependencia operacional del Primer Cuerpo de Ejército. 
		La ilegal privación de la libertad de la que fuera objeto halla aval en las expresiones de Emma Ferrario de Toscano, Patricia Bernal y Nora Bernal, quienes señalaron que el nombrado fue detenido en la fecha indicada -junto a Nora Bernal-, conducido al citado centro y trasladado por “Julián” en “visitas” al domicilio familiar mientras se hallaba en la condición ilegal referida, hasta su desaparición.
		Surge de dichos testimonios, especialmente del de Nora Bernal, que Toscano permaneció en “El Banco” y luego en “El Olimpo”, refiriendo la nombrada que la víctima fue sometida a golpes y torturas, lo que aún podían corroborar en ocasión de las visitas en la que se observaba a Toscano en muy malas condiciones.
		Respecto a las torturas, Nora Bernal textualmente refirió que: “...es trasladada al quirófano vecino al suyo desde el cual escucha gritar a Jorge. Desde aquí es trasladada a un tercer quirófano en el que ve a Jorge desnudo atado a la «parrilla» con cadenas y bandas de goma abajo, mientras es picaneado por Soler (aunque está presente todo el cuerpo de interrogadores). No están interrogándolo sino presionándolo para que colabore o castigándolo por algo.” (cfr. legajo 98 fs. 6).
		También mencionó a Colores como uno de los que le aplicó picana a Toscano (fs. 129).
		También las declaraciones de Susana Leonor Caride, Enrique Ghezan, Isabel Fernández Blanco de Ghezan, Mario Villani, Daniel Aldo Merialdo, Elsa Lombardo y Graciela Irma Trotta, sustentan la verificación de los hechos que damnificaron a Toscano.
		Las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los centros clandestinos de detención “Banco” y “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.

		138. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gilberto Rengel Ponce:
		Gilberto Rengel Ponce fue privado de su libertad el día 7 de diciembre de 1978 en la estación Ciudadela y conducido al centro clandestino de detención denominado “Olimpo”, el cual dependía operacionalmente del Ejército Argentino; el 21 de diciembre del mismo año, fue liberado.
		En la sentencia dictada en la causa 13/84 se desarrolló su situación en el caso 350, dándose por acreditada su ilegal privación de la libertad y su cautiverio en “Olimpo”.
		Precisó el nombrado que el grupo que lo detuvo estaba compuesto por unas diez personas con armas largas y cortas; que en el trayecto Paco, Julián y Colores lo interrogaban y le pegaban. Que ya en un lugar lo hicieron desnudar y lo revisaron, luego de lo cual le indicaron que se vista; que fue llevado a otra habitación y unos seis o siete hombres comenzaron a pegarle patadas y trompadas instándolo a que hable; que al rato apareció Gertrudis, la esposa de Poblete y le dijo que hable porque están todos presos. 
		Que los represores lo castigaron con latigazos, y que presume que eran tres o cuatro los que le aplicaban latigazos, que luego lo llevaron a la máquina, que lo desnudaron y lo tiraron sobre una plancha de acero y le aplicaron picana en los testículos y en otras partes sensibles; que quienes le hacían ello eran “Colores” y “Soler”, y que fue sometido a esa tortura durante más o menos una hora, que mientras lo picaneaban le preguntaban diversas cosas como ser: en dónde guardaba las armas, y le preguntaban por su esposa y por el hijo de ambos de ocho meses.
		Agregó que sintió hablar a Mónica de Guillén, mencionó haber visto en ese lugar a dos presos de nombre Gustavo y Pablo, que en una oportunidad éstos lo llevaron a la ducha y que luego Gustavo le aplicó una trompada y le dijo que lo llame “Señor”. 
		Dijo también que en dicho centro vio detenidos a: Hugo Merola alias Hueso; Alejandro; Puchi que se llama Nelson Fontanella; Pepe Poblete; Guillén y señora; Lucía, a quien arrastraban por el piso; el Tarta y su esposa “La Gorda”; Ñoqui, que era cocinero; la Negrita de Santa fe, que lo ayudaba a Ñoqui en la cocina; Víctor que era el médico que estaba en la enfermería; Inés, que era la enfermera; Julia Zabala Rodríguez; Ernesto y Julia; Tita, la flaca; La Turca y la hija o la nuera; La Pata y el Pato; Danielito; Cali; El Negro Chocolate; la negra Caride; Gertrudis Poblete y Laly.
		Agregó que cuando estaba en libertad tenía que llamar todos los días a un número de teléfono, el cual aportó como el 58-4778.
		A fs. 17 obra el reconocimiento en rueda de personas que efectuara Gilberto Rengel Ponce en el que identificó a Juan Antonio del Cerro como “Colores”.
		En el citado legajo obran diversas constancias que acreditan las gestiones realizadas en procura de averiguar el paradero del nombrado.
		Obra asimismo certificación de la declaración prestada por Mónica Evelina Brull de Guillén, de donde surge que la nombrada dijo que Gilberto Rengel Ponce estaba en el centro de detención “Olimpo”; a la vez que obra extracto de lo declarado por Juan Agustín Guillén, quien dijo que vio a Rengel Ponce en “Olimpo”. 
		Cabe destacar, que en la declaración que efectuara Gilberto Rengel Ponce ante este Tribunal el 15 de marzo del corriente, refirió que: “Clavel, Calculín, Kung Fu, El alemán, Alacrán, El Nene y Ferro los escuchó nombrar en el Centro” (cfr. fs. 17.339 del principal).
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		Respecto de este hecho Juan Antonio del Cerro se encontraba cautelado por la Excma. Cámara del Fuero y este Tribunal ordenó la clausura de la instrucción y elevó a juicio las presentes actuaciones.

		139. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Patricia Bernal:
		Patricia Bernal fue ilegalmente detenida en los primeros días del mes de febrero de 1978 en el domicilio sito en la calle Ameghino 517 de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, por personal con dependencia operacional del Ejército Argentino. 
		Desde allí, fue conducida al centro clandestino de detención “El Banco” donde permaneció unas horas y, en el traslado a dicho lugar, pudo observar al compañero de su hermana, Jorge Toscano. 
		Cabe resaltar que a la época de los eventos, Bernal contaba con quince años de edad.
		Hacia fines de abril de 1978, fue nuevamente detenida desde el mismo domicilio donde se produjera la primera detención, siendo conducida al centro clandestino de detención “El Banco” y liberada 14 hs. después de haber sido aprehendida.
		Al relatar tales secuestros acaecidos en el año 1978, la damnificada expresó haber sido conducida al centro clandestino de detención mencionado, donde fue interrogada y golpeada.
		Bajo el nro. 304 su caso fue desarrollado en la sentencia de la causa 13/84 en la que se dio por probada la ilegal privación de la libertad y tormento -acaecida en los meses de febrero y abril de 1978- de la que fuera objeto, y su alojamiento en “El Banco”, sustentando ello, amén de sus propias expresiones, las de su hermana Nora Beatriz Bernal.
		En su declaración ante la CONADEP obrante a fs. 1/4 del legajo 98 Patricia Bernal relata que en su primer detención vio a “Valderrama” -alto, delgado, nariz aguileña, pómulos salientes- y a “Raúl”. Es liberada por “Tiro Loco” -un hombre de nariz recta, cutis blanco, 1,80 m. y entradas profundas- y por “El Gato” -un hombre obeso, de bigotes, piel morena-. Aclara que ellos mismos actuaron en su secuestro junto con “Soler” y “Ratón”.
		En su segunda detención participaron Soler, “Colores” y un tercer hombre a quien llamaban “Rolando” o “Celeste” morocho, de cutis trigueño. 
		Al llegar al centro de detención fue dejada en una oficina donde había organigramas de distintas organizaciones como ERP y Montoneros, con nombres, alias y fotos de los supuestos integrantes. 
		Desde ese lugar escuchó los gritos de su hermana mientras la torturaban, por lo que comienza a gritar. Fue llevada al “quirófano” a ver a la hermana, allí estaban Clavel, Soler, Colores, ingresando luego el Turco Julián y Kung Fu. 
		Recordó que tanto El Turco Julián como Colores tenían llaveros con una cruz esvástica.
		Refirió que volvió a ver a Colores cuando les llevó a ella y a su hermana correspondencia de Toscano y la segunda en una de las visitas que Toscano les hiciera junto con “El Turco Julián”.
		Los antecedentes indicados, a los que se suma toda la información contenida en el legajo nro. 98, permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		140. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mario César Villani.
		Mario César Villani fue secuestrado el 18 de noviembre de 1977 a pocas cuadras de su domicilio sito en Parque Patricios, siendo alojado en cautiverio sucesivamente en cinco centros clandestinos de detención. 
		El primer centro clandestino de detención donde estuvo secuestrado Mario Villani fue el denominado “Club Atlético” donde permaneció hasta el 28 de diciembre de 1977, ocasión en que es “mudado” al campo sito en Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, es decir, “El Banco”. 
		La permanencia en este lugar fue provisoria hasta tanto se terminó de construir “El Olimpo”, donde fue nuevamente “mudado” en agosto de 1978, permaneciendo allí hasta enero de 1979, cuando fue llevado a la División Cuatrerismo de Quilmes para ser finalmente alojado, hacia marzo de 1979, en la Escuela de Mecánica de la Armada. 
		Luego de salidas transitorias y vigiladas, su definitiva liberación se produjo en agosto de 1981.
		Resulta importante destacar las funciones que le fueron encomendadas a la víctima que nos ocupa durante su cautiverio porque las tareas que ejecutara Villani lo transformaron en un testigo privilegiado de los centros y le ha permitido realizar una importante tarea de recopilación de información de víctimas y represores (cfr. listados aportados en el marco de la causa número 9373/01 que corre por cuerda, como legajo de prueba, a las actuaciones nro. 14.216/03).
		Desde su cautiverio en “El Banco”, a Villani se lo integró al Consejo, o sea el grupo de secuestrados que estaban sin vendas y que tenían que cumplir con las tareas diarias del campo, hacer la comida, limpiar los baños, limpiar las celdas, llevar la gente al baño. Simultáneamente, Villani fue siempre utilizado fundamentalmente para hacer trabajos de electrónica dentro de los campos en los que estuvo alojado.
		Incluso, en una oportunidad tuvo que reparar una picana en “El Banco” a requerimiento del represor “Colores”. Si bien se negó inicialmente, los represores comenzaron a torturar con “Vari‑volt”, un transformador variable que tiene menos tensión que la picana, pero no tiene limitación de corriente y a partir de ese momento, empezó a aumentar la frecuencia de la gente que entraba en coma y después moría. Ante ello, finalmente, Villani reparó la picana, no obstante lo cual la hizo menos dañina, pues le cambió un capacitor por lo que se generaba una chispa de menor energía. 
		Todo lo precedente surge con detalle de: la declaración de Villani prestada en Juicio de la Verdad de La Plata el 27 de Octubre de 1999, en el marco de la Causa número 843; de las constancias del legajo 211; de la versión taquigráfica de su declaración en la causa 13; del legajo 119; y del legajo del nombrado caratulado “Testimonios extraídos de documentación de la causa nro. 1637/95 acumulada a causa nro. 13.445/99 Videla, Jorge Rafael s/ privación ilegal de la libertad personal”.
		En oportunidad de prestar testimonio en el “Juicio de la verdad” celebrado por la Excma. Cámara Federal de la ciudad de La Plata, Mario Villani se refirió de manera extensa y detallada acerca de las penurias vividas en los centros de detención donde permaneció en cautiverio.
		“...en El Atlético, que fue el primer Campo que estuve en el cual yo no formaba parte como sí lo formé después, del grupo que se llamaba Consejo, el Consejo era el grupo de presos o secuestrados que tenía que cumplir las tareas diarias del campo, hacer la comida, limpiar los baños, limpiar las celdas, llevar la gente al baño, porque la gente no podía ir sola al baño, como estaban con los ojos vendados había que hacer un trencito y cada uno ponía la mano en el hombro de adelante, y adelante de todo iba uno de nosotros que estábamos sin la venda, llevándolo de la mano a bañarse, a hacer sus necesidades.” 
		“Bueno, yo formaba parte de ese Consejo después pero al principio no formaba parte de ese Consejo, pero la primera cosa que pasó donde ellos se dieron cuenta que yo les podía servir, fue una vez que estando en El Atlético, que ustedes recuerden que estaba en un sótano, se descompusieron las bombas que desagotaban las letrinas, y dejaron de sacar la gente al baño, esto fue una situación muy dura, estábamos en las celdas y nos hacíamos nuestras necesidades encima, literalmente, yo empecé a insistir, mejor dicho, algunos de los que repartían la comida, que formaban parte del Consejo, me informaron que lo que estaba pasando era que se habían descompuesto las bombas que desagotaban las letrinas y que entonces no se podían usar los baños porque se transformaba algo insoportable para ellos, por nosotros no les importaba, entonces yo empecé a insistir que yo podía repararlas, al principio no me dieron mucho corte, simplemente yo insistía a través de los que repartían la comida que eran otros presos que formaban parte del Consejo, hasta que al final me mandan a buscar y me llevan a revisar las bombas [...] entonces me integran al Consejo […] tenía que hacer reparaciones, electricidad, electrónica, de carpintería, de lo que fuere, esto fue, así empezó mi integración a lo que se llamaba el Consejo”. 
		“Además esto definió que cuando llegaba el momento de algún traslado, traslado eran como dije hace un rato, es un eufemismo por la muerte, cada tanto había que vaciar el campo, porque si no, no tenían lugar para los nuevos secuestrados, cuando decidían hacer un vaciamiento del campo para hacer lugar, incorporaban a los traslados a todas esas personas que no le servían más para los trabajos de Inteligencia, y estas personas eran, bueno, nos enteramos después en Democracia, que eran subidos a un avión y tirados al mar, etc., entonces a mí no me incluyen en los traslados porque siempre estaba reparando algo de algún jefe, aparte de cosas que estaba reparando de cosas que se robaban, entonces es la razón por la que yo sospecho que no era incluido en los traslados, supongo que más de una vez debo de haber estado incluido pero esto yo no lo puedo decir, tendrían que decirlo ellos si alguno alguna vez habla”. 
		A continuación, Villani describió el accionar de algunos represores, comenzando por Garay alias “El Gordo Rey”:
		“Ahora, me gustaría relatar algunas de las cosas que, digamos viví adentro del Campo, simplemente a título de ejemplo porque si voy a relatar toda mi vida en los Campos son casi cuatro años, es mucho tiempo, nos llevaría varios días. Acá tengo tomadas algunas notitas, un par de cosas que quiero mencionar a título de ejemplo, el primer ejemplo es una persona, hablar de una persona a quien llamábamos El Gordo Rey, el Gordo Rey es el nombre de Guerra que tenía esta persona, en la lista está el nombre real, es una especie de sádico especialmente con las mujeres, tenía un problema particular con las mujeres, esto sucedió todavía cuando yo estaba en mi primer Campo de Concentración en El Club Atlético, sacó a un par de mujeres de la sala de torturas, él no las estaba torturando, las colgó de los tobillos de un gancho en la pared, boca abajo, les afeitó el pubis, él con sus manos les afeitó el pubis, y una vez afeitado el pubis, entonces con un algodón con alcohol se los pasaba por el pubis, mujeres que no estaban, él no las estaba interrogando, él lo que estaba haciendo supongo yo, era descargar sus instintos, bueno, instintos que no quiero calificar, que lo califiquen los que corresponden que los califique. Me resulta muy difícil hablar ahora sobre este tipo de cosas, porque he hablado muchas veces sobre eso, he hablado en el Juicio a las Juntas, he hablado en España donde estuve dando testimonio, pero no me acostumbro, cuando empiezo hablar sobre estas cosas, hablo con un nudo en la garganta y les pido que me disculpen. La otra persona que éste señor el Gordo Rey que el apellido de éste hombre es Garay, este es el apellido legal, está en la lista que dejé en el Juzgado”. 
		Mario Villani, a continuación, habló con detalle de las situaciones que vivió en los centros de detención donde estuvo privado de su libertad con Samuel Miara:
		“Otra persona que quisiera hablar es alguien muy conocido, Samuel Miara, a quien nosotros conocíamos como el Turco Cobani, Samuel Miara era en los Campos donde yo estuve el Jefe. [...] bueno Samuel Miara era, en la época que yo estuve en los campos donde yo estuve, él estuvo en el Atlético y en Banco, en El Olimpo estuvo muy poco. En el Atlético y en el Banco, él era el jefe de uno de los grupos de guardia, había tres grupos de guardia a veces cuatro, equipo de guardia quiere decir eran grupos compuestos por torturadores, por guardias torturados, guardias y una patota operativa, normalmente esto, todo este grupo se cambiaba cada 48 horas y venía otro y esto era periódico, había dos o tres grupos no sé exactamente, cuántos había, pero eran dos o tres, iban rotando entonces cada tanto a Cobani, que era el jefe de uno de estos grupos de guardia, le tocaba guardia a él, durante los traslados, se hacían en realidad durante la guardia de más frecuentemente porque era él el encargado de los traslados, de la organización de los traslados.”
		“Acá voy a cometer una infidencia. Que en realidad no es una infidencia porque la víctima ya testimonió esto mismo, creo que en el juicio de las Juntas. Violó a una detenida que estaba en proceso de tortura, en la sala de tortura, osea en el quirófano lo que llamaban quirófano, la habían dejado atada en la mesa de torturas, y se habían ido, la habían dejado en la amansadora digamos y entro él y la violó atada en la mesa de torturas, esto es para ir pintándolo como es […] En mi caso particular, yo tengo especial inquina por él, digamos. yo podría decir que me alcanzan en este caso las generales de la ley. No sé, esto lo tendrá que decidir el tribunal Pero quiero relatar las cosas tal cual yo las viví. Durante una guardia de él era una época en El Banco muy lluviosa, que estaba y que había fuertes goteras, se inundaban algunos sectores, se inundaban celdas, se inundaban pasillos y yo como en esa época formaba parte del consejo, aparte de las reparaciones que tenía que hacer, tenía que hacer la comida, tenía que limpiar los baños y todo esto tenía que secar lo que se inundaba frente a una celda a un pasillo que se inundaba cuando yo secaba enfrente a esa celda. En una época que hacía mucho calor las celdas estaban abiertas, ahí había una prisionera que ahora está desaparecida, Juanita Armeliz se llamaba. Y cada vez que yo limpiaba enfrente de la celda había días que yo estaba muy mal con mucha bronca, puteaba. Otros días estaba ella llorando y yo trataba de apoyarla de darle apoyo disimuladamente, porque esto era correr un riesgo, pero por alguna razón durante las guardias de Cobani pescó algo de esto y supuso que algo pasaba entre Juanita y yo. Entonces […] me lleva aparte y me dice «flaco, te gusta la rubia» y entonces primera vez, primera vez no, ahí trago saliva, le digo «sí me gusta», «bueno querés que esta noche te la lleve a tu tubo», tubo son las celdas era una situación dura porque ahí tenía que caminar en el filo yo no podía, no quería mostrarme, enfrentarme en rebeldía, eso para mí significaba la muerte, pero tampoco quería claudicar de mis principios, esa noche me la lleva a mi tubo, cierra el tubo, mañana abro y la vengo a buscar a Juanita, nos pasamos toda la noche hablando con Juanita, por supuesto que no pasó nada, pero nos pasamos toda la noche hablando, primero ella se largo a llorar, yo me largué a llorar, los dos lloramos como nenes, después nos pusimos a hablar me contó de su familia, le conté de mi familia, todas estas cosas, y al día siguiente abren la celda, yo vuelvo a mi trabajo como miembro del consejo y ella vuelve a su celda, la siguiente guardia de vuelta me la trae Miara […] y uno diría como que uno se quería portar bien conmigo por lo menos me esta queriendo coimear, no sé, alguna cosa de éstas, yo pienso que no, que esto era o que le está queriendo hacer un favor a Juanita, pienso que no, pienso que ya estaba decidido su traslado de Juanita, es una forma de presionarme a mí, de buscar mi complicidad, además hay un montón de explicaciones posibles, me la trae a la celda y de vuelta al día siguiente. Por supuesto, ahí nos hablamos todo, nos contamos de las familias, me contó del marido, el marido después de que a ella la trasladan, es secuestrado, herido y va a parar a la enfermería y yo logró entrar a la enfermería con la excusa de una reparación y hablar con él y contarle sobre Juanita, él esta desaparecido ahora también, bueno esta es una descripción de éste señor, el turco Cobani o Samuel Miara.”
		El testigo Villani también se refirió a Julio Simón de la siguiente manera: 
		”Otra persona que ha salido en televisión en un programa en el cual también me entrevistaron a mí, es el turco, el llamado Turco Julián, Julio Simón, nazi. Nazi, eran todos nazis ahí, pero éste se vanagloriaba de serlo, llevaba siempre colgando en el cuello o en el llavero una cruz esvástica. Una persona, yo pienso muy sanguinaria. Mejor dicho sanguinaria de todas maneras contradictorias, además de sanguinarias, al Turco Julián yo lo sufrí, en […] Atlético, Banco y Olimpo, no estuvo entre la gente, en complicidad con la gente que vació el Olimpo y fue y nos llevó a División Cuatrerismo de Quilmes […] aunque después volvió aparecer por unos día en la ESMA, El Turco Julián, tenía un especial predilección por torturar a los judíos, como ya dije llevaba una cruz esvástica, pero el Turco Julián también era una persona que durante las guardias de él traía yerba que pagaba de su bolsillo y nos hacía hacer mate cocido a los que formábamos parte del Consejo, traía yerba y azúcar que pagaba de su bolsillo y nos hacía repartir mate cocido entre la población de secuestrados, ahí la jugaba de bueno, claro al rato sacaba alguien de la celda y lo reventaba a cadenazos, el doble mensaje era continuo.” 
		No es ninguna novedad que, en el universo concentracionario, los perpetradores actúen como lo hicieron Miara y Simón, según relata Villani aquí. Es lo que el experto Tzvetan Todorov denomina la primera forma de la fragmentación propiciada en los agentes del mal por el modelo totalitario de poder. “Se trata de un rasgo común entre los verdugos, una incoherencia en sus actos que los llevaba a una alternancia entre el bien y el mal; el mismo individuo que torturaba y mataba, podía tener un gesto de humanidad con una víctima” (cfr. Wang, Diana: El silencio de los aparecidos, Ed. Ensayo, Bs. As., 1998, p. 168).
		Con posterioridad, Villani se refirió a Juan Del Cerro de la siguiente forma: “…a otra persona que también conocí y que también es muy conocido, a través de los procesos que se han seguido, cuando volvió la democracia fue Juan Antonio del Cerro alías Colores, de él era la picana que reparé. Juan Antonio del Cerro, solía trabajar en tándem con el Turco Julián.” 		Por último Mario Villani explicó que Suárez Mason visitó los centros de detención conocidos como “Olimpo” y “El Banco” al narrar lo siguiente: “...en el Olimpo también lo vi en Banco […] sé que estuvo y en el Olimpo hablé con él, Suárez Mason, vino de inspección en aquel entonces los campos de concentración de la Capital Federal, de la llamada zona 1, dependían de él y vino a verme, mejor dicho, no vino a verme, hizo una primera visita que yo me enteré que hizo a la cual, no lo vi, porque durante la visita nos enceraron a todos en la celda, cerraron las puertas, fue mientras estaba en el Banco, en la segunda y tercera visita que hizo, era cuando yo estaba en el Atlético y ahí a mi enceraron en lo que era lo que usaba como taller de electrónica porque me entero después él quería hablar conmigo, y vino a hablar conmigo, el problema era que en aquél entonces los Montoneros estaban haciendo interferencia en la televisión y él quería saber dos cosas, cómo se podía hacer para detectar las interferencias y quiénes la estaban haciendo...” (cfr. fs. 20.081/96).
		Villani, a quien durante su prolongado cautiverio se le asignó un código y apodo o "nombre de guerra", (X-96 y "Tito" respectivamente) fue sometido a interrogatorios bajo tortura física, consistentes en picana eléctrica y golpes con porra de goma, ha identificado como sus torturadores a: 1) Luis Rinaldi (a) Cap. Leo, (a) Pepona, (a) Cara de Goma, quien habría sido Subcomisario de la Policía Federal y estuvo en los Centros clandestinos de detención “Atlético” y “El Banco”; 2) Oscar Augusto Rolón, (a) Soler, Auxiliar 2° de la Policía Federal, a quien ubicó en los Centros clandestinos de detención "Atlético”, “El Banco”, “Olimpo” y División Cuatrerismo de Quilmes; y 3) un sujeto apodado Tosso, oficial de Policía Federal.
		En ocasión de prestar declaración testimonial en el marco de la investigación desarrollada en relación a la privación ilegal de Alfredo Giorgi, correspondiente al legajo 359, Mario Villani y al serle exhibidas dos fotografías reconoció en las mismas a Eduardo Ángel Cruz alias “Cramer” y Eugenio Pereyra (MI 6.153.119) alias “Quintana” como dos de los represores que se desempeñaron en el centro de detención “Olimpo”.
		Mario Villani a fs. 44/49 de la causa nro. 9373/01 aportó un listado de los represores que vio en ocasión de permanecer privado de su libertad en los centro clandestinos de detención, antes señalados:
		En la sentencia dictada en la causa nro. 13/84 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el 9 de diciembre de 1985, se evaluó su caso bajo el nro. 84.
		Allí se expresó que el nombrado fue privado de su libertad por un grupo de personas que dependían del Ejército Argentino. Asimismo, que el 28 de diciembre de 1977 fue trasladado a “El Banco” y que dicho centro clandestino de detención fue clausurado en agosto de 1978 y todos los que allí se hallaban, fueron traspasados a “Olimpo”, donde se hallaban los mismos responsables -guardias y represores- que en los otros dos centros.
		La permanencia en estos centros se halla corroborada también a través de los testimonios de Graciela Irma Trotta, Enrique Carlos Ghezan, Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan, Nora Bernal, Isabel Teresa Cerruti, Juan Carlos Guarino, Osvaldo Acosta, Julio Eduardo Lareu, Susana Leonor Caride y Nelva Méndez de Falcone, 
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en los tres lugares, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro y a Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena por los hechos que el nombrado sufriera en “Banco” y “Olimpo”.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		141. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Osvaldo Paladino.
		Jorge Osvaldo Paladino fue privado en forma ilegal de su libertad el día 2 de octubre de 1978 y trasladado al centro clandestino de detención conocido como “Olimpo” para ser liberado el 21 de diciembre del mismo año.
		Paladino fue secuestrado cuando salía de su trabajo en Juan Bautista Alberdi 5045 por un grupo de personas -entre cuatro o cinco- que lo introdujeron en la parte posterior de un vehículo para ser conducido al centro de detención “Olimpo” donde fue sometido a reiteradas sesiones de torturas.
		En dicho lugar, le fue otorgada por el personal allí actuante la identificación de “T-41" y le otorgaron la tarea de repartir la comida a los demás detenidos.
		En oportunidad de prestar declaración testimonial en el marco de la causa nro. 9373/03, Paladino señaló que: “Dentro del campo le vi la cara a varios represores. Al Turco Julián; a Colores, que ahí adentro estaba muy junto al Turco Julián, después supimos que su nombre es Juan Antonio del Cerro, también estaba Nelson [..]; Cortes es Guillermo Cardozo de Gendarmería, Ferro que era Coronel del Ejército; Soler que era Oscar Augusto Rolón que era de la Policía Federal. A todos ellos los veía circular dentro del campo cuando repartía la comida...” (cfr. fs. 67/71).
		En oportunidad de prestar declaración testimonial ante este Tribunal, Paladino ratificó el contenido de sus anteriores manifestaciones (cfr. fs. 17260/1).
		De esta forma, las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		142. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Claudia Graciela Estévez.
		Claudia Graciela Estévez fue secuestrada junto a su esposo, Rufino Almeida, en el domicilio de sus padres sito en calle 54 nro. 528 de la ciudad de La Plata los primeros días de junio de 1978, permaneciendo cautiva en “El Banco” y liberada el 26 de julio de 1978. 
		Conforme surge del testimonio de la propia damnificada cuanto de su esposo (declaración de Estévez, -cfr. fs. 109 de la causa 9373/01 y 17.331/2 vta. de los principales- y Almeida fs. 73 y siguientes y 144 y siguientes de la causa 9373/2001, cuanto a fs. 17.333/4 vta. de los principales), ya referidos, en el secuestro intervino un grupo de tareas entre los que estaban, entre otros, “Paco”, “Raúl”, “Cobani” quien es Samuel Miara, “Angelito”, “Colores” y “Soler” entre otros. 
		Los propios dichos de la damnificada permiten tener por acreditada su ilegal privación de la libertad en “El Banco” donde compartió cautiverio con numerosos detenidos cuyo ilegal alojamiento en dicho centro se tendrá por acreditado, entre otros: Pablo Pavich, Jorge Allega, Mario Villani, Daniel Merialdo, Lucía Tartaglia, Horacio Cid de la Paz, Mariano Montequín, Laura Crespo, María del Carmen Rezzano de Tello, Mariana Arcondo de Tello, Ricardo Moya, Osvaldo Acosta, Rafael y Pablo Tello, Hebe Cáceres, Raúl Olivera Cancela y Oscar Elicabe Urriol. 
		La acreditación del caso que nos ocupa encuentra respaldo también en los dichos de Hebe Cáceres (cfr. fs. 31/4 causa 9373/01).
		En oportunidad de testimoniar ante este Tribunal, Claudia Estévez señaló que cuando estuvo privada de su libertad en el centro de detención conocido como “El Banco” explicó que: “Para mí había dos categorías, una correspondía a los guardias y otros eran los oficiales quienes eran los que operaban, cuyo jefe era Minicucci. Soler se desempeñaba como oficial. Los oficiales eran los que realizaban lo secuestros, torturaban y decidían sobre el destino de los detenidos. Estos oficiales, se reunían y decidían si los detenidos debían estar en libertad o no. En mi caso la reunión se produjo con Miara, Paco y Julián, entre otros. Posteriormente Miara me dijo que no se ponían de acuerdo si me liberaban o me podían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los oficiales, podían pertenecer al Ejército o Policía y tenían más cargo que los guardias [...] Sé que había guardias rotativas, uno de los oficiales debía estar todo el día mientras los demás operaban, eso me lo dijo «Covani», es decir Samuel Miara.”
		En relación a los represores que vio en el centro de detención identificó a “Calculín” “Kung Fu”, “Alacrán” y “Centeno”, respecto de quien señaló que ”…era un oficial y lo vi muchas veces en el salón del «Banco» y una vez estando en el tubo 38 nos abrió la puerta y nos preguntó si teníamos dos hijos «rubitos» le dijimos que sí, le pregunté quién era y dijo «Centeno»…”.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “El Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		143. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Pablo Rieznik.
		Conforme sus dichos ante la CONADEP (legajo 5725), Pablo Rieznik, fue detenido el 25 de mayo de 1977 en un bar ubicado en la calle Belgrano entre La Rioja y Urquiza, cuando se hallaba en compañía de Miguel Guagnini.
		La víctima refirió que primero fueron conducidos a la Comisaría 8° de la P.F.A., donde los subieron a un automóvil y fueron trasladados al centro clandestino de detención “Club Atlético” (esto lo supo con posterioridad). 
		Al llegar fue sometido a la primera sesión de tortura, y explicó: “…que se le aplicó picana eléctrica por todo el cuerpo, pasándole corriente en los genitales, boca y puntos más sensibles del cuerpo”. Durante la sesión era custodiado por cuatro o cinco represores que se llamaban entre ellos con apodos, recordando “Turco” y “Pajarito”. (cfr. fs. 6/9 del legajo 335).
		Continuó explicando Rieznik que fue alojado en distintas celdas de diferentes tamaños. Al tercer día fue nuevamente interrogado con torturas, perdió el conocimiento y se le inyectó una droga para completar la “sesión”.
		El día de su liberación, 31 de mayo de 1977, fue retirado de su celda, llevado a un garaje e introducido en un auto junto con un hombre y una mujer. Los liberaron frente a los monoblocks “Catalinas Sur”.
		Durante su permanencia en cautiverio vio a distintas personas y recordó sólo los nombres de Miguel Guagnini y Juan Carlos Higa.
		Los dichos de la víctima resultan consistentes para tener acreditado que efectivamente estuvo en el centro de detención “Atlético” y que fue sometido a torturas por parte de Simón alias “El Turco”.
		En efecto, el nombrado refirió haber compartido cautiverio con Higa y Guagnini, y realizó una descripción del lugar y de la forma de funcionamiento, que evidencia la verosimilitud de su testimonio. 
		En tal sentido, Rieznik ha referido que cuando llegó al lugar le fue asignado una letra y número para identificarlo, que poseían cadenas en los pies, que los hacían ir al baño en fila, aparte del represor apodado “Turco”, mencionó a otro de apodo “Pajarito”, el cual ha sido mencionado también por otras víctimas que estuvieran allí alojadas.
		Los elementos de prueba reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		144. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Haydee Marta Barracosa de Migliari.
		Haydée Marta Barracosa de Migliari fue detenida junto a su cónyuge, Antonio Atilio Migliari, el 4 de noviembre de 1977 en su domicilio sito en la calle Paso 1794, piso 1° de Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, por un grupo armado de entre 8 y 10 personas que vestían de civil. Fue trasladada junto a su esposo al centro clandestino de detención denominado “El Club Atlético”.
		Conforme luce de la declaración testimonial prestada por la propia damnificada a fs. 53/6 del legajo 228, al llegar al lugar de su clandestino cautiverio y al tiempo en que le eran colocadas cadenas en los pies, uno de los represores le manifestó a otro “…Julián ahí te la dejo, no tenés que desvirgarla”.
		En dicho centro fue sometida a tormentos dentro del denominado “quirófano” por medio de la aplicación de picana eléctrica.
		Pudo asimismo observar, en algunas oportunidades, a su marido, que estaba severamente golpeado, destacando que en una oportunidad el represor apodado “Julián” le mostró uno de sus dedos lastimado explicándole que era a consecuencia de un golpe que le propinara a su marido por medio del cual le sacó un diente, comprobando más tarde que ello era cierto. 
		Tras unos 20 días de detención, Barracosa de Migliari fue liberada junto a su esposo y a un trabajador municipal de apellido Ferrito.
		Todo lo precedente se ve sobradamente avalado y corroborado por las constancias obrantes en la presentación de Antonio Atilio Migliari ante la CONADEP (legajo 6964 anexado al legajo 305, a su vez acumulado al legajo 228), la declaración testimonial prestada por el nombrado (fs. 49/51 del legajo 228), lo expuesto por Marcos Jorge Lezcano (legajo 1485 CONADEP y declaración testimonial de fs. 57/9 del legajo 228) y los dichos de Alberto Rubén Alvaro (legajo 7269 CONADEP y declaración testimonial de fs. 24/26 del legajo 228).
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		145 y 146. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Elsa Martens de Granovsky y Félix Granovsky: 
		Se encuentra probado que los nombrados fueron privados de su libertad el día 19 de noviembre de 1976 cuando se hallaban en su domicilio, sito en Medrano 574 2° “B”, y conducidos al centro de detención clandestina denominado “Olimpo”, para ser liberados alrededor de 10 días después.
		Félix Granovsky expresó que fueron detenidos por un grupo de unas doce o quince personas que poseían ropa de fajina, que se desplazaban en un automóvil Ford Falcon y en un camión tipo furgón; que el grupo que los detuvo robó diversos elementos y entre ellos, pinturas de Castagnino, Berni y otros objetos tales como libros y otros objetos de valor.
		Que en el lugar había unas 17 ó 20 personas, que a los detenidos les ponían grilletes en sus muñecas, que a ellos dos se los medicó con morfina. Agregó que fue víctima de la aplicación de picana en regiones sensibles de su cuerpo y se lo interrogó; que como ambos, es decir él y su mujer, estaban heridos, se manejó la idea de matarlos a ambos, y que posteriormente se hizo lo que proponía el “Turco Julián” a quien identificó como Jefe del centro de detención y quien era Oficial de Policía. Que éste, que tenía muy contradictoria conducta con los detenidos, tuvo la idea de que los traslade a ambos a las inmediaciones de un hospital (cfr. fs. 8/13 del legajo 216)
		También en tal legajo obra la declaración testimonial prestada por Elba Granovsky, quien relató que en la fecha citada, a eso de las 1 ó 2 de la madrugada, se encontraba con su esposo Félix, cuando escucharon fuertes golpes y luego ingresó al domicilio un grupo que se identificó como de las fuerzas conjuntas; que las personas estaban encapuchadas, que trató de escapar por la puerta de servicio, pero estaba hachada, por lo cual se arrojó por una ventana y perdió el conocimiento. Que cuando se despertó, estaba en los brazos de un hombre a quien le preguntó quién era y él dijo “Soy Julián”, que este sujeto la acariciaba lo que motivó que uno le preguntó a “Julián” si se había enamorado de ella, ante lo cual el nombrado respondió “No, pero mirá qué linda”. Que volvió a perder el conocimiento y que cuando lo recuperó estaba en un sótano, con una mano sujeta a un grillo fijo en la pared.
		Que en dicho sitio reconoció a Jorge Teste, abogado y amigo de ella y de Félix, y la mujer de éste de nombre Mónica Schteingert, quien supuestamente había sido trasladada el día anterior. 
		También dijo que allí había un joven de nombre Norberto Gómez que era muy buen médico y al cual evidentemente lo habían torturado y ahora colaboraba para salvar la vida de los cautivos; que también había una médica de unos 25 años que lo ayudaba.	
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos respecto de Elsa Martens de Granovsky. Respecto de Oscar A. I. Rolón se lo cautelará por el delito de tormentos respecto de ambas personas.

		147. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Marcelo Daelli:
		Marcelo Daelli fue detenido el 27 de marzo de 1977, habiendo permanecido ilegalmente privado de su libertad en el centro clandestino de detención conocido con los nombre de “Atlético”, donde fue sometido a tormentos físicos.
		El 1° de mayo de ese año fue transferido a Coordinación Federal, y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 5 de mayo, recuperando su libertad el 29 de junio siguiente.
		De sus testimonios glosados en el legajo 225, correspondientes a sus manifestaciones ante: a) CONADEP; b) en la causa correspondiente al legajo nro. 120, “Israel Teresa su dcia.”; y c) la Excma. Cámara Federal en el juicio celebrado en el marco de la causa nro. 13/84; así como d) en lo declarado ante esta sede, el nombrado refirió haber sido detenido en su domicilio sito en la calle Echeverría 442 de Martínez, Partido de San Isidro, el 24 de marzo de 1977, por un grupo armado que manifestó ser de fuerzas conjuntas, quienes a las dos de la madrugada entraron a su casa. 
		Lo hicieron vestir y, vendado, lo subieron a un auto que se dirigió hacia Capital Federal. 
		Al llegar al centro clandestino de detención, que luego supo que era “Atlético”, lo hicieron bajar por una escalera donde le encadenaron los pies, le pusieron en los ojos una venda elástica y le dijeron que, a partir de ese momento, pasaba a ser “F-107”.
		Allí fue recibido por el “Turco Julián” quien lo llevó a un lugar donde había muchos detenidos de la Facultad de Filosofía, donde pudo ver a María del Carmen Reyes, Alejandra Lapacó y Sergio Nocera. 
		Luego, lo interrogó y le hizo escribir a máquina su declaración, que fue agregada a un legajo donde estaba su DNI que había sido sacado de su casa.
		Respecto de los tormentos físicos a los que fuera sometido refirió: “Que el primer día de alojamiento, el Turco Julián lo invitó a «conocer la picana eléctrica» que ésta fue la primer tortura, que esta vez el único que lo torturó fue el Turco Julián. Que también lo torturaron una vez que lo escucharon hablando con su compañero de celda, que lo llevaron vendado a la sala de tortura, pero no pudo saber quiénes eran” (cfr. fs. 19.392/4).
		En dicho centro de detención el nombrado compartió cautiverio con Alejandra Lapacó, María del Carmen Reyes, Sergio Nocera, Miguel Butti Arana, Laura Pérez Rey, Rita Lamaison, Nélida Filgueira, María Inés López, Maria Teresa Israel, Aarón Jalliansky, “Nene” Parreira, Daniel Di Nella, Julio Meiland y Jorge Dillon. 
		Las pruebas citadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		148. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Carlos Alberto Squerri:
		Se halla probado que Carlos Alberto Squerri fue privado ilegalmente de su libertad el día 11 de octubre de 1978, y trasladado al centro clandestino de detención “Olimpo” el cual dependía operacionalmente del Ejército. No está probado que haya recuperado su libertad.
		Tal como surge del legajo nro. 345, y en particular del relato de Nilda Valenti de Squerri, el marido de la nombrada de nombre Guillermo Squerri, en la fecha citada recibió un llamado telefónico anónimo mediante el cual le dijeron que en la intersección de las calles Galicia y Nicasio Oroño había ocurrido un accidente, que al constituirse en tal sitio le dijeron que había sido detenido un joven, al cual antes lo habían inmovilizado con un disparo; que éste fue introducido en un automóvil por cuatro personas; que en momentos en que el nombrado fue detenido, pidió que avisaran lo ocurrido al número de teléfono de sus padres.
		De dicha presentación surge que Norberto Squerri, fue también detenido y que en “Olimpo” -en donde estuvo dos días-, pudo ver a su hermano Carlos Alberto quien poseía heridas provocadas por armas. El nombrado refirió que a su hermano le habrían aplicado picana eléctrica y que tenía severas heridas en su mano derecha, que había sido introducida en una morsa.
		En dicho legajo se menciona que se habrían realizado diversas gestiones con el objeto de procurar la averiguación del paradero del nombrado, pero que ninguna de ellas dio resultado positivo.
		Obra en el legajo declaración testimonial de Nilda Juana Valente de Squerri, quien refirió que había una señora de apellido Fernández Blanco que estuvo detenida en “Olimpo” y que le dijo haber visto a su hijo en tal centro; que también su esposo estuvo en dicho centro y vio a su hijo.
		Asimismo obran extractos de los testimonios de Retamar y de Ghezan, surgiendo en el primer caso, que en el “Olimpo [...] en el sector de la población estaba […] «Cali»” y en el testimonio de Ghezan, surge que en “…Olimpo [...] «Cali» supuestamente Squeri, trasladado a la ESMA el 25 de diciembre de 1978, alto, gordo...”.
		De esta forma las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
	
		149. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Luis Gerardo Torres:
		Se halla probado que Luis Gerardo Torres fue privado de su libertad el día 27 de octubre de 1978, cuando se hallaba en su domicilio de calle Pringles 1810 de la localidad de Ezpeleta, Quilmes, que fue trasladado al centro de detención “Olimpo” el cual dependía del Ejército Argentino y que fue liberado el día 10 de noviembre de 1978.
		Surge del legajo nro. 125 que en la fecha citada se presentó en el domicilio del nombrado un grupo de hombres vestidos de civil que rodearon la manzana y luego de golpearlo lo introdujeron en uno de los cinco vehículos utilizados en el operativo.
		Que luego de hacer un trayecto muy largo y de preguntarle por diversas personas, resolvieron llevarlo al “Pozo”, que al ingresar lo desnudaron y le asignaron un número y una letra para su identificación.
		Que luego lo llevaron a un lugar al cual le decían “el quirófano” en donde había una mesada de metal, a la cual lo ataron y le aplicaron picana eléctricas en sus partes sensibles; que también lo colgaron de las muñecas y de los tobillos boca abajo, luego de lo cual debió soportar una nueva sesión de picana.
		En apoyo de las circunstancias relatadas por Torres en cuanto a su detención, obra el testimonio de María Adelina Roja, esposa del nombrado, quien relató lo que vio al momento de producirse la detención de su esposo.
		Obra asimismo declaración testimonial prestada por Torres, quien reiteró en esta ocasión que entre las personas que lo secuestraron estaba “El Turco Julián”; que ni bien llegaron a “Olimpo” comenzaron a golpearlo y que incluso recibió golpes con cadenas y con una madera con clavos. Que también lo llevaron a la “parrilla” en donde le aplicaron picana en todo el cuerpo.
		En el referido centro de detención identificó como guardias a “Polaco Grande” y “El Tano” como guardias del mismo.
		Que fue liberado junto a otras personas en la fecha citada, esto el 10 de noviembre de 1978 y que lo dejaron en Av. Federico Lacroze.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
		
		150. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Horacio Martín Cuartas: 
		Se encuentra acreditado que Horacio Martín Cuartas fue privado ilegalmente de su libertad el día 27 de octubre de 1978, luego de lo cual fue trasladado al centro clandestino de detención denominado “Olimpo” el cual dependía del Ejército Argentino, donde estuvo privado de su libertad durante cinco días.
		Surge del legajo nro. 266, ver fs. 1/4, que en la fecha citada salía de la Clínica Ceriquil Sucursal Bernal, en la cual trabajaba y cuando se dirigía a tomar el colectivo, unas personas lo hicieron subir a un vehículo, que luego de unos 30 minutos llegó a un lugar que parecía como un garaje, en donde estuvo cuatro días, que al quinto día lo llevaron a un lugar que era como una oficina, donde le hicieron unas preguntas relacionadas con su vida política.
		Que quien le hacía tales preguntas era el “Turco Julián”, quien le hizo sacar la venda para que le vea la cara. 
		Agregó que el “Turco Julián” lo visitaba todos los días y le hablaba de política y de problemas psicológicos que éste poseía.
		En otra declaración refirió que en el centro de detención tuvo trato con el “Turco Julián”, cuyo nombre real es Julio Héctor Simón, a quien pudo reconocer visualmente en una publicación del 26 de mayo de 1985 aparecida en el “Jornal Do Brasil”, en una nota en que se lo consignaba como viviendo en Brasil y como causante de doscientas muertes, a la sazón guardaespaldas de “Garrincha”. 
		Agregó que no vio que “El Turco Julián“ torturara, que lo vio golpear gente y que el nombrado lo llevó a una sala en donde estaban torturando a gente y le dijo que eso le iba a pasar a él.
		También Cuartas se refirió a Juan Antonio del Cerro, como a quien le decían “Colores”, y que éste apareció en “Diario Popular”, “Tiempo Argentino” y “La Prensa” del 16 de enero de 1986, en donde pudo reconocerlo.
		Agregó que a “Colores” lo vio pasar varias veces, pero no sabe qué función cumplía allí; y que quien lo despidió cuando se ve cree que fue Guglielminetti.
		En cuanto a los detenidos que allí había, recordó que había una chica chilena a la cual torturaban prácticamente todos los días, que según le dijeron era hija de un político chileno y que a ésta la violaron en reiteradas oportunidades. Agregó que vio cuando torturaban a un hombre al cual le decían “el Japonés”. 
		Asimismo, refirió que en cierta oportunidad había tres sujetos sentados y que “El Turco Julián” llevó a un cuarto sujeto delante de ellos y les dijo a los mismos que por lo que él había dicho habían sido detenidos, luego de lo cual los invitó a ingresar a una habitación para hacerle a tal sujeto lo que quisieran, que así dos de los tres sujetos ingresaron y le pegaron.
		Agregó que durante el tiempo en el cual estuvo detenido, su hermana presentó dos acciones de habeas corpus, pero fueron rechazadas (ver fs. 1/4, 7 y 19/22 del citado legajo).
		Las exposiciones señaladas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena. En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.
			
		151. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Alberto Rubén Alvaro: 
		El 4 de noviembre de 1977 aproximadamente a las 11:30 hs. fue privado ilegalmente de su libertad Alberto Rubén Alvaro, desde su domicilio sito en Olivera 550, Edificio 18, departamento ”79" de Capital Federal.
		En un automóvil Ford Falcon fue trasladado hasta al centro clandestino de detención conocido como “El Club Atlético”.
		En su lugar de clandestino cautiverio pudo ver que estaban sus compañeros de trabajo en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Martino, Lezcano, Migliari, Ferraro y Ferrito.
		Las razones por las cuales se habrían consumado las detenciones de varios trabajadores municipales habrían obedecido a la realización de una medida de fuerza.
		El 21 ó 22 de noviembre de 1977 fue dejado en libertad en las cercanías del Hospital Churruca.
		Obran en autos constancias de la presentación de Alberto Rubén Alvaro ante la CONADEP (legajo 7269), que se encuentra anexado al legajo 243, a su vez acumulado al legajo 228, surgiendo asimismo la declaración testimonial prestada por la propia víctima -fs. 24/26 del último legajo mencionado- ocasión en la que expresa que quien estaba a cargo del operativo en que lo detienen era “El Turco Julián”, a quien también indica como presente al tiempo en que fue interrogado sobre sus actividades políticas. 
		Sus expresiones, a los que se suman los testimonios de Marcos Lezcano (legajo CONADEP 1485y fs. 57/9 el legajo 228) y Antonio Migliari (legajo CONADEP 6964 y fs. 49/51 del legajo 228), resultan suficientes, al menos en esta instancia, para dar por acreditado con el grado de certeza necesaria en los términos exigidos por el art. 306 del código de forma, la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik y Juan Antonio del Cerro.
		En relación a este hecho a fs. 16.303/399 y 17.410/527 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Julio Héctor Simón y Oscar A. I. Rolón, respectivamente, por el delito de privación ilegal de la libertad y, en esta oportunidad se adoptará el temperamento señalado por los arts. 306 y 312 del C.P.P.N. por el delito de tormentos.

		152. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Juan Francisco La Valle.
		Juan Francisco La Valle fue privado de su libertad el día 15 de julio de 1977 en su domicilio de la calle Pardo esquina Farías Muñiz, por un grupo de personas armadas para ser trasladado al centro de detención conocido como “Atlético”, donde fue tabicado y engrillado.
		Al llegar al lugar lo identifican como “K-58” y lo llevaron a una sala de torturas donde fue picaneado e interrogado por primera vez, dicho proceder se repitió en otras cuatro ocasiones. En ninguna de dichas ocasiones pudo identificar a sus torturadores.
		Los interrogatorios, bajo tormentos, giraron en torno a la supuesta acusación según la cual el nombrado pertenecía al E.R.P.
		El testigo relato que la “leonera” donde estaba alojado era un sala grande dividida en tabiques bajos de un metro treinta de altura y de ancho un metro, donde entraban dos personas en el suelo siempre acostadas, que les daban una manta dura tipo militar y los tenían con cadenas cerradas con candados en cada uno de sus pies. 
		A su vez, narró que compartió la celda con distintas personas: el primero era un joven militante de la Juventud Peronista, el segundo un obrero de la firma ASTARSA y el último era un muchacho, quien estaba muy golpeado.
		La Valle, luego de explicar las condiciones de vida dentro del centro de detención -tal la escasa comida, los golpes permanentes, la falta de higiene, de cuidados sanitarios-, identificó por su apodo a alguno de los guardias: “Tordo”, “Turco Julián”, - quien era notablemente antisemita- “Colores”, “Sangre”, “Pajarito”, “Poca Vida”.
		De los detenidos con quien compartió cautiverio La Valle indicó que sólo conoce el nombre de Ana María Careaga alias “Piojo”.
		Finalmente fue liberado el 5 de octubre de 1977 y luego de poco tiempo se fue a vivir a Italia.
		Lo hasta aquí narrado se desprende de las declaración testimoniales prestadas por el nombrado a fs. 190/3 y 202/6 en la causa nro. 9373/01.
		Tales manifestaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.
		153. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Guillermo Daniel Cabrera Cerochi.
		Guillermo Daniel Cabrera Cerochi, en oportunidad de prestar declaración en el marco de la causa nro. 9373/01 refirió que el día 1º de abril de 1977 fue secuestrado de su domicilio sito en Federico Lacroze 3223 depto 5 de la Capital Federal, por un grupo de ocho o diez personas armadas, diciendo pertenecer a la Gendarmería Nacional. 
		De ahí fue alojado al centro de detención conocido como “Atlético” donde le pusieron una venda en los ojos y le preguntaron sus datos personales, entre ellos si estaba cumpliendo la conscripción, o cuál era acertado, puesto el diciente estaba realizando el servicio militar obligatorio en la Compañía de Comando y Servicio del Comando del Primer Cuerpo del Ejército. 
		A partir de ese momento, narró el testigo, que lo identificaron como “M-39" y los trasladaron a una celda, para luego ser sacado de la misma y torturado mediante golpes y patadas, mientras era interrogado acerca de su militancia en la juventud peronista. 
		En ese momento, reconoció la voz de María Carolina Soto, quien era compañera de militancia de la misma unidad básica.
		Luego, lo trasladaron a otro sector del campo donde fue torturado mediante la aplicación de la picana eléctrica, ocasión en la cual le volvían a preguntar por las armas de los Montoneros y por su actividad política “...a la vez iba aumentando la intensidad de las descargas, pese a que cada una parecía que no podía haber una peor ni algo más doloroso, pero esto sí era posible porque cada vez eran peores....”.
		En dos ocasiones, fue sacado del centro de detención y obligado a recorrer su barrio para señalar las casas de sus compañeros, ante lo cual se limitó a indicar a aquellas que correspondían a personas desaparecidas.
		A este recorrido fue llevado por dos personas, una apodada “Gordo” y la otra “Rubio”, a quienes escuchó referirse a dos oficiales de la Policía Federal llamados “Caligiuiri” y “Scaraviuk”.
		Asimismo, refirió que el día de su secuestro o al día siguiente, su padre, Adolfo Cristóbal Cabrera, se presentó en la dependencia del Primer Cuerpo del Ejército e hizo anotar en el libro de guardia de la dependencia que su hijo había sido secuestrado en su domicilio. 
		También en los momentos posteriores al secuestro, su padre llamó por teléfono a la Comisaría 37, identificándose como Oficial Inspector retirado de la Policía y preguntó quién había pedido en el barrio de Colegiales la zona libre, a lo que le contestaron que el Comando del Primer Cuerpo del Ejército.
		Durante su estadía en el centro denominado “Club Atlético”, el testigo escuchó los nombres de los siguientes represores: “Covani”, “Turco Julián”, “Coronel”, “Soldado”, “Angelito”, “Gordo” y “Pajarito”.
		Finalmente fue liberado el 15 de abril de 1977, oportunidad en la cual tuvo que reincorporarse al servicio militar, donde lo revisaron, le confirieron una semana de reposo y finalmente el día 18 de mayo le dieron la baja. 			Luego de ello, el 7 de junio de 1977, se fue a vivir a España.
		Las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.
		
		154 y 155. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Gabriela Beatriz Funes de Peidró y Ricardo Hugo Peidró.
		Gabriela Beatriz Funes y su marido Ricardo Hugo Peidró fueron secuestrados el 10 de mayo de 1977 en la noche, en Lanús, provincia de Buenos Aires, por personas armadas de civil.
		Ambos estuvieron ilegalmente detenidos en ”Club Atlético”, donde fueron sometidos a torturas con picana eléctrica. 
		Gabriela Beatriz Funes recuperó su libertad dos días después, y Ricardo Hugo Peidró el 28 de mayo de 1977.
		En su declaración obrante a fs. 379/382 de la causa Nro. 9373/2001 y en la prestada ante esta sede el 23 de junio del corriente, Gabriela Beatriz Funes relató que ella y su marido fueron secuestrados de la casa de sus suegros donde vivían, el 10 de mayo de 1977 por la noche. 
		Una de las personas que participó de su secuestro fue “Turco Julián”, que era grandote, morocho, con bigotes y alto. 
		Una vez liberada, y al conocer la cara de los represores, lo pudo identificar como Héctor Julio Simón.
		Una vez llegados a “Club Atlético” fue separada de su marido y llevada a una habitación donde había muchas embarazadas alrededor de una mesa, todas destabicadas. 
		Al negarse a colaborar la llevaron a otra habitación, tabicada, donde comenzaron a golpearla, le sacaron las pertenencias y la ropa y comenzaron a torturarla con picana eléctrica.
		En esa sesión de tortura, la declarante se desmayó, despertándose luego en la enfermería.
		Allí fue atendida por “Gerónimo” quien hacía de médico, y lo había visto en la facultad, que por la declaración de Delia Barrera se enteró que era Rubén Medina, de la Juventud Universitaria Peronista.
		Una vez curada, la llevaron nuevamente a la misma sala donde la golpearon y le preguntaron por Alejo, quien era un compañero de la J.U.P. y el marido de Roxana Giovanonni, quien estaba allí detenida y la apodaban Muñeca.
		En otro interrogatorio, mientras la golpeaban, se le cayó la venda, por lo que pudo ver que quien la golpeaba era pelirrojo, de cara redonda, de unos treinta o treinta y cinco años, de voz chillona. Una vez liberada lo pudo identificar como Juan Antonio del Cerro. 
		Luego fue llevada a una celda desde donde pudo escuchar los gritos de su marido mientras lo torturaban. 			También escuchó las torturas que le proferían a un tal Marcelo y a su novia preguntándoles por un negocio. 		En dicha celda pudo ver a “Muñeca”, Roxana Giovanoni, que entraba a limpiar.
		La llevaron nuevamente a la sala de tortura donde le dijeron que iba a ir una persona importante, de quien dependía que la pusieran en libertad. 
		Allí, le volvieron a preguntar por Alejo. Le pidieron un domicilio y un teléfono y le dijeron que si se movía de ahí, matarían a su marido, y que la llamarían para saber si había novedades de Alejo. Allí le mostraron un álbum de fotos de ella, su marido, Muñeca, cuando eran muy chicos, a modo de intimidación. 
		Le sacaron las cadenas y, tabicada, la subieron a un auto donde estaba un represor apodado “Jorge” de 40 años, morocho, parecía del interior del país; una persona rubia de ojos claros que parecía alemán y otra persona que no puede recordar. La liberaron en Lanús.
		Ya en libertad, recibió llamadas de “Jorge” preguntando por si tenía novedades de Alejo.
		Por su parte, Ricardo Hugo Peidró, en su declaración obrante a fs. 52/3 del legajo 230 y en la prestada en esta sede, menciona entre los represores a “Pajarito” y “Tío”, no pudiendo aportar mayores datos de ellos por haber estado siempre tabicado. 
		Entre los detenidos, mencionó a su mujer Gabriela Funes; Roxana Giovanonni, quien entró a su celda a limpiar, al reconocerla se levantó el tabique y pudo verla; un uruguayo con el que compartió la celda, quien había sido secuestrado en el aeropuerto de Paraguay pronto a viajar a Suecia, donde ya estaba exiliada su mujer embarazada, luego pudo saber que se trataba de Gustavo Insaurralde; Gerónimo, quien estaba en la enfermería, engrillado, cuyo nombre real es Rubén Medina; un muchacho llamado “Dani”; y una persona mayor que hablaba con dificultad el castellano.
		Manifestó que, al llegar al centro clandestino de detención, fue llevado a un cuarto, subido a una especie de camastro donde fue torturado con picana eléctrica y golpes. En dicha sesión de tortura participaron al menos cuatro personas, no pudiendo identificar a ninguno de ellos.
		Recordó que el día 26 de mayo de 1977, casi todos los detenidos fueron sacados a un patio interno donde se les informó “que iban a ser legalizados”, lo que provocó gran alegría entre los secuestrados quienes cantaron canciones y tocaron la guitarra. A estos detenidos les dieron una inyección antes de salir, les dijeron que era para que viajen tranquilos. Tal pase a la legalidad no existió. 
		El 27 de mayo de 1977 lo sacaron de la celda y lo hicieron duchar. Uno de los guardias le dijo que va a salir en libertad pero le advirtió: “no te afiliés ni a Boca”, luego de lo cual lo introdujeron en un auto y liberaron cerca de donde había sido secuestrado.
		Las constancias reseñadas permiten dar por suficientemente acreditada la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportaran los nombrados en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.

		156. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Hugo Alberto Scutari Bellicci.
		Hugo Alberto Scutari Bellicci fue privado de su libertad el día 5 de agosto de 1977 en la vía pública, por un grupo de personas armadas para ser trasladado al centro de detención conocido como “Atlético” permaneciendo en calidad de desaparecido.
		El relato de su detención lo realizó su compañera Delia María Barrera (ver caso up supra).
		En oportunidad de prestar declaración ante la CONADEP Delia Barrera explicó que fue secuestrada el día viernes 5 de agosto de 1977 y puntualizó: “Que con anterioridad a su secuestro se llevaron a su compañero, con quien convivía, Hugo Alberto Scutari, quien circulaba por la calle el mismo día que la dicente fue secuestrada…”.
		Continúa su relato con la llegada al centro clandestino de detención Atlético: ”Soy trasladada a un lugar denominado leonera, era una habitación con piso de cemento, dividida por boxes, paredes de más o menos 1 metro de altura, me tiran al piso, en ese momento no había nadie, al rato siento que entra gente, yo estaba llorando y escucho la voz de Hugo, mi esposo, que me pide que me quede tranquila que él estaba ahí. [...] Después traen a mi esposo (Hugo Alberto Scutari) me hacen hablar, él me reconoce y dice: «sí, es mi señora, pero no le hagan nada». Se lo llevan y uno de ellos empieza a pegarme con una goma o cachiporra, diciendo que me cuidara la cabeza, yo me cubría y el golpe iba al estómago, cuando me decía que me cuidara el estómago me pegaba en la cabeza…“.
		Relató que el domingo 7 de agosto, tanto ella como Hugo Scutari, fueron sometidos a una sesión de torturas conjunta: “…me agarraron de los pelos y me llevaron arrastrando hasta otro sector ubicado en el fondo, allí me metieron a una especie de oficina, luego supe que le decían quirófanos, me sacaron los grillos, me dijeron que me desnudara y que me subiera a la mesa que estaba allí, ésta era una plancha presumo de hierro oscuro, allí me ataron los brazos a la altura de la muñeca y me abrieron las piernas que también me ataron con unas gomas negras en los tobillos a unas maderas. Uno de ellos me ató un cable en el dedo gordo del pie derecho y me hizo escuchar un sonido como un zumbido al mismo tiempo me preguntó si conocía ese ruido, yo dije que no y me contestó que ya lo iba a conocer. Le dio la orden a otro que me diera media hora, en ese momento empezaron a torturarme con picana eléctrica, en todo el cuerpo, sobretodo en la zona genital, pechos, cara, al mismo tiempo que yo era torturada Hugo estaba siendo golpeado y llevado al quirófano que estaba al lado de donde yo me encontraba. El interrogatorio lo hicieron en forma conjunta, una pregunta a él y otra a mí, siempre sobrenombre de guerra, dónde había participado, qué cosas había hecho, nombres y domicilios de compañeros, descripción física de los mismos, que militancia teníamos.“
	“Después de un rato me soltaron las ataduras, me dijeron que bajara de la mesa y me llevaron junto con Hugo corriendo por el pasillo, los dos desnudos, al baño donde nos hicieron bañar, ahí nos vestimos y fuimos devueltos a la leonera.”
		El último contacto que tuvo con Hugo Scutari fue el 20 de septiembre cuando: “…uno de los chicos destabicados me saca de la celda y me dice que si algún guardia me pregunta qué hago en la fila, le contestara que estaba descompuesta, de esa manera coincidí con la salida de Hugo, estaba detrás mío, sentí su mano en mi hombro y me dijo: «Moni, hoy me trasladan, me dicen que me llevan a un Penal al Sur, así que nuestras familias estarán enteradas de nosotros y vos pronto vas a salir en libertad y podrás ir a visitarme, llevarme cigarrillos y chocolates, sé fuerte y no me abandones», estas fueron las últimas palabras que escuché de mi esposo, cuando lo trasladan esa noche, pasó frente a mi celda, tosió y así nos despedimos. Desde esa fecha mi esposo Hugo Alberto Scutari continúa desaparecido.” 
		En su declaración ante el tribunal Delia Barrera declaró: “Teniendo en cuenta lo declarado por la deponente en la causa nro. 9373, es preguntada para que diga cómo ha sabido que una de las personas que la detuvo (la vestida con fajina) era Kung Fu, dijo que éste fue el encargado de su detención y de la de su marido, que éste la golpeó y la torturó, que incluso las separó de celdas a su marido Hugo Alberto Scutari Bellicci, que primero con Hugo están en la leonera, que luego los llevan a celda y que el 13 de septiembre de 1977 Kung Fu le pidió a su marido que salga y lo pasó a otra celda, que era la nro. 8. Que a partir de ahí, ya no tuvo más contacto con Hugo, quien está desaparecido. Que en cierta oportunidad el nombrado le dijo que a él lo trasladaban, que le habían dicho que lo llevaban a un penal al sur, que recuerda que el 20 de septiembre de 1977, a la noche buscaron a varias personas, entre 20 y 30, y que entre ellas estaba Hugo, que cuando lo sacaron de la celda Hugo tosió y lo mismo hizo la dicente, y así se despidieron.”
		La permanencia de Hugo Scutari en el centro clandestino de detención “Atlético” se halla acreditada, además de por las declaraciones de Delia Barrera, por los dichos de Susana Caride.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.

		157. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Jorge Enrique Robasto.
		Jorge Enrique Robasto fue secuestrado el 4 de noviembre de 1978, conducido al centro clandestino de detención “Olimpo” y liberado el 22 de diciembre de 1978.
		En su declaración prestada ante este tribunal Robasto refirió que “…fui secuestrado el día sábado 4 de noviembre de 1978 y trasladado al centro de detención «Olimpo» donde permanecí hasta el 22 de diciembre de ese año, permaneciendo en libertad vigilada hasta el 23 de diciembre de 1983. De mi secuestro forma parte del mismo un oficial de policía conocido como «Paco», que fue quien comandó el grupo y fue una de las personas que me anunció que me iban a liberar.”
		En dicha declaración también hizo mención a las personas que operaban en dicho lugar clandestino de detención: “En el centro de detención Olimpo prestaban servicios las siguientes personas.: Juan Antonio del Cerro alias Colores, quien fue una persona de las que me interrogó y torturó. El día que nos anuncian que nos iban a liberar él estaba en un patio del Olimpo, junto al Turco Julián. A su vez Del Cerro es la persona que me dio un número telefónico al cual debía llamar en forma semanal una vez que me liberaran. También prestó funciones en el centro Olimpo una persona apodada Cacho quien era gendarme, bajito, morrudo, de tez oscura, muy bruto, que cumplía las tareas de guardia. Por último recuerdo a Julio Héctor Simón alias Turco Julián quien participó en mi tortura y después el día que me anuncian la liberación lo vi, previo a una arenga del mismo.”
		Robasto hizo referencia a los controles a los que fue sometido después de su liberación: “Para abril de 1980, Colores me llamó a mi casa y me citó en la puerta del cementerio de Recoleta, en ese lugar me recibe el nombrado, me pide que camine con él y entramos a un automóvil Falcon, me hacen sentar atrás. Al volante del mismo estaba una persona gorda morocha, pelo Negro y corto y Colores me dice es el Gordo y me pregunta si lo conozco, le digo que sí, porque lo había visto en Olimpo el día que me liberaron. Durante ese viaje al lado de mi asiento había una picana y Colores me dice si sé lo que es, a lo cual respondí que sí, que me había torturado bastante, Ante lo cual el Gordo agregó que: «con ustedes nunca es bastante» [...] A comienzos de 1982 llegó una citación a mi domicilio para que me presente en el Primer Cuerpo del Ejército con asiento en Palermo. Lugar al cual concurro y me hacen pasar al cuarto piso, donde funcionaba el Batallón de Inteligencia 601. Ahí me recibe Colores y me vuelve a interrogar sobre qué estaba haciendo y con quién me veía. Me muestra una especie de álbum con cientos de fotografías de detenidos que habían estado en el Olimpo. Me pide que le nombre a las personas que reconocía. Ahí le nombró a los que yo sabía que habían salido en libertad y a los que habían quedado dentro del Olimpo. Ahí es cuando me dice que «a esos no los menciones más porque les dieron de comer a los pescaditos»”.
		Los elementos de cargo colectados permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Olimpo”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.

		158. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Mónica Marisa Córdoba.
		Mónica Marisa Córdoba fue secuestrada el 16 de febrero de 1977, en horas de la madrugada, en la calle Chacabuco y Humberto Primo, por un grupo de personas de civil, conducida al centro clandestino de detención “Atlético”, donde fue sometida a tormentos y liberada el 19 de febrero de 1977.
		En su declaración ante CONADEP, legajo 264, refirió que el 16 de febrero de 1977 cuando estaba llegando a su domicilio, fue interceptada por cuatro personas de civil que se bajaron de un auto Ford Falcon y le preguntaron si era Mónica Córdoba. Al responder afirmativamente, otras dos personas la introdujeron violentamente en el automóvil y comenzaron a golpearla.
		Luego de un corto trayecto, llegaron a un lugar, que luego supo que era el centro clandestino de detención conocido como “Atlético”. 
		En su declaración prestada en la causa 9373/2001, relató una sesión de tortura a la que fue sometida: “Después de tomarme los datos me llevan a un sótano por una escalera de cemento con una baranda. Me llevan a un lugar donde al rato vienen y me dicen que me desnude. Ante mi negativa me golpean y me hacen desnudar y me llevan a un lugar y me hacen subir a una mesa metálica. Me atan las manos y los pies, y me atraviesan una goma, tipo caucho por el cuerpo. Después me colocan un cable muy grueso en el dedo grande del pie izquierdo. Empieza el interrogatorio con la picana, preguntándome por compañeros de militancia. La persona que hablaba constantemente, la que más interrogaba, tenía la voz muy aflautada que después por otras coincidencias descubro que era Colores. Con los años supe que era Del Cerro. Él, antes de liberarme, me golpea con el revólver y me dice se quería que me vuelva a torturar”. 
		Entre los detenidos que compartían con ella el cautiverio recordó a Pancho que es Sergio Horacio Neiros, El Negro que era Daniel Ibarra, Pacha que es Adriana Marande, Lito que es Mario Calvo, Ardilla que es Ana María Franconetti, Eduardo Franconetti, María Elena Garasi que estaba embarazada de seis meses, Daniel Ramos, Fierrito que es Roberto Rodríguez Rascado, Hugo Estanislao Gjurinovich, Verónica Barrionuevo, María Paula Cáceres de Simonetti, Fernando Simonetti y Conejo que es Gustavo Mendoza.
		Finalmente fue liberada tres días después, el 19 de febrero de 1977, llevada en una camioneta de marca Ford junto con otras mujeres y dos hombres.
		De esta forma, las pruebas reunidas permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.

		159. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Carlos Rodolfo Cuellar.
		Carlos Rodolfo Cuellar fue detenido el 21 de marzo de 1977 en su domicilio sito en Castelli al 100 de Capital Federal, habiendo permanecido ilegalmente privado de su libertad en el centro clandestino de detención conocido con el nombre de “Atlético”, donde fue sometido a tormentos, recuperando su libertad el 23 de abril del mismo año.
		En su declaración prestada ante esta sede a fs. 19.270/2, relató que fue secuestrado junto a Lea Machado, quien era su pareja, el día 21 de marzo de 1977 en horas de la madrugada en la habitación de una pensión donde estaban viviendo. 
		En forma violenta fueron encapuchados, esposados e introducidos en un auto. Luego de unos minutos de viaje llegaron a un lugar, que aún no pudo identificar, donde fue torturado e interrogado por sus actividades políticas. Luego de unas horas lo trasladan, junto a Lea, a un lugar que después supo que era el “Club Atlético”. Allí les asignan una letra y un número (F-96 y F-97) diciéndoles que sería su nueva identidad, les colocaron cadenas en los tobillos y siguieron vendados.
		Carlos Cuellar fue llevado a la leonera, donde había muchas personas detenidas, personas de la Caja de Ahorro. 
		De allí, lo llevaron a un lugar donde fue nuevamente interrogado y sometido a tormentos, sin poder identificar a quienes lo hacían. 
		Luego de este interrogatorio, fue alojado en una celda junto con un chico de 20 años, llamado Carlos que era de una agrupación política de aquel entonces denominada Poder Obrero. Luego del traslado de éste, fue alojado junto a otra persona también llamada Carlos, quien era profesor de la Universidad de Lomas de Zamora. También recuerda que había un detenido apodado “Pascua”.
		Entre el personal que estaba en el centro clandestino de detención mencionó a “Pajarito” quien fue dos veces al lugar, notándose que era de mayor jerarquía que el resto por el gran revuelo que causaba. También escuchó nombrar a “Colores”.
		Finalmente, el 23 de abril de 1977, fue liberado en las cercanías de la cancha de Huracán.
		Los elementos de prueba reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.
		
		160. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Julio Fernando Rearte.
		Julio Fernando Rearte fue detenido el 1° de junio de 1978 en un bar ubicado a una cuadra de Av. Constituyentes y Gral. Paz de Capital Federal, habiendo permanecido ilegalmente privado de su libertad en el centro clandestino de detención conocido con el nombre de “El Banco”, donde fue sometido a tormentos, recuperando su libertad el 25 de junio del mismo año.
		En su declaración prestada ante esta sede a fs. 19.383/5 y en el testimonio prestado el 13 de mayo de 1998 en el Consulado de España cuyas copias certificadas están agregadas a fs. 19.376/82, Julio Fernando Rearte relató su secuestro, privación de libertad y torturas a las que fue sometido.
		Mencionó que el 1° de junio de 1978 se encontraba en el baño de un bar, cuando un grupo de personas armadas de civil entraron al lugar, lo detuvieron y lo introdujeron en una camioneta con la falsa leyenda “ENTEL”.
		En dicha camioneta, estaban detenidos Pablo Tello y su hermano Rafael. 
		Ya en el auto le vendaron los ojos y lo llevaron a lo que luego supo que era el centro clandestino de detención “El Banco”.
		Respecto a los tormentos a los que fue sometido relató: “Que luego lo llevan a un cuarto, que le hacen sacar la ropa, que lo acuestan en una cama de metal, le atan los pies y las manos y le aplican descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. Que mientras esto sucede, lo llevan al lugar a Pablo Tello para que él hablara y dijera que el deponente pertenecía a la citada organización o asociación. Que esto sucedió a la noche, cuando llegaron al lugar. que las torturas aplicadas de esa manera, es decir con picana, las padeció ese primer día. [...] que quien le aplicó picana fue Colores o Juan Antonio del Cerro, que supo que fue el nombrado porque pudo espiar por arriba o debajo de la venda, aparte se decía entre los detenidos que Colores era la persona encargada de la tortura y aparte, después lo reconoció al nombrado en las fotos que vio en los medios periodísticos. Que mientras lo torturaron había más de una persona, pero no sabe quiénes eran.”
		Agregó, respecto a Colores, que en una oportunidad proyectó una película de La Pantera Rosa, con elementos robados de la casa de uno de los secuestrados.
		Recordó haber sido fuertemente golpeado por el Turco Julián, cuyo nombre real es Julio Héctor Simón. En un interrogatorio, él mandó a que le pegaran. 
		Precisó que el día 20 de junio, día de la bandera, hicieron marchar en fila a todos los detenidos tabicados y engrillados, apoyados en el hombro del compañero de adelante y les dieron una taza de algo parecido a chocolate y les obligaron a cantar Aurora. El Turco Julián participó activamente de este acto.
		Durante su permanencia en “El Banco”, Carlos Rearte fue sacado en auto en dos oportunidades para reconocer los domicilios de otras personas, lo que no sucedió. En ambas oportunidades entre quienes manejaban el auto estaba un represor apodado “Kung Fu”.
		También mencionó que antes de su liberación fue llevado a la oficina de Minicucci, quien le dio un discurso diciéndole que salía porque él lo decidía, que debía salir del país, mientras lo insultaba. Que supo que se trataba de Minicucci porque luego vio fotos y lo pudo reconocer.
		Recordó, asimismo, los apodos de “Cobani” y “Juancho” como personal del centro clandestino de detención.
		Entre las personas con las que compartió cautiverio, pudo reconocer a Pablo Tello, torturado con picana eléctrica y su mujer; Rafael Tello, quien le comentó que Colores lo había torturado con picana eléctrica y su mujer; Oscar González, “El Tano”; Raúl Olivera Cancela, “Anteojito”; Fernando R. Díaz Cárdenas; Oscar Cantero Freire, estaba golpeado; los hermanos Surraco que vivían en José M. Moreno y Directorio; Rufino Almeida y su mujer; Fernando López; una chica apodada “Anteojito” que servía la comida; “Gualicho” y Claudio Dávila.
		Fue liberado el 25 de junio de 1978, día en que se había jugado el partido en que el seleccionado argentino le ganó 6 a 0 a su par peruano, por lo que los represores iban en el auto con banderas argentinas y tocando bocina. Finalmente lo dejaron cerca del ex-Frigorífico Municipal en Mataderos.
		Las elementos de convicción reunidos permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en el centro clandestino de detención “Banco”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Raúl González, Roberto Antonio Rosa, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón, Juan Antonio del Cerro, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Carlos Avena.

		161. Privación ilegal de la libertad y tormentos de Susana Isabel Diéguez.
		Susana Isabel Diéguez fue detenida el 19 de abril de 1977 en su domicilio ubicado en la calle Habana 3341, planta baja, Depto. “D” de Capital Federal, habiendo permanecido ilegalmente privada de su libertad en el centro clandestino de detención conocido con el nombre de “Atlético”, donde fue sometida a tormentos, recuperando su libertad el 23 de abril del mismo año.
		En su presentación obrante a fs. 12.438/9 y en la declaración prestada ante esta sede, a fs. 19.633/4, Susana Isabel Diéguez refirió haber sido secuestrada en la casa de sus padres el día 19 de abril de 1977, subida a un auto con los ojos vendados y llevada a lo que luego supo que era el centro clandestino de detención “Atlético”.
		Al llegar al lugar, fue interrogada por su relación con Julio Tassara, quien era su novio y estaba preso en La Plata y por Julio Meilán, amigo de la pareja.
		En un momento, trajeron al lugar a Julio, quien se hallaba muy golpeado y con manchas de sangre, al que le preguntaron si la conocía. Está fue la última vez que vio a Julio Meilán quien permanece en calidad de desaparecido.
		Durante su permanencia en “Atlético” fue sometida a tres sesiones de tortura con picana eléctrica, precisamente relató que: ”…después la vuelven a sacar de allí, la llevan a la sala de tortura donde la desnudan, donde hay tres hombres que empiezan a aplicarle picana en las encías, genitales, pecho, en los pies, en todo el cuerpo.[...] Que en esa sesión estaba El Turco Julián, Colores quien tenía una cruz vasca [léase svástica] en el pecho, y El Coronel quien entraba y salía de la sala fijándose cómo torturaban. Que el Coronel tenía un pantalón beige y zapatos acordonados tipo militar. Que mientras la torturaban le hacían las mismas preguntas que en el primer interrogatorio, centrándose en si eran Montoneros y en Jorge Tassara”.
		Luego de una de estas sesiones, fue violada fue violada, “…por adelante y por atrás…”, por el Turco Julián.
		Refirió que, vuelta la democracia, pudo saber que el Turco Julián es Héctor Simón, que lo vio por la tele y pudo reconocerlo. También supo que el apodado Colores es Juan Antonio del Cerro, que pudo ver fotos y lo identificó.
		La permanencia de Susana Isabel Diéguez en “Atlético” se encuentra acreditada por la descripción que realiza del centro, la presencia de El Coronel, Colores y el Turco Julián, que se condicen con el resto de los relatos, y por la referencia a Melián, quien fue visto en “Atlético” por Marcelo Gustavo Daelli.
		Las constancias reunidas en las actuaciones permiten dar por suficientemente acreditado la ilegal privación de la libertad y tormentos que soportara en “Atlético”, evento que habrá de reprochársele a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Gustavo A. Eklund, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Julio Héctor Simón, Oscar A. I. Rolón y Juan Antonio del Cerro.

		Considerando Sexto.
		La tortura en los centros clandestinos de detención.
		6.1. Introducción. 
		A continuación efectuaremos una caracterización de lo que representó el cautiverio en el centro clandestino de detención que tuviera por sedes sucesivas a los sitios conocidos como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. 
		De manera introductoria, cabe adelantar que el transcurrir cautivo de las víctimas podría describirse, más allá de la obvia pérdida de la libertad ambulatoria, como el cese con todo nexo con el exterior, la supresión de la identidad y la completa pérdida de referencias de espacio y tiempo, en medio de condiciones de extremo maltrato físico y psicológico, que lo alejan de la experiencia meramente carcelaria y la asimilan -como veremos infra- al universo concentracionario, o como sostiene Traverso, en cuanto a que este tipo de campos constituyen “…un fenómeno nuevo que respondía a una lógica diferente…” (ob. cit., p. 41).
		En este mismo sentido, se ha dicho que “Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza.” (cfr. “Nunca Más” - Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP, Eudeba, 2003, p. 7/11).
		El sufrimiento infligido a las víctimas del terrorismo estatal que nos toca investigar tenía su bautismo en la modalidad misma de irrupción intempestiva y generalmente nocturna del grupo operativo armado o “patota” encargada del secuestro y que constituía el primer episodio -ya de por sí mortificante- del drama que envolvía tanto a padres, hijos y vecinos, que eran aterrorizados, todos por igual, sin compasión alguna, mientras se producía el apoderamiento de la víctima directa que era generalmente golpeada de manera cruel, encapuchada y llevada a la fuerza hasta vehículos oficiales que lo conducirían al pozo, o mejor dicho, al abismo; al tiempo que pasaría a integrar la escalofriante categoría de desaparecido. 
		También es de destacar que, aún antes del traslado al centro clandestino de detención, se han registrado casos en los cuales las víctimas fueron objeto de mecanismos de tortura en su mismo domicilio y ante la presencia de sus familiares. 
		En tales casos, más allá de la golpizas comunes a todos los secuestros, se han presentado ocasiones en las que se improvisaron picanas eléctricas cortando cables de algún artefacto eléctrico que sirviera de medio para ejecutar el acto de salvajismo. Así:
		“El 10 de junio me secuestran en mi domicilio en Martín Coronado. Penetraron por la fuerza unas 10 personas y poniéndome un revólver en la cabeza, procedieron a destrozar la casa buscando armas. En un momento me tiraron al piso y con un cable de artefacto eléctrico, comenzaron a torturarme. Mientras tanto mi esposa fue castigada y golpeada en otra habitación. Después de una hora y media de estar en mi casa, me vendaron los ojos y me pusieron en el piso de un coche, y fueron a buscar a un amigo” (cfr. testimonio de Jorge Casalli Urrutia - Legajo CONADEP nro. 3889).
		Lo cierto, es que la derivación al centro clandestino implicaba que, de allí en más, todas las formas de maltrato o mortificaciones, los procedimientos coaccionantes de toda índole, la intensidad de los padecimientos infligidos sobre los cautivos, el trato cruel con fines de menoscabo físico y psíquico, el completo aislamiento del mundo exterior, cuanto la completa violación de su dignidad y respeto a su condición esencial de ser humano, irían en una alarmante escalada ascendente.

		6.2. El régimen inhumano de vida en los campos.
		El transcurrir secuestrado en el campo clandestino significaba la imposición de condiciones inhumanas de vida, que iban desde la deficiente alimentación, el alojamiento en lugares insalubres en los que no podían sustraerse de percibir los lamentos o quejas provenientes de las torturas que padecían otros compañeros de cautiverio, el aislamiento interno/externo y el permanente recuerdo, ya sea con hechos o palabras, de que se encontraban librados a su suerte, a merced de sus captores y absolutamente desamparados. Para poder comprender adecuadamente el marco global de sufrimiento que se imponía a los cautivos, es menester describir algunas características de los vejámenes sistemáticos a los que eran sometidos.
		Para elaborar la descripción enunciada, sólo tendré en cuenta aquellos testimonios correspondientes a personas que estuvieran cautivas en el centro de detención que funcionara bajo los nombres de “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y que señalen padecimientos que hayan sufrido la generalidad de los prisioneros.
		Ellos son:
•	Tabicamiento.
•	La supresión de la identidad.
•	Engrillamiento.
•	Las condiciones de cautividad en tubos o leoneras.
•	La supresión de toda forma de comunicación humana.
•	Los castigos permanentes.
•	La ubicua amenaza de ser torturado o asesinado.
•	La escasa y deficiente alimentación.
•	La falta de higiene y el progresivo deterioro del estado sanitario
•	La exposición en desnudez y demás padecimientos de connotación sexual.
•	La imposición de sesiones de tormentos físicos

		Primera: Tabicamiento.
		El tabicamiento o vendaje de ojos destinado a privar de visión a las víctimas y al que se sometía a los detenidos desde su secuestro, hacía perder la noción de espacio, tiempo y todo conocimiento de lo externo. 
		Se sujetaba a quien lo padecía, a un estado de tensión constante, ante la indefensión continua y el permanente estado de alerta a ser agredido físicamente, debiendo adaptarse a una vida con nuevos códigos de señales, ruidos y olores.
		Los elementos utilizados para hacer efectiva la privación de visión variaba entre vendas, trapos, ropas o prendas de vestir -camisas, pullóveres, sábanas, toallas, etc.- que podían pertenecer a la propia víctima o aquellas que los captores improvisaran con tal objeto, siempre con total descuido de la asepsia y las condiciones de higiene que lógicamente se iban deteriorando con el transcurso del cautiverio, en muchos casos generando afecciones e infecciones oculares, desde conjuntivitis, irritaciones o problemas de circulación hasta agusanamiento de las conjuntivas.
		En el sentido de lo expuesto, vale recordar algunos testimonios de las personas que estuvieron privados de su libertad en estos centros clandestinos de detención.
		Delia Barrera, señaló que al ingresar al centro de detención “Atlético” le cambiaron las vendas que le habían colocado al momento de ser detenida por un “tabique de tela azul tipo antifaz con un elástico atrás” (cfr. Legajo 233 testimonio prestado ante la CONADEP).
		Marcelo Daelli, por su parte, señaló que el día 24 de marzo de 1977 en oportunidad de ser privado de su libertad, todavía en su domicilio, “me vendan los ojos con una venda elástica negra u oscura (tabique) y me llevan...” (cfr. fs. 4 del Legajo 225).
		En idéntico sentido Juan Carlos Seoane y Juan Francisco La Valle explicaron que al llegar al centro de detención les fue cambiado el vendaje que le colocaron al momento de ser privado de su libertad por otro, tipo antifaz (cfr. Legajo 84 y fs. 190/2 de la causa nro. 9373/01, respectivamente).
		Las consecuencias de intentar librarse del tabicamiento fueron explicadas por Miguel D’Agostino, quien narró que en una oportunidad, por levantarse el tabique, el represor “Kung Fu” comenzó a golpearlo y le aplicó picana eléctrica (cfr. declaraciones testimoniales de D’Agostino incorporadas en el Legajo 224).
		La descripción del tabicamiento como un mecanismo de causación de sufrimiento y su íntima relación con la pérdida de identidad es gráficamente explicada por un ex-detenido desaparecido: “La tortura psicológica de la «capucha» es tanto o más terrible que la física, aunque sean dos cosas que no se pueden comparar ya que una procura llegar a los umbrales del dolor. La «capucha» procura la desesperación, la angustia y la locura [...] En «capucha» tomo plena conciencia de que el contacto con el mundo exterior, no existe. Nada te protege, la soledad es total. Esa sensación de desprotección, aislamiento y miedo es muy difícil de describir. El sólo hecho de no poder ver va socavando la moral, disminuyendo la resistencia [...] la «capucha» se me hacía insoportable, tanto es así que un miércoles de traslado pido a gritos que se me traslade: «A mí..., a mí..., 571» (la capucha había logrado su objetivo, ya no era Lisandro Raúl Cubas, era un número)” (cfr. Legajo CONADEP nro. 6974). 
		La Comisión Europea de Derechos Humanos ha efectuado una interesante descripción de cómo las técnicas de privación sensorial constituyen torturas.
		En efecto, la Comisión consideró que “…la aplicación combinada de métodos que impiden el uso de los sentidos, sobre todo de los ojos y los oídos, afecta directamente a la personalidad desde el punto de vista físico y mental. En tales condiciones, la voluntad de resistir o rendirse no tiene ningún grado de independencia. Quienes resisten con la mayor firmeza podrían rendirse en los primeros momentos si se les somete a este método sofisticado con el fin de romper, de doblegar e incluso eliminar su voluntad” (cfr. Comisión Europea de Derechos Humanos, Ireland v. UK, Report of de Commission, 25 de enero de 1976, Yearbook, p. 792).
		En igual sentido, el Comité contra la Tortura consideró que el régimen de privación sensorial aplicado sobre presos de un centro de detención en Perú causaba “…sufrimientos continuos e injustificados que constituyen tortura…” (cfr. A/56/44, párr. 186).
		En definitiva, está probado en autos que, al menos en este centro clandestino que tuviera tres sedes consecutivas y nombres distintos, a saber, Atlético, Banco y Olimpo, todo aquel secuestrado que allí fuera alojado, sea por unos días o durante todo el tiempo en que estuvo activo, era tabicado a su ingreso de modo automático.	
		Dicho de otro modo, no hay una sola referencia, conforme a alguna experiencia personal o a través de testigos presenciales, de algún secuestrado que haya ingresado en estos recintos del terror, sin privársela previamente del sentido de la vista, tabicándosela.
		Es más, y tal como vimos previamente, la mayoría de los secuestrados ya venían precariamente tabicados desde el mismo momento de su aprehensión, sólo que, al llegar al campo, aquel vendaje o capucha provisoria era reemplazada por otro, mucho más confiable para los victimarios, dado que, recuérdese, el tabique debía resistir de día y de noche, jornada tras jornada, debía cumplir con su finalidad aún pese a los golpes, pese a la tortura sistemática, pese a toda contingencia.
		Y así debía mantenerse rigurosamente durante todo el encierro. Son numerosos los testimonios que dieron cuenta de furiosas palizas como consecuencia de correrse el velo, sea para observar en derredor, sea para limpiarse las heridas e infecciones provocadas por mantener los ojos tanto tiempo en tales condiciones: con respecto a esto último, recordemos que los problemas físicos derivados del tabique eran tan habituales, que los secuestrados debían ser llevados constantemente a la enfermería por este motivo.
		Entonces, debemos imaginar -si esto es posible, pues hay autores que niegan que este tipo de experiencias pueda ser recreada por quien no la padeció-, a las víctimas privadas del sentido de la vista no sólo cuando están depositadas, inmóviles, en un tubo, sino también allí cuando son sacadas a la fuerza, sin saberse adónde la llevan; o cuando tiene que satisfacer desesperadamente sus necesidades fisiológicas; o bien cuando tiene que llevarse el ansiado alimento a la boca; imaginar no poder ver los rostros humanos que interactúan con el privado del sentido, desde el ser querido que comparte el cautiverio hasta el Kapo que lo está torturando.
		Es por ello, que comparto las conclusiones de los tribunales internacionales de derechos humanos, recién citados, cuando sostienen al respecto, que ya esta primera característica, aplicada de modo sistemático y generalizado, constituye de por sí una inflicción de sufrimiento psíquico (y muchas veces, además, físico) tan grave, tan insoportable a los ojos de la comunidad, que convierten a aquel encierro, al mismo tiempo, en un tormento.
		Asimismo, cabe agregar que el tabicamiento generalizado y sistemático constituye una nota peculiar de estos centros clandestinos -dado que no fue común en otras experiencias concentracionarias comparadas-, y estaba orientado no sólo a la pérdida de orientación espacial y al aislamiento de la víctima, sino también para reforzar la deshumanización de las víctimas, que de este modo se veían privadas de dirigir la mirada al torturador, con todo lo que ello significaba en aquellas condiciones. Por último, se procuraba evitar el reconocimiento visual de quiénes eran los captores -tanto los ejecutores como los Jefes que solían estar presentes en estos recintos-, ello, habida cuenta de la total clandestinidad en la que operaban y para evitar denuncias o represalias en el futuro, a partir de aquellos cautivos que finalmente sobrevivieran o escaparan, y efectivamente, desde siempre la Justicia ha tenido grandes dificultades para la imputación individual de los represores, en gran parte debido al tabicamiento de los futuros denunciantes, y así muchos de los autores de estos crímenes se mantendrán en la impunidad merced a ello.
		No obstante, veremos a continuación, que esta nota aberrante que caracterizara los hechos en estudio, era tan sólo una artista de muchas otras, todas ellas abyectas, que multiplica hasta lo indecible el grado de terror y de padecimiento de aquellos que estuvieron en estos sitios, potenciando al mismo tiempo, cada una de estas características en su capacidad de daño al bien jurídico puesto en juego: la dignidad humana, y que -reitero- alejan la experiencia vivida por estas víctimas del mero universo carcelario y lo enmarcan en el universo concentracionario.

		Segunda: La supresión de la identidad. 
		La asignación de un número, en reemplazo de algo tan básico para un ser humano como su nombre, ni bien ingresaba el secuestrado al pozo, apuntaba indudablemente a privar al desaparecido de su identidad. 
		A partir del momento de su asignación, toda referencia a sus personas sería a través de la mención de dicho código, su convocatoria para alimentarlos, conducirlos al baño, a una sesión de torturas o para su traslado se haría refiriendo a su nueva identidad alfanumérica.
		La deliberada sustitución del nombre por una matrícula mixta de números y letras esconde tras de sí la finalidad de hacer perder a quien lo padece su identificación, su individualidad, su pasado, su futuro y su pertenencia a un núcleo básico familiar y social.
		El nombre es un derecho fundamental de las personas, desde su nacimiento y que trasciende la propia vida, resultando indispensable para el ejercicio de los derechos, por lo que no extraña que, a quien se ha decidido privar de todo derecho, se le prive del mismo desde el comienzo de su clandestino alojamiento y se lo castigue ante cualquier intento de recuperación de su identidad.
		Miguel D’Agostino, privado de su libertad en el centro clandestino de detención “Club Atlético” explicó que al llegar al centro le hicieron ingresar a una oficina, donde le revisaron los efectos y vestimenta, identificándolo como K-35, manifestándole que debía olvidarse de su nombre y recordar esos datos. Luego, lo hicieron descender una escalera, llevándolo a un sótano donde permaneció parado hasta que se presentó una persona como “Turco Julián”, quien le preguntó su nombre, y al responder “Miguel D’Agostino”, empezó a golpearlo diciéndole que ese no era su nombre, y no paró hasta que dijo “K-35" (cfr. declaraciones testimoniales de D’Agostino incorporadas en el Legajo 224, ante el Juzgado Federal 3 y en la audiencia oral del juicio correspondiente a la causa nro. 13/84).
		Por su parte, Delia Barrera, quien también estuvo privada de su libertad en “Atlético” señaló que al llegar al lugar le dijeron que a partir de ese momento debía responder al número de H-26 (cfr. Legajo 233, declaración prestada ente la CONADEP).
		En idéntico sentido, Juan Carlos Seoane, ilegalmente detenido en “Atlético” entre el 17 de agosto y el 3 de diciembre de 1977, señaló que: “…se le dice que su nombre no es más Juan Carlos Seoane, pasando a ser desde ese momento H-97" (cfr. Legajo 84).
		También, Fernando José Ángel Ulibarri manifestó que al llegar al centro de detención fue identificado con una letra y un número, correspondiéndole, en su caso el “X-73" y a su esposa, el “X-74" (cfr. Legajo 220).
		Asimismo, Ana Arrastía Mendoza y Gabriel Miner cuando fueron trasladados al centro de detención conocido como “Banco”, fueron desnudados, revisados, se les colocaron grilletes en los pies, un vendaje especial y se los identifica como D-100 y D-99, respectivamente (cfr. Legajo 157).
		Nora Bernal explicó su llegada al centro de detención “Banco” al señalar que: “De allí pasa a la oficina de llegada donde es desnudada y revisada, se le entrega luego una ropa y una letra y un número que serán su identificación dentro del campo I -07...” (cfr. legajo 98, fs. 5).	
		Los testimonios reseñados en este punto constituyen sólo una muestra de esta práctica generalizada destinada a suprimir todo rastro de identidad y humanidad en los cautivos que, privándoles de algo esencial como el nombre, indirectamente tendía a suprimir su calidad de personas.
		Nótese que este despojar a la persona de su nombre propio, en pos de privarlo de su identidad, no era un capricho o un antojo de los amos y señores del centro, sino que se trataba de una práctica que es preciso referenciar en el marco de un proceso de deshumanización mucho más amplio, que abarcaba la privación, para el secuestrado recién arribado al campo, de todas sus pertenencias personales. 
		Este proceso de deshumanización no sólo tendía a degradar a la víctima. También apuntaba a aliviar la carga psicológica de los torturadores, quienes a través de éste y otro mecanismos reforzaban el adoctrinamiento según el cual quienes ingresaban al centro (enemigos del ser nacional) dejaban de ser personas y por lo tanto no había límite alguno para el maltrato y la degradación, a punto tal de que la vida misma de esas no-personas carecía de valor alguno, y así como hoy estaba, esa referencia alfanumérica desprovista ya de señas de humanidad, mañana bien podía ya no estar, sea por un exceso en la máquina, o porque alguien decidió su traslado por cualquier motivo que fuere.
		Esta nota propia del trato asignado a los detenidos en campos de concentración no es para nada nuevo y tiene una fuerte vinculación con los Lager de la Alemania Nazi, en donde sistemáticamente, también a las víctimas se les asignaba una numeración en reemplazo de los nombres. Basta con leer las referencias sobre el particular de algunos de los sobrevivientes de aquellos horrores para ver una morbosa reiteración de esta práctica sustitutiva tan aberrante, como fue el caso de Jorge Semprún, republicano español recluido en Buchenwald durante la Segunda Guerra Mundial, quien en su obra autobiográfica “La palabra o la vida” hace un muy preciso relato de esta cuestión, así como también Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, en su libro “Si esto es un hombre”, quien relata no sólo la asignación de un número, sino además su grabado indeleble en la piel y cómo convivían los recluidos con esa identidad, que les servía por ejemplo para determinar la antigüedad de cada uno en el Konzentrationslager, etc. 

		Tercera: Engrillamiento.  
		El engrillamiento implicaba la sujeción de los detenidos con cadenas y/o candados de un modo tal que les impedía, en la mayoría de los casos, ponerse de pie plenamente, así como recostarse de manera completa. 
		En tales condiciones, además, eran víctimas absolutamente pasivas de golpes, insultos y humillaciones continuos, al reducírselos a una postura física de total vulnerabilidad frente a sus captores, que graficaba de un modo cruel su situación de inferioridad e indefensión, al tiempo que los iba deteriorando progresivamente en su movilidad, todo lo cual connota claramente otra característica que obliga a considerar al trato dado a los secuestrados como un tormento, esta vez a través de la llamada tortura de posición. 
			Al respecto, se ha dicho en el derecho internacional de los Derechos Humanos que “Existen muy diversas formas de torturas de posición, consistentes todas ellas en atar o sujetar a la víctima en posiciones retorcidas, hiperextendidas o de cualquier otra manera antinaturales, lo que causa grandes dolores y puede producir lesiones en los ligamentos, tendones, nervios y vasos sanguíneos. Todas estas formas de tortura clásicamente apenas dejan o no dejan señales exteriores o signos radiológicos, pese a que después son frecuentes las graves discapacidades crónicas…” (cfr. Protocolo de Estambul - Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes - Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2001, pág. 43).
		Entre los relatos de quienes debieron padecer estas condiciones de “aseguramiento”, Miguel D’Agostino refirió que durante los tres meses de clandestina detención en “Club Atlético”, siempre estuvo además de vendado, “engrillado” (cfr. declaración testimonial prestada ante este tribunal a fs. 20.878/82).
		Por su parte, Juan Carlos Seoane explicó que al ingresar al “Atlético” además de tabicarlo le colocaron cadenas en los pies sujetadas por candados (cfr. Legajo 84). 
		En idéntico sentido se pronunció Lisa Levenstein de Gajnaj quien indicó que luego de ser ilegalmente detenida fue trasladada junto a su esposo Salomón Gajnaj, a un lugar donde les colocan grilletes (cfr. fs. 72/4 del Legajo 119). 
		Otra víctima, Rubén Orlando Córdoba, explicó que: “También se le aplicó una inyección en la nuca que le hizo perder el conocimiento y al recuperarlo se encontró, siempre vendado, atado a una especie de palo y engrillado” (cfr. fs. 418/9 del Legajo 67).
		El engrillamiento no sólo fue utilizado para asegurar a los secuestrados tendiendo a su absoluta inmovilización sino también, en alguna ocasión, para asegurarlos en medio de un traslado que rememoraba las peores escenas del tratamiento a esclavos en siglos pasados.
		Graciela Irma Trotta testificó que “Después de un tiempo de estar en el Banco nos trasladan a todos engrillados el pie de uno con el pie de otro, vendados, en un camión, viajamos hacia un lugar que después reconocimos como El Olimpo, tenía una leyenda que decía «El Olimpo - Este es el lugar de los dioses»” (cfr. copias de actas mecanografiadas obrantes a fs. 2/23 del Legajo 16).		
		En definitiva, los grilletes provocaban dolores físicos a las víctimas, impedían casi toda posibilidad de desplazamiento, constituían un elemento mortificante y rebajaban claramente la dignidad de las personas. 
		Su implementación era general y sistemática, constituyendo ya de por sí un trato cruel, inhumano y degradante en los términos del art. 144 ter del C.P., aunque sumado a los dos elementos anteriores (la privación del sentido de la vista y de todo vestigio de identidad) multiplicaba su efecto destructivo desde el punto de vista psíquico, hasta niveles inauditos, propios del trato dispensado durante el siglo XVII a los esclavos, o bien a los reos de la Inquisición.

		Cuarta: Las condiciones de cautividad en tubos o leoneras.
		Ya sea superada las sesiones iniciales de interrogatorios bajo torturas físicas, tanto a la espera de una nueva imposición de tormentos o aguardando el incierto destino que para muchos no era otro que la eliminación física, los secuestrados debieron transcurrir sus días en condiciones inhumanas de habitabilidad y encierro, esto es, privadas de las condiciones básicas para que una persona subsista y en unas condiciones de hacinamiento intolerables. 
		En tal sentido, Delia Barrera explicó que luego de su ingreso al centro de detención, fue “…trasladada a un lugar denominado leonera que era una habitación con piso de cemento, dividida por boxes, paredes de más o menos 1 metro de altura, me tiran al piso, en ese momento no había nadie, al rato siento que entra gente, yo estaba llorando...” (cfr. Legajo 233).
		Juan Francisco La Valle, cautivo en “Atlético”, donde fue tabicado y engrillado, explicó que las celdas o “leoneras” era una sala grande dividida en tabiques bajos de un metro treinta de altura y un metro de ancho, donde entraban dos personas en el suelo siempre acostadas, que les daban una manta dura tipo militar y los tenían con cadenas cerrados con candados en cada uno de sus pies. Agregó: “En la leonera, en el espacio en que estaba uno no podía pararse [...] las celdas eran de dimensiones pequeñas el lugar justo para dos camastros hechos de cemento, y el lugar para un pasillo para poder salir por la puerta. Eran dos cuchetas. Tendría la celda metro y medio de ancho. También recibíamos aire por arriba, por tubos...” (cfr. declaración testimonial del nombrado a fs. 190/2 en la causa nro. 9373/01).
		Por su parte, Susana Caride explicó que luego de ser torturada: “…fui trasladada a una celda que tenía una colchoneta de goma pluma con olor a orín y sangre, mientras que en el piso salía constantemente agua...” (cfr. fs. 15 del Legajo 14).
		En el testimonio de Mario Villani, que se transcribe a continuación, se describen sintéticamente las condiciones de cautiverio, brindándose una explicación a las razones por las cuales las celdas también eran llamadas “tubos”: “...La mayoría de los desaparecidos transcurrían día y noche encapuchados, esposados, engrillados y con los ojos vendados, en una celda llamada «tubo» por lo estrecha. A algunos se les asignaban tareas y, frecuentemente, cuando terminaba su turno, eran devueltos al tubo, nuevamente encapuchados, esposados, engrillados y con los ojos vendados…” (cfr. declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Apelaciones de la ciudad de La Plata).
		A su turno, Miguel D’Agostino señaló que: “...después de la primer sesión de tortura le devuelven algo de la ropa, que le ponen grillos en los pies, con un candado en cada extremo, es decir en total dos candados, que estos poseían los nros. 135 y 136. Que cuando llega a la leonera había más personas, que estaban tirados en el piso y que al dicente también lo tiran en el piso, que enfrentada a él había una chica embarazada que le decía que se llama Clelia, que a su esposo lo estaban torturando en ese momento en el quirófano, que se escuchaban en ese momento los gritos del nombrado” (cfr. declaración testimonial ante este Tribunal).
		Estas verdaderas cárceles-tumba, espantosamente inhumanas, donde debía vivirse en completo aislamiento, tabicados, sin posibilidades de ver a ninguna persona salvo que se asumiese el riesgo de ser castigado, sin contacto siquiera con sus victimarios a no ser que fuera para recibir un despliegue de violencia, en condiciones de gravísimo hacinamiento, en la carencia absoluta de instalaciones para dormir e higienizarse, sin ventilación y con condiciones climáticas extremas, ya sea por calor o por frío, constituían un escalón más del trato inhumano y degradante conformante de un cuadro de tormento en perjuicio de los cautivos.
		Y de nuevo, no se trata de una cuestión casual: es evidente que el levantamiento edilicio de estos siniestros lugares coincidió con su activación como centros clandestinos de detención. Ello está especialmente claro en el caso de El Olimpo. Por lo tanto, la construcción de unos espacios tan espantosos para la existencia humana, con unas condiciones tan infamantes de espacio, ventilación y demás, guarda absoluta coherencia con el esquema sistemático que se da por probado en este decisorio, pues resulta evidente a esta altura del relato, que todos los involucrados compartían, desde la misma génesis de estos campos, tanto el conocimiento como la voluntad de hacer padecer (o bien, de atormentar con) estas condiciones mortíferas a todos aquellos que por allí pasaron, así sea un día, un mes o un año.

		Quinta: La supresión de toda forma de comunicación humana.
		A todo lo hasta aquí dicho hay que sumarle, que los secuestrados tenían además vedado el empleo del habla.
		En efecto, los cautivos no podían comunicarse verbalmente -ni de ninguna otra forma-, sea entre ellos, sea con los guardias del centro clandestino de detención.			Esta situación generaba un total estado de aislamiento que en el marco de un nulo contacto con el mundo exterior, afectaba psicológicamente a las víctimas, menguaba sensiblemente la capacidad de resistencia a las infrahumanas condiciones de vida existentes y eliminaba la posibilidad de brindarse recíprocamente ánimo frente al infierno que padecían, so riesgo de ser severamente penados con brutales castigos. 
		A modo ejemplificatorio, Ana María Careaga, declaró que: “Estaba totalmente prohibido hablar, ya sea con el compañero de celda, en el baño o con los presos de las otras celdas (esto se podía hacer a través de los ventiluces, subiéndose a la tarima de arriba [...]” y agregó: “A veces teníamos oportunidad de hablar muy despacito en el baño...” (cfr. Legajo 252).
		Sobre este punto D´Agostino explicó: “…En los tubos el silencio era total. En las vísperas de los traslados masivos en los que se llevaba alrededor de veinte personas, ese silencio se acentuaba [...] A veces «hablábamos» dando pequeños golpes en la pared intermedia que dividía los tubos, o al tocarle el hombro al compañero que iba adelante nuestro en el «trencito»” (cfr. Legajo 224).
		Juan Francisco La Valle señaló que: “En el centro no se podía hablar, por lo que hablábamos en voz muy baja. Tampoco podíamos tocarnos las vendas, ello era causal de orden cerrado...”. (cfr. fs. 190/2 de la causa nro. 9373/01).
		También hay referencias, a otros métodos que tenían como objetivo eludir esta prohibición, como el uso de supuestos tosidos para saludarse; el contacto físico en oportunidad de formar hilera para ser conducidos al baño; la comunicación mediante pequeños golpes en la pared del tubo, etc. 
		En esta cuestión, es oportuno destacar que el Comité contra la Tortura tiene dicho que el régimen de prohibición casi absoluta de comunicarse aplicado sobre presos de un centro de detención causa sufrimientos continuos e injustificados que constituyen tortura (cfr. A/56/44, párr. 186).
		En efecto, la incomunicación es un instrumento de carácter excepcional, limitado y transitorio para que pueda ser tolerado como anexo a la privación ilegal de la libertad de una persona sin ingresar al campo de la aflicción innecesaria, arbitraria y tortuosa del sujeto y ello responde a “los graves efectos que tiene sobre el detenido [...] el asilamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles”. (cfr. C.I.D.H., caso “Suárez Rosero”, sentencia del 12 de noviembre de 1997, párrafos 89 y 90).
		En esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que “... el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se vé sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (C.I.D.H., caso “Fairén Garbi y Solís Corrales”, sentencia del 15 de marzo de 1989, párrafo 149; caso “Godínez Cruz”, sentencia del 20 de enero de 1989, párrafo 164, y caso “Velázquez Rodríguez”, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 156).
				
		Sexta: Los castigos permanentes.
		Los castigos corporales constantes, sistemáticos y sin motivo eran otra característica de la vida en el centro de detención.
		Ya sea con golpes de puño, palos de goma, cadenas o patadas y tanto en el marco de un interrogatorio o cuando reposaban en las celdas, los secuestrados estaban sujetos al capricho de violencia y sadismo de sus guardias, torturadores y captores. 
		A título de ejemplo, Delia Barrera explicó que estando en “Atlético” y luego de su ingreso en el sector llamado leoneras, “…uno de ellos [refiriéndose a los guardias] empieza a pegarme con una goma o cachiporra, diciendo que me cuidara la cabeza, yo me cubría y el golpe iba al estómago, cuando me decía que me cuidara el estómago me pegaba en la cabeza [...] entra un guardia me llama «H‑26, afuera», me agarra del brazo y me lleva a un salón justo enfrente de la leonera, me coloca en el centro y alrededor mío siento un grupo de gente, el guardia les da la orden que empiecen a golpearme, el apodo de este guardia era Kung‑Fu, como no me golpeaban fuerte él les dijo que no sabían golpear, a lo que uno contestó «señor, le estamos pegando fuerte», él dijo que les iba a demostrar cómo se hacía y empezó a hacerlo, los golpes fueron más fuertes, en las costillas, la espalda, yo me caí al suelo y allí me patearon, me quedaba sin aire y como yo se los advertía, me seguían pateando en las costillas…” (cfr. Legajo 233).
		Las secuelas de este trato violento sistemático son narradas por Héctor Daniel Retamar, quien en ocasión de estar secuestrado en “Olimpo”, pudo ver en una sesión de higienización que “... casi todos los que estaban bañándose tenían en su cuerpo las marcas y rastros de la tortura en la cara, en los testículos, marcas como de latigazos, hematomas y magulladuras en la cara y algunas caras que por los golpes no podía ver sus rasgos…” (cfr. Legajo nro. 137).
		En este contexto de golpes continuos, a Rufino Jorge Almeida -secuestrado clandestinamente en “Banco”- le tocó escuchar los gritos de su esposa, Claudia Estévez, panorama ante el cual solicitó que no le pegaran más y ante ello, “Cobani”, luego identificado como Samuel Miara, le hizo poner las manos sobre una mesa y una vez hecho esto, le pegó con una cadena diciéndole: “…así le voy a pegar si no nos dicen lo que queremos...” (cfr. fs. 73 y sig. y 144 y sig. de la causa 9373/2001, cuanto a fs. 17.333/4 vta. de los principales).
		En este mismo sentido, Elsa Lombardo se ha pronunciado explicando que la vida en el centro de detención “Banco” era una tortura física y moral permanente, que los detenidos se arrastraban sin poder caminar como consecuencia de los golpes a los cuales eran sometidos (cfr. Actas Mecanografiadas del Legajo nro. 20 y Legajo 119).
		Los golpes como característica constante y desde el inicio de la vida en los centros también forman parte del relato de Gilberto Rengel Ponce, quien explicó cómo fue su bautismo en “Olimpo”: “…Que lo entran a un lugar cerrado y lo arrastran por el piso agarrándolo de los pelos; lo hacen desnudar y lo revisan y luego le dicen que se vista. Que es llevado a otra habitación y allí unos seis o siete hombres comienzan a pegarle trompadas y patadas...” (cfr. fs. 1 Legajo 150).
		Dentro de las alternativas generales y sistemáticas de castigo ideadas en el centro también estaba el llamado “orden cerrado” (una práctica habitual así denominada, destinada al entrenamiento físico y disciplinario de los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, no necesariamente punitiva), que consistía en compelir a los secuestrados a efectuar variados ejercicios físicos del mismo estilo disciplinario-castrense hasta el límite de sus fuerzas, sin contemplación alguna respecto de las escasas energías que tenían quienes vivían en un contexto pleno de carencias, especialmente alimentarias y de descanso. 
		Juan Francisco La Valle explicó una de las causas que generaban la imposición del “orden cerrado” en “Atlético”: “…Nos tenían engrillados mediante una cadena que con candados ataban cada uno de los tobillos; los candados tenían números de cinco cifras. Los números teníamos que recordarlos de memoria porque cuando nos duchábamos nos los quitaban. El que no se acordaba de los números, recibía orden cerrado tipo militar pero muy duro. El orden militar era salto de rana, «alrededor mío, carrera mar», cuerpo a tierra...” (cfr. fs. 190/2 de la causa nro. 9373/01).
		Por su parte, Ana María Careaga, embarazada durante su cautiverio, narró que: “En una oportunidad después de llamar mucho y sin obtener respuesta hice mis necesidades en la celda (lo cual era severamente castigado), me hicieron limpiar y hacer flexiones hasta que yo no sentía las piernas, éstas no me respondían (eso fue porque estaba embarazada, sino los castigos eran más severos)...” (cfr. fs. 34 Legajo 158).
		Otra modalidad habitual de sometimiento y provocación de pánico extremo en los secuestrados frente a la inmediatez de la muerte y ciertamente demostrativa del poder absoluto de disponibilidad sobre su suerte era el simulacro de fusilamientos.
		En este tópico, Delia Barrera explicó: “Desde el momento que pasamos a la celda, sólo fuimos sacados una vez para un nuevo interrogatorio, otras veces para hacer ejercicios, 200 flexiones, saltos de rana y también para simulacros de fusilamientos, que consistían en pararnos de cara a una pared mientras los guardias hacían todo el teatro de preparar las armas, apuntar y disparar, en ese momento mientras nosotros esperábamos lo peor, llorábamos o gritábamos y ellos se burlaban y se reían...” (cfr. Legajo 233).
		Por su parte, Susana Leonor Caride respecto de su cautiverio en el centro de detención “Banco” señaló: “…me tuvieron con golpes, me hicieron simulacro de fusilamiento, ruleta rusa...” (cfr. fs. 2 del Legajo 14).
		Miguel D´Agostino señaló ante este Tribunal que: “…en otra oportunidad un grupo de detenidos habían estado hablando de celda en celda, él se enteró y los sacó a los cuatro o cinco que habían estado hablando, los llevó a un espacio muy cercano a los tubos, empezó haciendo las veces de un ejercicio físico hasta agotarnos, y simuló un fusilamiento” (cfr. fs. 28.878/82). En fin, hay relatos de castigos salvajes como éste y otros de similar magnitud como consecuencia, por ejemplo, de correrse el tabique, de comunicarse de alguna manera con otra víctima, de reír, de llorar, de pretender un segundo más de ducha, de negarse a acceder a favores sexuales, de emplear el nombre en vez de la identificación, en fin, ante la sola invocación de cualquier rasgo de humanidad aparecía la imposición del castigo físico: el objetivo es claro, y tiene que ver con una postura definida y funcional al objeto del campo, cual es, la constante y progresiva deshumanización de los reclusos, con vistas a su eventual asesinato.
		Es este objetivo el que explica cuál era el ideal de recluso en estos centros según el molde del torturador: una no-persona, un trapo (en el discurso nazi: un lumpen), un objeto, un muñeco (de nuevo, para los nazis: die figuren), que no habla, no ríe, no llora, no vé ni camina; que simplemente se encuentra postrado en su tubo, siguiendo la postura típica del internado en los Lager alemanes (aquella famosa mención a la figura del musulmán, esto es, al recluso que ya no tiene fuerzas físicas ni morales para sostener, con su cuello, su cabeza, y por lo tanto parece estar en permanente postura de postración), que no tiene nombre, ni dignidad, ni derechos; un objeto que puede ser manipulado, deformado, retorcido y desechado sin remordimientos morales ni consecuencia jurídica alguna. 
		En palabras de Agamben, “El musulmán encarna el significado antropológico del poder absoluto de manera particularmente radical. En rigor, en el acto de matar, el poder se suprime a sí mismo: la muerte del otro pone fin a la relación social. Por el contrario, someter a sus víctimas al hambre y la degradación, gana tiempo, lo que le permite fundar un tercer reino entre la vida y la muerte […] Al conseguir imponer una condición tal, el régimen encuentra el propio cumplimiento […] su «tercer reino» es la cifra perfecta del campo, del no-lugar donde todas las barreras entre las disciplinas se arruinan y todos los diques se desbordan” (ob. cit., pp. 48/9).

		Séptima: la ubicua amenaza de ser torturado o asesinado.
		Desde el mismo momento del ingreso al recinto del terror, era constante la sensación de que en cualquier momento el recluido podía ser objeto de tortura o de muerte.
		Ello, no sólo a partir de lo que cada detenido podía extraer como conclusión de lo que su sentido del oído podía recoger de lo que acontecía en derredor, sino que además, a los secuestrados se les recordaba permanente y deliberadamente cuál era su estado, de absoluto sometimiento a los amos de la vida y de la muerte, que no eran otros que sus captores. 
		En efecto, más allá del absoluto estado de desprotección e indefensión que debían padecer los cautivos (encapuchados, engrillados, golpeados sistemáticamente, castigados, interrogados bajo torturas, etc.) constantemente eran advertidos, con hechos y palabras adrede, que se encontraban absolutamente librados a merced de sus captores sin posibilidad de defensa o escape alguna, con ellos como dueños exclusivos de su suerte, fuera ésta una paliza, la tortura o directamente su aniquilación física.
		Recordemos aquí cuando Mario Villani señaló: “Además de la tortura física sufrida durante los interrogatorios, la vida en los campos era una constante tortura psicológica. El trato diario era denigrante en extremo. Al ingresar se nos asignaba un código (el mío era X-96) y, a partir de allí no podíamos llamarnos por nuestro nombre, so pena de ser apaleados y torturados. Se nos insistía que habíamos dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Que estábamos desaparecidos. Que ni siquiera podíamos suicidarnos. Que ellos —los Dioses— eran los dueños de nuestras vidas y moriríamos cuando ellos lo decidieran...” (cfr. declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Apelaciones de la ciudad de La Plata).	
		Marcelo Daelli, pudo experimentar por sí mismo esa amenaza a ser torturado cuando estando en “Atlético” lo “…llevaron a un lugar cercano a esas oficinas donde me torturan levemente, de pie me aplicaron picana y me hicieron sostener el cable con la mano para probar en un lugar que no era lo que posteriormente conocería como quirófano. Me mostraron lo que sucedería si no colaboraba, para lo cual me mostraron a un ex compañero de la Facultad [...] que se encontraba en un catre metálico, en un lugar cercano a la oficina, separado del resto. Lo vi en muy malas condiciones, llagado, con infecciones por todo el cuerpo y la conjuntiva muy irritada. Tuve la impresión que no podría estar parado. No me reconoció, motivo por el cual le pegaron varias veces con una goma...” (cfr. fs. 7 Legajo 225).
		La intimidación constante a los cautivos implicaba un sufrimiento mental que obra como un componente más en el concepto de la tortura y, por cierto, esa intimidación es justamente uno de los más habituales objetivos que persigue el torturador devastando toda capacidad de resistencia.
		Es lo que se llama el régimen del terror, propio de los modelos totalitarios, por medio del cual no sólo se apunta a la paralización -física y psíquica- de la víctima allí cuando uno o varios torturadores se están ocupando de ella -vejándola, golpeándola, torturándola, abusando sexualmente, etc.-, sino que dicha parálisis, a través de la conformación de este clima de terror ubicuo y constante, tiene en miras que el régimen del terror inunde todos los espacios, anegue cada momento de la vida cotidiana de la víctima, estableciendo un control férreo y absoluto sobre todos sus actos mediante la supresión de todo espacio de libertad, empujando la libertad humana a su último refugio posible, cual es el mero pensamiento interno -que ni siquiera es posible volcar en la comunicación- (Careaga reseñaba que no les quedaba nada más que pensar) y que muchas veces ni siquiera funciona como tal debido al fuerte condicionamiento que proviene desde el exterior de la psique, en especial, a partir del hambre y de la imposición de la tortura física. 
		Un párrafo aparte merece, dentro de este esquema generalizado de infundir terror paralizante a las víctimas a través de la amenaza permanente de ser torturado, esa forma particularmente perversa de tortura psicológica consistente en escuchar o ver sesiones de torturas de seres queridos. 
		Como vimos, más allá de los padecimientos propios, los cautivos, desde los tubos o la leonera, debían ser testigos auditivos del continuo peregrinar de personas por sesiones de interrogatorio bajo torturas.
		En algunos casos, la tortura psicológica llegaba a límites inimaginables, propias de la figura kantiana del mal radical, allí cuando los propios familiares de los torturados escuchaban los gritos desgarradores de dolor de sus seres queridos y en otros casos, hasta eran obligados a observar las sesiones directamente.
		¿Cómo traducir en palabras el sufrimiento psíquico que genera ser testigo impotente de la tortura de un ser amado, escuchar sus lamentos, quejidos, llantos y ruidos, tanto como observar las secuelas o rastros del tormento en el cuerpo de alguno de ellos?. 
		En este sentido, resulta sumamente gráfico cuanto se sostuviera al sentenciar la causa 13/84, cuando se precisó que también se sumaba, a veces, “...la angustia de quien había sido secuestrado con algún familiar y que sufría ambos padecimientos simultáneamente. Todo ello debía seguramente crear en la víctima una sensación de pánico cuya magnitud no es fácil de comprender ni imaginar, pero que, en sí constituye también un horroroso tormento...” (cfr. “La Sentencia...” causa 13/84).
		Los testimonios que a continuación se expondrán reflejan que no hace falta golpear con brutalidad o aplicar picana para someter a tormentos a una persona, pues escuchar cómo por ej., se apalea salvajemente a un hijo, encierra un sufrimiento imposible de soportar y a todas luces aberrante para la condición humana.		 
		Lisa Levenstein de Gajnaj, cautiva junto con su esposo Salomón Gajnaj en “Atlético”, debió escuchar los gritos de su hijo León mientras era torturado (cfr. fs. 72/74 del Legajo 119).
		Claudia Leonor Pereyra relató, por su parte, que estando secuestrada en “Banco”, al llegar fue desvestida luego de lo cual la llevaron al “quirófano” donde la dejan desnuda y atada, escuchando voces y gritos de su novio a quien estaban torturando, siendo ella luego torturada, sesiones éstas que se repitieron varias veces (cfr. Legajo 323).
		Por su parte, Delia Barrera señaló que mientras era torturada con picana eléctrica al mismo tiempo, su pareja, Hugo Scutari “...estaba siendo golpeado y llevado al quirófano que estaba al lado de donde yo me encontraba. El interrogatorio lo hicieron en forma conjunta, una pregunta a él y otra a mí, siempre sobrenombre de guerra, dónde había participado, qué cosas había hecho, nombres y domicilios de compañeros, descripción física de los mismos, qué militancia teníamos“ (cfr. Legajo 233).
		Rufino Almeida explicó: “También en otro momento de estas golpizas [...] me llevaron ahí con mi señora, con Claudia, también nos golpeaban, nos chocaban las cabezas, a ella «Cobani», que era «Miara», el apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa [...] la arrastró por el piso, de los pelos, después ella tenía un lamparón porque le arrancó un pedazo de cuero cabelludo. En otras de las oportunidades que yo sentía que la golpeaban, que a mí me habían pegado una, no sé, trompada o codazo en el tórax […] entonces le pedía que por favor le dejaran de pegar a mi compañera…” (cfr. declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de La Plata en el marco del Juicio de la verdad”).
		Otro caso de torturas a varios familiares es el caso de Patricia Bernal, quien compartió cautiverio con su hermana Nora en “Banco” y narró que: “…la conducen a otra habitación de dimensiones reducidas, donde es golpeada e interrogada sobre el paradero de María del Carmen Jurkievich, siendo amenazada ella misma y su hermana Nora. Desde ese lugar escucha que torturan a Nora en la habitación vecina, se descontrola comienza a gritar y la llevan a verla. Nora estaba en una habitación de características semejantes...” (cfr. fs. 3 Legajo 98). 
		El juego macabro de los represores con las familias de los cautivos adquiría una particular faceta intimidatoria cuando, como en el caso Gilberto Rengel Ponce, la tortura iba acompañada de la amenaza de matar a su hijo y a su señora que estaba embarazada (cfr. fs. 1 del Legajo 150). 
		Está claro que en estos casos, un solo acto de imposición de tortura física a una persona (descriptas per se en el punto undécimo) era multiplicado en sus efectos devastadores sobre tantos familiares o seres queridos haya compartiendo el cautiverio, infundiéndoles a éstos, además de un dolor imposible de cuantificar atento a su magnitud, un terror absoluto y permanente respecto de la integridad física y la vida de esas personas.
		Así las cosas, y más allá de estos casos extremos que atañen a seres queridos y que se dio sólo en algunos casos, esa amenaza permanente a ser golpeado, torturado o asesinado (a la propia víctima o de ser el caso, a un ser amado cautivo), genera un terror constante que, tal como lo explicara el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura designado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, constituye en sí mismo, dadas las circunstancias antes señaladas, una tortura mental. 
		En esta misma línea, la Comisión tiene dicho que “…las amenazas graves y creíbles a la integridad física de la víctima o de un tercero [en nuestro caso, el ser querido co-cautivo], así como las amenazas de muerte, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a la tortura” (cfr. Resolución 2002/38 - 22/4/2002).  
		
		Octava: La escasa y deficiente alimentación. 
		La alimentación en los centros, en tanto escasa e indigna, también tenía como objetivo, a partir de su puesta en práctica sistemática, contribuir al progresivo deterioro del estado físico de los cautivos, a la vez que constituía otra modalidad de castigo.
		Aun así, siendo la comida poca y degradante -a veces cruda y otras demasiado cocida-, el hambre desesperante que sufrían los cautivos y las condiciones infrahumanas de vida que les acompañaban toda la jornada, hacían que ese momento se ansiara impacientemente. 
		Juan Francisco La Valle señaló al respecto: “Recién al mediodía comíamos un sólo plato de arroz hervido sin sal y aguas o fideos sin sal, todo pasado y una rodaja de pan duro. Comíamos dentro de la celda y debíamos dejar el plato fuera de la celda cuando terminábamos...” (cfr. Legajo 84 y fs. 190/2 de la causa nro. 9373/01, respectivamente).
		Por su parte, Ana María Careaga explicó: “La comida era desastrosa o muy cruda o hecha un masacote de tan cocida, sin gusto a nada (fideos, arroz, polenta -casi siempre- lentejas -muy pocas veces-). Pero el hambre que se siente en esa situación es desesperante, habíamos aprendido tan bien a agudizar el oído que apenas empezaban desde lejos los preparativos, escuchábamos desesperados (sin exagerar) el ruido de los platos de metal, las cucharas y el carrito que traía la comida. Se puede decir que casi vivíamos esperando la comida. Durante todo el día no hacíamos absolutamente nada más que pensar, entonces la hora en que llegaba el «almuerzo» era la mejor y apenas terminábamos cerraban las puertas empezábamos a esperar la «cena» (cfr. fs. 35 Legajo 158).
		Miguel D’Agostino explicó que en cuanto a la comida, estaban obligados a comer sin ver, que en general podía ser polenta, seca y fría, o guisos, que comían al menos una vez por día, o aunque podía darse que, por un par de días, no comieran. También, podía suceder que después de un traslado sobrara la comida y pudieran hasta repetir. Que la comida era escasa, que no siempre les daban líquido, que no se los daban mientras comían sino cuando iban al baño y que tampoco les daban de beber cuando habían sido torturados con picana (cfr. declaración prestada ante este Tribunal de fs. 20.878/82).
		Está claro que estas condiciones de alimentación, entonces, servían para un doble propósito: 1) como innegable elemento de tortura, a partir del hambre permanente padecido por los internos, quienes esperaban casi enloquecidos los momentos en los que los captores les proporcionaban algo de sustento; y 2) para terminar de cancelar toda posibilidad de resistencia o de alzamiento en contra del poder totalitario que imperaba en el pozo, pues un enemigo que, además de aislado, tabicado y engrillado, está subalimentado, no tiene siquiera fuerzas físicas para alzar un brazo.
		
		Novena: La falta de higiene y el progresivo deterioro del estado sanitario.
		Las condiciones de higiene y salubridad también eran atroces y alcanza con señalar que, al hacinamiento al que se sometía a los cautivos, se agregaba, en muchos casos, la necesidad de yacer en colchonetas y ámbitos físicos abyectos impregnados de sangre, orina, vómitos, transpiración, etc; todo lo cual, por lógica consecuencia, agravó patologías precedentes a los secuestros y generó las propias del lugar como secuela de torturas, quemaduras, derrames o infecciones.
		Marcelo Gustavo Daelli, describe con crudeza tan sólo uno de los ejemplos del estado de salud en que podían encontrarse los cautivos, textualmente dijo que en el Club Atlético, “…el «Turco Julián» lo llevó [...] como a una especie de celda de incomunicación, en la cual sobre un catre metálico se encontraba un joven a quien el Turco Julián le sacó la venda, pudiendo entonces identificar a Sergio Nocera [...] tenía el cuerpo completamente llagado, los ojos con pus, sangrando de cortes que tenía en diversas partes del cuerpo, muy flaco...” (cfr. declaración testimonial de Marcelo Daelli en el Legajo 312).
		Otro testimonio que grafica el estado de alarmante descuido sanitario al que se llegó es el de Mario Villani quien, como vimos supra, explicó que: “...estando en El Atlético, que ustedes recuerden que estaba en un sótano, se descompusieron las bombas que desagotaban las letrinas, y dejaron de sacar la gente al baño, esto fue una situación muy dura, estábamos en las celdas y nos hacíamos nuestras necesidades encima, literalmente, yo empecé a insistir, mejor dicho, algunos de los que repartían la comida, que formaban parte del Consejo, me informaron que lo que estaba pasando era que se habían descompuestos las bombas que desagotaban las letrinas y que entonces no se podían usar los baños porque se transformaba algo insoportable para ellos, por nosotros no les importaba, entonces yo empecé a insistir que yo podía repararlas, al principio no me dieron mucho corte, simplemente yo insistía a través de los que repartían la comida que eran otros presos que formaban parte del Consejo, hasta que al final me mandan a buscar y me llevan a revisar las bombas...” (cfr. declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Apelaciones de la ciudad de La Plata).
		Respecto del régimen de higienización de los cautivos, el acceso a las duchas era esporádico, en forma colectiva y en muchas ocasiones, significaba una nueva ocasión para tratos degradantes, humillaciones y castigos.
		Ana María Careaga explicó que en “Atlético” para “... sacarnos al baño abrían las puertas una por una ‑cada uno de nosotros tenía que estar de pie cuando se abría la puerta‑ y luego desde la punta del pasillo el guardia gritaba el número de las celdas, allí nosotros nos dábamos vuelta y cada uno se tomaba de los hombros del que tenía delante, formando un «tren» que era conducido por un guardia” (cfr. declaración prestada por Ana María Careaga ante la CONADEP).
		Juan Francisco La Valle narró: “…las duchas funcionaban una vez por semana o una vez cada dos semanas. Había que destabicarse, sacarse el candado, mirar contra la pared y del techo había caños agujereados de donde caía agua, a veces caliente y otras fría. La ducha era de cinco metros cuadrados. La ducha era un castigo también porque había que enjabonarse y con la poca agua que caía había que enjuagarse, el guardia decía «terminado» y si alguien seguía era castigado con un orden cerrado en el baño desnudo. Eso me pasó a mí...” (cfr. fs. 190/2 de la causa nro. 9373/01).
		Por su parte, Miguel D’Agostino describió el régimen de baños durante sus 91 días de cautiverio, al expresar: “...que lo llevaban a bañarse por lo menos una vez por semana, que durante ese tiempo, le permitieron cambiar de ropa, que cuando lo metían a la ducha y le sacaban los candados, cuyos números debían recordar, entregaban la ropa, que al salir de la ducha les daban otra ropa que supuestamente estaban limpias. Que permanecían descalzos -al menos él-, que a la ducha los llevaban todos juntos, que se bañaban hombres y mujeres y por grupos de a diez, que los bañaban según su recuerdo con agua caliente y su impresión es que debería haber un termotanque, porque podía ser agua muy caliente o fría. Que después que los desnudaban y entregaban los grillos, los ubicaban en grupos de diez, debajo de unas cañerías agujereadas que atravesaban el techo, que tiraban trozos de […] jabón de lavar la ropa, que la sensación era que eran ásperos. Que en ese momento, es decir, antes de mojarse les sacaban el tabique y les ordenaban quedarse con los ojos cerrados, que estaban ordenados como si fueran dos filas, y mirando con los ojos cerrados, hacia una pared. Que mientras se bañaban durante ese minuto que podía durar la ducha, los represores los custodiaban, que ésa era una oportunidad en que los represores se reían y les decían cosas a las mujeres, que no era agradable ir al baño. Que el único momento cuando abrían los ojos era cuando debían buscar el jabón en el piso, y en esas circunstancias podían ver, que era como sacar fotos. Que en ese momento, cuando los llevaban a ducharse les ofrecían pasar al baño, al margen de que cotidianamente en horarios establecidos, pero que no pudo sistematizar, armaban trencitos de detenidos tabicados y los llevaban al baño. En las celdas tenían frascos de plásticos de tipo de lavandina y detergente, que los llamaban papagayo, que allí acumulaban la orina, y en el momento cuando los llevaban al baño, los llevaban para descargar” (cfr. declaración prestada ante este tribunal citada).
		La atención médica era proporcionada muchas veces por cautivos con algún conocimiento de medicina, con escasez de medicamentos o fármacos al efecto, sólo en casos extremos y con finalidades bastante distintas a la recuperación de la salud de la persona. 
		Más bien, la atención se proporcionaba para prolongar indefinidamente el sufrimiento, dejando en claro que el fin de los padecimientos llegaría cuando los torturadores quisieran y no cuando la persona se desvaneciera por haber cruzado el umbral del dolor.
		“No existía límite para los tormentos. Podían durar uno, dos, cinco o diez días. Todo se hacía bajo la supervisión de un médico, que controlaba nuestra presión sanguínea y nuestros reflejos: «No vamos a dejar que se mueran antes de tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo, y esto va a seguir indefinidamente». Así es tal cual era, porque cuando estábamos al borde de la muerte, paraban y dejaban que nos revivieran. El médico nos inyectaba suero y vitaminas, y cuando estábamos más o menos recuperados, las sesiones de tortura comenzaban nuevamente. [...] En invierno hacía frío; en verano el calor era sofocante. La higiene personal era inexistente. Se prestaba atención médica sólo en dos casos: cuando consideraban que alguien era todavía útil para ellos, o cuando existía para ellos el riesgo de una epidemia. Podríamos señalar diferentes períodos, algunos más difíciles que otros; por lo tanto la atención variaba de acuerdo al lugar y a los guardias, aunque siempre la política principal y constante era la misma: el terror” (cfr. “Testimony on secret detention camps in Argentina” Amnesty International Publication).
		La atención a las necesidades fisiológicas de los secuestrados era una circunstancia que resultaba completamente indiferente para los captores o una nueva ocasión para humillar, degradar o propinar una paliza en casos de incontinencia. 
		Marcelo Daelli explicó en este sentido: “Al baño también nos conducían dos veces por día. Quien se orinaba encima en otro momento era fieramente castigado. En una oportunidad debí orinar en el zapato y beber la orina por no poder contenerme...” (cfr. fs. 11 Legajo 225).
		Asimismo, estas condiciones inaceptables de atención sanitaria sumadas a la paupérrima alimentación generaron, como ya se dijera, un universo de patologías y entre ellas estados de constipación agudos como el que padeciera y describiera Miguel D’Agostino quien narró que “…estuvo durante sesenta días sin poder defecar, que fue tan grave su situación que se estaba muriendo, en razón de ello lo internan en lo que era como la enfermería y allí dos detenidos de nombres Jerónimo y Soledad, le hacen enemas, pero tampoco fueron suficientes, que finalmente, fue él con sus propias manos que pudo ir -asesorado por el médico Jerónimo- desarmando el bolo fecal que se le había formado.” (cfr. declaración testimonial prestada ante este tribunal, ya citada).
		En fin, el desprecio calculado por las condiciones alimentarias (vistas en el punto anterior), higiénicas y sanitarias guardaba exacta relación de medio a fin con el objetivo general de cosificación de los recluidos, a quienes se les proveía de las condiciones indispensables simplemente para mantenerlos con una línea de vida, y negarles de este modo la posibilidad de morir por alguna de estas razones, como una cabal muestra de hasta dónde llegaba el poder absoluto sobre sus cuerpos y sus existencias.
		Dicho de otro modo, de perforar hacia abajo aun más (hablando en términos de la condición humana) cualquiera de estos tres aspectos de la vida cotidiana en el campo clandestino -me refiero a las condiciones alimentarias, higiénicas y sanitarias-, las víctimas hubieran sido aniquiladas físicamente por inanición, enfermedad o epidemia respectivamente.

		Décima: La exposición en desnudez y demás padecimientos de connotación sexual.
		La exposición en desnudez de los cautivos significó, por un lado, un símbolo más de vulnerabilidad y sometimiento y, simultáneamente, la expresión de un castigo basado en la humillación y ridiculización. 
		Pasear desnudo a un cautivo, compelerlo a ejecutar alguna actividad desprovisto de ropas, implicó reducirlo aún más a su parte sufriente, testimoniaba también los deseos ocultos y lujuriosos de sus captores, implicando además, toda una simbología en la cual los secuestrados aparecían desnudos frente a los kapos.
		 En definitiva, en un proceso tan simple como apremiante, unos quedaban reducidos a su categoría sexual primaria como meros objetos y otros, elevados al lugar de observadores “superiores” e invasivos del pudor de la víctima.
		Ángel Manuel Reartes, quien permaneció privado de su libertad el centro de detención “Atlético” contó:”…que fue desnudado y sometido a una revisación en todo su cuerpo, principalmente en la zona anal y, acto seguido, fue golpeado con los puños y mediante puntapiés por varias personas [...] quizá al otro día o a los dos días, volvió a ser objeto del mismo interrogatorio aplicándole picana eléctrica en el cuerpo…” (cfr. fs. 412/3 del Legajo 67). 
		Por su parte, Ana Arrastía Mendoza y Gabriel Miner, ilegalmente detenidos en “Banco”, al llegar al campo clandestino también fueron desnudados mientras se los engrillaba, tabicaba y se los identificaba como D-100 y D-99, respectivamente (cfr. Legajo 157).
		Delia Barrera, sobre este tópico, señaló “ahí fui llevada a otro sector (un pasillo) donde había un banco, me dijeron que me iba a revisar un médico, me hicieron desnudar y acostar en el banco, el supuesto médico me revisó en la zona genital, luego me hicieron vestir y que me quedara sentada, me largaron un perro policía llamado Sultán [...] Después de un rato me soltaron las ataduras, me dijeron que bajara de la mesa y me llevaron junto con Hugo corriendo por el pasillo, los dos desnudos, al baño donde nos hicieron bañar, ahí nos vestimos y fuimos devueltos a la leonera. (cfr. Legajo 233).
		Luis Gerardo Torres y Héctor Daniel Retamar, ambos cautivos en “Olimpo” también son contestes al relatar la sistemática desnudez a que eran expuestos los cautivos al ingresar al centro, más allá del tabicamiento y asignación de matrícula sustitutiva de sus nombres (cfr. Legajos 125 y 137).
		Rufino Almeida, en oportunidad de prestar declaración testimonial ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de La Plata señaló que en el centro de detención “Banco”, siendo llevado por el represor conocido como “Turco Julián” tuvo que pasar por encima de un compañero que yacía “...desnudo encadenado, o sea rodeado con cadenas...” y que “...También pude ver a una mujer que se cruzaba, a una señora anciana, desnuda, que la cruzaban y la llevaban para la zona de los quirófanos...”
		El Protocolo de Estambul es sumamente esclarecedor en torno a los métodos que componen los tormentos sexuales y concretamente, en relación a la desnudez compulsiva, estableció: “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante de toda situación de tortura. Nunca se es tan vulnerable como cuando uno se encuentra desnudo y desvalido. La desnudez aumenta el terror psicológico de todo aspecto de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violaciones o sodomía. Además, las amenazas, los malos tratos verbales y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la mujer el que la toquen forzadamente es traumático en todos los casos y se considera como tortura” (cfr. Protocolo de Estambul - Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes - Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2001, pág. 43).
		Más allá de la sistemática exposición en desnudez de los secuestrados, destacamos a continuación algunos testimonios vinculados a las humillaciones, vejaciones y tratos degradantes de índole sexual específicamente relacionados con mujeres aunque debe decirse que algunos hombres no estuvieron exentos de la amenaza de prácticas vejatorias como en el caso de Daniel Retamar a quien en “Olimpo” y según sus dichos “lo hicieron desnudar totalmente [...] y querían violarlo porque decían que nunca ellos tuvieron un adolescente [...]”, destacando haber padecido dos intentos de violación, uno en un automóvil y otro en el campo de detención (cfr. Legajo 137). 
		En esta dirección, Susana Isabel Diéguez, al testificar ante este Tribunal a fs. 19.633/4, señaló que en el mismo procedimiento de su secuestro en la casa de sus progenitores “...Al decirles la declarante que no toquen a su hermana le pusieron una Itaca o arma larga, en la vagina y comenzaron a amenazarla...” y que ya en el centro de detención “Atlético”: “ ...después de una sesión de tortura Beba no estaba en la celda y entra Julián quien, en sus términos, la viola por delante y por detrás, diciéndole que ahora se lo vaya a contar al montonerito…”.
		Hebe Cáceres, por su parte, narró: “También lo vi a Cobani arrastrar del pelo a Claudia Estévez y golpearla, e inclusive intentar algún acoso sexual...” (cfr. fs. 31/4 de la causa nro. 9373/01).
		Por su parte, Claudia Estévez testificó que “«Cobani» hacía uso de su poder ahí adentro para abusar de las mujeres, primero a mí me lo dijo Laura Crespo que él la estaba acosando permanentemente...” (cfr. causa nro. 9373/01, fs. 109/129).
		También Rufino Almeida testificó ante la Excma. Cámara Federal de la ciudad de La Plata que le consta que tanto el “Turco Julián” como “Cobani” abusaban sexualmente de las detenidas, entre ellas Laura Crespo y su esposa Claudia Estévez.
		Finalmente, también en relación a este tema Miguel D’Agostino declaró que “...estando en la celda 21, enfrentado a la suya, estaba en la celda 22 y en la 24, dos jóvenes chicas, que a una de ellas en una oportunidad después de una sesión de tortura la traen a la celda, que la chica lloraba, y que como lloraba Kung Fu la sacó de la celda, la golpeó, y la violó para que no llorara más, que esta chica era Amanda y su nombre real es Liliana Mansilla López, que está desaparecida...” (cfr. declaración testimonial prestada ante este tribunal, ya citada).

		Undécima: Imposición de sesiones de tormentos físicos.
		Las sesiones especiales de torturas físicas eran algo innato al centro de detención y eran la regla de tratamiento, siendo la excepción los cautivos que no las padecieron.
		A tal fin, contaban con personal especialmente abocado a ello, ámbitos acondicionados al efecto -los “quirófanos” o sala de torturas-, una variada gama de instrumentos y distintas técnicas para provocar desmesurados padecimientos.
		Ya sea con la finalidad de quebrar la fuerza de voluntad de los secuestrados y aún cuando no hubiere ningún dato o información que obtener, a una abrumadora mayoría de los cautivos se los sometió a mecanismos de torturas físicas, a saber: golpizas y palizas brutales sea con puños, patadas, instrumentos metálicos -cadenas-, de goma -cachiporras- o madera -palos- que muchas veces provocaban fracturas o lesiones internas; simulacros de fusilamiento; el “submarino húmedo”: modalidad consistente en la provocación de asfixia por inmersión de la persona generalmente encapuchada en un balde o recipiente con líquido, a veces, con excrementos; “submarino seco”: modalidad de asfixia por medio de bolsas o elementos similares a tal fin; aplicación de descargas eléctricas por medio de picana en diversas partes del cuerpo, especialmente las más sensibles como cabeza, sienes, boca, extremidades, senos y órganos genitales; quemaduras con cigarrillos en distintas partes del cuerpo; requisas aflictivas a la integridad sexual, amenazas y consumación de violaciones de mujeres y hombres; el colgamiento, con el cuerpo invertido o no; el acorralamiento de los detenidos por perros entrenados y la obligación de permanecer de pie durante horas; la aplicación de pinchazos en uñas de pies y manos; entre otros (cfr. declaraciones testimoniales ya citadas; véase asimismo, Informe sobre el caso Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 14-12-1979).
		Los testimonios acerca de estos padecimientos son innumerables, reseñándose a continuación sólo algunos a manera de ejemplo de las técnicas de torturas empleadas en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		Marco Bechis secuestrado en abril de 1977 y clandestinamente detenido en “Atlético”, refirió: “...me hicieron bajar las escaleras, oí el eco y olí la humedad típica de los ambientes subterráneos [...] Luego fui llevado a una habitación donde se me hizo un interrogatorio [...] acostado sobre una cama de hierro, donde quedé cerca de diez horas, se me aplicó corriente eléctrica (boca, testículos, axilas), en el dedo meñique del pie había un cable de descarga que permitía el paso de la corriente [...] se me interrogó tres veces” (cfr. traducción de su declaración obrante a fs. 101 del Legajo 81). 
		Pedro Vanrell, por su parte, también en “Atlético” fue torturado mediante golpes y aplicación de picana. Específicamente relató que: “…se le aplicó picana eléctrica en las partes más sensibles del cuerpo: ojos, boca, genitales, todas las partes húmedas y también en los costados del cuerpo en los flancos. Otra vez la víctima fue colgado de las manos quedando a unos 20 cm. del piso. Después de esto tuvo que comer directo con la boca porque las manos no las podía usar” (cfr. fs. 160/67 del Legajo 84).
		Otro testimonio al respecto es el de Juan Carlos Seoane. quien señaló: “Que en el quirófano es acostado en una especie de camilla ubicada en el lugar la cual recuerda que era de metal y tras ser sujetado, se le conecta un cable el cual estaba por el otro extremo conectado a una especie de batería de automotor. Que se lo interroga por la persona de nombre Abel Cortes, quien también había sido compañero de secundaria [...] Que además de la vez que acaba de relatar el dicente fue interrogado del mismo y por medio del uso de la picana eléctrica unas tres veces más aproximadamente. que recuerda que en su caso personal, quien presidía los interrogatorios era el represor apodado «Julián», quien también había participado de su detención” (cfr. declaración de fs. 172/7 Legajo 84).
		También en “Club Atlético”, Nilda Haydée Orazi fue “…acostada sobre una cama a la que le faltaba el colchón, atada de pies y manos, luego comenzaron a aplicarme electricidad de lo que ellos llamaban picana [...] comenzaron a utilizar dos picanas [...] Al cabo de dos días durante los cuales ni siquiera me desataron [...] fui conducida nuevamente a la sala de torturas [...] esto duró dos días más, cosa que me comentaban ellos mismos ya que yo perdí totalmente mis controles fisiológicos y caí en una especie de aletargamiento con períodos de completa inconciencia”. Asimismo, durante su cautiverio, Orazi sufrió diversas lesiones producto de los golpes recibidos entre ellas, fracturas de huesos, varias costillas, el tabique nasal y el labio superior (cfr. Legajo 314).
		Graciela Trotta, cautiva en “Olimpo”, narró cómo Juan Lewi fue salvajemente torturado siendo sumergido en agua caliente, lo que llamaban “submarino” y que cuando ya la piel se le cayó lo sumergieron en el inodoro con excrementos que se le pegaron a la cara, por lo cual las heridas no podían cicatrizar porque se le habían infectado. Agregó que tenía llagas, úlceras y que cuando ya las heridas cicatrizaron, el represor “Julián” le pegó una patada en la mandíbula y se la sacó de lugar, por lo cual tuvo que tomar agua con una pajita (cfr. Legajo nro. 138).
		Por su parte, a Miguel D’Agostino la sesión de tortura, que duró cuatro o cinco días, consistió en la aplicación de picana, asfixia con bolsas de polietileno y mojaduras con kerosene o nafta. Las torturas eran con intervalos, lo llevaban a la leonera y lo dejaban tirado en el piso (cfr. Legajo 224).
		Delia Barrera también relató precisamente las torturas con descargas eléctricas que debió sufrir. Expuso: “me llevan a una oficina no muy grande y me dicen que me agache y levante lo que estaba en el piso, siempre vendada, yo me agacho y tanteó con la mano, encuentro un cable que daba electricidad, lo largo y me dicen que lo levante, ante mi negativa uno de ellos lo agarra y me tiran contra una pared y me lo pasa por la cabeza y por la cara. Allí me colocan unas cadenas en los tobillos que unen con dos candados con dos números que debía recordar siempre para cuando me los sacaran o cuando nos bañábamos (los números eran 156 y 86)…”. 
		En otra oportunidad, la nombrada explicó que: “me agarraron de los pelos y me llevaron arrastrando hasta otro sector ubicado en el fondo, allí me metieron a una especie de oficina, luego supe que le decían quirófanos, me sacaron los grillos, me dijeron que me desnudara y que me subiera a la mesa que estaba allí, ésta era una plancha presumo de hierro oscuro, allí me ataron los brazos a la altura de la muñeca y me abrieron las piernas que también me ataron con unas gomas negras en los tobillos a unas maderas. Uno de ellos me ató un cable en el dedo gordo del pie derecho y me hizo escuchar un sonido como un zumbido al mismo tiempo me preguntó si conocía ese ruido, yo dije que no y me contestó que ya lo iba a conocer. Le dio la orden a otro que me diera media hora, en ese momento empezaron a torturarme con picana eléctrica, en todo el cuerpo, sobretodo en la zona genital, pechos, cara...“ (cfr. Legajo 233).
		Respecto de las torturas recibidas en su segunda detención, en el centro de detención “Banco”, Nora Beatriz Bernal en la declaración de fs. 5/14 del Legajo 98 textualmente refirió: “Una vez llegada al «pozo» es desnudada y amarrada a la «parrilla», donde Soler se encarga de aplicarle picana eléctrica y Rolando la golpea. Durante este procedimiento le piden que relate su encuentro con María del Carmen, sin hacer hincapié en el hecho en sí, sino utilizando el interrogatorio con picana y golpes según sus palabras para que le sirva de escarmiento (ya que desde el primer momento demuestran conocer todos los detalles del encuentro, dirección y fecha de llegada de ambas a Mar del Plata).”
		Dentro del horror mismo que implicaba la tortura bajo picana eléctrica no deja de sorprender los recursos utilizados por los torturadores para aumentar al extremo el dolor en la víctima. 
		En este sentido, Roberto Ramírez, en declaración extrajudicial obrante a fs.5/48 del Legajo 331 relató como, en oportunidad de estar detenido en “Banco” y “…para aumentar los efectos de la tortura, le cubren en varias oportunidades la cabeza con una bolsa de polietileno sujetada al cuello y le introducen una sonda en el ano, para que la corriente produzca dolor en el interior del organismo...”.
		Los castigos con golpes con implementos acondicionados con gomas y alambres fue la modalidad de tortura que le tocó padecer a Gustavo Raúl Blanco en circunstancias de encontrarse privado de su libertad en “Olimpo”. En el Legajo 359 -fs. 1081/1087- consta que fue introducido en un recinto donde le quitaron la venda y comenzaron a golpearlo entre ocho y nueve personas. Luego, fue llevado a la “parrilla” donde, vestido únicamente con calzoncillos, lo ataron de pies y manos con unas cuerdas a una mesa. “Después de eso le dijeron que iba a hablar con «el malo» y otro de los individuos dijo «ahora viene el Turco Julián». Se hizo presente, pudiendo apreciar que era el mismo individuo que había estado en su domicilio [...] Que el aludido vino munido de una goma que, sin poder asegurarlo, cree que tenía dentro algo así como un alambre, con la cual procedió a golpearlo en todo el cuerpo y fundamentalmente en los ojos.”
		Otra modalidad de intimidar a los secuestrados fue mortificarlos con la presencia de perros y la inminencia de un ataque sobre sus personas.
		Isabel Teresa Cerruti, al recordar las torturas que cometía el represor “Julián” precisó que “…tenía un perro policía y asustaba a la gente con el perro…” (cfr. declaración prestada a fs. 19.373/5). 
		También, dio cuenta de esta modalidad de tormento el testimonio de Delia Barrera quien narró que “... fue llevada a otro sector (un pasillo) donde había un banco, me dijeron que me iba a revisar un médico, me hicieron desnudar y acostar en el banco, el supuesto médico me revisó en la zona genital, luego me hicieron vestir y que me quedara sentada, me largaron un perro policía llamado Sultán, que me olfateaba y ponía sus patas en mis hombros, el guardia me advirtió que me quedara quieta pues ante cualquier movimiento el perro iba a atacarme ...” (cfr. declaración testimonial prestada en la causa 9373/01). Por su parte, Adolfo Ferraro también fue torturado mediante la suelta de perros policías que lo atacaron (cfr. Legajo CONADEP nro. 1486). 
		Las quemaduras con cigarrillos también formaban parte del abanico suplicios de los represores. Son variados los testimonios que hablan de esta modalidad de tortura como complementaria de las muchas ya reseñadas. 
		En el caso de Ana María Careaga, a modo de ejemplo, el Cuerpo Médico Forense indicó que “…surge la existencia de cicatrices en distintas zonas del cuerpo de la víctima, entre ellas algunas semejantes a las provocadas por brasas de cigarrillos, forma esta de tortura que Ana María Careaga dice haber padecido” (cfr. Sentencia causa 13/84 - caso nro. 83). Asimismo, Miguel D’Agostino ha declarado en este tribunal que, a más de la picana y golpes que le aplicaron luego de estaquearlo sobre una mesa metálica, le aplicaron quemaduras de cigarrillo (cfr. fs. 28.878/82). 
		El carácter general y sistemático de las torturas en los centros era una peculiaridad tan instalada que ni siquiera se tuvieron contemplaciones respecto de las mujeres embarazadas. 
		Dicho estado no importaba un mejoramiento en las condiciones inhumanas de vida a las cuales eran sometidas las prisioneras, pues al igual que el resto de las detenidas fueron tabicadas, engrilladas, desnudadas, mal y escasamente alimentadas, sometidas a condiciones de higiene pésimas y, aunque, resulte inasequible soportar para la condición humana, eran sometidas a golpes y a la aplicación de picana eléctrica.
		En el Legajo n° 224 que constituye prueba en la presente causa, Miguel Ángel D’Agostino textualmente dijo: “...[a]l Atlético [...] ingresó [...] una chica llamada PATY [...] es sacada de la leonera [...] a una sesión de interrogatorios y tormentos [...] sólo pudo apreciar los gritos emanados por la víctima al infligírsele el tormento, mas no pudo ver signos visibles de tal acción [...] La antes referida Paty que posteriormente se enteró que resultó ser Liliana Clelia Fontana de Sandoval.” La víctima al momento de su detención estaba embarazada de dos meses y medio, circunstancia que también fue referida por Marcos Jorge Lezcano, Haydée Barracosa de Migliari, Oscar Alfredo González y Adolfo Ferraro (cfr. fs. 2/4 del Legajo 1110).
		Bien ilustrativo del maltrato a embarazadas surge de la propia sentencia de la causa 13/84: “Cuando la llevaban para aplicarle picana eléctrica, cuenta la testigo Mónica Elvira Brull de Guillén, ciega y embarazada, que el guardia «Julián» opinó que otra detenida que tenía un embarazo de 6 meses se la había «aguantado» [por lo que] ella «también se la tenía que bancar»” (cfr. “La Sentencia...” pág. 170). Y así fue cómo, Brull de Guillen “…luego de las sesiones de torturas [...] comenzó a tener pérdidas y es así que le aplican medicamentos para retener al bebé [...] como consecuencia de las torturas a las que fue sometida [...] perdió a su bebé a los tres meses y medio de embarazo…” (cfr. Legajo 95). 
		Horacio Guillermo Cid de la Paz, quien estuvo secuestrado en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, después de quinces meses de cautiverio y al recuperar su libertad, elaboró un detallado informe sobre lo vivido en dichos centros de detención y en relación a las mujeres embarazadas narró: “…el que una compañera estuviera embarazada jamás fue motivo para que le tuvieran ningún tipo de contemplación en la tortura. Las que no perdían a sus criaturas en las mesas de torturas, una vez superada la etapa de interrogatorio, eran arrojadas a los tubos en las mismas condiciones que el resto”. (cfr. Legajo 15).
		Una muestra más de lo que se viene relatando es el caso de Marta Vaccaro que surge en el “Informe sobre Campos Secretos de Detención en Argentina” que se encuentra reservado, donde se señala que cuando Marta Inés Vaccaro y Tito o Hernando Deria ingresaron al “Olimpo” fueron obligados a desnudarse, mientras eran destinatarios de gestos obscenos, injurias, manoseos y golpes. Que comenzaron a golpear y a amenazar a los nombrados y luego fueron llevados a la sala de torturas o “quirófano”. Que a “Tito” le aplicaron picana mientras interrogaban a Marta, al tiempo que le decían que de lo que Marta dijera dependía lo que le hacían a su compañero. También refirió que a Marta finalmente la torturaron con cadenas y palos, principios de asfixia y amenazas de provocarle aborto. Que cuando terminaron de torturarlo, Tito estaba deformado, lleno de hematomas, lastimaduras, hinchazones, y Marta casi no podía moverse. Luego fueron alojados en un tubo en donde permanecieron hasta enero de 1979, cuando fueron trasladados…” (cfr. Legajo nro. 15).
		Ana María Careaga, de entonces dieciséis años de edad y embarazada, estuvo privada de su libertad en “Atlético” y sobre los tormentos relató: “De aquí en más, en lo que respecta a las torturas, trataré de ser objetiva y acordarme con la mayor exactitud posible de los hechos, pero fue tan horrible que muchas veces perdí el conocimiento y no tuve noción del paso de las horas y del orden de las torturas. Me aplicaron golpes eléctricos en todo el cuerpo, pero más en los senos, la vagina (que son los lugares más sensibles y más dolorosos) la cara y la cabeza. Yo no grité. Ahora me pongo a pensar en eso y me parece inentendible, después de haber permanecido allí cuatro meses y escuchar gritos despavoridos todo el día, constantemente, de gente que estaba siendo torturada, me pongo a pensar como es que no grité, pero en fin, ante los sufrimientos físicos y psíquicos tan grandes, hay gente que reacciona de diferente manera y crea distintas defensas, lo cierto es que yo no grité. Aunque creo que esto fue peor porque ellos se ensañaron más. Mi reacción fue la siguiente: mientras ellos me picaneaban, yo contenía la respiración y cuando ya no aguanta más la soltaba y volvía a tomar aire nuevamente, ellos aprovecharon la ocasión para picanearme. Por esta actitud mía, pensaron que era yoga y me pusieron un plástico en la cara para que no pudiera respirar y me fueron aumentaron los voltios...”.
		Agregó Ana Careaga: “Después se ensañaron porque no les había dicho que estaba embarazada y me decían que me iban a «abrir las piernas» (palabras de ellos) y me iba a sacar la criatura, que me iban a «hacer abortar» -Porqué no lo dijiste pelotuda, querés que te la saque ahora? -No -No qué pelotuda (una patada)...” (cfr. fs. 118 del Legajo 158).
		Por su parte, Ana María Arrastía Mendoza quien estuvo privada de su libertad en “Banco” explicó: “Supo de la existencia de dos o más mujeres embarazadas, una de ellas secuestradas junto a su marido en el mes de abril o mayo, militante del Partido Comunista, y que tendría unos cinco meses de gestación. Que a esa pareja la torturaban uno sobre el otro, y aplicaba descargas intrauterinas a la mujer para mortificar al feto...”(cfr. fs. 147 del Legajo 157).
		De todos estos testimonios, surge claro que el objetivo fundamental de la tortura en el centro clandestino de detención sucesivamente instalado en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, excedió la supuesta finalidad de obtención de información del cautivo, apuntando más bien, como objetivo más amplio, a su despersonalización, a reducirlo a ser un mero objeto del poder totalitario imperante en el campo, a través de una posición de desvalimiento y angustia extremos que produjera el máximo deterioro de las capacidades cognoscitivas, emocionales y de comportamiento de las víctimas. 
		Al respecto, viene al caso citar el interesante punto de vista de Hannah Arendt, quien en 1951, describía un panorama enteramente aplicable a los hechos aquí demostrados. Así, sostuvo la nombrada: “La tortura, desde luego, es una característica esencial de toda la Policía y de todo el aparato judicial totalitario; es empleada cada día para hacer hablar a la gente. Este tipo de tortura, como persigue un objetivo definido y racional, posee ciertas limitaciones: o bien el prisionero habla al cabo de cierto tiempo, o es muerto. A esta tortura, racionalmente dirigida, se añadió […] otra tortura irracional y de tipo sádico [...] no perseguía objetivos ni era sistemática, sino que dependía de la iniciativa de elementos considerablemente anormales” (Arendt, Los orígenes... cit., p. 673).

		6.3. La especial brutalidad antisemita.
		Previo a concluir esta fracción de la resolución destinada al análisis del tortuoso régimen de vida padecido por los cautivos en el centro de detención sucesivamente instalado en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, debe hacerse un apartado especial dedicado a la particular crueldad que sufrieron los detenidos judíos, que reflejó un antisemitismo propio de la ideología nazi enquistado al menos en ciertas prácticas habituales y en ciertos perpetradores de estos centros.
		Conforme se verá en los testimonios de los sobrevivientes, no fueron pocos los ejecutores de los designios más oscuros de la dictadura militar que sostenían en la práctica la concepción que los nacionalsocialistas tenían respecto del antisemitismo. 
		Al respecto, Enzo Traverso explica: “La novedad del nazismo […] se encontraba en la biologización extrema del antisemitismo que reformulaba el mito del «complot» y el antiguo cliché del judío como elemento antinacional, en términos de higiene racial...” (cfr. La violencia nazi. Una genealogía europea. Ed. Fondo de Cultura Económica Bs.As. 2003).
		Todo lo cual, no hace más que apuntalar que el régimen dictatorial argentino, a través de no pocos de sus agentes, impuso en nuestro país, algunas de las prácticas más aberrantes que el mundo civilizado trató de desterrar después de la fatal experiencia que representó el nazismo de mediados del siglo XX. 
		La D.A.I.A, en relación al destino de los judíos en los centros de detención existentes en la Argentina durante la última dictadura militar, elaboró un informe especial sobre dicha situación.
		En un trabajo llamado “Informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos durante el genocidio perpetrado en la argentina” se explicó: 
		“Estas connotaciones antisemitas del proceso genocida se expresaron en las diversas modalidades de «tratamiento especial» a judíos (durante la detención, en las sesiones de tortura, en los interrogatorios), en el elevado número de víctimas judías y en la apropiación, por parte de los organismos de represión, de las prácticas, simbologías y emblemas del nacional‑socialismo...”.
		“Cabe dedicar un párrafo más a esta última cuestión. Resulta francamente sorprendente contrastar la metodología del genocidio desplegado por el nazismo con la metodología […] en Argentina: en ambos casos, se buscó el ocultamiento de los cuerpos, la negación del nombre de las víctimas, la despersonalización durante el tiempo de detención, la búsqueda de deshumanizar y degradar a las víctimas, el intento por «quebrar» sus últimas resistencias físicas, psíquicas y morales como requisito para su destrucción. Pero esta apropiación de las prácticas del nazismo no sólo se observa en las características implícitas de la operatoria sino en la explicitación verbal o simbológica de esta apropiación. Los numerosos testimonios sobre la presencia de svásticas en algunas salas de tortura o centros de detención, la autoadjudicación de identidad «nazi» por parte de muchos de los represores, la constante referencia a los campos de exterminio nazis por parte de quienes reproducían sus prácticas, no hacen más que reafirmar que esta apropiación fue absolutamente intencional y explícita.”
		Con respecto a la transmisión de la memoria, en una cita erudita, se explica en dicho documento, que: “...cuando decimos que un pueblo recuerda, en realidad decimos primero que un pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporáneas a través de lo que en otro lugar llamamos «los canales y receptáculos de la memoria» y que Pierre Nora llama con acierto «los lugares de memoria», y que después ese pasado transmitido se recibió como cargado de un sentido propio. En consecuencia, un pueblo «olvida» cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su vez, lo que viene a ser lo mismo”.
		La CONADEP también se ocupó de esta cuestión al sostener que: 
		”El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de «lo cristiano», en particular y de «lo religioso», en general. Esto no era otra cosa que una forma de encubrir la persecución política e ideológica “.
		“La defensa de Dios y los valores cristianos fue una motivación ideológica simple para que pueda ser entendida por los represores, hasta en sus más bajos niveles organizativos y culturales. Esta necesaria identificación se hacía para forjar en todo el personal represivo «una moral de combate» y un objetivo tranquilizador de sus conciencias, sin tener la obligación de profundizar las causas y los fines reales por los cuales se perseguía y castigaba, no sólo a una minoría terrorista, sino también a las distintas expresiones políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales, con tan horrenda metodología “.
		“En el allanamiento realizado en la casa de Eduardo Alberto Cora (Legajo N° 1955), secuestrado junto con su esposa, después de destruir todo lo que encontraron, los represores escribieron en la pared la leyenda «Viva Cristo Rey» y «Cristo salva». Algunos allanamientos y operativos se hicieron al grito de «Por Dios y por la Patria»” (ob. cit., pp. 71/2).
		Sobre esta grave cuestión, el informe CONADEP rememoró dos testimonios de los sobrevivientes que describen el destino trágico de quienes profesaban otra fe.
		“Me insistían permanentemente si conocía personas judías, amigos, comerciantes, o cualquier persona, bastando que fuera de religión judía. Allí había un torturador al que llamaban Kung‑Fu, que practicaba arte marcial con tres o cuatro personas a la vez ‑siempre eran detenidos de origen judío a quienes les daba patadas y trompadas-. A los judíos se los castigaba sólo por el hecho de ser judíos y les decían que a la subversión la subvencionaba la D.A.I.A. y el sionismo internacional y a la organización de los «pozos» (centros de detención clandestinos) los bancaba ODESSA (organización internacional para apoyo del nazismo). Contra los judíos se aplicaba todo tipo de torturas pero en especial una sumamente sádica y cruel…" (cfr. testimonio de Daniel Eduardo Fernández, Legajo N° 1131).
		Por su parte, Pedro Miguel Vanrell explicó que a los judíos les obligaban a levantar la mano y gritar “yo amo a Hitler”. Agrega el nombrado: "…Los represores se reían y les sacaban la ropa a los prisioneros y les pintaban en las espaldas cruces svásticas con pintura en aerosol. Después los demás detenidos los veían en las duchas, oportunidad en que los guardias ‑identificándolos‑ volvían a golpearlos y maltratarlos". (cfr. Legajo N° 1132).
		Vanrell también recuerda el caso de un judío al que apodaban "Chango", al que el guardia lo sacaba de su calabozo y lo hacía salir al patio: "…le hacían mover la cola, que ladrara como un perro, que le chupara las botas. Era impresionante […] si no satisfacía al guardia, éste le seguía pegando. En este lugar «el Turco Julián» llevaba siempre un llavero con la cruz svástica […] Este individuo le sacaba dinero a los familiares de los detenidos judíos" (cfr. Legajo citado).
		A su turno, Delia Barrera y Ferrando detalló: “En ese lugar en cualquier momento entraban los guardias y nos pateaban, nos preguntaban la religión, en caso de que alguno dijera que era judío, automáticamente era sacado de la leonera y era golpeado o torturado en otro sector. Dentro del campo había un guardia al que le decían «El Gran Führer». Era normal escuchar grabaciones de discursos de Hitler durante toda la noche y cuando éramos torturados nos hacían gritar Heil Hitler [...] A un compañero judío lo hacían hacer de perro, que ladrara, le lamiera las botas al guardia y respondiera a sus órdenes. Otro cuando fue traslado le pintaron los bigotes como Hitler“ (cfr. Legajo 233).
		En otro momento de su extenso testimonio, Delia María Barrera y Ferrando declaró (a fs. 63/6 de la causa nro. 9373/01) que: “…Mientras nos torturaban un guardia nos hacía gritar «heil Hitler». Le decían «El alemán». Seguramente también estaba Kung Fu, porque el fue el encargado de nosotros durante todo el tiempo que estuvimos secuestrados.”
		Susana Caride, al declarar en el marco de la misma causa (fs.142/3vta.) refirió que Eugenio Pereyra Apestegui alias Quintana “…era alguien que pasaba por los tubos […] Era Alférez, era fanático de […] marchas de Hitler o militares…”.
		Ana María Careaga expuso: “...en una oportunidad escuchamos ladrar un perro y que alguien lo llamaba de un lado para otro, le decía que moviera la cola. Nosotros creíamos que realmente era un perro, pero no, era un ser humano, un muchacho que tenía que hacer de perro porque había cometido el delito de ser judío...”(cfr. fs. 35 del Legajo158).
		Según surge del testimonio de Claudia Pereyra, agregado en el Legajo nro. 323, fue llevada a “Banco”, en donde al llegar fue desvestida luego de lo cual la llevaron al “quirófano” donde la dejaron desnuda y atada, escuchando voces y gritos de su novio, a quien estaban torturando. Que luego la torturaron, a la vez que le refirieron que las torturas eran en primer lugar, porque era judía. Dichas torturas consistieron en aplicación de picana y golpes, y estas sesiones se repitieron varias veces.
		Asimismo, Ana María Arrastía Mendoza señaló que: “frecuentemente les hacían oír repetidas grabaciones de marchas militares desconocidas de acento germánico...” (cfr. fs. 147 del Legajo 157).
		Igualmente, Gilberto Rengel Ponce explicó que: “...los represores le decían que eran utilizados por el Sionismo internacional y por los judíos que los habían engañado...” (cfr. fs. 2 del Legajo 150).
		Juan Francisco La Valle, por su parte, manifestó judicialmente: “En la leonera, me acuerdo que [el Turco Julián] a un judío que era gordo lo interrogaba preguntándole en qué sinagoga aprendió a robar, le pedía que saque el pene afuera para ver si estaba circunciso y con un encendedor le quemaba los genitales...” (cfr. declaración testimonial del nombrado ya citada).
		Particularmente revulsivo es el caso de Mónica Evelina Brull de Guillén, quien como vimos, fue torturada en “Olimpo” pese a ser ciega y a estar embarazada de dos meses. Pero si como esto no fuera suficiente, la nombrada relató que la llevaron dos veces al “quirófano” donde fue torturada con picana eléctrica, y allí “…recuerda que a los pies de la cama estaba Clavel [...] que los torturadores se ensañaban cada vez más con ella por dos circunstancias: porque era de familia judía y porque no lloraba, cosa que los exasperaba” (fs. 25/30 del legajo 95).
		Recordemos asimismo, que Héctor Daniel Retamar fue obligado a presenciar unas “clases” de nazismo donde se les decía que el causante de todos los males era el judaísmo, y que estas “clases” eran dadas por “Julián”, “Paco” y otra persona morocha, medio gordo que podía tratarse de Suárez Mason aunque por estar en la sombra nunca pudo verle el rostro. Que le llamaba la atención que en esas ocasiones les hicieran bajar las vendas y así ver las caras de los represores, con el indudable propósito de que la arenga fuera más convincente.
		Asimismo, debe traerse a colación una vez más, los dichos del testigo Villani cuando se refirió a Julio Simón como un nazi, aclarando: “…Nazi, eran todos nazis ahí, pero éste se vanagloriaba de serlo, llevaba siempre colgando en el cuello o en el llavero una cruz esvástica. Una persona, yo pienso muy sanguinaria […] El Turco Julián, tenía un especial predilección por torturar a los judíos, como ya dije llevaba una cruz esvástica…”.
		En especial, Villani testimonió que “El alemán” Eklund, que era uno de los típicos miembros de las “patotas”, tenía una confesa ideología nazi y que era habitual que durante los interrogatorios pasara cassettes con discursos de Hitler (fs. 20.081/96).
		También Patricia Bernal señaló al respecto “…Que en el quirófano vio a varios sujetos y entre ellos a “Colores”. También recordó que éste, como también “El Turco Julián”, tenían un llavero con una svástica…”.
		La investigación judicial llevada a cabo en esta sede también recepcionó testimonios que dieron cuenta del trato denigrante sufridos por los judíos en los centros de detención.
		Susana Diéguez, en oportunidad de testimoniar ante este Tribunal señaló: “En ese momento llega una mujer de nombre Eva, detenida pero sin tabicar que les recrimina qué tenían colgados en la pared, a lo que los represores le dicen «Judía de mierda qué te metes», Eva se orina y ellos le refriegan el orín por la cara...” (cfr. fs. 19.633/4).
		Como un símbolo más de esta cuestión, merece ser destacado que, en oportunidad que el suscripto realizara la inspección ocular en donde funcionara el centro de detención “Atlético”, pudo observar que entre los objetos encontrados de dicha época se encontraba una pieza de una gorra policial con el dibujo de la cruz svástica y la palabra “nasista” (textual).
		Los hechos aquí narrados no hacen más que recordar que los dogmas del régimen totalitario nazi surgido en Alemania no concluyó con la caída del Tercer Reich, sino que su ideología y métodos más repulsivos para la condición humana siguieron vigentes en el tiempo y, lamentablemente, esta degradación fue incorporada por amplios sectores de mandos y ejecutores del terrorismo de Estado en Argentina, conforme se deduce de las constancias colectadas en esta investigación.
		Lamentablemente, los hechos revelados en este apartado no pueden sorprendernos en demasía. Deberíamos terminar de reconocer que, como sociedad, la Argentina tiene una vasta tradición, durante todo el siglo XX al menos, de seducción por las doctrinas autoritarias foráneas, y que sectores intelectuales y del poder sucumbieron también a la fascinación provocada por el movimiento nazi, incluyendo su aspecto más revulsivo: su profundo antisemitismo.
		Desde esta perspectiva, no puede sorprender demasiado, a mediados de los ’70, la profusión de la ideología e iconografía nazi, ni el ensañamiento de éstos para con los cautivos de condición judía, de la mano de los personajes más siniestros surgidos de las fuerzas armadas y de seguridad en toda su historia y en los recintos que más se aproximaron, en su diseño y propósito, a aquellos otros que funcionaron en el marco del Tercer Reich.

		6.4. El efecto cumulativo de las condiciones inhumanas de cautiverio generalizadas y sistemáticas constituyen tormento.
		La variedad y cantidad de personas que dan cuenta de las condiciones inhumanas de vida, los tratos degradantes y la tortura, muestran que los mecanismos de tabicamiento, engrillamiento, supresión del nombre y pérdida de identidad, prohibición de habla, golpes continuos, amenazas constantes y la colocación en el rol de testigos impotentes de la imposición de tormentos a otro ser humano, deficiente alimentación, condiciones deplorables de higiene y salubridad, desnudez forzada, torturas físicas y psicológicas, no son meros ejemplos de un evento aislado, sino que los centros clandestinos de detención estaban diseñados, desde su mismo levantamiento material, para proporcionar ese trato inhumano de manera estructural y sistemática.
		Estas técnicas o procedimientos que rodeaban el cautiverio, deben ser analizados en su sumatoria y como tal, generaron un cuadro de padecimiento extremo en los cautivos tal como fuera detalladamente descripto. 
		Por ende, al tiempo de valorar las condiciones de detención de todas y cada una de las víctimas aquí mencionadas, hay que tener en cuenta los efectos cumulativos de estas condiciones y los efectos que generan en una persona la combinación y sumatoria de las diversas modalidades de maltrato y degradación humana. 
		Es un proceso conocido por la humanidad, en experiencias anteriores de campos de concentración: se sabe que detrás del deterioro psicofísico, esto es, del colapso psicológico y del quiebre del cuerpo -producto de la sumatoria de todas las situaciones recién reseñadas-, el exterminio físico de ese individuo está a un paso. Depende del perpetrador el si, el cuándo y el cómo. Y a eso se dedicaron los torturadores y sus superiores en estos sitios del terror, haciéndoles saber a sus víctimas que ninguna enfermedad, ni el hambre, ni el suicidio, iban a privarles a los perpetradores del máximo poder que -de la mano del terrorismo de Estado- se puede sentir sobre otra persona: el poder de decidir acerca de la vida y la muerte. Por eso la referencia a El Olimpo, por eso la auto referencia a que estaban en manos de Los Dioses. 
		Como sostiene Diana Wang, “…el poder sobre el otro es un caso particular de instrumentación y despersonalización. Los sistemas totalitarios permiten que el goce por el poder sea ejercido en su máxima intensidad. El otro, la víctima es un instrumento que enaltece su poder, la noción de su propia importancia, su sumisión, su dependencia, el saber que está a su merced, brinda una satisfacción segura a la sed de poder […] No había límites para ello en los campos, lo cual permitía que los guardianes se embriagaran con su propio poder…” (ob. cit., p. 169).
		En tal sentido, se ha dicho también que: “Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos, antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas, para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano. Porque ingresar a ellos significó en todos los casos dejar de ser, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes témporo espaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado...” (cfr. “Nunca más” - “Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, Ed. Eudeba, 1996, p. 55).
		Justamente esto es lo que explica por qué la tortura excedió la emblemática picana o los meros tormentos físicos: ese efecto acumulativo de las condiciones de cautiverio socavaba los mecanismos fundamentales del funcionamiento psicosocial de la persona, cuanto de toda la comunidad cautiva. 
		“En estas circunstancias, el torturador trata no sólo de incapacitar físicamente a la víctima sino también de desintegrar su personalidad. El torturador aspira a destruir la idea de la víctima de que tiene sus raíces en una familia y una sociedad, como ser humano con sus ensueños, sus esperanzas y sus aspiraciones de futuro. Al deshumanizar y quebrar la voluntad de su víctima, el torturador crea un ejemplo aterrorizador para todos aquellos que después se pongan en contacto con ella. De esta forma, la tortura puede quebrar o dañar la voluntad y la coherencia de comunidades enteras” (cfr. Protocolo de Estambul citado, Cap. VI”Signos psicológicos indicativos de tortura”, pág. 47).  
		En este contexto, calificar ciertas formas de maltrato como meras técnicas de estrés o padecimiento y afirmar que determinados tratos severos (tabicamiento, engrillamiento, amenazas, golpes, falta de higiene, etc) son intrínsecos a la privación de la libertad y no son necesariamente ilegales ni autónomamente típicos, tanto como justificarlos por razones como el aseguramiento del cautivo, la necesidad militar o la lucha antisubversiva, implica recurrir a eufemismos que pretenden convertir en permisible actos de tortura por el simple hecho de llamarlos de otro modo.
		La sumatoria de condiciones de alojamiento degradantes, rebajaban la dignidad humana de las víctimas, despertaban sentimientos de profunda angustia capaces de humillarlos y rompían toda barrera de resistencia física o moral.
		En definitiva, todo el conjunto abyecto de condiciones de vida y muerte a que se sometiera a los cautivos, si son analizados desde sus objetivos, efectos, grado de crueldad, sistematicidad y conjunto, han confluido a generar el delito de imposición de tormentos de una manera central, al menos conjunta con la figura de la detención ilegal, y de ningún modo accesoria o tangencial a ésta.
		Dicho de otro modo, el suscripto considera que tan probado se encuentra en autos que todas las víctimas han sido privadas ilegalmente de su libertad de desplazamiento, como que todas ellas, más allá del lapso durante el cual estuvieron en esa condición, fueron al mismo tiempo, objeto de tormentos en sentido jurídicopenal, más allá de si se le infligieron o no, tormentos físicos, puesto que estos últimos fueron una de las once caras con la que se reveló, de modo sistemático y generalizado, esta aberrante práctica que campeó en estos sitios que estamos analizando.
		Si tuviésemos que encontrar una frase que resumiera lo que estamos analizando en este punto, no podría superar a la que reseñara Miguel D’Agostino en el Legajo 3901 CONADEP: “Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar...”.
 		Para ello, fue imprescindible poner de resalto y sacar a la luz las condiciones tormentosas de vida a que se sometiera premeditada y estructuralmente a los secuestrados. De lo contrario, voluntaria o involuntariamente, se estaría contribuyendo a la equivocada idea según la cual lo único que omitió el poder militar -para no caer en la calificación masiva de tormento- fue un acto burocrático de puesta a disposición del Poder Ejecutivo de los cautivos, cuando en realidad esa “legalización” no existía, porque de este modo se construía un ámbito aislado donde todo era posible, donde el terror absoluto podía fluir sin necesidad de dar noticia ni cuenta a nadie de lo que allí sucedía que, además, no era humanamente explicable ni por los propios protagonistas e ideólogos de la masacre.
		La privación sensorial propia del tabicamiento, la prohibición absoluta de comunicación, los golpes y amenazas constantes, las humillaciones y vejámenes de toda especie, como todas las formas generales y sistemáticas que se describieran, si bien en muchos casos no causan daños físicos duraderos y aparecen como puros medios de coacción, en rigor, no hacen más que esconder la finalidad de despojar a los cautivos de su calidad de personas, intimidarlos o quebrar su fuerza de voluntad.
		Tales tratos están incluidos en la prohibición jurídica internacional de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y encuadran en el delito de imposición de tormentos que expresamente castiga al funcionario que impusiere “cualquier especie de tormento”. (art. 144 ter, primer párrafo del Código Penal, según la ley 14.616, subrayado agregado). 
		Por otra parte, la falta de secuelas físicas en el cuerpo no debe ser tomado como un parámetro determinante para excluir el tipo de imposición de tormentos, cuando las forma de maltrato elegida para con la totalidad de los cautivos de “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” sin excepciones, ha sido la tortura psicológica que, como bien se ha dicho, “…pasó a ser la preferida por los torturadores, ya que pese a ser tan coactiva como la física, no deja huellas que faciliten su comprobación” (cfr. Reinaldi, Víctor Félix, “Un derecho absoluto: el de no ser torturado”, La Ley, Año LXIX nro. 176, 9-9-2005, págs. 1/4). 
		A lo hasta aquí dicho, debe agregarse que se ha demostrado que este tipo de medidas aplicadas a los secuestrados suele tener efectos acumulativos y, lo que aisladamente y por un corto período de tiempo, puede provocar un simple estado de irritación (como ser la privación del descanso o sentidos) cuando se imponen durante todo el día y durante muchos días y valiéndose de la utilización conjunta de diversos métodos para infligir sufrimiento (grilletes, mala alimentación, golpes, amenazas, exposición en desnudez, etc), aunque no dejen marcas físicas, causan daños mentales y psicológicos, que pueden durar años e incluso no desaparecer jamás definitivamente.
		En definitiva, las condiciones de “vida” del centro clandestino de detención constituían tratos crueles, inhumanos y degradantes y, a su vez, en su sistematización y conjunto, imposición de tormentos, por cuanto fueron diseñadas para causar de manera intencional dolor y sufrimientos graves, tanto físicos como mentales, a los cautivos.
		De este modo, con esta interpretación, se brinda una respuesta adecuada a la satisfacción plena del bien jurídico que la ley tiende a proteger ya que, las víctimas no han visto suprimida sólo su libertad individual, sino que también fueron atacados en su vida, su integridad física y psíquica y su dignidad, que surge de la plurilesividad característica del tormento, verificado como una actividad suplementaria y que excedió la ilegalidad de la detención. 
		En conclusión, tal como iniciamos este segmento de la resolución, quizás la mejor síntesis que pueda hacerse para explicar el encuadre en el delito de imposición de tormentos respecto de las condiciones inhumanas de vida general y sistemáticamente impuestas en los centros clandestinos de detención, provenga no de una argumentación provista sólo de lenguaje eminentemente jurídico sino de las propias palabras de una de las víctimas, Miguel D’Agostino: las torturas en el centro clandestino de detención ocurrían sin solución de continuidad, desde el inicio del clandestino cautiverio y mientras éste durase.
		Frente a este panorama, toda persona que desarrollaba una actividad en el campo de detención, ya sea que se vinculara a la guarda o aseguramiento de los ilegalmente detenidos, ya sea que interviniera en los interrogatorios o fuera miembro de los grupos de tareas, en la medida que haya tenido un dominio de hecho sobre los secuestrados, efectuaba un aporte esencial al mantenimiento de las víctimas bajo un régimen de vida constitutivo de la imposición de tormentos ya descripto, más allá de la mayor responsabilidad penal que oportunamente corresponda asignarle a aquellos que tuvieran intervenciones más directas en la aplicación de suplicios. 
		El concepto por el cual las personas que fueron privadas en forma ilegal de su libertad en los centros de detención clandestina creados por la última dictadura militar fueron sometidas sistemáticamente a prácticas aberrantes (tabicamiento, despojo de identidad, prohibición de hablar, escasa alimentación, golpes, torturas mediante la aplicación de picana, entre otras) cuya realización en forma simultánea y continua deben ser considerados como tormentos a la luz del art. 144 ter, primer párrafo del Código Penal, según la ley 14.616, encuentra su primer esbozo en la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Fuero en el marco del juicio de la causa nro. 13/84.
		En primer lugar, a modo de introducción de la cuestión, la Excma. Cámara Federal señaló que en lo centros de detención, las personas secuestradas fueron interrogadas bajo tormentos a través de métodos similares, siendo éste sistema aplicado en forma indiscriminada para interrogar a los cautivos.
		Apuntó el Superior que: “No existe constancia en autos de algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de torturas y, en casi todos, la uniformidad del sistema aparece manifiesta. Sólo pueden señalarse pequeñas variantes tácticas o de modos, pero el pasaje de corriente eléctrica, los golpes y la asfixia, se repiten en casi la totalidad de los casos investigados, cualquiera fuera la fuerza de la que dependía el centro o su ubicación geográfica...” (Capítulo XIII pp. 170/1).
		En relación al régimen de alojamiento que les tocara padecer a los prisioneros en los centros clandestinos de detención en dicha sentencia se explicó: “...durante, el secuestro se imponía a los cautivos condiciones inhumanas, que comprendía a muchos el déficit casi total de alimentación, el alojamiento en lugares insalubres, en los que no podían sustraerse de percibir los lamentos o ruidos que se producían al torturar a otros cautivos y el permanente anuncio, a través de hechos y de palabras, que se encontraban absolutamente desprotegidos y exclusivamente a merced de sus secuestradores.”
		“De los relatos de todos los testigos que fueron víctimas de secuestros, se desprende el total estado de indefensión en que se hallaban pues, principalmente de hecho aunque también de palabra, se le hacía conocer que estaban totalmente desprotegidos y sometidos a la exclusiva voluntad de los secuestradores. Ya desde el momento mismo de la aprehensión quedaba claro que nadie iba a acudir a su ayuda. Pero a ello se agregaba el encapuchamiento inmediato; los golpes o la tortura; el alojamiento en «cuchas», «boxes», «tubos», sobre un jergón o directamente en el suelo; el descubrimiento de que había otras personas en igual situación que llevaban largo tiempo así; la incógnita sobre cuál sería el desenlace y cuánto duraría; las amenazas de toda índole; la escasa y la mala comida; la precariedad cuando no la ausencia de medios para satisfacer las necesidades fisiológicas, la falta de higiene o de atención médica; los quejidos; el desprecio y el mal trato de los guardias...” (ídem anterior).
		Asimismo, en relación con los casos en que el secuestro involucraba a un matrimonio o familiares, la Alzada sentenció, conforme ya citáramos: “También a ello se sumaba, a veces, la angustia de quien habría sido secuestrado con algún familiar y que sufría ambos padecimientos simultáneos [...] Todo ello debía seguramente crear en la víctima una sensación de pánico cuya magnitud no es fácil comprender ni imaginar, pero que, en sí, constituye un horroroso tormento” (pp. 178).
		Este valioso criterio esbozado en dicha sentencia es el que se propone retomar y profundizar en este decisorio que se dirige a dirimir la responsabilidad penal de aquellas personas que se desempeñaron directa y en forma personal en las campos de detención.
		De este primer apunte efectuado por el Superior, en consonancia con lo que se ha venido exponiendo, se colige que los sufrimientos padecidos por quienes estuvieron en los centros de detención no puede limitarse a la privación ilegal de la libertad y a los mecanismos tradicionales de torturas, léase golpes de puño o con diversos objetos, pasajes de corriente eléctrica, asfixia, allí cuando tuvieron lugar puntualmente; sino que las situaciones vividas fueron muchos más complejas tanto desde el aspecto psicológico como el físico, circunstancia que requiere este nuevo enfoque que aquí se propicia.
		En este mismo camino, recientemente la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de La Plata sostuvo: “Es posible, a partir de los elementos de prueba colectados, en particular sobre la base de la prueba de indicios y presuntiva, dar por probado que las personas señaladas en el párrafo que antecede, fueron víctimas de tormentos que sufrieron durante el tiempo en que estuvieron privadas ilegítimamente de su libertad. Efectivamente, si bien no se cuenta con testimonios directos que demuestren el haber observado la aplicación de torturas físicas a las víctimas, o bien de prueba documental que así lo determine, lo cierto es que con los testimonios aludidos -sumado a las circunstancias ya probadas y que son de público conocimiento- es posible conformar un cuadro probatorio suficiente como para sustentar en sana crítica el temperamento adelantado”. 
		“Así, los testimonios transcriptos, relatan de manera consistente las circunstancias en que las personas eran mantenidas en cautiverio y el trato dispensado: sin orden legítima, incomunicados entre sí y con el exterior, generalmente encapuchados, engrillados al piso, en espacios reducidos, con poca o nula posibilidad de establecer por sus propios sentidos si era de día o de noche, con deficiencias en la alimentación, higiene, salud, con incertidumbre acerca de su futuro, percibiendo lo que ocurría con otras personas que permanecían en su misma situación y con la amenaza constante de sufrimiento físico. Estas consideraciones de por sí reflejan la aplicación de tormentos psíquicos a la luz del concepto ya señalado. Ello es así sin perjuicio de que, por su dificultad probatoria, a los tormentos físicos se les pueda adjudicar una certeza suficiente” (cfr. Cámara Apelaciones Criminal y Correccional Federal La Plata, causa “Etchecolatz Miguel sobre apelación”, rta.: 25-8-05).
	
		6.5. El derecho a no ser torturado no admite excepciones, es universal e inderogable.
		Un derecho humano fundamental, como es el derecho a no ser maltratado ni torturado, no puede suspenderse ni retirarse nunca y en ninguna circunstancia y cualquiera que sea la sospecha que recaiga sobre una persona, no se la puede atormentar, esclavizar, degradar, vejar, ni humillar.
		La tortura no es una violación cualquiera de los derechos humanos, su prohibición está en el núcleo básico de la civilización y la racionalidad. Si se abandona su carácter absoluto, antes o después, se estará renunciando inevitablemente a ella. Es imprescindible abandonar falsas construcciones: la lucha contra el terrorismo y el deber de respetar los derechos y libertades fundamentales no se excluyen, sino que se complementan. La lucha contra el terrorismo por fuera de la legalidad deslegitima la acción estatal. Un Estado no puede combatir a un supuesto delincuente violando las normas que él mismo ha impuesto para la paz social ya que con ello pierden sustento el respeto a los valores y derechos fundamentales del ser humano cuya preservación ha costado muchas vidas a través de los siglos.
		“Nada legitima al Estado a atacar por su parte la dignidad humana del que se presume delincuente porque su superioridad moral frente a éste reside, precisamente, en que no utiliza los mismos medios [...] no se ubica a su mismo nivel” (cfr. Roxin, Claus, “¿Puede admitirse o al menos quedar impune la tortura estatal en casos excepcionales?”, en Nueva Doctrina Penal 2004/B Editores del Puerto, Bs. As., 2004 p. 553). 
		En este mismo sentido, es preciso recordar que: “El Estado de derecho es concebido como el que somete a todos los habitantes a la ley y se opone al Estado de policía, en que todos los habitantes están subordinados al poder del que manda” (Zaffaroni, E. Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro: Derecho Penal - Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2002, pp. 6).
		Aclarado todo lo precedente, es menester recordar que la prohibición de la tortura y los malos tratos fue proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y desde entonces constituye un derecho positivo internacional no derogable, un derecho que no admite su suspensión ni siquiera en situaciones de estado de excepción.
		La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 5°: “Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” (Aprobada por resolución nro. 217 de la Asamblea General de Naciones Unidas, París, 10/12/1948) 
		Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante para los estados parte, aprobado por la ONU en 1966 y preeminente sobre derechos civiles y políticos, en vigencia a partir de 1976, estableció exactamente lo mismo en su art. 7° agregando que no podrá suspenderse ninguna disposición que prohíba la tortura ni los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 4). Además, estipula normativas vinculadas a la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos (art. 2°), el derecho a la vida (art. 6°), el derecho a la libertad y seguridad de las personas (art. 9°), el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad humana (art. 10°) y el derecho a un juicio justo (art. 14°). 
		También en este sentido, con fecha 9/12/1975 fue aprobada, por aclamación de todos los miembros presentes, la “Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (XXX Asamblea General UN, resolución 3452). 
		A lo anterior, también se suma el tratamiento regional dedicado a la prohibición de la tortura y malos tratos. En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre estableció que el hombre tiene derecho “a un tratamiento humano durante la privación de la libertad” (Novena Conferencia Internacional Americana celebrada Bogotá del 20/3 al 2/5 de 1948).
		Los instrumentos internacionales hasta aquí reseñados son precedentes a los hechos que constituyen objeto de investigación y, en la evolución posterior de la temática, no se puede prescindir de mencionar otras Convenciones e instrumentos específicos:
		-La Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada el 22/11/1969, que entró en vigencia el 18/07/1978 y fue ratificada por la Argentina en 1984 (Ley 23.054), estableció el derecho a la protección de la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas, declaró la prohibición de la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el deber de tratar con respeto a toda persona privada de su libertad (art. 4° y 5°). 
		-La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura del 10/12/1984 y vigente desde el 26/06/1987, ratificada por el país por Ley 23.338.
		-La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura aprobada por la Asamblea General de la OEA el 7/12/1985.
		-La Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vinculante para los Estados Partes desde el 30 de junio de 2002, que establece una serie de medidas respecto de la tipificación del delito de tortura, prevención, investigación y procesamiento de los responsables.
		Ahora bien, más allá del derecho convencional, el reconocimiento de la prohibición de las torturas y los malos tratos constituyen, mucho antes de los hechos que hoy nos toca juzgar, una norma de derecho internacional consuetudinario y la prohibición es, por ende, una norma imperativa del derecho internacional general, vinculante para todos los Estados, sean o no parte en los tratados que contengan la prohibición. 
		Esta prohibición jurídica universal está basada en el consenso filosófico universal de que la tortura constituye una práctica repugnante e inmoral.
		Es aplicable también en todas las circunstancias, sin excepción de ninguna clase, y no puede suspenderse jamás, ni siquiera en tiempo de guerra o de emergencia pública. 
		Justamente, esa noción universal es la que contribuye a desechar “…la posibilidad de excluir o de atenuar el reproche de culpabilidad en virtud de un error de prohibición [...] porque no puede aceptarse como probable que un funcionario público pueda desconocer la prohibición de un hecho repudiable universalmente, como es la tortura” (cfr. Reinaldi, Víctor Félix, ob. cit.).
		Lo que los instrumentos internacionales vienen a resaltar de la prohibición universal consuetudinaria ya vigente son “…las razones históricas que han llevado a su actual regulación, la conciencia de que es precisamente en el marco de supuestos excepcionales cuando los derechos más fundamentales son masivamente violados; y lo injustificable, en cualquier caso, del desconocimiento de la dignidad humana” (Rodríguez Mesa, María José, “Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos”, Comares, Granada, España, 2000, p. 18).

		6.6. Conclusiones.
		1. Identificación de componentes del campo de concentración en Atlético, Banco y Olimpo.
		Para finalizar este apartado, y como un epílogo parcial de la encuesta llevada a cabo -en la cual se acreditó que el accionar en estos centros clandestinos de detención se encontraba impregnado de práctica e ideología derivada no sólo de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional sino también que abrevaba en el nazismo- podemos inferir de manera concreta que las enseñanzas del Holocausto no bastaron para desterrar las prácticas inhumanas que la civilización moderna se empeña en repetir.
		Así el Estado Argentino, usurpado el poder político por las fuerzas armadas y puesto casi todo el aparato bélico-represivo en la clandestinidad, recreó en nuestro país campos de detención en los cuales sometió a sus ciudadanos a actos aberrantes, como los relatados.
		En tal sentido, puede afirmarse que, al menos con relación a estos tres ámbitos físicos en cuya vida cotidiana nos hemos sumergido a lo largo de este decisorio, resulta indudable que se encuentran presentes, sino todos, cuanto menos algunos de los caracteres que tradicionalmente se le han asignado a ese otro concepto más vasto, de alcance universal, denominado comúnmente, el campo de concentración.
		¿Qué define a un campo de concentración? En primer lugar creo pertinente diferenciarlo del campo de exterminio, destinado pura y exclusivamente a la producción en cadena de cadáveres. De esta categoría sólo fueron cuatro o cinco centros de la Alemania Nazi establecidos todos ellos en el territorio polaco, al que debe sumársele el caso de Auschwitz, que como bien dice Agamben, era un ámbito en el cual campo de concentración y de exterminio coinciden (op. cit., p. 53). Dejando de lado éstos, durante la Alemania nazi hubo cientos de Lager, eufemísticamente llamados por los nazis campos de trabajo (por ej., Dachau, Büchenwald, etc.) en donde se recluían diversas categorías de enemigos internos y externos y allí cuando se decidía su exterminio físico, se los deportaba al este.
		Ahora bien, estos otros campos de concentración tenían muy variados objetos: unos apuntaban al trabajo esclavo o forzado, otros simplemente eran de paso hacia campos o guetos más grandes; otros, de reclusión. Esta heterogeneidad se multiplica allí cuando abrimos el espectro a otras experiencias concentracionarias como lo fueron, sin dudas, los gulags stalinistas, que tenían como objetivo, además de despejar el campo de opositores políticos, reales o imaginarios, un fuerte sesgo de adoctrinamiento, al igual que los instaurados por el régimen del Khmer Rouge en Camboya.
		En fin, todo parece indicar que la definición campo de concentración de unas instituciones totales de encierro enmarcadas en modelos autoritarios o totalitarios de Estado no viene movida por su finalidad en sí misma, sino más bien por su dinámica; no tanto por la ideología que lo erige, sino por sus prácticas sistemáticas sobre los cuerpos y almas de los cautivos.
		La finalidad primordial del campo de concentración puede variar: la obtención de beneficios económicos a partir de la explotación de mano de obra esclava; la expulsión de ciertos territorios; el castigo en sí mismo; el adoctrinamiento.
		La ideología que hace emerger esos campos también puede variar: desde la preservación de la raza superior o la procura del espacio vital (lebensraum); pasando por la segregación física de opositores políticos, hasta el entrenamiento teórico forzado. Los hubo racistas puros (como durante la guerra de los Boers en Sudáfrica a comienzos del siglo XX), fascistas y comunistas.
		Así, lo único que se revela como constante en la irrupción del campo de concentración, además de la masividad de los sujetos pasivos que pasan por él, tiene que ver con una transformación radical de la percepción de los recluidos en los mismos: invariablemente, éstos pierden su condición de ciudadanos, de personas, de seres humanos, para convertirse en objetos, en no-personas (cfr. Todorov, ob. cit., p. 265). 
		Y esta característica, este denominador común a todos los campos, también lo tiene el conglomerado Atlético-Banco-Olimpo, sin dudarlo, conforme el extenso plexo probatorio antes descripto. 
		Repárese en que Todorov, en la obra citada, refiere que “…la transformación de las personas en no-personas requiere de varias técnicas: las víctimas son desnudadas puesto que sin ropa son menos humanos [sistemático en nuestro centro], deben convivir con sus excrementos [aquí la incontinencia era objeto de duros suplicios], se los priva de sus nombres, se los numera, no se refieren a ellos como a «personas» sino a «piezas» o «carga» [en nuestro caso esta era la regla], evitan el cara a cara rehuyendo las miradas [el tabique no es más que el perfeccionamiento de la técnica para este fin]”.
		Por su parte, Arendt le agrega otro elemento: “El experimento de dominación total en los campos de concentración depende del aislamiento respecto del mundo de todos los demás, del mundo de los vivos en general, incluso del mundo exterior de un país bajo dominación totalitaria. Este aislamiento explica la irrealidad peculiar y la falta de credibilidad que caracteriza a todos los relatos sobre los campos de concentración y que constituye unas de las principales dificultades para la verdadera comprensión de la dominación totalitaria, que permanece o desaparece al mismo tiempo que la existencia de estos campos de concentración […] porque, por improbable que pueda parecer, tales campos son la verdadera institución central del poder organizador totalitario...” (cfr. Arendt, Hannah, Los orígenes ... cit., p. 653).
		Y nótese que esta exigencia también se da en nuestro ámbito, a punto tal que los propios represores denominaban a estos lugares, a diferencia de otras instituciones de encierro -como comisarías o cárceles-, chupaderos o pozos, precisamente a partir de la nota de absoluto aislamiento del entorno en la que funcionaban.
		Ahora bien, estos componentes propios del campo de concentración, en los centros clandestinos que estamos analizando, se combinan con elementos ajenos a él, pues parece evidente que la absoluta clandestinidad en la que operaban entremezclaron su sustancialidad con lo que podríamos llamar el aguantadero del secuestrador común y ordinario (sólo que en vez de tener a uno o dos cautivos, eran muchos más, aunque nunca en proporciones masivas como la de los lager o gulags), y ello explica el raro fenómeno de la urbanidad plena que denotaban estos ámbitos, a tal punto que dos de ellos estaban enclavado en plena ciudad de Buenos Aires, uno de los cuales, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. 

		2. El poder de los perpetradores.
		Por otra parte, lo que resulta llamativo es la aparición de personajes como los que encarnaban Simón, Del Cerro y Miara, una y otra vez, en los centros de tortura y muerte, más allá del régimen en cuyo ámbito se desarrollen. 
		Pareciera que una natural atracción recíproca conecta la maquinaria del terror con sus operadores más funcionales, allí cuando estos son requeridos. Véase a continuación, el relato de Primo Levi, en la obra que quizás ha abordado la cuestión del modo más profundo:
		“El poder existe en todas las organizaciones sociales humanas, más o menos controlado […] No está demostrado que el poder sea intrínsecamente nocivo en una colectividad. Pero el poder del que disponían los funcionarios de quienes hablamos, aún los de baja graduación […] era sobre todo ilimitado; o, para decirlo mejor, a su violencia se le imponía un límite por abajo, ya que eran castigados o destituidos si no se mostraban suficientemente duros, pero ningún límite por arriba. Dicho de otra manera, tenían libertad para cometer las peores atrocidades contra sus subordinados, a título de castigo, por cualquier desacato o sin ningún motivo…”.
		De este modo, sostiene Levi, se reproducía así en el interior del campo, “…en escala más reducida pero con características exacerbadas, la estructura jerárquica del Estado totalitario donde todo poder es investido desde lo alto y en el cual es casi imposible un control desde abajo. Pero este «casi» es importante: nunca ha existido un Estado que fuese completamente «totalitario» desde ese punto de vista”.
		Sólo en estos campos de cautiverio, tortura y muerte, dice Levi, “… el control desde abajo era inexistente y el poder de los pequeños sátrapas era absoluto. Es comprensible que un poder de tal amplitud atrajese con preponderancia a ese tipo humano ávido de poder…” (cfr. Los hundidos y los salvados, trad. de Pilar Gómez Bedate, Ed. Biblos, Barcelona, 1989, pp. 40/41).

		3. La dificultad del testimonio y de la reconstrucción fáctica de lo sucedido.
		En este sentido, el testimonio de las víctimas se convierte en imprescindible. Sus dolorosos relatos permiten asomarnos a uno de los puntos más oscuros de la condición humana. 
		“Grete Salus, una superviviente de Auschwitz cuya voz suena siempre justa, ha escrito en alguna ocasión «el hombre nunca debería tener que soportar todo lo que es capaz de soportar, ni debería nunca llegar a ver que este sufrimiento llevado a la extrema potencia no tiene nada de Humano» (Langbein 1 p.97). Hay que reflexionar sobre esta singular formulación que expresa a la perfección la particular condición modal del campo, su realidad especial, que según el testimonio de los supervivientes, lo hace absolutamente verdadero y, a la vez, inimaginable (cfr. Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz, El archivo y el testigo Homo Sacer III, Ed. Pre-textos, 2002, p. 81).
		Después de tres décadas de finalizada la Segunda Guerra Mundial y con los horrores allí vividos puestos en conocimiento de toda la población, el accionar del último gobierno militar en este pasaje masivo a la clandestinidad se empeñó, como dijimos con anterioridad, en imponer métodos de violencia irracional respecto de ciudadanos, particularmente en estos recintos del terror; y así, otra sobreviviente tuvo que volver a explicar a la sociedad que las ideologías totalitarias más aberrantes gozaban de buena salud:
	
	“No era solamente el tormento físico una tortura, todo allí estaba hecho de manera que la vida fuera muy difícil de sobrellevar. En una oportunidad hablando muy despacito con mi compañera de celda comentábamos lo difícil que iba a ser poder explicar (si alguna vez salíamos de allí) y poder transmitir de la mejor manera posible, de la forma más entendible, la situación y la vida que se llevaba ahí dentro. Cómo hacen que el ser humano deje de ser tal para convertirse en un animal, humillado constantemente ante hechos, ante palabras. Cómo vive constantemente encerrado todo el día, en una celda, a oscuras, sin poder ver, sin poder hablar, sin poder caminar, y experimentando miles de sometimientos diferentes, a veces hasta delirando con la comida del hambre...” (cfr. declaración de Ana Maria Careaga a fs. 32 del Legajo 158). 
		En este sentido es preciso recordar que: “Uno de los objetivos de la dictadura es, mediante el terror, quitarnos la posibilidad de hablar. Aún hoy, […] muchos prefrieron callar, a otros le quitaron las palabras y otros se niegan a oír la voz de los muertos y con ello se quita la posibilidad de recordar y de construir el presente y un proyecto…” (cfr. Melo – Raffin, ob. cit., p. 108).

		4. La trascendencia de la procura de verdad y justicia en el caso sub examine.
		Por ello, y como la ignominia del nazismo treinta años después encontró reflejo en estos campos clandestinos, entiendo que es fundamental aquello que Zygmunt Bauman nos enseña respecto del papel que cumplen todos los actos vinculados con el mantenimiento de la memoria y la búsqueda de la Justicia frente a actos de terrorismo de estado:
		“Para decirlo en forma terminante, existen razones para tener miedo porque ahora sabemos que vivimos en una sociedad que hizo que el Holocausto fuera posible y que no había nada en ella que lo pudiera detener. Sólo por estas razones es necesario estudiar las lecciones del Holocausto. En este estudio hay mucho más que el homenaje a millones de asesinados, que el ajuste de cuentas con los asesinos o la curación de las heridas morales todavía ulceradas de los testigos pasivos y silenciosos. Evidentemente, ni este sentido ni otro, todavía más profundo suponen ninguna garantía contra el retorno de los asesinos de masas ni los espectadores pasivos. Sin embargo, sin un estudio así, no sabríamos lo probable o improbable que sería ese retorno.“ (cfr. Modernidad y Holocausto, trad. de Ana Mendoza, Ed. Sequitur, Madrid, 1997, pág.115).			
También debemos citar aquí a Tzvetan Todorov, cuando sostuvo que “El grado de sufrimiento alcanzado en los campos sobrepasa todo lo que ofrecen los recuerdos recientes de la humanidad y ha revelado la enfermedad profunda del mundo anterior, responsable del surgimiento de esas instituciones. Para que ello no vuelva a suceder se deben examinar las lecciones de los campos y tratar comprender las causas profundas de su existencia” (cfr. Frente al límite, Ed. Siglo XXI, México, 1993, p. 261).
 
		Considerando Séptimo.
		Responsabilidad penal.		
		7.1. Responsabilidad penal de Samuel Miara. 
		Se encuentra acreditado que el Subcomisario (R) Samuel Miara, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina, (cfr. legajo personal del nombrado reservado en Secretaría) intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y tormentos de los casos identificados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161.
		La intervención de Miara en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación.
		1. Su identificación bajo el apodo “Cobani”. Funciones cumplidas por Samuel Miara en las tres sedes del centro clandestino de detención sucesivamente conocidas como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Su identificación bajo el apodo “Cobani”.
		En este acápite se expondrán los diversos elementos que permiten afirmar que Samuel Miara en su accionar en el centro clandestino de detención era conocido bajo el apodo de “Cobani”.
		En los testimonios de Ana María Careaga, Claudia Estévez, Daniel Aldo Merialdo, Delia Barrera y Ferrando, Isabel Mercedes Fernández Blanco, Mario Villani, Rufino Jorge Almeyda, Silvia Crespo, Julio Lareu y Susana Caride, personas que estuvieron ilegalmente detenidas en el centro clandestino de detención bajo análisis, refirieron que “Cobani” era el apodo de Samuel Miara. 
		Tal aserto tuvo como fuente de origen la identificación realizada por las víctimas a raíz de las fotos publicadas en distintos medios periodísticos a raíz de la investigación judicial iniciada en su contra, por la que resultó condenado por la apropiación de los mellizos Tolosa Reggiardo (causa nro. 15.185/86 “Miara Samuel y otro s/suposición de estado civil” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2, Secretaría nro. 3).
		Tal circunstancia, como veremos, permitió que diversos sobrevivientes del centro clandestino donde Miara actuó hayan podido identificarlo como aquel que en la clandestinidad se hacía llamar “Cobani”.
		Rufino Jorge Almeida, quien estuvo privado de su libertad en el centro de detención “Banco”, por ejemplo, en su declaración obrante a fs. 18.126/8 dijo: “Que con respecto a Cobani o el Turco, en ese momento tendría unos 35 años, con pelo ondulado, morocho, mediría no más de 1,70 m, que tenía nariz ancha [...] Que a raíz del caso de los mellizos y de la banda de los comisarios que son casos de público conocimiento se enteró de que Cobani se llamaba Samuel Miara, que incluso vio fotos del nombrado y pudo identificarlo como Cobani. Agrega que todos los que ha identificado por foto, no le ha quedado ningún tipo de duda de que se trataba de los represores que actuaban en el Banco”.
		Por su parte Ana María Careaga a fs. 19.450/1 declaró que “...cuando la llevaron a la enfermería, pudo ver a Cobani, y que luego de liberada vio por los medios de Samuel Miara y comprobó que se trataba de la misma persona...”.
		Daniel Aldo Merialdo, a fs. 18.108/12 señaló que : “Que Cobani era un tipo muy sádico, que torturaba, que les pegaba sin razón, que era morocho, de altura mediana tirando a bajo, pelo negro, que posteriormente lo ha visto en fotografías y pudo reconocerlo como Samuel Miara”.
		Por otro lado, si nos atenemos a la descripción que las víctimas liberadas han hecho de “Cobani” y que se han reseñado precedentemente, surge otro elemento a tener en cuenta para confirmar que se trataba de Miara.
		En el legajo personal de la Policía Federal de Samuel Miara consta que su altura era de 1,64m, que el color del cabello era castaño y que nació en 1944, por lo tanto en 1977 tenía 33 años.
		La coincidencia entre la descripción aportada por los testigos y los datos insertos en el legajo de Miara, fortalecen la presunción de que el nombrado resulta ser la persona a la cual ellos se han referido.
		Asimismo, Juan Antonio del Cerro en su declaración indagatoria prestada a fs. 1133/46 vta. del legajo de prueba nro. 119 dijo: “Covani es el subcomisario Miara”. Debe resaltarse a esta altura que Del Cerro, apodado “Colores”, participó de la represión ilegal actuando bajo tal seudónimo en ”Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, conforme la imputación y el procesamiento que efectuara oportunamente la Cámara Federal a fs. 77.
		Por otra parte, otro de los elementos que debe tenerse en cuenta es la dependencia jerárquica y funcional que tenía Samuel Miara a la época de los sucesos investigados.
		Miara en su declaración indagatoria efectuada en la causa nro. 15.185/86 citada -cuyas copias certificadas obran a fs. 19.741/6- refirió que Fioravanti era su jefe cuando trabajaba en la Superintendencia de Seguridad Federal. 
		A fs. 19.752/3 la Policía Federal Argentina informa que Antonio José Benito Fioravanti trabajó (formalmente) en la Superintendencia de Seguridad Federal desde diciembre de 1976, hasta su retiro en agosto de 1979. Del legajo personal de Samuel Miara surge que trabajó en dicha dependencia en el período 1974/78.
		Así, debe tenerse en cuenta que de los testimonios de distintos sobrevivientes surge que Antonio Benito Fioravanti, apodado “Tordillo”, “De Luca” y “El Coronel” se desempeñó en la represión ilegal como Jefe del centro clandestino de detención en “Atlético” y en la primer etapa de “El Banco”.
		Ana María Careaga, quien estuvo ilegalmente detenida en “Atlético”, en su declaración prestada ante esta sede a fs. 19.450/1 explicó: “Agrega que había otro represor apodado «El Coronel», que era el comisario Antonio Benito Fioravanti, que era el responsable máximo del lugar, en cuanto al funcionamiento cotidiano....”. 
		Daniel Aldo Merialdo, por su parte, a fs. 18.108/12 declaró: “Que Fioravanti era responsable del Atlético, Banco y un tiempo de Olimpo, hasta que es reemplazado por Minicucci....”. En similares términos se refirieron a Fioravanti, Marcelo Gustavo Daelli, Delia Barrera y Ferrando y Mario Villani.
		Analizando en forma conjunta las expresiones citadas de Miara y de las personas que estuvieron en las sedes “Atlético” y “Banco” del centro clandestino de detención, podemos afirmar que el aquí imputado trabajaba como subordinado de Fioravanti, es decir, del jefe del centro.
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Miara bajo el apodo de “Cobani” intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia de los detenidos y en los interrogatorios y tormentos a los que los detenidos fueron sometidos.
		Para una mayor claridad, habrá de analizarse por separado la actuación de Miara en cada una de las sedes en las que funcionó el centro clandestino de detención.

		1.2. Samuel Miara prestó funciones en “Atlético” o “Club Atlético”: 
		En este punto resulta ilustrativa, la declaración testimonial prestada por Ana María Careaga (fs.17.283/4), quien relató que luego de ser detenida el 13 de junio de 1977, fue trasladada a “Atlético” y que allí había un represor con apodo “Covani”, que el nombrado estuvo en el centro durante el tiempo que duró su cautiverio; que luego de liberada se enteró de que el nombre de “Covani” era Samuel Miara, que lo vio en los medios y comprobó que se trataba de la misma persona.
		En el marco de la causa 9373/2001 Delia Barrera y Ferrando quien permaneció cautiva en “Atlético” desde el 5 de octubre al 4 de noviembre de 1977 declaró: “En una oportunidad el Turco Julián me sacó de la celda [...] Supe que era él porque era su guardia. Ellos tenían guardia que iban rotando. Él era el jefe de guardia. Otros jefes eran Kung Fu, Colores y Covani. Cada jefe de guardia estaba a cargo de todo el campo en sus turnos, y bajo sus órdenes estaba la patota, que eran los que salían a hacer procedimientos” (ver fs. 63 y sig. de dicha causa).
		Asimismo Guillermo Cabrera Cerochi, Mario Villani, Luis F. Allega y Miguel D’Agostino relataron que entre el personal de “Atlético” estaba “Cobani”.

		1.3. Samuel Miara prestó funciones en “El Banco”: 
		Los testimonios de Elsa Ramona Lombardo, Norma Leto, Julio Lareu y Julio Fernando Rearte, son coincidentes en mencionar a “Cobani” entre los represores que actuaban en “Banco”.
		En el marco de la causa nro. 9373/2001 Rufino Almeida declaró que entre los represores que actuaran en “Banco” durante su cautiverio recordaba a “…Cobani, de quien cree era jefe de los guardias porque aparentaba mayor rango…” (cfr. fs. 70 de dicha causa).
		Claudia Estévez, quien fue detenida junto con su compañero Rufino Almeida y trasladada a “Banco” recordó que: “Sé que había guardias rotativas, uno de los oficiales debía estar todo el día mientras los demás operaban, eso me lo dijo «Covani», es decir Samuel Miara” (ver fs. 17.331/2).
		Por su parte, Susana Caride, quien fue secuestrada el 26 de julio de 1978 y trasladada al mismo centro de detención, en su declaración de fs. 17.829/31 recordó: “Que Miara o Cobani pasó dos veces en el pasillo donde estaba la declarante en Banco...”
		Isabel Mercedes Fernández Blanco, ilegalmente detenida el 28 de julio de 1978 y trasladada a “Banco” y luego a “Olimpo” en su testimonio de fs.17.841/3 refirió: “Covani es Miara, que lo vio sólo en Banco. Que no era muy alto pero que no recuerda muchos más detalles. Que era de las patotas...”.
		Jorge Allega, por su parte, al declarar en la causa nro. 13/84 se le preguntó donde había visto al “Turco Cobani” a lo que respondió que: “El «Turco Cobani» en los lugares [...] en los centros clandestinos, Club Atlético y el Banco, y luego en libertad.” (cfr. fs. 23 legajo 234).

		1.4. Samuel Miara alias “Cobani” prestó funciones en el “Olimpo”: 
		Como se ha adelantado, resulta trascendente en este punto el testimonio de Daniel Aldo Merialdo, quien fue detenido el 25 de noviembre de 1977 y alojado en “Atlético”, ”El Banco”, ”Olimpo” y posteriormente en la ESMA, lugar de donde se fugó en enero de 1979. 
		El nombrado al declarar en esta sede refirió: “…que en cuanto a Cobani, trabajaba en conjunto con uno apodado Nito, que Cobani estaba en Olimpo y Banco, que cumplía funciones como guardia, ya que estaba a cargo de la guardia y que también era parte del grupo operativo…”.
		Por su parte, Julio Eduardo Lareu, quien estuvo detenido en “Banco” y “Olimpo” en el período comprendido entre el 29 de mayo y el 22 de diciembre de 1978, al declarar ante esta sede dijo: “Otros represores que recuerda de los centros son: Covani, era Samuel Miara…” (cfr. fs. 17.359/60).
		A fs. 11 del legajo 563 obra un declaración de Horacio Cid de la Paz en la que entre los represores que actuaron en el centro de detención bajo análisis recordó a “Covani” como un Jefe de Brigada.
		También Elsa Ramona Lombardo, detenida el 28 de julio de 1978 y conducida a “El Banco” y posteriormente trasladada a “Olimpo”, refirió a fs. 19.448/9 que en estos lugares escuchó nombrar a varios represores y entre ellos a “Cobani”.
		Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Samuel Miara alias “Cobani” en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y tormentos de los allí detenidos.

		2. Las tareas que realizaba Samuel Miara bajo el apodo de “Cobani”. Su intervención en los secuestros, en los interrogatorios y tormentos.
		Tal como surge de los testimonios colectados, Miara, quien se desempeñaba en Policía Federal -véase que esta circunstancia ha sido verificada en su legajo personal-, intervenía en el secuestro de personas, en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios, en los tormentos y en la liberación de los detenidos.

		2.1. Su intervención en los secuestros:
		Ya se ha reseñado que Claudia Graciela Estévez fue secuestrada el 4 de junio de 1978 junto con su esposo Rufino Almeida, al respecto a fs. 17.331/2 declaró:”Fui secuestrada por un grupo de tareas, conforme lo narrado en la declaración ante la Cámara Federal de La Plata. Del domicilio de mis padres me trasladan en un auto hacia mi domicilio sito en la calle Coronel Díaz del partido de San Isidro, me entran a mi casa, que estaba llena de represores, entre ellos estaban [...] «Covani» quien es Samuel Miara”.
		Rufino Almeida en su declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de La Plata, cuya copia está agregada a la causa nro. 9373/2001 contó: “Samuel Miara, alias «Covani» participó de mi secuestro, de mi tortura, de la tortura de mi mujer y las violaciones [...] participó de la tortura de Ricardo Moya, de Laura Crespo y sus violaciones o acoso sexual…” (ver fs.91/105 de dicha causa).
		Por su parte en su relato Hebe Margarita Cáceres (fs. 31/4 de la causa nro. 9373/01) refirió que fue secuestrada el 2 ó 3 de junio de 1978 por tres personas y que entre ellas estaba “Cobani” cuyo nombre es Samuel Miara. Agregó que ya en el centro de detención fue interrogada en una habitación donde, entre otros, también estaba “Cobani”, que allí fue golpeada. 
		Asimismo respecto del secuestro de Rufino Almeida dijo: “Él me comentó quienes lo habían secuestrado pero no lo recuerdo bien, aunque sí sé que estaban Miera y Colores, y también mencionó a Kung Fu…”.
		2.2. Su intervención en los tormentos:
		Existen numerosos testimonios de personas que señalan que Samuel Miara intervino en los tormentos a los que eran sometidos los detenidos-desaparecidos en el centro clandestinos de detención.
		Ya hice mención a la declaración que Rufino Almeida prestara en la ciudad de La Plata, allí, en relación a Samuel Miara agregó: “También en otro momento de estas golpizas [...] me llevaron con mi señora, con Claudia, también nos golpeaban, nos chocaban las cabezas, a ella «Covani» que era Miara, el apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa [...] la arrastró por el piso, de los pelos, después ella tenía un lamparón porque le arrancó un pedazo de cuero cabelludo. En otras de las oportunidades que yo sentía que la golpeaban, que a mi me habían pegado una, no sé, trompada o codazo en el tórax y había caído con dificultades para respirar […] dijeron «está quebrado, dejá que lo lleve, que lo vea Víctor» y Víctor era, yo suponía que era un médico militar, entonces le pedía que por favor le dejaran de pegar a mi compañera y entonces él […] con cierto tono irónico lo llamó a Cobani […] entonces vino Cobani y me hizo estirar las manos sobre la mesa y me castigó con una cadena y dijo «así le voy a seguir pegando a tu mujer, si no nos dice lo que queremos»”.
		Miara también estuvo presente al momento de su liberación en la ciudad de La Plata: “Y en 13 y 32 nos bajaron de los coches, bueno ya destabicados, nos habían los grillos, este... y ahí estaba mi padre, eh.. Covani me dio la mano, me dijo que nos dedicáramos a vivir tranquilamente, que si hacíamos política la política la hiciéramos legalmente y nos entregaron a mi padre...”.
		Por su parte, Claudia Graciela Estévez, en su declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de La Plata cuyas copias se encuentran agregadas en la causa 9373/2001 a fs. 109/129, dijo: “Después otro día que «Covani» me estuvo castigando muy fuerte, incluso me, me arrastró muchos metros tomada de los pelos, entonces me dejó pedazos de cuero cabelludo al aire, pelados y después venían y se jactaban que ellos me alimentaban bien porque el pelo empezaba a crecer, se burlaban de eso. Y en ese momento me llevan a ver como le estaban dando picana a «Hebe Caseres» y ahí lo pude ver al apodado «Rolando» que es «Minicucci» que le estaba aplicando picana a «Hebe» y «Covani» le pidió la picana y me picaneaba a mí parada se la pasaban a «Hebe» y me volvían... así”. 
		Al igual que su marido, relató también la intervención de “Cobani” en su liberación: “Me trae «Covani» en un auto con un chofer, con otro que manejaba se llamaba «Estévez» como yo y a mi marido en otro auto, después nos pasan al mismo auto y nos bajan «Covani» y le dijo a mi marido que si alguna vez se cruzan por la calle se cruzara de vereda y que a él nunca lo había visto”.
		Resulta importante también, en este punto, la declaración de Ana María Careaga, quien a fs. 19.450/1 ante este tribunal, dijo: “Agrega que también en el centro había un represor apodado «Cobani», que cuando a la dicente la dejan en libertad junto a unas quince o veinte personas, había algunos represores a cargo de interrogarlos y entrevistarlos, sobre lo que harían cuando salieran de allí. Que Cobani hacía el papel más agresivo en estos interrogatorios, que en su caso, la hizo salir de la celda, la llevó a enfermería y la golpeó con patadas, y que en ese momento estaba la dicente embarazada de siete meses; que el nombrado amenazaba para que no dijera nada si salía en libertad”. 
		Otra de las características que distintos testimonios marcan respecto de Miara es su profundo antisemitismo, así Careaga en la declaración citada recordó: “Que durante el tiempo de su cautiverio escuchaba el apodo del nombrado, es decir, escuchaba que estaba, que incluso se daba cuenta de cuando tocaba su guardia, porque cuando él estaba a cargo, hacía salir a un chico judío de su celda y lo hacía hacer de perro, que le pedía que le de la patita, mover la cola y ladrar, que no sabe quién era este chico”. Este mismo evento es recordado también por Delia Barrera y Ferrando quien a fs. 18.201/3 dijo: “que recuerda a Cobani o El Turco, que es Samuel Miara, que recuerda que a un detenido que era judío le hizo hacer de perro, que era antisemita como el Turco Julián...”
		La crueldad de “Cobani” es señalada también por Daniel Aldo Merialdo quien en su declaración de fs. 16/19 del legajo 744 dijo: “...también había un matrimonio que les decían «Los cristianos», que en una ocasión el tal «Cobani» organizó una especie de peña y los hizo cantar y como culminación de esa peña «Cobani» eligió una de las chicas que estaba presente y la comenzó a torturar, finalizando la peña con los gritos de la chica”.
		Julio Lareu, por su parte, a fs. 198 y sig. del legajo 122 relató que en “El Banco” Gabriel Alegre había sido torturado y su estado era muy malo, al punto que no podía girar sobre su propio cuerpo. En dicha oportunidad, afirmó que entre los guardias e interrogadores se hallaba “Cobani” y que los interrogatorios que le efectuaron consistieron en preguntas apoyadas por torturas. Luego, en su declaración ante este tribunal a fs. 17.359/60 dijo que el apodo “Cobani” correspondía a Samuel Miara.
		En este punto, es relevante la declaración de Mario Villani prestada ante la Excma. Cámara Federal de la ciudad de La Plata (copias obrantes a fs. 20.081/96) en la que habló con detalle de las situaciones que vivió en los centros de detención donde estuvo privado de su libertad con Samuel Miara: “Otra persona que quisiera hablar es alguien muy conocido, Samuel Miara, a quien nosotros conocíamos como el Turco Cobani, Samuel Miara era en los Campos donde yo estuve el Jefe de uno de los grupos de guardia [...]. En el Atlético y en el Banco, él era el jefe de uno de los grupos de guardia, había tres grupos de guardia a veces cuatro, equipo de guardia quiere decir eran grupos compuestos por torturadores por guardias torturados, guardias y una patota operativa, normalmente esto todo este grupo se cambiaba cada 48 horas y venía otro y esto era periódico, había dos o tres grupos no sé exactamente, cuantos había, pero eran dos o tres, iban rotando entonces cada tanto a Cobani, que era el jefe de uno de estos grupos de guardia, le tocaba guardia a él, durante los traslados, se hacían en realidad durante la guardia de más frecuentemente porque era él, el encargado de los traslados de la organización de los traslados.”
		Esta misma función es mencionada en el Informe de Amnesty International titulado “Testimony on secret detention camps in Argentina”, donde al referirse a los “traslados” que se realizaban en el centro de detención bajo estudio se indica que “siempre había una unidad especial que ese día estaba a cargo de las operaciones correspondientes” entre los que menciona a “Cobani”.
		Por otra parte, debe remarcarse que surge de distintas declaraciones que Samuel Miara infligía una forma especial de tormentos a las mujeres detenidas.
		Así, Nora Beatriz Bernal en su declaración de fs. 5/14 del legajo 98 recordó que “Un día domingo (estando incomunicada) ingresa al quirófano uno de los responsables de la guardia (a quien no conoce) que le ajusta la venda de los ojos, la amarra a la parrilla y la ultraja. Luego la amenaza de muerte si relata lo sucedido. Al día siguiente un oficial de la nueva guardia la encuentra totalmente alterada por lo ocurrido y se inicia entonces una parodia de investigación en la que es interrogada por los oficiales de todas las guardias que se proponen ubicar y castigar al responsable, quien resulta ser el jefe de una de las guardias, a quien llaman Cobani. Se evidencia entonces un enfrentamiento entre las distintas patotas que es aprovechado por Rolando (supuestamente de Marina) para desplazar al Coronel (Policía) «porque hay orden de no violar a las detenidas». Vuelven a pedir a Nora que no relate a Jorge lo ocurrido. Desde este momento en cada guardia de Cobani, Nora recibe amenazas y malos tratos (sal en la cena - «prenden la máquina» a su lado, etc.). Pero «como si no pudieran llegar a más». A pedido de Cobani otros guardias comienzan también a maltratarla y es entonces cunado el Turco Julián asume su defensa”.
		Susana Caride, por su parte, recordó que respecto de Miara “Se hablaba de que era violador, que hay declaraciones de detenidas que refirieron haber sido violadas por él. Que era torturador y hacía interrogatorios” (fs. 17.829/31).
		Surge del relato ya mencionado de Hebe Margarita Cáceres (fs. 31/4 de la causa nro. 9373/01) quien refirió que mientras la torturaban con picana eléctrica en distintas partes del cuerpo, Cobani estaba “asistiendo a los que daban máquina”. Recordó: “También lo vi a Cobani arrastrar del pelo a Claudia Estévez y golpearla, e inclusive intentar algún acoso sexual”.
		En esta misma tónica, Claudia Graciela Estévez en la declaración testimonial ya citada, dijo: “Y después otra cosa que me consta que quiero decir es que Covani. Hacía uso de su poder ahí adentro para abusar de las mujeres, primero a mi me lo dijo Laura Crespo que él la estaba acosando permanentemente y una paliza que escuchamos nosotros, que hizo Covani a alguien, paliza que le daba con un palo me dijo Laura que era el marido de ella y que el marido estaba orinando sangre porque le había golpeado mucho los riñones en venganza por ella, lo mismo hizo conmigo esa actitud de no la picaneen, es como que, por eso me castigó también, porque yo te ofrezco protección una cosa así era el código de él y una vez me llevó, vino, me sacó del tubo y me llevó a ver a Laura que estaba llorando en una habitación para que las dos nos viéramos no sé, que yo viera que él la estaba acosando y que Laura me viera a mí y también Estela la enfermera me dijo que él lo había hecho eso con otras detenidas que ya no estaban ahí en el campo” (cfr. causa nro. 9373/2001, fs. 109/129).
		Sobre este punto, en la referida declaración, Rufino Almeida agregó: “…a mí me consta que el Turco Julián y Cobani el trato con las compañeras que iba de los abusos sexuales, la reducción de las compañeras sexualmente, en el caso de mi propia compañera, en el caso de Laura Crespo, inclusivo los castigos hechos a los compañeros de esas compañeras, era particularmente insistente Cobani en la tortura y en los castigos a Moya, que era el compañero de Laura Crespo...”.
		Mario Villani, en la mencionada declaración, dio detalles de este actuar de Samuel Miara, y por la precisión del relato, merece su transcripción en toda su extensión: “Acá voy a cometer una infidencia. Que en realidad no es una infidencia porque la víctima ya testimonio esto mismo, creo que en el juicio de las Juntas. Violó a una detenida que estaba en proceso de tortura. en la sala de tortura, o sea en el quirófano lo que llamaban quirófano, la habían dejado atada en la mesa de torturas, y se habían ido la habían dejado en la amansadora digamos y entro él y la violó atada en la mesa de torturas, esto es para ir pintándolo como es. Éste mismo señor, Samuel Miara, como todos sabemos hoy es el apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Que era el responsable de los traslados o sea los traslados se producían durante los días que tenía guardia él. [...] Durante una guardia de él era una época en El Banco muy lluviosa, que estaba y que había fuertes goteras se inundaban algunos sectores, se inundaban celdas, se inundaban pasillos y yo como en esa época formaba parte del consejo, aparte de las reparaciones que tenía que hacer, tenía que hacer la comida, tenía que limpiar los baños y todo esto tenía que secar lo que se inundaba frente a una celda a un pasillo que se inundaba cuando yo secaba enfrente a esa celda. En una época que hacía mucho calor las celdas estaban abiertas, ahí había una prisionera que ahora está desaparecida […] Juanita Armeliz se llamaba […] y cada vez que yo limpiaba enfrente de la celda había días que yo estaba muy mal con mucha bronca, puteaba. Otros días estaba ella llorando y yo trataba de apoyarla de darle apoyo disimuladamente, porque esto era correr un riesgo no, pero por alguna razón durante las guardias de Cobani pescó algo de esto y supuso que algo pasaba entre Juanita y yo. Entonces, adoptó la actitud de bueno de vuelta a las comillas me dice, me lleva aparte y me dice flaco, te gusta la rubia y entonces primera vez, primera vez no, ahí trago saliva, le digo sí me gusta, bueno querés que esta noche te la lleve a tu tubo, tubo son las celdas era una situación dura porque ahí tenía que caminar en el filo yo no podía, no quería mostrarme enfrentarme en rebeldía eso para mí significaba la muerte, pero tampoco quería claudicar de mis principios, esa noche me la lleva a mi tubo, cierra el tubo, mañana abro y la vengo a buscar a Juanita, nos pasamos toda la noche hablando con Juanita, por supuesto que no pasó nada, pero nos pasamos toda la noche hablando, primero ella se largó a llorar, yo me largué a llorar, los dos lloramos como nenes después nos pusimos hablar me contó de su familia le conté de mi familia, todas estás cosas, y al día siguiente abren la celda, yo vuelvo a mi trabajo como miembro del consejo y ella vuelve a su celda, la siguiente guardia de vuelta me la trae... Miara a quién llamábamos Cobani... me sale decir Cobani..., si digo Cobani es que me estoy refiriendo a Miara no, la trae de vuelta a la celda y uno diría como que uno se quería portar bien conmigo por lo menos me esta queriendo coimear no sé alguna cosa de estas, yo pienso que no que esto era o que le está queriendo hacer un favor a Juanita, pienso que no, pienso que ya estaba decidido su traslado de Juanita, es una forma de presionarme a mí, de buscar mi complicidad, además hay un montón de explicaciones posibles, me la trae a la celda y de vuelta al día siguiente. Por supuesto ahí nos hablamos todo, nos contamos de las familias, me contó del marido, el marido después a que ella la trasladan, es secuestrado, herido y va a parar a la enfermería y yo logró entrar a la enfermería con la excusa de una reparación y hablar con él y contarle sobre Juanita, él esta desaparecido ahora también, bueno está es una descripción de éste señor, el turco Cobani o Samuel Miara.”
		Debe remarcarse a esta altura que más allá de los tormentos puntualizados, la participación de Samuel Miara en la actividad del centro clandestino de detención configura respecto de todos los cautivos no sólo el delito de privación ilegal de la libertad sino también el delito de tormentos. 
		Se ha explicado a lo largo de la presente resolución que la permanencia en los centros implicaba para los cautivos ser sometidos sistemáticamente a un trato inhumano, degradante y cruel. 
		La pérdida de la identidad (reemplazada por un número y una letra), el uso del “tabique”, el alojamiento en “tubos” o “leoneras”, la prohibición de hablar, presenciar los golpes y torturas realizados a allegados (tal es el caso de Estévez y Almeida), la amenaza permanente de ser golpeado, torturado o asesinado en cualquier momento que se incrementaba al ver que a otros cautivos les pasaba eso (extremo claramente descripto por Villani), constituyen unidos el delito de tormento complementario de la privación de la libertad y cuya materialización era asegurada, conforme a los testimonios señalados, entre otros por Samuel Miara.
		Los testimonios citados demuestran que Samuel Miara alias “Cobani” integraba las “patotas” o grupos operativos que detenían personas, que trasladaba a los detenidos al centro de detención; que ya en el centro, participaba activamente de los tormentos, llegando incluso a aplicar picana eléctrica; que retenía a los detenidos cautivos, que a veces era quien los liberada (casos Almeida y Estévez). 
		En definitiva, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que Miara detentaba en el citado centro de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber tenido con tales hechos.
		Asimismo, debe tenerse en cuenta el rol trascendente que los centros de detención poseían para el plan sistemático de lucha contra la “subversión” que fuera implementado en el marco de la dictadura militar, pues los mismos permitían alojar a detenidos, y mediante los mecanismos de tortura e interrogatorios, se procuraba obtener información con vistas a proceder a la detención de otras personas, más allá de registrarse en múltiples casos, la aplicación de torturas como fin en sí mismo, es decir, sin ser utilizaba como medio, siendo el motor de ello el evidente goce del torturador ante el sufrimiento de la víctima.
		A esta altura, entiendo que los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la existencia del hecho que es objeto de análisis, como asimismo la responsabilidad del imputado en tales sucesos.

		3. Su declaración indagatoria.
		El día 25 de agosto del corriente Samuel Miara se presentó a declaración indagatoria ante este Tribunal, oportunidad en la cual hizo uso de su derecho a negarse a declarar.

7.2. Responsabilidad penal de Juan Carlos Avena.
		Se encuentra acreditado que Juan Carlos Avena, en su carácter de funcionario público dependiente del Servicio Penitenciario, intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y en los tormentos de los casos nro. 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50 a 62, 64 a 142, 145, 146, 148 a 150, 157 y 160.
		La intervención de Avena en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación. 

		1. Su identificación bajo el apodo “Centeno”. Funciones cumplidas por Juan Carlos Avena en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro clandestino de detención
		1.1 Juan Carlos Avena era apodado “Centeno”:
		El accionar delictivo subterráneo de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar implicaba, entre otras cosas, ocultar la verdadera identidad de los participantes que era reemplazada por un apodo. 
		La clandestinidad era tanto de los lugares de detención, como de los detenidos y de quienes estaban a cargo de ellos.
		La verdadera identidad de los responsables de los centros clandestinos de detención era rigurosamente secreta. 
		Por lo tanto, la vinculación entre los apodos y los nombres reales implica una ardua tarea. El tribunal tendrá en cuenta para ello el análisis de los testimonios de los sobrevivientes y la verificación entre la descripción física dada por ellos y la que tenía el aquí imputado en el momento de los hechos para concluir así que Juan Carlos Avena operaba bajo el apodo “Centeno”.
		Las declaraciones de sobrevivientes del centro clandestino de detención, sedes “Banco” y “Olimpo” son coincidentes en afirmar que al represor apodado “Centeno” es de nombre real Avena. 
		Así, Isabel Fernández Blanco en su testimonio (cfr. fs.17.841/3) refirió que “... Avena Juan Carlos, de apodo Centeno, que lo vio en Banco y en Olimpo”. 
		También tengo en cuenta la declaración de Susana Caride prestada ante esta sede, en la que recordó: “Que cuando vuelve la democracia pudo saber que Avena era Centeno. Posteriormente por los medios se enteró que estaba de director de una cárcel en el sur” (fs. 17.829/31). 
		Isabel Teresa Cerruti, por su parte, refirió: “Que respecto de Centeno sabe que es Juan Carlos Avena” (fs. 19.373/5). 
		Daniel Aldo Merialdo, dijo: “Que en cuanto a Centeno era del Servicio penitenciario [...] que sabe que se llama Juan Carlos Avena” (cfr. fs. 18.108/12).
		Resulta relevante lo declarado por Rufino Almeida, quien dijo que “Centeno sé que se llamaba Avena” (cfr. fs. 145 de la causa nro. 9373/2001). En su declaración ante esta sede, confirmó lo anterior y agregó haber visto fotos del nombrado y así identificarlo. 
		Mario Villani a fs. 57 de la causa 9373/2001 mencionó que “Avena Juan Carlos (a) Cap. Centeno, adjutor Principal SPF [...]. Fue herido en el estómago durante un enfrentamiento armado, al intentar secuestrar a Carlos Guillermo Fassano y Lucía Rebora, a mediados de 1978. Se le practicó un ano contra natura. Durante la democracia fue director de la cárcel de Esquel”. Debe destacarse que los dos extremos mencionados en último término fueron reconocidos por el imputado en su declaración indagatoria.
		Asimismo, Juan Antonio del Cerro en su declaración indagatoria prestada a fs. 1133/46vta. del legajo de prueba nro. 119 dijo: “«Centeno» era Adjutor Principal del Servicio Penitenciario y su apellido era Avena.”. 
		Debe resaltarse a esta altura que Del Cerro, apodado “Colores”, participó de la represión ilegal actuando bajo tal seudónimo en las tres sedes del centro clandestino de detención, conforme la imputación y el procesamiento que efectuara oportunamente la Cámara Federal (ver fs. 77).
		Es de destacar que todos los anteriormente nombrados refirieron que pertenecía al Servicio Penitenciario y que algunos de ellos (Villani, Caride) refirieron que había sido director de una cárcel en el sur, datos que se confirman en su legajo personal.
		Por otro lado, si nos atenemos a la descripción que las víctimas liberadas han hecho de “Centeno” surge otro elemento a tener en cuenta para confirmar que se trataba de Avena.
		Nótese, que Isabel Fernández Blanco, ante esta sede (fs. 17.841/3vta.), describió a Avena refiriendo que “era delgado, alto, cabello castaño, treinta años de edad aproximadamente”. 
		Rufino Almeida, por su parte a fs. 145 de la causa 9373/2001 dijo que “era alto, corpulento, rubio, pelo ondulado y corto, ojos claros”. 
		Isabel Teresa Cerruti, dijo que: “físicamente era alto, entrecano, alrededor de cuarenta años, no era muy blanco de piel, era corpulento pero no grandote” (cfr. fs. 19373/5). 
		El testigo Daniel Aldo Merialdo mencionó “Que en cuanto a Centeno era del Servicio Penitenciario, era rubio, altura mediana, cara blanca...” (cfr. fs. 18.108/12). 
		Susana Caride, en su declaración prestada ante esta sede a fs. 17.829/31 recordó: “Respecto de Avena, recuerda que estaba en el campo, era de Institutos Penales, cree que durante la democracia fue director de una cárcel. Era medio rubio, delgado, de ojos claros, de estatura media. Participó de un tiroteo [...] Que le habían hecho un ano contranatura producto del tiroteo [...] Que cuando vuelve la democracia pudo saber que Avena era Centeno”.
		Finalmente Claudia Estévez dijo: “se llamaba Centeno, lo ubico es rubio, alto” (cfr. fs. 127 vta. de la causa nro. 9373/2001).
		Como se advierte, las descripciones que los testigos han aportado son coincidentes y al confrontar tales datos con aquellos que surgen del legajo penitenciario de Juan Carlos Avena, se verifica que éste nació el 15 de enero de 1947, por cuanto en el año 1977 poseía la edad de 30 años, a la vez que surge de la ficha personal glosada en tal legajo: “estatura 1,76; cutis blanco, cabello castaño claro, ojos celestes”.
		La coincidencia entre la descripción aportada por los testigos y los datos insertos en el legajo de Avena, fortalecen la presunción de que el apodado “Centeno” es Juan Carlos Avena.
		Por otro lado distintos testimonios son coincidentes en dar cuenta que Juan Carlos Avena, alias “Centeno” participó de un operativo en el que resultó herido y se presentó en “Olimpo” con un “ano contranatura”. En su declaración indagatoria, obrante a fs. 20.585/99, confirmó haber tenido tal intervención quirúrgica, coincidiendo también las fechas. 
		Así: “…preguntado para que diga si alguna vez se le practicó una colostomía o ano contra natura, y en su caso en qué fecha, dijo: que efectivamente a raíz de las heridas recibidas en el enfrentamiento de la calle Belén en octubre de 1978. Que recibió un disparo de arma de guerra en el estómago, en la región abdominal, con entrada y salida, teniendo como consecuencia la recesión del intestino delgado en alrededor de 50 cm.…”.
		Finalmente, si bien Juan Carlos Avena en su declaración indagatoria citada, negó poseer apodos en el momento de los hechos, comentó: “…que sólo recuerda que en la Escuela Penitenciaria pudieron llamarlo efectivamente Cebada o quizás Centeno o Caballo, por como jugaba al fútbol”.
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Avena bajo el apodo de “Centeno”, se desempeñó en el centro de detención, en la sede denominada “Banco”, la cual funcionó desde fines de 1977 hasta el 16 de agosto de 1978, y que también lo hizo en la sede “Olimpo”, la cual funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta inicios del año 1979; que intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia, en los interrogatorios y tormentos a los que los detenidos fueron sometidos.
		Para una mayor claridad, habrá de analizarse por separado la actuación de Avena en cada una de las sedes en las que funcionó el centro clandestino de detención.

		1.2 Juan Carlos Avena prestó funciones en la sede “El Banco”: 
		Surge del relato de Hebe Margarita Cáceres, quien fue secuestrada el 2 o 3 de junio de 1978 por tres personas y llevada a “El Banco” que: “...dentro de los que integraban la patota en general estaban [...] Centeno…” (fs. 31/4 de la causa nro. 9373/01).
		Isabel Mercedes Fernández Blanco, quien fue detenida el 28 de julio de 1978 y trasladada a “Banco” y luego a la sede que lo continuó, denominada “Olimpo”, en su testimonio refirió que “... Avena Juan Carlos, de apodo Centeno, que lo vio en Banco y en Olimpo. Que supo que era del Servicio Penitenciario. Fue herido en el operativo de Fassano en octubre de 1978 y que luego supo que fue director de una cárcel de Esquel” (cfr. fs.17.841/3).
		Mario Villani a fs. 57 de la causa 9373/2001 mencionó que “…Avena Juan Carlos (a) Cap. Centeno [...] Era un típico miembro de la patota tanto en El Banco como en El Olimpo, pero también participaba en interrogatorios”.
		Rufino Jorge Almeida, por su parte, lo menciona como personal del centro con el apodo y el nombre real (fs. 18126/8). Específicamente declaró: “Juan Carlos Avena «Centeno» participó de mi secuestro, después estando en el Campo, él en un momento abrió la puerta de nuestro tubo, nos iluminó la cara y nos preguntó si nosotros éramos los padres de dos rubitos, porque nuestros hijos... ya teníamos la nena de seis meses y el nene de tres años, que por suerte quedaron con mi suegro y se identificó, porque yo le pregunté, quién era el que preguntaba, y me dijo Centeno…” (declaración efectuada ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de La Plata cuya copia obra a fs. 101 de la causa nro. 9373/2001).
		Claudia Leonor Pereyra, detenida el 1 de agosto de 1978 y trasladada al centro “Banco”, refirió en su testimonio que entre los represores que estaban en el centro, se encontraba uno apodado “Centeno”. 
		También han de tenerse en cuenta los dichos de Susana Leonor Caride, quien habiendo sido detenida el 26 de julio de 1978 y alojada en “El Banco” y “Olimpo”, ante esta sede refirió que vio a “Centeno” en ambos lugares (cfr. fs. 17.829/31).
		En similares términos declaró Isabel Cerruti, detenida el 22 de julio de 1978, clandestinamente alojada en “El Banco” y “Olimpo”, y liberada el 26 de enero de 1979, dijo que vio a “Centeno” en ambos lugares y que pertenecía a un grupo de tareas.
		Julio Eduardo Lareu declaró como testigo ante esta sede (fs.17.359/60vta.) oportunidad en la cual expuso que fue detenido el 29 de mayo de 1978 y trasladado al centro de detención conocido como “Banco”, para luego, el 16 de agosto de 1978 ser trasladado a “Olimpo”, donde permanece hasta el 22 de diciembre de ese mismo año. Refirió que entre los represores se encontraba uno con apodo “Centeno”.

		1.3. Juan Carlos Avena alias “Centeno” prestó funciones en “Olimpo”.
		Ya se hizo referencia a las declaraciones efectuadas por Villani, Cerruti, Fernández Blanco y Lareu quienes mencionaron a “Centeno” entre las personas que prestaban servicios en “Olimpo”.
		Como se ha adelantado, resulta trascendente en este punto el testimonio de Susana Leonor Caride, quien fue detenida el 26 de julio de 1978 y alojada en “El Banco” y “Olimpo”, habiendo sido liberada el 23 de diciembre de 1978. La nombrada al declarar (cfr. copias de actas mecanografiadas a fs.1/8 del legajo 14) refirió que entre los represores estaba “Avena”.
		Daniel Aldo Merialdo, al declarar en esta sede dijo: “...Que a Centeno lo relaciona con el Olimpo…” (cfr. fs. 18.108/12).
		Por otro lado, también tengo en cuenta la declaración de fs. 2037/9 del legajo 359, de Omar Eduardo Torres quien, contratado por Gendarmería Nacional, ofició de guardia del predio ubicado en Lacarra y Ramón Falcón desde fines de junio de 1978 hasta febrero de 1979 refirió que entre el personal que actuaba en dicho lugar estaba el apodado “Centeno”.
		Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Juan Carlos Avena alias “Centeno” en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro clandestino de detención, y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y tormentos de los allí detenidos.

		2. Las tareas que realizaba Juan Carlos Avena alias “Centeno” en las tres sedes del centros de detención en estudio. Su intervención en los secuestros, en la guardia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos.
		Tal como surge de los testimonios colectados, Avena, quien se desempeñaba en el Servicio Penitenciario -véase que esta circunstancia ha sido por él reconocida en su declaración indagatoria y verificada en su legajo personal-, intervenía en el secuestro de personas, en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y en los tormentos.
		Al respecto, hay testimonios de personas que refieren haber sido secuestradas por “Centeno”, así el caso de la pareja compuesta por Rufino Jorge Almeida y Claudia Estévez.
		Recordemos que Rufino Almeida refirió al declarar en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, que entre las personas que lo detuvieron se encontraba el represor apodado “Centeno”, versión que ratificó ante esta sede.
		Claudia Graciela Estévez, esposa de Almeida, al prestar declaración testimonial (fs. 17.331/3vta.) también ratificó su declaración prestada ante la Excma. Cámara Federal de La Plata (copias a fs. 109/129, causa 9373/2001), y agregó que: “Centeno operaba, salía a operar a la calle a levantar detenidos y a nosotros un día nos abrió la puerta del tubo nos iluminó la cara con la linterna y nos preguntó si teníamos dos hijos rubiecitos, eso solo y yo le pregunté quien era el que me estaba hablando y me dijo que se llamaba Centeno, lo ubico es rubio alto, después lo vi en el salón…”.
		Isabel Mercedes Fernández Blanco, en su testimonio ya mencionado (cfr. fs. 17.841/3) dijo de Centeno: “Que estaba en las patotas que salías a los operativos…”, aclarando luego que “…los integrantes de las patotas secuestraban gente, realizaban interrogatorios y eran torturadores…”.
		Mario Villani a fs. 57 de la causa 9373/2001 mencionó que “…Avena Juan Carlos (a) Cap. Centeno [...] Era un típico miembro de la patota tanto en El Banco como en El Olimpo, pero también participaba en interrogatorios…”.
		En su ya citada declaración Isabel Cerruti dijo de Avena: “Que ya en el campo sabían que pertenecía al GT1 y que participó del asesinato de Révora y Fassano, donde es herido, que esto ocurrió cuando esta detenida en Olimpo [...] Que era del GT1, participaba de los grupos de tareas cuando salían a secuestrar personas, participaba en la tortura. [...] Que puntualmente Santiago Villanueva comentó en un momento que Centeno era uno de los que lo secuestró y que lo torturó…” (fs. 19.373/5).
		Daniel Aldo Merialdo, en su declaración prestada ante esta sede, ya citada, dijo que: “Que trabajaba en el grupo operativo, no sabe en qué grado ni jerarquía. Que el nombrado torturaba, que no lo vio, pero lo ha sabido por personas que estuvieron allí y le han dicho eso” (cfr. fs. 18.108/12).
		Resulta importante, asimismo el testimonio de Julio Lareu (cfr. fs. 198 y sig. del legajo 122), en tanto relató que en “El Banco” Gabriel Alegre había sido torturado y su estado era muy malo al punto que no podía girar sobre su propio cuerpo. En dicha oportunidad, afirmó que entre los guardias e interrogadores se hallaba “Centeno” y que los interrogatorios que le efectuaron consistieron en preguntas apoyadas por torturas. 
		Por otro lado, hay testimonios de personas que señalan que el nombrado pertenecía al cuerpo de represores de “Banco” y “Olimpo”, así lo refirieron Horacio Cid de la Paz (quien estuvo detenido en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”), Miguel Ángel Benítez (detenido en “Banco”) y Elsa Lombardo (quien estuvo detenida en “Banco” y “Olimpo”).
		También tengo en cuenta la ya citada declaración de Omar Torres, quien en el marco de la causa N° 2946/2005 refirió que Juan Carlos Avena alias Centeno estaba en Olimpo “…tenía un grado de jerarquía como Minicucci y Cardozo, y formaba parte de los grupos de tareas”.
		Ya se ha hecho referencia en la presente resolución a que la permanencia en los centros clandestinos de detención implicaba mayores sufrimientos que los comprendidos en la privación ilegal de la libertad. Los cautivos se encontraban bajo un constante trato inhumano, cruel y degradante, perdían su identidad (que era reemplazada por un número y una letra), eran “tabicados”, alojados en pequeñas celdas individuales denominadas “tubos” o en celdas colectivas “leoneras”, tenían prohibición de hablar, vivían bajo la amenaza permanente de ser golpeados, torturados o asesinados en cualquier momento. Todas estas circunstancias constituyen el delito de tormento complementario de la privación de la libertad y cuya materialización era asegurada, conforme a los testimonios señalados, entre otros por Juan Carlos Avena.
		En definitiva, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que Juan Carlos Avena detentaba en el centro de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber tenido con tales hechos.
		Asimismo, debe tenerse en cuenta el rol trascendente que los centros de detención poseían para el plan sistemático de lucha contra la “subversión” que fuera implementado en el marco de la dictadura militar, pues los mismos permitían alojar a detenidos, y mediante los mecanismos de tortura e interrogatorios, se procuraba obtener información con vistas a proceder a la detención de otras personas, más allá de registrarse en múltiples casos, la imposición de tormentos como fin en sí mismo, es decir, sin ser utilizaba como medio.
		A esta altura, entiendo que los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la existencia del hecho que es objeto de análisis, como asimismo la responsabilidad del imputado en tales sucesos.
	
		3. Su declaración indagatoria
		El día 25 de agosto del corriente Juan Carlos Avena prestó declaración indagatoria ante este Tribunal, en la que negó las acusaciones. Específicamente dijo: “…que la acusación de haber estado en un centro de detención la niega totalmente ya que siempre se desempeñó en la institución a la que pertenece y nunca estuvo destinado a ninguna dependencia del Ejército o bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército…”.
		Mencionó que entre el año 1976 a 1983 cumplió funciones en la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario, que tuvo asiento en distintos lugares. Refirió ser Oficial Subalterno de la Dirección de Inteligencia y en cuanto a sus tareas dijo “…que no tenía funciones o cargo asignado por la jerarquía que ostentaba y estructura del servicio. Que cumplía tareas administrativas [...] en algunos casos el transporte de la documentación a lugares donde se pedía informes, concretamente en el año 1978 a la Subzona Capital donde los entregaban a una oficina del primer piso pero sin que lo atendiera o tuviera contacto con un militar específico”.
		En relación a su destino formal, relatado en su indagatoria y corroborado en su legajo personal, ya se ha mencionado a lo largo de esta resolución que el aparato represivo del estado se montó sobre las estructuras burocráticas formales. Es decir, que no contradice su accionar en los centros clandestinos de detención el hecho que en su legajo personal figure otro destino formal.
		También relató haber participado de un operativo en la calle Belén en octubre de 1978, por el que resultó herido por un disparo de arma de guerra en el estómago. Como ya hice referencia anteriormente, este extremo fue relatado en varios testimonios de sobrevivientes de “Olimpo” quienes recordaron que el apodado “Centeno” resultó herido en un allanamiento y fue al centro con el “ano contranatura” en la mano. 
		Ya mencioné, que si bien en su declaración indagatoria niega en primer término tener algún apodo, luego refirió que en la Escuela Penitenciaria pudieron llamarlo “Centeno”.
		De acuerdo a lo expuesto, puede asegurarse, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, que los testimonios citados demuestran que Juan Carlos Avena, con el alias “Centeno” actuó en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro clandestino de detención integrando los grupos operativos que detenían personas, y los trasladaban al centro de detención y que, ya en el centro, retenía a los detenidos cautivos y participaba activamente de los tormentos.

		7.3 Responsabilidad penal de Raúl González.
		Se encuentra acreditado que el Comisario (R) Raúl González, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina (cfr. Legajo personal obrante en autos) intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y en los tormentos de los casos identificados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161.
		La intervención de González en los sucesos descriptos, se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación

		1. Su identificación como “Negro” y “Mayor Raúl”. Funciones cumplidas por Raúl González en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1 Raúl González se identificaba como “Mayor Raúl” y “El Negro”:
		El personal que actuó en el principal centro clandestino de detención del Primer Cuerpo de Ejército de Capital Federal actuaba bajo nombres de cobertura o apodos para preservar su identidad. Éste era uno de los elementos más importantes para poder desarrollar el plan clandestino de represión impuesto por la última dictadura militar. 
		El primer elemento que se debe tener en cuenta es verificar la correspondencia entre el nombre supuesto o apodo con la identidad real de la persona que se ocultaba tras el mismo. La identificación de Raúl González como “Negro” o “Raúl” pudo ser reconstruida gracias a las declaraciones testimoniales de aquellos personas que estuvieron privadas de su libertad en el citado centro. Para ello el tribunal analizó los testimonios de todos aquellos sobrevivientes y verificó la descripción por ellos realizada para concluir la identificación positiva.
		Así, Daniel Aldo Merialdo, quien estuvo ilegalmente privado de su libertad en las tres sedes en las que funcionó el centro clandestino de detención, en su declaración, dijo: “Que con respecto a Raúl González [...] a quien cree que apodaban Mayor Raúl…” (cfr. fs. 18.108/12).
		Resulta de importancia también, el testimonio brindado por el sobreviviente Mario César Villani en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 y que actualmente se halla incorporada como legajo de prueba a las presentes actuaciones. En dicha ocasión aportó un cuadro con los nombres del personal de los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo en cautiverio, refiriendo respecto de González: “Apellido: González - Nombre: Raúl - Apodos: Raúl, Negro - Campo: A,B,O - Observaciones: Comisario Pol. Fed.” (fs. 46 causa nro. 9373/2001).
		Isabel Fernández Blanco, por su parte, en su declaración testimonial prestada en esta sede dijo que el apodado “Raúl” podría ser de apellido de González (cfr. fs. 17.841/3). En similares términos testificó Nora Bernal, quien dijo “…«Raúl» quien se llama Raúl González”(fs. 18.200).
		González también fue identificado por el matrimonio de Rufino Almeida y Claudia Estévez. El primero de ellos refirió que en “Banco”, donde estuvo ilegalmente detenido ”…el otro que tenía voz de mando era Raúl, el Negro que era Raúl González, Comisario de la Policía Federal...” (fs. 91/105, causa nro. 9373/2001). Por su parte, Claudia Estévez dijo que recordaba a “…González Raúl - «Raúl»”(fs. 109/29 de la misma causa).
		En otro sentido, si nos atenemos a la descripción que las víctimas liberadas han realizado de “Raúl” o “El Negro” surge otro elemento a tener en cuenta para confirmar que se trataba de González.
		Daniel Merialdo lo describió de la siguiente manera “1,70 o 1,65 m, morocho, pelo corto, que parecía ser un poco más grande que Tadei, que era robusto” (fs. 18.108/12). 
		Isabel Fernández Blanco, por su parte dijo “Que también recuerda a Raúl, que era de estatura media, cabello negro y crespo, de 35 a 40 años” (fs. 17.841/3). 
		Coincidentemente, Nora Bernal dijo “Raúl: era jefe operativo. Morocho. Bajo. Tez mate” (cfr. fs. 11 legajo 98). 
		Más descriptivo fue aún Rufino Almeida, quien en esta sede a fs. 18.126/8 dijo “…que este sujeto era de una estatura de 1,70, poseía tez un poco más oscura, sin llegar a moreno; que poseía pelo crespo como muy armado o duro y oscuro, de ojos oscuros, de contextura normal es decir ni gordo ni flaco, que sabe que se llama Raúl González y que ello porque vio fotos del nombrado [...] y pudo reconocerlo”.
		Anteriormente lo había descripto de la siguiente manera: “«Raúl», morocho, siempre muy bien vestido, de ojos claros, con cara muy agresiva, con aspecto de mando” (fs. 79 vta. causa nro. 9373/2001).
		Como se advierte, las descripciones que los testigos han aportado son coincidentes en cuanto a que “Raúl” poseía pelo corto, cabello Negro y crespo y que su estatura era al rededor de 1,70m. 
		Al confrontar tales datos con aquellos que surgen del legajo policial de Raúl González, se verifica que éste nació el 17 de diciembre de 1944, por cuanto en el año 1977 poseía la edad de 33 años, a la vez que surge de la ficha personal glosada en tal legajo: “estatura 1,70; cutis blanco, cabello C., ojos az.”; advirtiéndose incluso en las fotografías que poseía el cabello armado y oscuro.
		La coincidencia entre la descripción aportada por los testigos y los datos insertos en el legajo de González, fortalecen la presunción de que el nombrado resulta ser la persona a la cual ellos se han referido.
		Por otro lado, tengo en cuenta también la declaración indagatoria que se le tomara a Juan Antonio del Cerro a fs. 1143/44vta. del legajo de prueba nro. 119, en la que dijo: “…a continuación se le da lectura a una nómina de seudónimos a fin de que manifieste si los reconoce y si conoce el verdadero nombre de las personas que los utilizaban: [...] Raúl podría ser el Comisario Raúl González de Comunicaciones”.
		Debe resaltarse a esta altura que Del Cerro, apodado “Colores”, participó de la represión ilegal actuando bajo tal seudónimo en las tres sedes del centro clandestino de detención denominado “Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, conforme la imputación y el procesamiento que efectuara oportunamente la Cámara Federal a fs. 77.
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que González identificándose como “Raúl” y “El Negro”, se desempeñó en las tres sedes en las que funcionó el centro clandestino de detención bajo análisis en la presente resolución y que intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia de los detenidos y en los interrogatorios y tormentos a los que ellos fueron sometidos.

		1.2 Raúl González prestó funciones en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”: 
		Resultan importantes, en este punto, los testimonios de Daniel Aldo Merialdo, Mario César Villani y Horacio Cid de la Paz. Los nombrados estuvieron ilegalmente detenidos en las tres sedes del centro de detención y son coincidentes en afirmar que “Raúl” era uno de los represores que operaba en el centro clandestino de detención.
		También resulta ilustrativo en este sentido, el testimonio de Jorge Allega quien relató que luego de ser detenido el 9 de julio de 1977, fue trasladado a “Atlético” y que allí había un represor con apodo “Raúl” (cfr. legajo 234).
		Respecto de la presencia de González en “Banco” voy a tener también en cuenta lo declarado por las hermanas Bernal y por el matrimonio de Rufino Almeida y Claudia Estévez.
		Nora Bernal, tanto en su declaración prestada en la CONADEP como en la prestada ante esta sede, refirió que “Raúl” formó parte de los guardias e interrogadores que actuaron en el centro de detención en el que estuvo ilegalmente cautiva.
		Por su parte, Patricia Bernal, quien a los quince años fue privada de su libertad y llevada a “Banco” junto con su hermana, nombró a “Raúl” entre quienes operaban en tal lugar (fs. 2 legajo 98).
		Las funciones de González en el centro clandestino de detención comenzaban desde el momento mismo del secuestro de las personas, tal es el caso de Rufino Almeida y Claudia Estévez, quienes declararon haber sido secuestrados, entre otros, por “Raúl” en junio de 1978 y llevados a “Banco” donde, según los dichos de Almeida, Raúl “…tenía voz de mando…”.
		Otro testimonio relevante es el de Isabel Fernández Blanco, quien estuvo ilegalmente detenida en “Banco” y “Olimpo” y recordó a “Raúl” entre quienes actuaban en tales lugares. 
		Los testimonios citados, analizados en forma conjunta, resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Raúl González en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y tormentos de los allí detenidos.

		2. Las tareas que realizaba Raúl González en el centro clandestino de detención. Su intervención en los secuestros, en los interrogatorios y tormentos.
		Tal como surge de los testimonios colectados, González, quien se desempeñaba en la Policía Federal -véase que esta circunstancia ha sido por él reconocida en su declaración indagatoria y verificada en su legajo personal-, intervenía en el secuestro de personas, en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos.
		Son numerosos los testimonios de sobrevivientes del centro de detención bajo análisis que dan detalles del accionar que González tenía en ellos.
		Isabel Fernández Blanco, quien estuvo privada de su libertad desde el 28 de julio de 1978 hasta principios del año 1979 en “Banco” y “Olimpo” mencionó a Raúl González, específicamente dijo que “…era de las patotas [...] Que El Nene, Raúl, Soler, el Viejo Pereyra participan del secuestro de la declarante y Enrique Gezan [...] Que desea aclarar que los integrantes de las patotas secuestraban gente, realizaban interrogatorios y eran torturadores…” (fs. 17.841/3).
		Daniel Aldo Merialdo, quien como ya se dijo estuvo ilegalmente detenido en “Atlético”, “Banco”y “Olimpo”, recordó: “Que con respecto a Raúl González, cumplía la misma función que Tadei, que no sabe cuál de los dos tenía más autoridad, que González, a quien cree que apodaban Mayor Raúl, también dirigía las sesiones de tortura [...] que estos dos eran los Jefes de Inteligencia y del grupo operativo de detención de personas, al menos en lo relativo al equipo de prensa de Montoneros, al cual pertenecía el dicente [...] Que Tadey y González les daban órdenes a Gato Viejo y a Angelito. Que a Tadey y a González los vio en los tres centros de detención. Que estos dos, en Olimpo no tenían tanta autoridad como sí tenían en Atlético y Banco” (cfr. fs. 18.108/12).
		Horacio Cid de la Paz, en su declaración obrante a fs. 2 del legajo 563 dijo que “…con el tiempo fue conociendo los nombres de las personas que participaron en su secuestro [...] puede recordar a quienes respondían a los apodos de […] «Raúl»...”. Luego realizó un relato de la sesión de torturas a la que fue sometido consistente en picana eléctrica, golpes con bastones de goma y puñetazos, dijo que pasó mucha gente interrogando y torturando, y recordó entre ellos a “Raúl”.
		Por su parte Nora Bernal, al declarar ante la CONADEP, recordó la participación de González al momento de la liberación de su primera detención en “Banco”: “El automóvil en el que la sacan es conducido por El Padre y Raúl, estando la declarante en el asiento trasero tabicada y esposada. Luego de aproximadamente 35-40 minutos de viaje le indican incorporarse y quitarse la venda manteniendo los ojos cerrados, bajan el volumen de la radio y Raúl le dice que «intente olvidar esa pesadilla». El Padre, en cambio, interrumpe violentamente a Raúl diciendo que se merece por ser la mujer de Jorge” (cfr. legajo 98 fs. 9).
		Asimismo, Patricia Bernal mencionó la participación de Raúl en su secuestro y recordó que antes de ser sacada de “Banco” es llevada a una habitación donde se encontraba su hermana: “Allí ve junto a su hermana a un hombre alto [...] a quien llamaban Valderrama y otro del que no recuerda características, a quien llamaban Raúl” (legajo 98 fs. 2).
		Recordemos que Rufino Almeida refirió al declarar en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, que entre las personas que participaron de su secuestro y el de su señora como de sus torturas a “Raúl” o “El Negro”, versión que ratificó ante esta sede. 
		Luego detalló: “...también vi en un pasillo a un chico que le decían el colorado, no lo he podido identificar con nombre, muy torturado, lo tenían sentado en una silla, con un brazo muy inflamado y días después vi que se llevaban una camilla envuelta en una manta y era este chico, entre Raúl González el Negro y el Turco Julián discutieron porque se les había muerto en la tortura [...] el Turco Julián nos llevó, me llevó a mi a una sala, frente a una sala, en realidad me puso frente a la puerta, yo creo que era la salita esa de inteligencia, que había un escritorio y en esa mesa estaban Paco, Raúl, creo que Colores... y algún otro que no me acuerdo cual. Me hicieron un interrogatorio, datos y demás que ya me habían hecho, pero parecía como que era un grupo que decidía digamos, en ese momento el Negro Raúl me amenazó, me dijo «pero, decí la verdad porque si no te llevo a la máquina de nuevo»”.
		Claudia Graciela Estévez, esposa de Almeida, al prestar declaración testimonial (fs. 17.331/3 vta.) también ratificó su declaración prestada ante la Cámara Federal de La Plata en la que, en relación a Raúl González, dijo: “…ese estuvo en mi secuestro en la casa de mis padres, me acuerdo perfectamente porque me dijo: sacate las cosas de oro, qué sé yo, me miraba, me acuerdo, después lo vi ahí adentro...” (fs.109/130 de la causa nro. 9373/2001). 
		Mario Villani, al declarar en la causa nro. 9373/2001, aportó un cuadro con los datos de quienes operaban en los centros clandestinos de detención, allí especifica: “González Raúl - apodo: Raúl o Negro. Visto en Atlético, Banco y Olimpo. Responsable del secuestro de Rufino Almeida y Claudia Estévez” (cuadro obrante a fs. 40/51 de la causa nro. 9373/2001).
		Por otra parte, en su declaración obrante a fs. 223/6 del legajo de prueba nro. 157 refirió “…también recuerda entre los represores a Raúl quien aparentemente era el 2° jefe del campo”.
		Los testimonios citados demuestran que Raúl González identificándose como “Raúl” o “El Negro” integraba las “patotas” o grupos operativos que detenían personas, que trasladaba a los detenidos a los centros de detención; que ya en tales centros, retenía a los detenidos cautivos y participaba activamente de la aplicación de tormentos, que incluso dirigía las sesiones de tortura con picana eléctrica.
		Asimismo, se desprende de los testimonios de Merialdo y Almeida que poseía capacidad para tomar determinadas decisiones relacionadas al funcionamiento del centro de detención y al trato de detenidos.
		Debe remarcarse, a esta altura, que la participación de Raúl González en la actividad del centro clandestino de detención configura no sólo el delito de privación ilegal de la libertad sino también el delito de tormentos, complementario de la privación de la libertad y cuya materialización era asegurada, conforme a los testimonios señalados, entre otros por González.
		En definitiva, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que González detentaba en los citados centros de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber tenido con tales hechos.
		Asimismo, debe tenerse en cuenta el rol trascendente que los centros de detención poseían para el plan sistemático de lucha contra la “subversión” que fuera implementado en el marco de la dictadura militar, pues los mismos permitían alojar a detenidos, y mediante los mecanismos de tortura e interrogatorios, se procuraba obtener información con vistas a proceder a la detención de otras personas, más allá de registrarse en múltiples casos, la aplicación de torturas como fin en sí mismo, es decir, sin ser utilizaba como medio.
		Por otro lado, sabemos que la CONADEP corroboró la existencia de 340 centros de detención en el país, los cuales se utilizaron para el alojamiento de los detenidos ilegales. Tales centros constituyeron, como ya dijera supra, el eslabón central de la política represiva que se desarrolló durante la última dictadura, ya que en los mismos se ocultaban a las personas que se hallaban “desaparecidas” y que eran reclamadas por sus parientes o por diversos organismos. La existencia de estos centros fue necesaria para garantizar la impunidad de los autores de los delitos que tenían por víctimas a los detenidos, ya que la clandestinidad de tales sitios permitió tener a las víctimas en condiciones en las cuales no era necesario reconocer sus detenciones, ni proporcionar información sobre la existencia de tales personas o colocarlas a disposición de la Justicia.
		A esta altura, entiendo que los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la existencia del hecho que es objeto de análisis, como asimismo la responsabilidad del imputado en tales sucesos.

		3. Declaración indagatoria
		El día 25 de agosto del corriente Raúl González prestó declaración indagatoria ante este Tribunal, en la que negó terminantemente su responsabilidad en los hechos imputados. Mencionó que todos sus destinos son del Área de Comunicaciones de la Policía Federal y que dicha área no es operativa sino exclusivamente técnica. Nombró asimismo, a quienes habrían sido sus compañeros de trabajo en los distintos destinos. Por esta razón se procedió a citar a declaración testimonial a Jorge Martino (quien no trabajó en Comunicaciones), Luis Alberto Pérez Officialdeguy, Eduardo Manuel Butler, Papes (resultó fallecido) y Eduardo Antonio Piazza.
		Luis A. Pérez Officialdeguy declaró haber trabajado en la Central de Estaciones Base a partir de 1980, período en el cual González era el jefe de la dependencia. No abundaré en este testimonio por no corresponder con el lapso temporal investigado en la presente resolución.		
		Eduardo Antonio Piazza y Eduardo Butler en sus declaraciones testimoniales refirieron haber trabajado con González en la Sección Servicios Especiales entre 1974 y 1978 aproximadamente. Ambos describieron las tareas que se realizaban en dicha Sección. Específicamente Piazza dijo: “Que en la época de referencia montaban operativos para tratar de localizar una señal que interfería los canales de televisión de los grupos subversivos, que la señal que interfería se llamaba Radio Liberación” (subrayado agregado).
		Por su parte, Butler refirió que entre otras tareas, la Sección se encargaba de la “…localización técnica de radios clandestinas y con intervención del Departamento Delitos Federales y juzgados, el cese de la transmisión y el decomiso de equipos…”.
		Ambos, fueron coincidentes en afirmar que si bien el trabajo era técnico, esta tarea en particular requería de operativos, es decir “salir a la calle”.
		En este punto, debo destacar la declaración del sobreviviente Juan Carlos Guarino (fs. 21.670/86), quien ante esta sede, además de ratificar su declaración presentada en España ante el juez Garzón, especificó que “…el declarante al mes y medio de ser secuestrado, pasó a depender del GT2 porque el objetivo que este grupo tenía con ellos era la preocupación por las interferencias que pudiera haber en el Mundial de 1978. Que el declarante en una oportunidad escribió en un papelito el funcionamiento de la señal de audio en las emisiones de televisión por sus conocimientos profesionales [...] La preocupación era las interferencias que se hacían sobre el audio de la televisión, que ya había habido esas interferencias de «Radio Liberación» de Montoneros…”(subrayado agregado).
		Por otra parte es relevante también lo ya señalado de la declaración de Merialdo, quien nombró a Taddei y González como los jefes de inteligencia y del grupo operativo que secuestraba gente, “…al menos en lo relativo al equipo de prensa de Montoneros, al cual pertenecía el dicente…” (fs. 18.108 vta.).
		Aquí se vé claramente la vinculación entre las tareas “formales” y las “informales”: la preocupación por las interferencias televisivas tuvo dos facetas, una formal relacionada al trabajo de la Superintendencia de Comunicaciones y otra subterránea vinculada al secuestro y cautiverio tanto de gente relacionada a la prensa de Montoneros (Merialdo, por ejemplo) como de quienes podían tener conocimiento técnicos en el tema (como el ya mencionado Guarino y Allega).
		Por lo tanto, la forma de enfrentarse al accionar de “Radio Liberación” no fue a través de un sistema legal (denuncia, intervención de un magistrado, decomiso de las maquinarias), sino a través del secuestro y traslado de los integrantes de dicha radio a un centro clandestino de detención.
		Otro de los mencionados por González como compañero de trabajo es Uballes, así declaró que: “…Jorge Eufemio Uballes fue subalterno mío en el Área de Comunicaciones, estuvo un tiempo en Servicios Especiales y en Pericias, no recuerdo si fue en el año 1976 ó 1978...”.
		Es de destacar, que Uballes está siendo procesado en esta resolución por los mismos hechos que González, es decir, por haber actuado conjuntamente en las tres sedes del centro clandestino de detención bajo análisis (Ver el acápite relacionado a su responsabilidad penal).
		Por lo tanto, no contradice su accionar en el centro clandestino de detención, el hecho que en su legajo personal figure otro destino formal.
		En este sentido, el mismo González recordó que en el momento histórico de los hechos que se le imputan, más allá de su destino específico, su superior jerárquico podía llamarlos a prestar servicios en otra área. 
		Así, declaró que: “Yo formaba un grupo con Rubén Papes, Martino, Ahmed, Benke y otros a los cuales Alasrraki le tenía confianza y nos encomendaba mucho trabajo, sin importar en la dependencia en que estuviéramos”, previamente había relatado que Enrique José Alasrraki era el Superintendente. 
		Lo cual no hace más que verificar la existencia de un orden legal y otro ilegal.
		Por otra parte, la defensa aportó copias de un libro llamado “Buenos Muchachos. La industria del secuestro en la Argentina” de Carlos Juvenal (ver fs. 20.836/41). Figura un acápite titulado “Un técnico brillante” donde se hace referencia al comisario mayor González, jefe de la División de Servicios Técnicos de la Superintendencia de Comunicaciones, que textualmente dice: “Hoy, González cuenta cuál fue su rol en la lucha antisubversiva y ante la pregunta concreta repite: «No estoy de acuerdo con los métodos que se usaron». Y no por una posición blanda, porque opina que, como existía la pena de muerte, los terroristas debían ser sometidos a juicio y, de ser culpables de homicidios, por ejemplo, la alternativa más justa era el fusilamiento…”. 
		En oportunidad de ampliar su declaración indagatoria (fs. 22.456/73) Raúl González ratificó el escrito presentado a fs. 22.233 mediante el cual adhiere a la presentación efectuada por Juan Carlos Falcón a fs. 22.043/059.
		Respecto de la cual debo remitirme al “Considernado Noveno” de la presente resolución y a lo expuesto en ocasión de tratar la responsabilidad penal de Falcón.

		7.4. Responsabilidad penal de Eufemio Jorge Uballes.
		Se encuentra acreditado que Eufemio Jorge Uballes, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina (al respecto cfr. legajo personal del nombrado reservado en Secretaría) intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y en los tormentos de los casos identificados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161.
		La intervención de Uballes en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación. 

		1. Su identificación como “Anteojito Quiroga” o “Führer”. Funciones cumplidas por Eufemio Jorge Uballes en las tres sedes del centro clandestino de detención sucesivamente conocidas como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1 Eufemio Jorge Uballes se identificaba como “Anteojito Quiroga” o “Führer”:
		En el accionar delictivo de quienes usurparon el poder durante la última dictadura militar hubo distintos niveles. Hubo quienes trabajaron en centros clandestinos de detención en los que, para proteger si identidad se daban a conocer bajo apodos. Estos seudónimos podían relacionarse con alguna característica física (por ejemplo el apodado “Colores” tenía el pelo color pelirrojo), por similitud con el apellido real (tal es el caso de Avena, que se apodaba “Centeno”) o por alguna otra característica de la personalidad. En este caso, del análisis conjunto de los testimonios de sobrevivientes del centro clandestino de detención, y de la descripción física que realizaran, se concluye que Eufemio Jorge Uballes operaba clandestinamente bajo el apodo de “Führer” o “Anteojito Quiroga”.
		En primer lugar, resulta de importancia el testimonio brindado por el sobreviviente Mario César Villani en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 y que actualmente se halla incorporada como legajo de prueba a las presentes actuaciones. En dicha ocasión aportó un cuadro con los nombres del personal de los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo en cautiverio, refiriendo, respecto de Uballes: “…Apellido: Uballes - Nombre: Jorge Eufemio - Apodos: Anteojo Quiroga, Fürer…” (cfr. fs. 46 causa nro. 9373/2001).
		Por su parte Ana María Careaga, quien estuvo cautiva en “Atlético” entre el 13 de junio y el 20 de julio de 1977, en esta sede dijo: “…también había otro represor apodado Anteojo Quiroga o Furer, que el nombrado es Jorge Uballes [...] que sabe que el nombrado se llama Jorge Uballes por la tarea de reconstrucción y porque vio fotos del mismo…” (fs. 19.450/1).
		También fue nombrado con nombre y apodo por Delia Barrera y Ferrando, quien declaró: “Que asimismo recuerda que había otro represor con apodo Furer, que se nombre es Jorge Uballes [...] Agrega que a Furer también -según su recuerdo- le decían Anteojito Quiroga” (fs. 18.201/3).
		Otro testimonio que resulta relevante a los fines de la identificación, es el de Ana María Arrastía Mendoza, quien si bien no menciona el apellido dio una amplia descripción física: “Se trataba de un individuo no muy alto, 1.70 mts de estatura, pelo negro, lacio, frente amplia, ojos oscuros, nariz recta, tez blanca, de unos 30 años de edad; cara más bien delgada y angulosa, usaba anteojos” (cfr. fs. 145/55 del legajo nro. 157). Daniel Aldo Merialdo, por su parte dijo: “Que Anteojito tenía anteojos gruesos, pelo crespo, mediana estatura, tez blanca, que tenía 30 años” (cfr. fs. 18.108/12). 
		Cotejando estos datos con los que surgen de su legajo personal se advierten claras coincidencias, así reza: “Estatura: 1,70. Color del cutis: blanco, del cabello: castaño; de la barba: afeitada. Frente amplia [...] Nariz dorso: recto...”. Hace constar que Uballes nació el 25 de abril de 1947, por lo que en 1977 tenía 30 años de edad.
		Asimismo, en la declaración indagatoria que se le tomara a Juan Antonio del Cerro a fs. 1143/44vta. del legajo de prueba nro. 119, reza: “…a continuación se le da lectura a una nómina de seudónimos a fin de que manifieste si los reconoce y si conoce el verdadero nombre de las personas que los utilizaban: [...] Anteojito Quiroga era el Comisario Uvalle de la Superintendencia de Comunicaciones”. 
		Debe resaltarse una vez más que Del Cerro, apodado “Colores”, participó de la represión ilegal actuando bajo tal seudónimo en ”Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, conforme la imputación y el procesamiento que efectuara oportunamente la Cámara Federal (ver. fs. 77).
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Uballes bajo los apodos de “Anteojo Quiroga” y “Führer”, se desempeñó en el centro de clandestino de detención sucesivamente llamado “Atlético”, “Banco”y “Olimpo”; y que intervino en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y en los tormentos a los que los detenidos fueron sometidos.

		1.2 Eufemio Jorge Uballes prestó funciones en ”Atlético” o “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”: 
		Ya hice referencia a los testimonios de Ana María Careaga y Delia Barrera y Ferrando quienes fueron secuestradas y llevadas a “Atlético” y nombraron a “Anteojo Quiroga” o “Führer” entre quienes operaban en dicho lugar.
		También resultan ilustrativos los testimonios de Jorge Allega y Miguel D’Agostino, quienes mencionaron a “Anteojito Quiroga” o “Führer” como uno de los guardias e interrogadores que actuaba en “Atlético” (fs. 19 del legajo nro. 234 y fs. 20.878/82, respectivamente).
		Susana Caride, quien estuvo ilegalmente detenida en “Banco” y Olimpo” dijo: “Recuerdo también de nombre pero no podría reconocer a Anteojo Quiroga...” (cfr. fs. 143 de la causa nro. 9373/2001).
		Nelva Méndez de Falcone y Ana María Arrastía Mendoza, recordaron que en “Banco” había una persona a la que le decían “Führer” o “Anteojito” (cfr. fs. 2 vta. del legajo nro. 307 y fs. 147 vta. del legajo nro. 157).
		Resultan importantes también en este punto, los testimonios de Daniel Aldo Merialdo, Mario Villani y Horacio Cid de la Paz. Los nombrados estuvieron ilegalmente detenidos en las tres sedes en las que operó el centro de detención bajo análisis en la presente resolución y son coincidentes en afirmar que “Anteojito Quiroga” actuaba en ellos. 
		Así, Merialdo dijo: “Que había otro al cual le decían Anteojito Quiroga y que también cree que él se hacía llamar Fürer, [...] Que cree que a estos dos fundamentalmente los vio en el centro Banco, pero tal vez estuvieron en los otros” (ver su declaración de fs. 18.108/12). 
		Mario Villani, por su parte, declaró: “Que todos ellos estuvieron en el Club Atlético y en el Banco” da un listado de nombres entre los que figura “Anteojo Quiroga” o “Führer” y luego refirió “Que en agosto de 1978 todo este personal pasa al campo clandestino El Olimpo juntamente con la mayoría de los detenidos...” (declaración obrante a fs. 223/6 del legajo de prueba nro. 157). 
		Horacio Cid de la Paz nombró a “Anteojo Quiroga” entre quienes actuaban en las tres sedes del centro clandestino de detención (legajo nro. 563).
		Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Eufemio Jorge Uballes alias “Anteojito Quiroga” o “Führer” en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y los tormentos de los allí detenidos.

		2. Las tareas que realizaba Eufemio Jorge Uballes. Su intervención en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos.
		Tal como surge de los testimonios colectados, Uballes, quien se desempeñaba en Policía Federal -véase que esta circunstancia ha sido por él reconocida en su declaración indagatoria y verificada en su legajo personal-, intervenía en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos.
		Son numerosos los testimonios de sobrevivientes de los centros de detención bajo análisis que dan detalles del accionar que Uballes tenía en ellos.
		En su ya mencionada declaración, Ana María Careaga, quien al momento de los hechos tenía 16 años de edad, dijo: “…que esta persona fue uno de los que participó de su interrogatorio y tortura junto a Baqueta, que también antes de ser liberada junto con el grupo de personas, pasó por Anteojito Quiroga que le preguntó si conocía los nombres de las personas que trabajaban en el centro, como de los detenidos que estaban allí. Que le hizo una suerte de interrogatorio tramposo, que le preguntaba si sabía la ubicación del lugar. Es decir el nombrado se encargaba de ver qué sabía cada una de las personas que iban a ser liberadas” (fs. 19450/1).
		Daniel Aldo Merialdo, quien como ya se dijo estuvo ilegalmente detenido en “Atlético”, “Banco”y “Olimpo”, recordó las tareas que cumplía “Anteojito Quiroga” de la siguiente manera: “…que éste formaba parte de los grupos operativos, que cree que actuaba junto con uno apodado Baqueta [...] Que no los ha visto torturar a persona alguna, pero que cree que lo hacían [...]. Agrega que el equipo de guardia cumplía funciones determinados días, según un cronograma establecido, que los grupos operativos actuaban full time, es decir, sin horarios ni días” (fs. 18.108/12).
		Delia Barrera y Ferrando recordó en su declaración el accionar de Uballes: “…que intervino en la tortura de la dicente, que le cuesta recordar cómo eran quienes la torturaron porque le produce cierta violencia psíquica, que no obstante ello refiere que era alto, de tez blanca” (fs. 18.201/3)
		Ana María Arrastía Mendoza, quien estuvo privada de su libertad en “Banco”, en relación al accionar de “Anteojito”, declaró: “Que después del interrogatorio de «Calculín», quien expone fue indagada por «Anteojito» [...] Que «Anteojito» le golpeó con puños y pies al interrogarla, siendo secundado por otras personas que no intervenían en los castigos sino que parecían ser aprendices en la tarea de torturar…” (fs. 20878/82).
		Otra función que cumplía Uballes es mencionada en el Informe de Amnesty International “Testimony on secret detention camps in Argentina”, donde al referirse a los “traslados” que se realizaban en los centros clandestinos de detención bajo estudio se indica que “siempre había una unidad especial que ese día estaba a cargo de las operaciones correspondientes” entre los que menciona a “Anteojo Quiroga”.
		Los testimonios citados demuestran que Eufemio Jorge Uballes bajo los alias de “Anteojito Quiroga” y “Führer” integraba las “patotas” o grupos operativos que retenía a los detenidos en los centros, que participaba de los traslados y realizaba interrogatorios.
		Debe remarcarse a esta altura que más allá de los tormentos puntualizados anteriormente, la participación de Eufemio Jorge Uballes en la actividad del centro clandestino de detención configura respecto de todos los cautivos no sólo el delito de privación ilegal de la libertad sino también el delito de tormentos. 
		Ya se ha explicado a lo largo de la presente resolución que la permanencia en los centros implicaba para los cautivos ser sometidos sistemáticamente a un trato inhumano, degradante y cruel. La pérdida de su identidad (que era reemplazada por un número y una letra), el tabicamiento, el uso de grilletes, el alojamiento en “tubos” o “leoneras”, la prohibición de hablar, la amenaza permanente de ser golpeado, torturado o asesinado en cualquier momento, constituyen el delito de tormento complementario de la privación de la libertad y cuya materialización era asegurada, conforme a los testimonios señalados, entre otros por Eufemio Jorge Uballes.
		En definitiva, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que Uballes detentaba en el citado centro de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber tenido con tales hechos.
		Asimismo, debe tenerse en cuenta el rol trascendente que los centros de detención poseían para el plan sistemático de lucha contra la “subversión” que fuera implementado en el marco de la dictadura militar, pues los mismos permitían alojar a detenidos, y mediante los mecanismos de tortura e interrogatorios, se procuraba obtener información con vistas a proceder a la detención de otras personas, más allá de registrarse en múltiples casos, la aplicación de torturas como fin en sí mismo, es decir, sin ser utilizaba como medio.
		A esta altura, entiendo que los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la existencia del hecho que es objeto de análisis, como asimismo la responsabilidad del imputado en tales sucesos.

		3. Declaración indagatoria
		Eufemio Jorge Uballes prestó declaración indagatoria ante este Tribunal, en la que realizó un relato de sus destinos durante los años que comprenden la imputación, es decir de 1976 hasta 1979, aproximadamente. 
		En relación a ello declaró: “Que en el año 1976 estaba terminando de formar una sección en el quinto piso de Belgrano 550 de Capital Federal, es decir en el Departamento Central de Policía; que la sección se llamaba Radiolocalización la cual dependía de Servicios Especiales [...] Que preparó la sección para el mundial de 1978 y para la Guerra de Malvinas, que debía instalar los equipos y preparar a la gente, como asimismo poner en funcionamiento una sección que valía tres millones de dólares [...] Que después del Mundial del 78 lo destinaron a la planta receptora de la Policía Federal en la localidad de Plátanos, en la Provincia de Buenos Aires [...] y que allí estuvo hasta el año 1980 que ascendió a subcomisario y pasó a la Central de Radio…”.
		Sin embargo, estos no son los datos que surgen de su legajo personal de la Policía Federal Argentina que obra reservado en Secretaría. Allí surge que tuvo como destino la División Redes desde el 5 de enero de 1976, que estuvo a cargo de la Sección Contralor y Radiolocalización, pero no en 1976 sino a partir del 4 de diciembre de 1978 y hasta el 17 de diciembre de 1980. Luego pasó a prestar servicios en la Sección Mantenimiento Planta Receptora. Finalmente fue ascendido a Subcomisario el 31 de diciembre de 1983. 
		Más allá de estas divergencias temporales entre lo relatado por Uballes y lo que surge de su legajo personal, ya se ha mencionado a lo largo de esta resolución que el aparato represivo del estado tomó las estructuras formales para organizarse. Es decir que no contradice su accionar en el centro clandestino de detención el hecho que en su legajo personal figure otro destino formal.
		En este sentido, resulta relevante lo dicho respecto de Raúl González, quien esta siendo procesado en esta resolución por los mismos hechos que Uballes y fuera su jefe durante el período temporal abarcado en la presente investigación (a mayor abundamiento ver el acápite relacionado a la responsabilidad penal de Raúl González).
		Otro testimonio importante es el del sobreviviente Juan Carlos Guarino, quien ante esta sede recordó: “Que la preocupación central era la transmisión del mundial, tal es así que a Jorge Allega lo liberan después del mundial [...] La preocupación era las interferencias que se hacían sobre el audio de la televisión, que ya había habido esas interferencias de Radio Liberación de Montoneros. Que recuerda haber hablado en Banco con Anteojo Quiroga de cómo evitar estas interferencias, que se notaba que Anteojo Quiroga tenía conocimientos técnicos del tema”.
		Por lo tanto, puede asegurarse, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, que los testimonios citados demuestran que Eufemio Jorge Uballes, bajo los alias “Anteojito Quiroga” y “Führer” actuó en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” integrando las “patotas” o grupos operativos que detenían personas, y los trasladaban a los centros de detención y que, ya en tales centros, retenía a los detenidos cautivos, interrogaba y participaba activamente de los tormentos, llegando incluso a aplicar picana eléctrica de propia mano.

		7.5. Responsabilidad penal de Eduardo Emilio Kalinec.
		Se encuentra acreditado que Eduardo Emilio Kalinec, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina, intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y en los tormentos de los casos identificados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161.
		La intervención de Kalinec en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación. 

		1. Su identificación como “Dr. K”. Funciones cumplidas por Eduardo Emilio Kalinec en el centro clandestino de detención sucesivamente conocido como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1 Eduardo Emilio Kalinec se identificaba como “Dr. K”:
		Se ha dicho a lo largo de la presente resolución que quienes operaban en los centros clandestinos de detención para proteger su identidad actuaban bajo un nombre de cobertura o alias. En este caso en particular para arribar a la conclusión que Kalinec era el nombre real que se escondía bajo el apodo “Dr. K” se tomó en cuenta el análisis conjunto de los testimonios de los sobrevivientes del centro clandestino de detención. 
		Asimismo resulta relevante la fotocopia del diario Página/12, aportada por el propio Kalinec, en oportunidad de ampliar su declaración indagatoria, donde se relata que Delia Barrera y Ferrando pudo reconocer al nombrado como el Dr. K.
		En primer lugar, es de importancia el testimonio brindado por el sobreviviente Mario César Villani en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 y que actualmente se halla incorporada como legajo de prueba a las presentes actuaciones. En dicha ocasión aportó un cuadro con los nombres del personal de los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo en cautiverio, refiriendo, respecto de Kalinec: “…Apellido: Kalinec - Nombre: Eduardo Emilio - Apodos: Doctor K - Campo: A,B,O…” (fs. 46 causa nro. 9373/2001).
		Por su parte Ana María Careaga, quien estuvo cautiva en “Atlético” entre el 13 de junio y el 20 de julio de 1977, en esta sede dijo: “…Que también recuerda al Dr. K, que se trata de Emilio Eduardo Kalinec [...] que cree haber reconocido al nombrado por fotos que vio posteriormente y por las tareas de reconstrucción, se supo que se llamaba de la forma indicada…” (fs. 19.450/1).
		También fue nombrado con nombre y apodo por Delia Barrera y Ferrando, quien declaró: “Que Dr. Ka era Eduardo Kalinec, quien es actualmente subcomisario [...] Que Dr. K era morocho de tez blanca, no muy alto, con bigotes espesos, que tendría unos 30 a 35 años…” (fs. 18.201/3).
		Otro testimonio que he de tener en cuenta es el de Miguel D’Agostino, quien estuvo ilegalmente detenido en el “Club Atlético” y ante esta sede dijo: “Que también estaba el Dr. K, a quien también lo escuchó nombrar. Que a partir de investigaciones posteriores, sabe que Dr. K sería una persona que hasta hace dos años seguía en funciones dentro de la policía federal, que se llama de apellido Kalinec [...] que el Dr. K era más bajo que el dicente que mide 1,70 aproximadamente -que esa es su idea-, que tenía bigotes, pelo más bien lacio, menudo, pelo castaño oscuro y que no volvió a ver fotos del nombrado…” (fs. 20.878/82).
		Asimismo, en la declaración indagatoria que se le tomara a Juan Antonio del Cerro a fs. 1143/44vta. del legajo de prueba nro. 119, reza: “…a continuación se le da lectura a una nómina de seudónimos a fin de que manifieste si los reconoce y si conoce el verdadero nombre de las personas que los utilizaban: [...] Dr. K, lo escuchó nombrar y sabe que era un oficial de Seguridad Federal de pelo oscuro y baja estatura.”. 
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Kalinec bajo el apodo de “Dr. K”, se desempeñó en el centro clandestino de detención; y que intervino en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y en los tormentos a los que los cautivos fueron sometidos.

		1.2. Eduardo Emilio Kalinec prestó funciones en ”Atlético” o “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		Ya hice referencia a los testimonios de Ana María Careaga, Delia Barrera y Ferrando y Miguel D’Agostino quienes fueron secuestrados y llevados a “Atlético” y nombraron, en forma coincidente, al “Dr. K” o Kalinec entre quienes operaban en dicho lugar.
		También resulta ilustrativo el testimonio de Nora Bernal, quien mencionó a “Dr. K” como uno de los guardias e interrogadores de “El Banco” (legajo nro.98 fs. 12).
		Resultan importantes también, en este punto, los testimonios de Daniel Aldo Merialdo, Mario César Villani y Horacio Cid de la Paz. Los nombrados estuvieron ilegalmente detenidos en las tres sedes del centro de detención bajo análisis en la presente resolución y son coincidentes en afirmar que “Dr. K” actuaba en ellas.
		Así, Merialdo dijo: “Que también recuerda a otro represor que actuaba en alguno de los centros, pero que no sabe en cuál y que era el apodado Dr. K, que cree que en el Banco era que había una guardia, no recordando si estaba en otro lado...” (ver su declaración de fs. 18.108/12). 
		Mario Villani, por su parte, declaró: “Que todos ellos estuvieron en el Club Atlético y en el Banco” da un listado de nombres entre los que figura Dr. K y luego refirió “Que en agosto de 1978 todo este personal pasa al campo clandestino El Olimpo juntamente con la mayoría de los detenidos...” (declaración obrante a fs. 223/6 del legajo de prueba nro. 157). 
		Horacio Cid de la Paz nombró a Dr. K entre quienes actuaban en las tres sedes en las que operó el centro clandestino de detención (legajo nro. 563).
		Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Eduardo Emilio Kalinec alias “Dr. K” en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y los tormentos de los allí detenidos.
	
		2. Las tareas que realizaba Eduardo Emilio Kalinec. Su intervención en la custodia de los detenidos, en interrogatorios y tormentos.
		Tal como surge de los testimonios colectados, Kalinec, quien se desempeñaba en Policía Federal -véase que esta circunstancia ha sido por él reconocida en su declaración indagatoria y verificada en su legajo personal-, intervenía en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos.
		Son numerosos los testimonios de sobrevivientes del centro de detención bajo análisis que dan detalles del accionar de Kalinec.
		En su ya mencionada declaración, Ana María Careaga, quien al momento de los hechos tenía 16 años de edad, dijo que: “…esta persona participó también en su interrogatorio…” (fs. 19.450/1).
		Delia Barrera y Ferrando relató la actuación de Kalinec luego de la fuerte sesión de tortura a la que fue sometida durante su ilegal cautiverio: “…que después de los golpes y torturas del 8 de agosto la dicente estaba muy dolorida y por eso la llevan a la enfermería donde la revisa el Dr. K y le dijo que no la podía vendar porque temía que se ahorque con las vendas…” (fs. 18.201/3).
		Así Daniel Aldo Merialdo, quien como ya se dijo estuvo ilegalmente detenido en “Atlético”, “Banco”y “Olimpo”, recordó las tareas que cumplía el Dr. K. de la siguiente manera: “…que como los otros, torturaba, pero que no puede precisar a quién [...] Que los detenidos lo nombraban como alguien «muy jodido» o cruel…” (fs. 18.108/12).
		Merialdo dio mayores precisiones en la ampliación de su declaración: “Asimismo refiere con respecto al represor apodado Doctor K que éste era un tipo tenebroso, que era duro, que trataba de castigar, que era un tipo al cual los detenidos le tenían miedo” (fs. 20.873/4).
		Miguel D’Agostino, quien estuvo privado de su libertad desde el 2 de julio al 30 de septiembre de 1977 en “Atlético”, en relación a Kalinec, declaró: “Que en la primera oportunidad en que lo torturan lo vio al Dr. K, al corrérsele la venda y que unas treinta horas después de ser detenido, el Dr. K y Colores simularon que querían canjearlo por quien era su concuñada, la cual estaba en libertad y quien fue detenida en mayo de 1978, su nombre era Mariana Carlota Belli. Que en esa oportunidad también lo vio al Dr. K, ya que lo llevaron a la oficina del primer piso -la misma donde le habían sacado los documentos- y que allí si bien no le sacaron la venda, ésta por su grosor permitía espiar por abajo…” (fs.20.878/82).
		Otra función que cumplía Kalinec es mencionada en el Informe de Amnesty International “Testimony on secret detention camps in Argentina”, donde al referirse a los “traslados” que se realizaban en el tres centro bajo estudio se indica que “siempre había una unidad especial que ese día estaba a cargo de las operaciones correspondientes” entre los que menciona a “Doctor K”.
		Los testimonios citados demuestran que Emilio Eduardo Kalinec bajo el alias de “Dr. K” integraba las guardias que retenía a los detenidos en los centros, que participaba de los traslados y realizaba interrogatorios.
		La participación de Emilio Eduardo Kalinec en la actividad del centro clandestino de detención configura no sólo el delito de privación ilegal de la libertad sino también el delito de tormentos. Ya se ha explicado a lo largo de la presente resolución que la permanencia en el centro implicaba para los cautivos la pérdida de su identidad (reemplazada por un número y una letra), el tabicamiento, el uso de grilletes, el alojamiento en “tubos” o “leoneras”, la prohibición de hablar, la amenaza permanente de ser golpeado, torturado o asesinado en cualquier momento. Por lo tanto, el cautiverio en tales condiciones traía aparejado un trato inhumano, degradante y cruel, que constituye el delito de tormento complementario de la privación de la libertad y conforme a los testimonios señalados, su materialización era asegurada entre otros por Kalinec.
		Se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que Kalinec detentaba en el citado centro de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber tenido con tales hechos.
		Conforme a los testimonios señalados, Emilio Kalinec cumplía funciones de guardia en las tres sedes en las que funcionó el centro clandestino de detención bajo análisis. 
		Por otra parte resulta interesante que el destino legal de Kalinec haya sido la Superintendencia de Seguridad Federal. No parece ser una coincidencia que un gran número de los policías imputados en esta causa formalmente trabajaron allí, tal es el caso de Simón, Del Cerro, Donocik, Rosa, Miara, Falcón. La Superintendencia de Seguridad Federal, conocida en el momento histórico de la investigación como “Coordinación Federal”, no sólo “prestó” parte de sus agentes para que operen en los centros sino que en el mismo edificio funcionó un centro clandestino de detención en los inicios de la dictadura. 
		Dicha circunstancia se acreditó en la sentencia de la causa nro. 13/84 dictada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. La Alzada explicó en el capítulo XII titulado “Centros de Detención Clandestina” que: “…Coordinación Federal o Superintendencia de Seguridad Federal: Ubicada en la calle Moreno 1417 de la Capital Federal, las personas privadas de su libertad eran allí conducidas por personal de la Policía Federal Argentina, bajo dependencia operacional del Comando del Primer Cuerpo del Ejército. Sobre su existencia declararon ante este Tribunal Cecilia Vázquez de Lutski, Aparicio Carlos Etcheverry, Carlos Heraldo Bevilacqua, Camilo Francisco Campos, Juan Carlos Apezteguia y Lucas Orfanó; y por los reconocimientos practicados por los damnificados Depaoli, Lara de Poggi y Lara con intervención de miembros de la CONADEP...”. 
		A esta altura, entiendo que los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la existencia del hecho que es objeto de análisis, como asimismo la responsabilidad del imputado en tales sucesos.

		3. Declaración indagatoria.
		El día 2 de septiembre, del corriente Emilio Eduardo Kalinec prestó declaración indagatoria ante este Tribunal, en la que mencionó que en el año 1976 era oficial ayudante en el Departamento de Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal. 
		Que “…desde marzo hasta agosto de 1976 de 7:45 a 12:45 hs. de lunes a viernes, hizo el curso de inteligencia en la Escuela de Informaciones, en Urquiza y Venezuela. Pero que no lo terminó porque a fines de julio llegó la orden del Superintendente de desafectarlos del curso, porque tenían que dedicarse mayor cantidad horaria a la labor específica…”. 
		Agregó que en las horas de franco ejercía la custodia a ejecutivos de la empresa “Ascensores Otis” y que “…durante 1977 su destino policial fue Despacho General. Durante 1978 el Departamento Asuntos Subversivos. Que en el 78 estuvo afectado desde marzo hasta mediados de año, después del mundial al Ente del Mundial 78. Que en esa época hubo centenares de allanamientos…”.
		En relación a su destino formal, tanto el por él relatado en su indagatoria, como el que surge de su legajo personal, ya se ha mencionado a lo largo de esta resolución que el aparato represivo del estado se montó sobre las estructuras formales. Es decir que no contradice su accionar en el centro clandestino de detención el hecho que en su legajo personal figure otro destino formal.
		Respecto a su labor como guardia de ejecutivos de “Ascensores Otis”, Kalinec dijo que esa tarea era realizada en sus horas de franco, por lo cual tampoco se contradice con la imputación efectuada en la presente resolución.
		El día 29 de septiembre del cte. año Kalinec prestó una ampliación de la su declaración indagatoria en la cual refirió que en las declaraciones de Mario Villani y Jorge Allega que pudo leer no se hace mención a su nombre, ni hacia el apodo y que en la de Delia Barrera se hace referencia a que le diagnosticó un fisura de costillas, aclarando el imputado que no posee conocimientos de medicina.
		Al respecto debe señalarse, que las manifestaciones del encartado se encuentran desmentidas por las constancias arrimadas al legajo. 
		Por un lado, es de destacar si bien en esa declaración Mario Villani no hace referencia a Dr. K, en ocasión de prestar tal testimonial, en dicha misma ocasión aportó un cuadro con un listado de represores que prestaron servicios en los centros clandestinos donde estuvo privado de su libertad, entre ellos “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” en el que sí figura Kalinec. 
		Con relación a Jorge Allega este Tribunal no hizo mención a sus declaraciones para analizar la responsabilidad penal del imputado por no mencionarlo. 
		Por último no quita credibilidad a lo dicho por Delia Barrera y Ferrando el hecho que Kalinec no posea, como él mismo sostuviera, conocimientos de medicina. En el accionar de los centros clandestinos de detención la división de tareas no era siempre realizada según los especiales conocimientos en el área específica, menos aún en lo relacionado a la vida cotidiana del centro. Así, eran los mismos detenidos quienes cocinaban, o hacían de enfermeros. 
		Por otra parte es de destacar que en su declaración no dice que Kalinec era médico, sino que era un guardia que la atendió en la enfermería y que simplemente le dijo que no la podía vendar.
		Otro de los puntos de su declaración indagatoria, lo constituye el hecho que el nombrado afirma que en los listados de represores aportados, obtenidos en internet de los sitios de distintas organizaciones de derechos humanos, se menciona que Kalinec pertenecía al Servicio Penitenciario Federal. 
		Este dato tampoco desvirtúa la identificación efectuada por las víctimas. Son coincidentes los testimonios que hacen mención a que en el centro de detención actuaban distintas fuerzas. Este dato se hacía notar por el distinto trato con el que se trataban entre ellos. No obstante quienes operaban en el centro no se presentaban ni por su nombre ni por la fuerza a la que pertenecían por lo que puede haber habido una confusión en este sentido sin que le quite credibilidad a la identificación.
		Además de lo expuesto, merece ser destacado que este Tribunal no elaboró la imputación efectuada al encartado en base a los testimonios recogidos por medio de internet como sostiene Kalinec. Todo lo contrario, el cuadro probatorio esta constituido por testimonios recogidos en diversas sedes judiciales o ante la CONADEP.
		Por lo tanto, puede asegurarse, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, que los testimonios citados acreditan que Emilio Eduardo Kalinec, con el alias “Dr. K.” actuó en el centro clandestino de detención sucesivamente llamado “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” integrando las guardias que retenían a los detenidos cautivos y participaba activamente de los tormentos.

		7.6. Responsabilidad penal de Roberto Antonio Rosa. 
		Se encuentra acreditado que Roberto A. Rosa, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina, (al respecto cfr. legajo personal del nombrado), intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y tormentos de los casos identificados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161.
		La intervención de Rosa en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación.

		1. Su identificación bajo el apodo “Clavel”. Funciones cumplidas por Roberto Antonio Rosa en los centros clandestinos de detención conocidos como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Roberto Antonio Rosa era apodado “Clavel”:
		Conforme he sostenido a lo largo de la presente resolución el personal de las fuerzas de seguridad que actuaba en los centros clandestinos de detención lo hacían bajo nombres supuestos o alias para así proteger su verdadera identidad. La vinculación entre los apodos y los nombres reales implicó una ardua tarea de reconstrucción. 
		En este caso particular la identificación por parte de los testigos de Roberto A. Rosa con el apodo “Clavel” tuvo origen en la exposición pública que tuvo el aquí imputado en el año 1998, (al respecto ver fotocopia del diario Página/12 aportada por la testigo Susana Caride y reservada en Secretaría).
		Delia Barrera y Ferrando, en ocasión de prestar declaración testimonial ante esta sede dijo: “…Clavel [...] que sabe que estaba en el centro y que se llama Rosa y que supo su nombre a raíz de una tarea de reconstrucción…” (cfr. fs. 18.201/3).
		Susana Leonor Caride quien estuvo detenida en los centros clandestinos conocidos como “Banco” y “Olimpo”, al prestar declaración, ante este Tribunal, refirió haber visto a “Clavel” en ambos centros de detención. Que luego de ser liberada, se enteró de que era el apodo de Rosa y supo por los medios que tenía un cargo en Superintendencia. Lo describió de la siguiente manera: “Era alto de pelo ondulado, bigote y vestía generalmente traje elegante. Era más fino que el resto” (fs. 17.829/31).
		Por su parte, Rufino Jorge Almeida manifestó: “…que no recuerda cómo era [...] que se enteró de que se apellida Rosa y que obtuvo tal dato por haber visto una nota en la televisión, que en dicha oportunidad había una foto del nombrado y pudo reconocerlo” (fs. 18.126/8).
		El testigo Daniel Aldo Merialdo, también pudo reconocer a “Clavel” en los medios de comunicación. Así, ante esta sede explicó: “Que otro represor era Clavel [...] Que en alguna oportunidad salió en el diario una nota que daba cuenta de se llamaba Roberto Antonio Rosa y que recuerda que se había publicado en esa oportunidad una foto de Rosa y que pudo identificar que se trataba de Clavel…” (fs. 18.108/12).
		Nora Beatriz Bernal, quien estuvo ilegalmente detenida en “Banco”, dijo: “…«Clavel», que luego por los diarios me enteré que se llama Rosas y que era comisario de la Policía Federal, todos ellos integrantes del grupo de personas que secuestraban e interrogaban..” (fs. 18.200/vta). En su declaración prestada ante la Conadep, dijo que “Clavel” era “Alto, atlético, morocho” (fs. 12 legajo 98).
		Isabel Cerruti, ilegalmente detenida en “Banco” y “Olimpo”, declaró en esta sede “Que sabe que también estaba entre los represores el apodado Clavel [...] que el nombre real en Roberto Antonio Rosa” (fs. 19.373/5). 
		Isabel Mercedes Fernández Blanco, detenida en los mismos lugares, por su parte dijo “Que Clavel es Roberto Antonio Rosa. Era de la Policía...”.
		Resulta de importancia también, el testimonio brindado por el sobreviviente Mario César Villani en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 y que actualmente se halla incorporada como legajo de prueba a las presentes actuaciones.
		En dicha ocasión aportó un cuadro con los nombres del personal de los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo en cautiverio, refiriendo respecto de Rosas: “…Apellido: Rosas - Nombre: Roberto Antonio - Apodos: Clavel - Campo: A,B,O’ - Observaciones: Principal Pol. Fed.” (fs. 48 causa nro. 9373/2001).
		Patricia Bernal, sin dar el nombre real, describió a “Clavel” de la siguiente manera: “un hombre alto, joven (30 años), delgado, morocho, de tez blanca” (ver fs. 3 legajo 98).
		Como se advierte, las descripciones que los testigos han aportado son en gran parte coincidentes y al confrontar tales datos con aquellos que surgen del legajo de Roberto Antonio Rosa, se verifica que éste nació el 13 de junio de 1950, por cuanto en el año 1977 poseía la edad de 27 años, a la vez que surge de la ficha personal glosada en tal legajo: “cutis blanco, cabello Negro, barba afeitada”. Se advierte en las fotos que obran en el mismo que al momento de los hechos usaba bigote.
		Por otro lado, tengo en cuenta también la declaración indagatoria que se le tomara a Juan Antonio del Cerro a fs. 1143/44vta. del legajo de prueba nro. 119, en la que dijo: “a continuación se le da lectura a una nómina de seudónimos a fin de que manifieste si los reconoce y si conoce el verdadero nombre de las personas que los utilizaban: [...] «Clavel» es el Principal Roberto Rosa”. 
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Rosa bajo el apodo de “Clavel”, se desempeñó en el centro de detención “Atlético”, el cual funcionó desde mediados de año 1976 hasta diciembre de 1977; como en el centro de detención denominado “Banco”, el cual funcionó desde fines de 1977 hasta mediados del año 1978, y que también lo hizo en el centro de detención “Olimpo”, el cual funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta inicios del año 1979; y que intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia de los detenidos y en los interrogatorios y torturas a los que los detenidos fueron sometidos.
		No obsta a esta conclusión el hecho que según su legajo personal en el período bajo análisis cumpliera formalmente tareas en la Superintendencia de Seguridad Federal. Ya se ha explicado en la presente resolución el accionar subterráneo que tuvieron integrantes de las fuerzas de seguridad. De esta manera es propio de la lógica impuesta en el terrorismo de estado el hecho que no coincida el destino formal con el que realmente se efectuaba.

		1.2. Roberto Antonio Rosa prestó funciones en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” del centro clandestino de detención, bajo el apodo “Clavel”:
		Obran en la causa numerosos testimonios que refieren que “Clavel” cumplía distintas funciones en las tres sedes que tuvo el centro clandestino de detención.
		Así, Delia Barrera y Ferrando, quien estuvo ilegalmente detenida en “Atlético” dijo: “Que a Clavel lo escuchó nombrar en el centro, que no tuvo contacto con el nombrado ni lo vio, que sabe que estaba en el centro y que se llama Rosa” (cfr. fs. 18.201/3).
		Asimismo, Ana María Careaga, quien permaneció cautiva en el mismo lugar, dijo recordar haber escuchado nombrar a “Clavel” en el centro clandestino de detención (ver fs. 19.450/1).
		Mariana Patricia Arcondo, respecto de “Clavel” dijo que: “…sí lo escuche en el Banco, para mí era uno más de los represores [...] a Clavel lo escuché varias veces” (fs. 184/5 causa nro. 9373/2001).
		Nora Bernal y su hermana, Patricia Bernal, recordaron que en su ilegal cautiverio en Banco, uno de los represores se apodaba “Clavel” (ver sus declaraciones a fs. 1/4 y 5/14 del legajo 98).
		Rufino Almeida, quien permaneció en calidad de detenido-desaparecido desde el 4 de junio de 1978 al 27 de julio de 19878 en que es liberado, respecto de Clavel dijo “…sobre todo lo recuerda por escuchar tal apodo en el centro «Banco»” (fs. 18.126/8).
		Julio Lareu, quien estuvo detenido en “Banco” desde que fue secuestrado el 29 de mayo de 1978, que el 16 de agosto fue mudado a “Olimpo” donde permaneció ilegalmente detenido hasta el 22 de diciembre de 1978, refirió en su declaración prestada en esta sede “…que recuerda entre los represores […] el del apodo Clavel, que era una persona muy cruel” (fs. 17.359/60).
		Isabel Fernández Blanco, Isabel Cerrutti y Susana Caride, quienes permanecieron ilegalmente cautivas en “Banco” y “Olimpo”, también recordaron a Clavel entre quienes operaban en dichos lugares.
		Mónica Evelina Brull de Guillén, por su parte, recordó la participación de “Clavel” en su secuestro del día 7 de diciembre de 1978 y su accionar en la sede “Olimpo” del centro clandestino de detención en el que permaneció ilegalmente cautiva (ver sus declaraciones obrantes en el legajo 95). 
		Su marido, Juan Agustín Guillén, también mencionó a “Clavel” entre los represores que actuaban en el centro “Olimpo”.
		También Juan Carlos Guarino, quien estuvo en “Banco” y “Olimpo” entre otros centros de detención, mencionó a Clavel entre el personal de dichos lugares (ver fs. 21.670/86).
		Daniel Aldo Merialdo dijo que Rosa, bajo el apodo de “Clavel”, “…actuaba en Banco y Olimpo, según recuerda…” (fs. 18.108/12).
		Finalmente, ya mencioné que Mario Villani hizo referencia a que “Clavel” actuó en las tres sedes del centro clandestino de detención.
		Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Roberto Antonio Rosa alias “Clavel” en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” del centro clandestino de detención y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y tormentos que sufrieron los allí detenidos.

		2. Las tareas que realizaba Roberto Antonio Rosa en el centro clandestino de detención. Su intervención en los secuestros, en las guardias, en los interrogatorios y tormentos.
		Horacio Cid de la Paz, quien estuvo detenido en las tres sedes del centro clandestino bajo análisis en la presente resolución, describió distintas tareas que cumplía Rosa en el centro clandestino. Por un lado relató que formó parte de su secuestro “..que con el tiempo fue conociendo los nombres o apodos de algunas de las personas que participaron en su secuestro [...] Clavel”.
		Luego, refirió “…que por el lugar de detención pasó mucha gente interrogando y torturando…” y mencionó a “Clavel” entre quienes dirigían el interrogatorio. Al referirse a la organización interna del centro clandestino de detención recordó que había un grupo de inteligencia que realizaba interrogatorios con torturas incluidas, otro integrado por las brigadas operativas y finalmente le personal encargado de la vigilancia. Entre los miembros del primer grupo mencionó a “Clavel” (cfr. fs. 1/15 del legajo 563).
		Mónica Evelina Brull de Guillén, no vidente, que cursaba un embarazo de dos meses cuando fue secuestrada e ilegalmente detenida en “Olimpo” también recordó la diversidad de funciones que cumplía Rosa, bajo el apodo de “Clavel”, en el centro clandestino de detención. Relató que cuando fue secuestrada “…uno de los sujetos se identificó como Clavel…”. Que la introdujeron en un auto y luego de viajar veinte minutos “…llegaron a un lugar que le parece que era a la entrada como una playa de estacionamiento y la bajan y Clavel la conduce a una especie de pasillo y la sienta en una silla…”. Luego la llevaron dos veces al “quirófano” donde es torturada con picana eléctrica, allí “…recuerda que a los pies de la cama estaba Clavel [...] que los torturadores se ensañaban cada vez más con ella por dos circunstancias: porque era de familia judía y porque no lloraba, cosa que los exasperaba”. Después de las sesiones de tortura es llevada a un “tubo” donde “permaneció un rato hasta que la puerta se abrió, alguien que no pudo identificar la sacó del tubo y la llevaron hasta un lugar en el que estaba Clavel con el bebé en brazos, que se lo entrega y le dan el reloj Braile que anteriormente le habían quitado...” (fs. 25/30 del legajo 95). Cabe resaltar que la Sra. Brull perdió su embarazo cuando ya estaba en libertad, como consecuencia de las torturas padecidas.
		Patricia Bernal, quien tenía 16 años cuando fue secuestrada e ilegalmente detenida en “Banco”, recordó que estando en un tubo “…escucha que torturan a Nora en la habitación vecina, se descontrola, comienza a gritar y la llevan a verla. Nora estaba en una habitación de características semejantes, con un baño al lado. En este quirófano (así se llamaba a las habitaciones de tortura), estaban presente: un hombre alto, joven (30 años), delgado, morocho, de tez blanca, a quien llamaban Clavel...” (cfr. fs. 3 del legajo 98).
		Nora Bernal, por su parte contó que «Clavel» era uno más, “…todos ellos integrantes del grupo de personas que secuestraban e interrogaban” (cfr. fs. 18200/vta.).
		Susana Caride, al prestar declaración, recordó un episodio particular en relación a Rosa: “…recuerda que estaba en el grupo de Soler. Fue quien le encomendó el cuidado de las chicas de la Sra. Pasalaqua hasta que fueron devueltas a sus abuelos. Supone que estaba en Inteligencia con Soler y Paco [...] que sabe que participó en el secuestro del grupo de discapacitados. Que durante el período que estuvo con las chicas, alrededor de 3 días, tuvo contacto diario con él, ya que le preguntaba por las necesidades de las chicas” (fs. 17.829/31).
		Mario Villani, por su parte, expuso que “…«Clavel» era Rosas -eso está en la lista- aparte de interrogador actuaba mucho en la patota, que era quienes producían los secuestros…” (fs. 59 vta causa nro. 9373/2001).
		Rufino Almeida, recordó “los integrantes de la patota que participaban de los secuestros eran [...] Clavel [...], y varios otros que posiblemente no recuerde los nombres, pero que si tal vez los viera los reconocería. Ellos eran el grupo operativo” (cfr. fs. 144/5 de la causa nro. 9373/2001).
		Isabel Cerrutti agregó más datos respecto de Clavel “que aparecía poco donde estaban los presos. Que estaría en el mismo nivel que Centeno y que Cortés. Que si bien no lo vio sabe que estaba ahí, que lo escuchaba y que lo llamaban” (fs. 19.373/5).
		Daniel Aldo Merialdo, respecto a las tareas que cumplía en el centro de detención, dijo “Que lo asocia con el Grupo Operativo del Polaco Grande, que torturaba y detenía” (fs. 18.108/12).
		Tal como surge de los testimonios colectados, Rosa, quien se desempeñaba en Policía Federal -circunstancia que ha sido verificada en su legajo personal-, intervenía en el secuestro de personas (en el caso de Mónica Brull, por ejemplo), en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios (el caso de Nora Bernal es un ejemplo) y en los tormentos, con los alcances señalados, aplicados a los detenidos.
		Los testimonios citados demuestran que Roberto Antonio Rosa, bajo el alias “Clavel” integraba las “patotas” o grupos operativos que detenían personas, que trasladaba a los detenidos a los centros de detención; que ya en tales centros, participaba activamente de la aplicación de tormentos, llegando incluso a aplicar picana eléctrica.
		En definitiva, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que Rosa detentaba en los citados centros de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber tenido con tales hechos.
		A esta altura, entiendo que los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la existencia del hecho que es objeto de análisis, como asimismo la responsabilidad del imputado en tales sucesos.

		3. Su declaración indagatoria
		El día 28 de septiembre del corriente Roberto Antonio Rosa prestó declaración indagatoria ante este Tribunal, ocasión en la cual hizo uso de su derecho a negarse a declarar.

		7.7. Responsabilidad penal de Juan Carlos Falcón.
		En el presente acápite nos ocuparemos de analizar la responsabilidad penal de Juan Carlos Falcón (a) “Kung Fu” respecto de los hechos por los cuales se le recibiera declaración indagatoria.
		Al momento de formular la intimación, al nombrado se le imputó el haberse desempeñado en el centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente con los nombres de “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo” cumpliendo tareas de guardia, secuestrador, torturador e interrogador.

		1. Su identificación bajo el apodo de “Kung Fu”. Su presencia en el centro clandestino de detención conocido sucesivamente como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Juan Carlos Falcón era apodado “Kung Fu”.
		La modalidad clandestina que revistió el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión y que fue descripta en forma extensa previamente, impuso que quienes actuaban en la misma lo hicieran utilizando nombres de cobertura o apodos con la intención de ocultar su verdadera identidad.
		De allí, que el primer elemento o circunstancia que debe ser acreditada es la correspondencia entre el nombre supuesto o apodo con el que actuaban y la identidad real de la persona que se ocultaba tras el mismo.
		De esta forma, la identificación de Juan Carlos Falcón que por entonces era Principal de la Policía Federal Argentina -conforme surge de su legajo personal- bajo el apodo de “Kung Fu” puede ser reconstruida básicamente a través de los testimonios de aquellas personas que permanecieron privadas ilegalmente de la libertad en los centros clandestinos en los que el nombrado cumplió funciones.
		A dichos efectos, resultan de particular relevancia los testimonios brindados por las siguientes personas: Ana María Careaga, Delia Barrera y Ferrando, Rufino Jorge Almeyda y Daniel Aldo Merialdo; quienes permanecieron privados ilegalmente de su libertad en los diferentes lugares en que el nombrado cumplió funciones.
		Así, Ana María Careaga, en su declaración de fs. 17.283/4, testimonió: “Asimismo en el centro [en referencia a “Club Atlético”] se desempeñaba un represor que usaba el apodo de Kung Fu [...] el nombrado era Juan Carlos Falcón por las fotos que vio luego de liberada y por la reconstrucción que se hizo de los hechos.”
		Por su parte, Delia María Barrera y Ferrando, a fs. 18.201/3, efectuó una descripción física del represor a quien conocía por el apodo de “Kung Fu” refiriendo que eran alto, grande, de cara redonda, morocho y con los ojos achinados, de unos treinta y tipo de años y que practicaba golpes de karate. Asimismo, en su declaración de fs. 31/5 del Legajo 233, la nombrada manifestó: “Que como guardias, represores y responsables del Club Atlético, la dicente recuerda a Kung Fu quien podría ser Juan Carlos Falcón, cree que podría ser de la Policía Federal, éste era alto, grandote, cara redonda, pelo oscuro, muy bruto, era muy sádico, golpeaba a los detenidos si lloraban, [...] Quiere aclarar que Kung Fu vestía comúnmente uniforme color azul oscuro, con botas o borceguíes negro. Que además cree que éste era el responsable del caso de la dicente y su compañero Scutari.”
		Rufino Jorge Almeyda, a fs. 18.126/8, describió a “Kung Fu” como una persona robusta, de estatura media -aproximadamente 1,70 m-, con pelo morocho y lacio -presumiblemente- quien tenía los ojos apenas achinados. Asimismo, refirió que el nombrado se llamaba Juan Carlos Falcón, habiendo conocido su verdadero nombre a raíz de la reconstrucción de los hechos que han efectuado las víctimas y los Organismos de Derechos Humanos.
		A su vez, Daniel Aldo Merialdo en su declaración testimonial prestada ante el Tribunal (fs. 18.108/12) manifestó: “...había otro con apodo Kung Fu, que era achinado, más bien morocho, flaco, de estatura mediana...”.
		Además de la individualización efectuada por los nombrados; otro elemento convictivo surge del contraste entre las descripciones dadas por las víctimas del represor a quien conocía como “Kung Fu”, y las señas personales de Juan Carlos Falcón que obran en su legajo personal de la Policía Federal, las que presentan diversos elementos convergentes.
		Así, en su legajo personal consta que se trata de una persona de 1,80 metros de altura, de cutis blanco, cabello crespo, con frente despejada y párpados descendentes, y que nació en 1945 por lo cual en 1977 tenía 32 años de edad; caracterización que se asemeja bastante a la dada por los damnificados que tuvieron oportunidad de verlo.
		Además, Ana María Arrastía Mendoza individualizó a uno de los guardias del centro mencionado como “Kung Fu”, señalando que era muy hábil en artes marciales, que estaba siempre vestido de negro, que era muy joven y que decía que si no se hubiese “metido en esto”, se hubiera “metido” en cualquier organización subversiva (Legajo 157). 
		El propio Juan Carlos Falcón reconoció en oportunidad de prestar declaración a tenor de lo normado por el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación que en lo años 70 iba a practicar karate al círculo policial y que puede ser dicha circunstancia la que haya dado origen al apodo de “Kung Fu”.
		Otro probanza que deber ser considerada en este sentido está constituida por las manifestaciones de Juan Antonio del Cerro -procesado en las presentes actuaciones por hechos ocurridos en dichos centros clandestinos-; el nombrado en su declaración indagatoria obrante a fs. 1143/44vta. del Legajo 119 señaló que “Kung Fu” era un suboficial de la Policía Federal Argentina. 
		Aunque Del Cerro no aporta demasiadas precisiones en relación a dicha personas, su caracterización como agente policial es un elemento más a merituar en orden a la individualización del represor que actuaba bajo el apodo de “Kung Fu” como Juan Carlos Falcón.
		Son múltiples los testimonios que ubican al represor apodado “Kung Fu” en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, como uno de los represores que prestaban funciones en los mismos.
		De esta forma, Delia María Barrera y Ferrando quien estuvo detenida clandestinamente en el centro conocido como “Club Atlético” señaló a fs. 18.201/3 -en relación a “Kung Fu”- que: “éste fue el encargado de su detención y de la de su marido, que éste la golpeó y la torturó, que incluso las separó de celdas a su marido Hugo Alberto Scutari Bellici, que primero con Hugo están en la leonera, que luego los llevan a una celda y que el 13 de septiembre de 1977 Kung Fu le pidió a su marido que salga y lo pasó a otra celda, que era la nro. 8. Que a partir de ahí, ya no tuvo más contacto con Hugo, quien está desaparecido.”
		Isabel Mercedes Fernández Blanco quien estuvo privada ilegalmente de su libertad en los centros clandestinos “El Banco” y “Olimpo” indicó (a fs. 17.841/3) que entre los represores que actuaban en “El Banco” se encontraba “Kung Fu” quien formaba parte de las “patotas”.
		Por su parte, Hebe Margarita Cáceres refirió (a fs. 31 y ss. de la causa 9373/01) que “Kung Fu” era uno de los represores que actuaban en el centro clandestino “El Banco” indicándolo como una de las personas que asistían a quienes “daban máquina”.
		En igual sentido, Elsa Ramona Lombardo manifestó a fs. 19.448/9 que “Kung Fu” era uno de los represores que escuchó nombrar en “El Banco” y “Olimpo” donde permaneció cautiva.
		Dichos elementos probatorios permiten tener por acreditado, con el grado de certeza requerido por esta etapa procesal, que Juan Carlos Falcón se desempeñó bajo el apodo de “Kung Fu” en los centros clandestinos de detención “Club Atlético” -que funcionó desde mediados del año 1976 hasta diciembre de 1977-, “El Banco” -que funcionó desde fines de 1977 hasta mediados de 1978-, y “Olimpo” -el que funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta inicios de 1979-; y que intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia de los detenidos y en los interrogatorios y tormentos a que las personas allí privadas de su libertad fueron sometidos.
		Sin perjuicio de lo anteriormente reseñado y a los efectos de una más clara exposición, se habrá de analizar por separado la presencia de Juan Carlos Falcón en cada una de las sedes del centro clandestino y la actuación concreta que le cupo en los mismos.

		1.2 Juan Carlos Falcón prestó funciones en el centro clandestino de detención “Club Atlético” o “Atlético”.
		Múltiples resultan los testimonios que referencian la presencia de Juan Carlos Falcón bajo el apodo de “Kung Fu” en el centro clandestino mencionado que funcionó durante el año 1976 hasta diciembre de 1977 en un predio ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo de ésta Ciudad.
		En este sentido y además del testimonio de Delia Barrera y Ferrando anteriormente indicado, puede señalarse el testimonio prestado por Daniel Eduardo Fernández, a fs. 478/9 del legajo 120, donde manifestó que entre los represores que actuaban en el centro clandestino “Club Atlético” se encontraba “Kung Fu”. 
		En iguales términos se pronunciaron: Aldo Ferraro (fs. 1/3 y 6 del Legajo 228), Antonio Atilio Migliari (fs. 33/6 y 49/51 del legajo 228), Marcos Jorge Lezcano (fs. 57/59vta. del Legajo 228), Pedro Miguel Antonio Vanrell (fs. 539/46; 649/654 y 871/6 del Legajo 120 y a fs. 160/67 del Legajo 84), Horacio Cid de la Paz (fs. 1/15 Legajo 563), Luis Federico Allega (fs. 492/4 Legajo 120), Oscar Alfredo González (Legajo 155), Adolfo Ferraro (fs. 6/vta. del Legajo 228), Donato Martino (fs. 14 del Legajo 228) y Rubén Orlando Córdoba (fs. 428/30 del Legajo 67); todos detenidos de forma ilegal en dicho centro clandestino.
		Por su parte, Miguel D´Agostino quien estuvo en cautiverio en dicho lugar entre el 2 julio de 1977 y 30 de septiembre del mismo año, señaló (en el Legajo 224) en una oportunidad y en virtud de haberse levantado el tabique, el represor “Kung Fu” comenzó a golpearlo y le aplicó picana eléctrica.

		1.3. Juan Carlos Falcón prestó funciones en el centro clandestino de detención denominado “El Banco”.
		Isabel Mercedes Fernández Blanco testimonió a fs. 17.841/3 que Juan Carlos Falcón alias “Kung Fu” era uno de los represores que vio en el centro clandestino de detención conocido como “El Banco” señalando que eran uno de los integrantes de las patotas operativas y que era miembro de la Policía Federal.
		En igual sentido, refirieron haber visto en dicho lugar de detención al represor conocido como “Kung Fu” las siguientes personas: Rufino Jorge Almeyda (fs. 18.126/8), Claudia Estévez (fs. 17.331/2), Claudia Leonor Pereyra (fs. 15/20 Legajo 323), Daniel Aldo Merialdo (fs. 18.108/12), Elsa Ramona Lombardo (fs. 19.448/9), Hebe Margarita Cáceres (fs. 31 y ss. de la causa 9.373/01), José Alberto Saavedra (fs. 1.003 Legajo 119), Julio Eduardo Lareu (fs. 198/200 Legajo 542), Susana Leonor Caride (fs. 17.328/30), Isabel Teresa Cerruti (fs. 19.373/5), Elsa Ramona Lombardo (fs. 19.448/9), Julio Fernando Rearte (fs. 19.383/5) y Jorge César Casalli Urrutia (fs. 20/2 del Legajo 28).
		Rufino Almeyda lo individualizó como un integrante de la Policía Federal o del Servicio Penitenciario que estaba mucho tiempo en el campo y que se desempeñaba en alguna de las guardias.
		Asimismo, Ana María Arrastía Mendoza individualizó a uno de los guardias del centro mencionado como “Kung Fu”, señalando que era muy hábil en artes marciales, que estaba siempre vestido de negro, que era muy joven y que decía que si no se hubiese “metido en esto”, se hubiera “metido” en cualquier organización subversiva (Legajo 157).

		1.4. Juan Carlos Falcón prestó funciones en el centro clandestino de detención denominado “Olimpo”.
		Diversos sobrevivientes del centro clandestino de detención conocido como “Olimpo” identificaron a “Kung Fu” como una de las personas que cumplían funciones en el mismo.
		Así, Julio Eduardo Lareu (fs. 17.359/60), Isabel Teresa Cerruti (fs. 19.373/5), Elsa Ramona Lombardo (fs. 19.448/9), Daniel Aldo Merialdo (fs. 18.108/12), Elsa Ramona Lombardo (Legajo 20), Horacio Guillermo Cid de la Paz (fs. 1/15 del legajo 563), y Oscar Alfredo González (Legajo 155) quienes se manifiestan coincidentemente al señalar que “Kung Fu” cumplió funciones en el mencionado centro clandestino. 
		Cabe aclarar que las personas anteriormente mencionadas permanecieron privadas ilegalmente de su libertad en el centro clandestino de referencia; circunstancia que realza la importancia de su testimonio a los fines de acreditar la presencia de Juan Carlos Falcón en dicho lugar de detención.
		Los testimonios y elementos convictivos reseñados precedentemente resultan concluyentes a los efectos de tener por acreditada, con el grado de certeza reclamado por esta etapa procesal, la presencia de Juan Carlos Falcon en los centros clandestinos de detención denominados ”Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, lugares en los que era conocido bajo el apodo de “Kung Fu”.

		2. Las tareas que realizaba Juan Carlos Falcon en el centro clandestino de detención denominado sucesivamente “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Su intervención en los secuestros, interrogatorios y torturas.
		Corresponde en este punto avocarnos a la determinación de las funciones específicas que le correspondieron al nombrado en dichos centros de cautiverio. En relación a este tópico podemos señalara que existen testimonios que lo indican interviniendo en los operativos de secuestro que se llevaban a cabo en los domicilios particulares de las víctimas y como integrante de las “patotas operativas” encargadas de los secuestros y de interrogar a los detenidos bajo tormentos. Por otro lado, algunas de las víctimas lo indican como guardia.
		A los efectos de brindarle un mejor orden explicativo a la presente exposición, se intentará agrupar los testimonios de los damnificados teniendo en consideración la función concreta que cada una de ellos pudo comprobar que desarrollaba quien conocían bajo el apodo de “Kung Fu”, sin perjuicio de que varios de los testigos lo señalan en más de una función.
		Comenzaremos con aquellas manifestaciones que hacen referencia a la intervención del nombrado en los operativos de secuestro y como integrante de las “patotas operativas” que se encargaban de los mismos y de los interrogatorios bajo tormentos a que eran sometidas aquellas personas privadas de su libertad en los centros de cautiverio.
		A dichos efectos resultan particularmente reveladoras las manifestaciones de Delia María Barrera y Ferrando quien a fs. 63/66 de la causa nro. 9373/2001 manifestó, en relación a las circunstancias del operativo que culminó con su detención, que uno de los integrantes del grupo que realizó el mismo se encontraba vestido con ropa de fajina, pudiendo determinar al tiempo que se trataba de “Kung Fu”.
		Refiriéndose a los padecimientos sufridos en el lugar en que estuvo detenida, manifestó: “Ese día, el lunes 8, después de que nos baño de las mujeres viene un guardia a la leonera, me dice H-26 afuera, me ponen en el centro del salón que estaba enfrente de la leonera. Yo sentía voces alrededor. Escuché la voz de un guardia que dijo «empiecen». Después supe que era Kung Fu. Ahí me empezaron a pegar patadas, puñetazos, piñas. Yo me caía y ellos me pateaban. Kung Fu dijo que no sabían pegarme que les iba a mostrar como tenían que hacerme. Ahí me empezó a pegar Kung Fu. Pegaba muy fuerte, ya el nombre lo dice.” 
		Siguiendo con su relato, manifestó que “Kung Fu” fue la persona que estuvo a cargo de ella y de su marido durante todo el tiempo que duró su cautiverio, indicándolo más adelante como uno de los jefes de guardia.
		También, relató que “Kung Fu” les pegaba a las mujeres cuando lloraban.
		En su exposición en dichas actuaciones, Delia Barrera y Ferrando también brindó algunas precisiones en relación al funcionamiento interno del centro clandestino en el que estuvo detenida -”Club Atlético”-; así, refirió: “Ellos tenían guardia que iban rotando. Él era el jefe de guardia [en referencia al “Turco Julián”] Otros jefes eran Kung Fu, Colores, y Covani. Cada jefe de guardia estaba a cargo de todo el campo en sus turnos, y bajo sus órdenes estaba la patota, que eran los que salían a hacer procedimientos. Nosotros estábamos a cargo de Kung Fu, entonces él era el único que nos podía interrogar, no los otros jefes de guardia, aunque sí te podían pegar.” (fs. 63/6 de la causa nro. 9.373/01).
		En la declaración obrante a fs. 31/35 del Legajo 233, la nombrada refirió: “Que en el centro Club Atlético ya se encontraba su compañero Hugo Alberto Scutari, quien fue detenido en la vía pública. Que la dicente fue torturada en dos oportunidades. La primera de ellas el día 5 de agosto, tras su llegada al centro de detención. Que en esa oportunidad la golpeó con golpes de puño y patadas. Que al frente de los represores que la golpeaban se encontraba el apodado Kung Fu, quien había participado de su detención. Que también se la golpeó con cachiporras y fue amenazada por sus agresores, quienes le referían que la pondrían en una celda con un mogólico que no tenía relaciones hacía bastante tiempo [...] Que la segunda vez fue torturada el día 8 de agosto de 1977, día lunes recuerda [...] Que en un primer momento fue golpeada fuera de la leonera por un grupo de detenidos destabicados comandados por el represor Kung Fu. Que luego es llevada al quirófano y en ese lugar se la hace desvestir. Que se le dice que tome una cosa del suelo, resultando ser un cable de electricidad. Que al notar eso la dicente lo suelta. Que entonces es colocada sobre la camilla, atada de pies y manos, y se le aplica picana. Que quien le aplica la picana era el detenido destabicado «Pascua». Posteriormente se enteró que éste detenido era Daniel Dinella. Que el represor Kung Fu le ordenó a Pascua que le aplicara picana por media hora. Que entonces el guardia se retiró del quirófano y Pascua comenzó a atormentarla con el instrumento mencionado, el cual pasaba por las zonas genitales...”.
		Refiriéndose a Juan Carlos Falcón, Rufino Jorge Almeida (a fs. 18.126/8) manifestó que estaba en algunas de las guardias y que sin duda participaba de las torturas. En su declaración en la causa nro. 9373/01 el nombrado señaló que “Kung Fu” era uno de los integrantes de las “patotas” que eran los encargados de los secuestros. Asimismo, en la declaración prestada ante la Cámara Federal de La Plata, el nombrado refirió que “Kung Fu” fue una de las personas que intervino en el operativo de su secuestro (fs. 91/105 y 144/5 de la causa nro. 9.373/01).
		Isabel Mercedes Fernández Blanco testimonió a fs. 17.841/3 que Juan Carlos Falcón era uno de los integrantes de las “patotas operativas” que operaban en el centro clandestino conocido como “Banco”. 
		A su vez, Daniel Aldo Merialdo indicó a fs. 18.108/12 que “Kung Fu” hacía tareas operativas y de guardia.
		En igual sentido y en relación a los padecimientos sufridos en el centro clandestino “El Banco”, Hebe Margarita Cáceres relató que “...del patio me hicieron atravesar unos pasillos y me llevaron a una habitación donde empezó el interrogatorio primero. Ahí estaban Soler, Colores, Cobani, Kung Fu y el Turco Julián. Esto me fui dando cuenta con el tiempo de estar ahí y de escuchar como se llamaban entre ellos.” Posteriormente y refiriéndose a las funciones que cumplía “Kung Fu” en dicho lugar de detención manifestó: “También estaban asistiendo a los que daban máquina Cobani, Kung Fu que es Juan Carlos Falcón, al lado también estaba Caballo Loco que era el que hacía de médico y decía cuándo seguir y cuándo parar, también estaba a cargo de la enfermería. Esta gente intervino en varias sesiones, las que comenzaban cuando me ponía un alambre en el dedo gordo del pie derecho y terminaban cuando me lo quitaban. Después de cada sesión iba a parar a la enfermería en donde estaba el cabezón, que resultó ser Oscar Dionisio Ríos que está desaparecido, le habían dado un tiro en la espalda.” (fs. 31 y ss. de la causa nro. 9.373/01).
		Por su parte, Julio Eduardo Lareu a fs. 198/200 del Legajo 122, en referencia a las personas que cumplían funciones en el centro clandestino “Banco”, manifestó: “Que había guardias e interrogadores que respondían a distintos apodos, tales como: [...] «Kung Fu», etc.”.
		Una circunstancia particular es la relatada por Julio Fernando Rearte a fs. 19.383/5 ocasión en la cual manifestó que, estando detenido en el centro clandestino “El Banco”, fue sacado del centro en dos oportunidades y conducido a la casa de compañeros. En la primera ocasión lo llevaron a la casa de Néstor Calviño a quien no encontraron; en la segunda oportunidad lo condujeron al barrio Catalinas con el objeto de que identificara la casa de Fernando López, aunque no pudo individualizar el lugar exacto. En ambas ocasiones, el represor conocido como “Kung Fu” participó de los traslados.
		Por último, haremos referencia a los testimonios que lo encuadran como integrante de las guardias y que hacen mención de los tormentos a que sometía a los cautivos en tal función.
		Una idea bastante precisa de la actividad desarrollada por Juan Carlos Falcón en tal calidad puede extraerse del testimonio de Miguel Ángel D´Agostino quien al prestar declaración en las audiencias orales de la causa 13/84 manifestó: “...yo tengo problemas de respiración, soy algo así como asmático, y tuve una crisis y estaba encerrado en mi celda me levanté el tabique, uno de los guardias que se lo llamaba Kung Fu, si él, me vé, yo ni me doy cuenta que me vé, me saca y me empieza a golpear, inclusive me aplica picana por haber hechos esto...” (fs. 15/33 Legajo 224). 
		En oportunidad de testimoniar ante esta sede (fs. 20.878/82), el nombrado brindó mayores precisiones en relación a las actividades del represor conocido como “Kung Fu” al decir: “Que con respecto a Kung Fu, que lo padeció, que precisamente en dos oportunidades, cuando se encontraba en la celda 21, sufría de problemas de asma y se sentía ahogado, que por eso golpeó la puerta de la celda para que lo atendieran y que él se había destabicado allí adentro, que el nombrado abrió la mirilla, lo vio destabicado y entonces lo sacó de la celda y lo llevó a la sala de torturas y lo torturó. Que le impuso que nunca más se sacara el tabique aún estando en su celda; en otra oportunidad un grupo de detenidos habían estado hablando de celda en celda, él se enteró y los sacó a los cuatro o cinco que habían estado hablando, los llevó a un espacio muy cercano a los tubos, empezó haciendo las veces de un ejercicio físico hasta agotarlos, y simuló un fusilamiento. Que el tercer recuerdo que tiene de él, es cuando también estando en la celda 21, enfrentado a la celda suya, estaba la celda 22 y en la 24, dos jóvenes chicas, que a una de ellas en una oportunidad después de una sesión de tortura la traen a la celda, que la chica lloraba, y que como lloraba Kung Fu la sacó de la celda, la golpeó, y la violó para que no llorara más, que esta chica era Amanda y su nombre real es Liliana Mansilla López, que está desaparecida. Que Kung Fu usaba bigotes, los golpeaba constantemente cuando los llevaba al baño [...] Que lo que recuerda es que Kung Fu golpeaba constantemente [...] Que agrega que tratando de establecer una jerarquía en el centro, en un nivel más bajo se hallaban El Gallego, Gonzalito y Juan o Juancito, que más arriba estaban Kung Fu, Julián, Pajarito y Poca Vida.” 
		Por su parte, Ana María Careaga en oportunidad de prestar testimonio ante esta sede, dijo: “Asimismo en el centro [en referencia a “Club Atlético” donde estuvo detenida] se desempeñaba un represor que usaba el apodo de Kung Fu, y que se trata de Juan Carlos Falcón, que éste era un guardia que una vez escuchó a una chica que estaba llorando y que él la fue a buscar a la celda, la sacó, se la llevó a la sala de torturas o quirófanos, la torturó y luego la volvió a llevar a la celda y le preguntó «¿no vas a llorar más?» Y la chica dijo «no» ante lo cual él preguntó: no qué, y la nombrada dijo: «no señor» [...] Que no sabe si participó en las torturas o golpes que recibió la deponente, que el nombrado era guardia y era uno de los que dirigía la guardia, que manoseaba a las detenidas, y que las sacaba para ir al baño” (fs. 17.283/4).
		Susana Leonor Caride señaló a fs. 93 del legajo de prueba 14 que el represor conocido como “Kung Fu” cumplía funciones de “candado” especificando las mismas de la siguiente forma: “Aclara que «candado» se le decía en el Banco a las personas que hacían guardias y tenían las llaves de las puertas.”
		Estos testimonios permiten concluir que fueron múltiples los roles que desempeñó Juan Carlos Falcón en los centros clandestinos en que actuó; sus funciones iban desde la intervención en los operativos de secuestro que se realizaban en los domicilios de las víctimas, el traslado de las mismas a los centros clandestinos, y ya en dichos lugares era uno de los encargados de los interrogatorios bajo la aplicación de tormentos a que eran sometidas las personas allí cautivas.
		Así, varias víctimas que lo indican como uno de los integrantes de las “patotas operativas” -tal el caso de Isabel Mercedes Fernández Blanco y Daniel Aldo Merialdo- manifestaciones que se ven corroboradas por quines refieren que el nombrado participó de los operativos que culminaron con su secuestro.
		También se han reseñado testimonios que lo individualizan como una de aquellas personas que tomaba intervención en las sesiones de interrogatorio bajo aplicación de torturas a que eran sometidos los detenidos.
		De esta forma, se encuentra acreditado -con el grado de certeza que impone la etapa procesal en curso- que Juan Carlos Falcon, bajo el apodo de “Kung Fu”, integraba las denominadas “patotas” o grupos operativos que consumaban las detenciones ilegales de personas para luego conducirlas a los centros clandestinos; y, una vez allí, tomaba parte activamente en los interrogatorios bajo la aplicación de torturas a que eran sometidos los detenidos.
		Asimismo, se encuentra igualmente constatado en el legajo que el nombrado cumplía funciones de guardia de los cautivos, conducta que aseguraba su sujeción al trato inhumano y degradante de que eran objeto en dichos lugares. Más aún, su accionar contribuyó directamente a la conformación de dichos padecimientos; en este sentido, diversos testimonios lo indican como uno de los guardias que peor trato le propinaba a los detenidos.
		Sin perjuicio de que posteriormente se formulará una conceptualización más precisa del entendimiento que se dará en el presente al término tormentos, corresponde en este punto adelantar que el mismo está constituido por el trato inhumano y degradante a que eran sometidas en forma sistemática las personas que se hallaban privadas ilegalmente de su libertad.
		Como fuera reseñado al momento de recibirle declaración indagatoria tal situación comenzaba al ingreso de las personas al centro con el despojo de sus pertenencias y ropas hasta dejarlos desnudos, continuaba con el despojo de su identidad que era reemplazada por un número y una letra. Durante la permanencia en el centro, el cautivo era sometido a la práctica conocida como “tabicamiento”, consistente en colocarle una capucha sobre la cabeza que le impedía ver; a lo cual hay que sumarle el uso permanente de grillos en los pies que limitaba su movilidad, el alojamiento en espacios de escasas dimensiones, inaceptables para un ser humano, sin condiciones de higiene y salubridad. También pesaba sobre los detenidos una prohibición absoluta de hablar, debiendo permanecer en silencio las 24 horas del día, sin poder comunicarse con otras personas. A todo ello se sumaba la amenaza permanente de ser golpeado, torturado o asesinado en cualquier momento. Dicho conjunto de características degradantes constituyen el delito de imposición de tormentos, complementario de la detención ilegal.
		De esta forma, la actividad desplegada por Juan Carlos Falcón resultó un resorte indispensable para la configuración de tales condiciones, tanto por el trato que propinaba a los detenidos y que fuera descripto precedentemente, como asegurando el mantenimiento de los mismos en tales condiciones. 
		En virtud de ello, se postulará su responsabilidad por los hechos descriptos bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161.

		3. Declaración Indagatoria.
		Juan Carlos Falcón prestó declaración indagatoria a fs. 20.566/84, al momento de formular su descargo por los hechos que le fueran imputados manifestó que a fines de 1975 pasó a cumplir servicios como custodia del por entonces Jefe de la Policía Federal, Gral. Harguindeguy, y que a partir del 24 de marzo de 1976, cuando el nombrado cubrió el cargo de Ministro del Interior, pasó a cumplir funciones en dicho ministerio con destino en la Comisaría Casa de Gobierno, donde se desempeñó como personal subalterno y realizaba tareas de protección física del Ministro; y que su jefe era el Subcomisario Guillermo Icelly.
		Continuó señalando que dicha función la cumplía en forma regular y que ocasionalmente era acompañado por otros agentes, entre quienes señaló a una persona de apellido Cidre.
		Negó haber realizado funciones operativas en la lucha contra la subversión y prestado servicios en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo” y refirió haber tomado conocimiento de la existencia de dichos lugares con motivo de la publicación del “Nunca Más”, ocasión en la cual también conoció la existencia de los grupos de tareas.
		Los dichos del nombrado parecerían ser corroborados por las inscripciones obrantes en su legajo personal correspondiente a las altas, pases, ascensos, retiros y bajas. Allí, se menciona que desde el 31 de diciembre de 1975 fue destinado con el cargo de Principal a la Superintendencia de Seguridad Federal, pasando en marzo de 1976 a Jefatura y posteriormente -el 3 de enero de 1977- a la Comisaría de Casa de Gobierno en comisión al Ministerio del Interior.
		Ahora bien, dichas aserciones tienen una explicación sumamente lógica que se desprende de la propia modalidad ilegal que adoptó la represión instaurada por el gobierno militar. Así, la descripción del carácter ilegal que adoptó la misma ha sido objeto de extenso tratamiento, no sólo por parte de este Tribunal, sino en diversos ámbitos judiciales y extrajudiciales.
		De esta forma, detrás del orden legal instaurado a los fines de la lucha contra la subversión se estableció un sistema de represión ilegal alejado de las normas jurídicas. Esta dualidad de órdenes es la razón por la cual las funciones vinculadas con la represión ilegal que prestó Juan Carlos Falcón durante aquellos años no fueron registradas en su legajo personal. 
		Así, resulta inverosímil suponer que tras la implementación de un plan clandestino de represión se registraran en la foja de servicio de quienes actuaron en la misma los destinos vinculados a ella, desvirtuando de esta forma su carácter clandestino. 
		Asimismo, se le recibió declaración testimonial al Comisario (R) de la Policía Federal Guillermo Oscar Icelly a quien el nombrado indicara como uno de sus jefes cuando estuvo destinado a la Comisaría de Casa de Gobierno en Comisión al Ministerio del Interior. 
		El nombrado Icelly confirmó que Juan Carlos Falcón prestó servicio bajo sus órdenes en uno de los grupos de custodia del Ministro del Interior cuando en 1977 fue destinado a la Comisaría Casa de Gobierno. Icelly permaneció en dicho cargo hasta el principio de enero de 1978 y durante todo este período lo tuvo a Falcón bajo sus órdenes; aunque manifestó que cree que Falcón continuó en dicho destino hasta 1979, aunque no está seguro. Asimismo, Icelly manifestó que el nombrado hacía turnos de guardia de 24 por 48 horas; y que los día que le correspondía hacer guardia ingresaba a las 6:00 cuando debía pasar a buscar al Ministro por su domicilio y luego permanecía en una sala del Ministerio por si era necesario hacer alguna salida, durante ese tiempo no podía salir del edificio.
		También refirió Icelly que no conocía que Juan Carlos Falcón tuviera otro destino dentro de la Policía Federal; preguntado por si Falcón prestó funcione en la lucha contra la subversión dijo que durante el año 1974 se desempeñó en la C.A.S.I.E. que era una Comisión que estudiaba los antecedentes de las personas integrantes del Partido Comunista y de otros partidos políticos.
		Las manifestaciones de Guillermo Oscar Icelly en forma alguna desvirtúan el cuadro cargoso obrante en contra de Juan Carlos Falcón y la multiplicidad de testimonios que refieren haberlo visto en las diversas sedes del centro clandestino de detención cuyos hechos son objeto del presente resolutorio.
		El Comisario (R) Oscar Cidre Rodríguez en oportunidad de testimoniar ante este Tribunal se manifestó en idénticos términos que Icelly en cuanto a al actividad “formal” de Juan Carlos Falcón.
		En este sentido, cabe destacar que ni Icelly ni Cidre pudieron dar cuenta de las actividades que desarrollaba Falcón durante las 48 hs. correspondientes a su franco. Asimismo, otro dato de no menor importancia surge de los testimonios del nombrado ya que el mismo confirmó que Falcón practicaba un arte marcial -cree que judo- siendo esta una de las características mencionadas por las víctimas como correspondientes al represor que conocían bajo el apodo de “Kung Fu”.
		Finalmente, Juan Carlos Falcón presentó en descargo de los hechos que se le atribuyeron el escrito obrante a fs. 22.043/59; en tal presentación realizó primeramente un análisis histórico la normativa dictada por a los efectos de la lucha contra la subversión, reproduciendo las manifestaciones realizadas en estas actuaciones por Oscar Cobuta.
		Luego del análisis de dicha normativa, arriba a la conclusión de que la guerra contra la subversión se adecuó a la misma; sosteniendo que no puede hablarse de la existencia de privaciones ilegales de la libertad ni de la existencia de centros clandestinos de detención, ya que tanto la detención de personas como su traslado a lugares de reunión de detenidos estaban expresamente previstos.
		Continúa su exposición postulando que merced a la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, todos los cuadros de oficiales de la Policía Federal fueron instruidos en relación a su subordinación -a partir de ese momento- al Ejército Argentino en todo lo referente a las operaciones de la lucha contra la subversión y que, en función de ello, toda la responsabilidad operativa en dichas operaciones estuvo en manos exclusivas de esa fuerza; los efectivos policiales solamente se limitaron a cumplir las órdenes que les impartían, sin tener la capacidad de planear o decidir operación alguna.
		En razón de ello, sostiene que “los efectivos de la Policía Federal que actuaron cumpliendo órdenes bajo el régimen de control operacional del Ejército, aunque lo hubiesen querido, no pudieron tener responsabilidad alguna en la detención, tratamiento, alojamiento y destino de los prisioneros durante la guerra contra el terrorismo y la única relación que pudieron haber tenido con ellos fue el conocimiento personal mutuo que ocasionalmente pudo haber permitido el cumplimiento de las funciones de apoyo a los efectivos del ejército.” 
		En dicho marco, refirió que durante los años en que acaecieron los hechos que se le imputaran era un suboficial subalterno que carecía de poder de decisión dentro de un sistema de mandos preciso y controlado que puso a la policía bajo el control operacional del Ejército Argentino en lo referente a la lucha contra el terrorismo, habiendo ajustado su accionar al estricto cumplimiento de lo que la ley manda.
		En otro orden de ideas manifestó que los lugares en que habrían permanecido privadas de la libertad las personas que fueran materia de imputación, habrían funcionado en dependencias de la Policía Federal bajo la responsabilidad del Ejército Argentino.
		En este orden de ideas, refirió asimismo y en relación los diversos he hechos de aplicación de tormentos que le fueran imputados, que de conformidad a los reglamentos militares, quien interroga a los prisioneros es el oficial de inteligencia del ejército.
		En relación a los testimonios que lo ubican prestando funciones en las diferentes sedes del centro clandestino de detención aquí investigado, postuló dijo que ello halla su razón de ser en que por las funciones prestadas para el entonces Jefe de la Policía Federal y, luego, Ministro del Interior, su imagen tomó estado público siendo objeto de imputaciones por hechos que nunca cometió. Atribuye dichas imputaciones a “terroristas” que posteriormente pasaron a “colaborar” con la inteligencia militar, contribuyendo con la individualización y captura de “otros terroristas”; quienes luego se “convirtieron en testigos” imputando hechos falsos para justificarse ante sus compañeros.
		Finalmente y como último argumento en defensa de los hechos atribuidos; postuló que en el hipotético caso de haber prestado funciones en los distintos asientos del centro clandestino de detención, su accionar se hallaría justificado en razón de haberse conducido siguiendo órdenes expresas, conforme lo establecía en el artículo 514 del Código de Justicia Militar.
		Seguidamente analizaremos cada una de las argumentaciones ensayadas por Juan Carlos Falcón, adelantando que ninguna de ellas logra conmover el cuadro cargoso conformado por los elementos de convicción reseñados a lo largo del presente punto que existen contra el nombrado.
		En lo relativo a la presunta legalidad del accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión; aquí corresponde remitirnos en honor a la brevedad a las consideraciones efectuadas en el punto titulado “Génesis del plan clandestino de represión”en el cual se han explicitado las razones que hacen concluir que, lejos de respetar las normas legales imperantes en aquella época, el sistema represivo impuesto por el gobierno militar revistió un carácter eminentemente ilegal y clandestino.
		En segunda instancia, en su descargo, Juan Carlos Falcón intentó desacreditar los dichos de los testigos de cargo sosteniendo que sus manifestaciones eran falsas y perseguían el único objetivo de justificarse ante sus compañeros. Estos dichos del imputado no logran desvirtuar la veracidad de los relatos de las víctimas quienes brindaron, en diversas oportunidades, testimonios coherentes y coincidentes en relación a los padecimientos sufridos en los diferentes lugares de cautiverio, y en relación a la individualización de los responsables de los mismos.
		Así, las afirmaciones dogmáticas formuladas por Falcón en cuanto a la motivación de los testigos que depusieron en estas actuaciones, caen frente a la contundencia de los testimonios.
		El último argumento utilizado por el imputado en su defensa gira en torno a la obediencia debida como eximente de su presunto accionar; en relación a este tema nos remitimos al análisis formulado en cuanto a la inaplicabilidad de esta causal de justificación a la conducta reprochada a los aquí imputados en el punto correspondiente.

		7.8. Responsabilidad penal de Gustavo Adolfo Eklund.
		En el presente punto se analizará la responsabilidad penal de Gustavo Adolfo Eklund en relación a los hechos por los que fuera intimado en su declaración indagatoria; vale recordar que en aquella oportunidad se imputó al nombrado el haberse desempeñado como oficial de la Policía Federal Argentina en el centro clandestino que es objeto del presente resolutorio donde habría cumplido tareas de guardia, secuestrador, torturador e interrogador.

		1. La identificación del nombrado bajo el apodo de “El alemán” y su presencia en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Gustavo Adolfo Eklund actuaba bajo el apodo de “El alemán”.
		Tal aserción puede ser inferida de los elementos probatorios a que se hará referencia seguidamente.
		Mario César Villani, en oportunidad de prestar testimonio ante la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de La Plata (testimonio aportado por la Dra. Carolina Varsky a fs. 20.081/96), individualizó entre los torturadores que vio en el centro clandestino en que estuvo cautivo -cuyas sedes son conocidas como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”- a Gustavo Adolfo Eklund señalando que actuaba bajo el apodo de “El alemán”. El testimonio de Villani tiene una particular importancia en razón de que el nombrado integró el denominado “Consejo” lo cual le permitió tener una mayor libertad dentro de los centros, logrando un mayor contacto con quienes actuaban en los mismos.
		Asimismo, Delia María Barrera y Ferrando quien estuvo cautiva en “Club Atlético”, señaló que el represor conocido como “El alemán” se apellidaba Eklund, conclusión a la que pudo arribar en virtud de las tareas de reconstrucción de los hechos que se hicieron posteriormente (fs. 18.201/3).
		Miguel Ángel D´Agostino al prestar declaración ante este Tribunal (fs. 20.878/82) refirió que entre los represores que actuaban en el centro clandestino “Club Atlético” donde estuvo detenido ilegalmente había uno apodado “El alemán” y que por las tareas de reconstrucción de los hechos realizadas con posterioridad pudo determinar que se trataba de Eklund.
		Nilda Haydée Orazi, en su testimonio anexado al Legajo nro. 314, brinda algunas características físicas de “El alemán” indicando que se trataba de una persona alta, rubia y de ojos claros.
		La descripción brindada por Orazi en contraste con las señas particulares obrantes en el legajo personal de la Policía Federal correspondiente a Gustavo Adolfo Eklund, resultan ser otro elemento de convicción que permite individualizar al nombrado con quien actuara en los centros clandestinos “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo” bajo el apodo de “El alemán”.
		Así, a fs. 3 de su legajo personal consta que su altura era de 1, 79 metros, que su cabello era de color castaño y que sus ojos eran de color celeste; descripción que guarda una gran semejanza con la dada por Orazi como perteneciente al represor “El alemán”.

		1.2. El nombrado prestó funciones en el centro clandestino que funcionó sucesivamente en los lugares conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”.
		Se han recopilado diversos testimonios que refieren la presencia del represor conocido bajo el apodo de “El alemán” en el centro clandestino que ocupa el presente resolutorio. 
		Así, Mario César Villani, cuyo derrotero de cautiverio incluyó a las tres sedes del centros clandestinos mencionados y que integrara el mencionado “Consejo”, señaló que entre los represores que operaban en “Club Atlético” y “Banco” recuerda a uno apodado “El alemán” (fs. 20.081/96).
		Asimismo, Horacio Cid de la Paz, otro integrante del “Consejo”, testimonió, a fs. 1/15 del Legajo 563, que entre los presuntos oficiales que operaban en los centros clandestinos referidos se encontraba uno apodado “Alemán”.
		Por su parte, Delia Barrera y Ferrando indicó que entre las personas que prestaban funciones en el centro clandestino “Club Atlético” había uno apodado “El alemán” quien intervino en las torturas a que ella fue sometida (fs. 18.201/3).
		En igual sentido se pronunciaron Miguel Ángel D´Agostino (fs. 20.878/82) y Nilda Haydée Orazi (fs. 3/21 del Legajo 314).
		Daniel Aldo Merialdo en su declaración de fs. 18.108/12 manifestó que en los centros en que estuvo detenido había un represor apodado “Alemán”, aunque señala que no puede precisar su aspecto, y que cree que se desempeñaba como guardia. En este punto vale recordar que el nombrado estuvo privado de su libertad en las tres sedes de los centros clandestinos analizados en el presente resolutorio.
		También se puede mencionar el testimonio de Julio Eduardo Lareu quien estuvo cautivo en los centros “El Banco” y “Olimpo” testimonió ante el Tribunal (fs. 17.359/60vta.) que entre los represores que actuaban en dichos campos recuerda a uno apodado “El alemán”.
		Otro testimonio que permite corroborar la presencia de “El alemán” en el centro clandestino “Olimpo” es el brindado por Omar Eduardo Torres, cabo primero (contratado) de la Gendarmería Nacional, quien luego del Mundial de Fútbol de 1978 fue comisionado a cumplir funciones de guardia externa en un destino sito en Ramón Falcón y Lacarra de esta ciudad, lugar en que funcionaba el citado centro clandestino. El nombrado manifestó que entre el personal de la Policía Federal que prestaba servicios en dicho lugar se encontraba una persona apodada “El alemán” (Legajo nro. 359).
		Por último, podemos señalar las manifestaciones de Isabel Teresa Cerruti quien mencionó entre los represores cuyos apodos escuchó en los centros clandestinos en que estuvo detenida -”El Banco” y “Olimpo”- al “Alemán” (fs. 19.373/5).
		Hasta el momento se han puntualizado una multiplicidad de testimonios de aquellas personas que permanecieron privadas ilegalmente de su libertad en los centros clandestinos de detención; la valoración conjunta de dichas probanzas permiten tener por acreditado que Gustavo Adolfo Eklund se desempeñó, bajo el apodo de “El alemán” en dichos lugares.
		En este punto corresponde mencionar que en el legajo personal de la Policía Federal correspondiente al nombrado consta los diversos destinos formales que tuvo durante los años en que sucedieron los hechos que fueran materia de imputación. 
		Así, en el legajo de la policía federal surgen los siguientes destinos del nombrado: Comisaría 43a, Dirección General de Operaciones, Escuela Superior de la Policía Federal y División Brigadas de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria.
		La asentación formal de destinos no vinculados a la lucha contra la subversión encuentra justificación en la modalidad que se le dio a la misma en todo el territorio nacional y que fuera debidamente explicitado en el Considernado “Génesis del plan clandestino de represión” del presente resolutorio. Así, la coexistencia en paralelo al orden legal establecido a dichos fines de uno clandestino, provocó que al margen de las reales actividades desplegadas por quienes intervinieron en la represión, se siguiera con las asentación de destinos formales en sus correspondientes legajos personales.
		Sin perjuicio de ello, en el caso particular de Gustavo Adolfo Eklund la burocracia estatal ha dejado ciertos rastros que resultan ser un elemento de prueba más al momento de acreditar la responsabilidad penal del nombrado por los hechos que se le atribuyeran.
		A fs. 46 de su legajo personal obra una anotación que da constancia de que a partir del 3 de enero de 1977 Gustavo Adolfo Eklund pasó a revistar “en comisión” en organismos dependientes de las Fuerzas Armadas.
		Finalizada la presente instancia corresponde avocarnos a la determinación de las funciones que desarrolló el nombrado en aquellos lugares en que prestó servicios.

		2. Las tareas cumplidas por Gustavo Adolfo Eklund en el centro clandestino de detención.
		Dada de la modalidad clandestina que asumió la represión ilegal instaurada por el gobierno militar, la tarea de la reconstrucción histórica de las funciones cumplidas por Gustavo Adolfo en los centros de cautiverio en que fue visto sólo resulta posible a la luz de los testimonios de quienes que fueron víctimas de los hechos que ocupan el presente.
		Así, Delia María Barrera y Ferrando testimonió, a fs. 63/6 de la causa nro. 9373/01, que: “Me abren los brazos y las piernas y me atan; me hacen escuchar un zumbido y me preguntan si lo conozco, les digo que no, y me dicen que ya lo iba a conocer. Me empiezan a dar con picana en la zona genital, en los pechos en la cara, en todo el cuerpo. También me empiezan a interrogar: nombre de guerra, persona que conocía, que actos había hecho, en qué había participado. Yo no les decía nada, me tiran agua en el cuerpo para dar mayor corriente y mientras tanto estaban torturando a mi marido en el quirófano de al lado. Mientras nos torturaban un guardia nos hacía gritar «heil Hitler». Le decían «El alemán». Seguramente también estaba Kung Fu, porque el fue el encargado de nosotros durante todo el tiempo que estuvimos secuestrados.”
		Por su parte, Mario César Villani testimonió que “El alemán” era uno de los típicos miembros de las “patotas”, interviniendo en los interrogatorios a que eran sometidos los detenidos de los centros clandestinos. También señaló que tenía una confesa ideología nazi y que era habitual que durante los interrogatorios pasara cassettes con discursos de Hitler (fs. 20.081/96).
		Miguel Ángel D´Agostino en oportunidad de prestar testimonio en las audiencias orales de la causa 13/84 y en relación a las personas que actuaban en el centro clandestino de detención en que estuvo cautivo, refirió: “...había un equipo formado, por gente que las veíamos a menudo, las veíamos es una forma de decir, las escuchábamos, que estaban, Kung Fu, Pajarito, Gonzalito, El Gallego, El Turco Julián, Juan, Pedro, otros que en este momento no recuerdo y otro grupo que pienso que venía a interrogarnos, específicamente […] Capitán y Alemán, eran otros nombres, es como que ellos venían específicamente a interrogarnos...” (fs. 15/33 Legajo 224).
		Asimismo, el nombrado al declarar ante esta sede (fs. 20.878/82) señaló: “Después de ello, acercan a una persona a él, que era Ana María Llorente, la cual permanece desaparecida, que en ese momento reconoce la voz de la misma, a quien conocía de antes. Que ella lo reconoce y luego Julián lo lleva a uno de los quirófanos o sala de tortura. Que allí había otras personas, es decir, otros represores, que luego de desnudarlo, lo acuestan sobre la mesa metálica, lo estaquean de pies y manos y comienzan con sesiones de picana eléctrica, golpes, quemaduras de cigarrillos, mientras lo interrogan con esos métodos [...] Siguiendo con su relato, refiere que aparte de Colores y el Dr. K, también otros participaron en su tortura, que había uno al cual le decían Capitán que no sabe quién podía ser, que había otro al cual le decían El alemán [...] Que fundamentalmente recuerda a estas cuatro personas como que intervinieron en las sesiones de tortura [...] Que las torturas duraron en principio cuatro o cinco días, con intervalos donde lo llevaban o a la enfermería o a un lugar que se conocía allí adentro como la leonera”.
		Por su parte, Nilda Haydée Orazi quien estuvo detenida en el centro clandestino “Club Atlético” manifestó que entre los torturadores o interrogadores que actuaban en dicho lugar había uno apodado “Alemán” indicando que se decía entrenado en Argelia (fs. 3/21 del Legajo 314).
		Asimismo, Horacio Cid de la Paz testimonió, a fs. 1/15 del Legajo 563, que entre los presuntos oficiales que operaban en los centros clandestinos referidos se encontraba uno apodado “Alemán”.
		De los testimonios volcados precedentemente la mayoría indica que el represor conocido como “El alemán” era una de las personas que intervenía activamente en los interrogatorios bajo la aplicación de tormentos a que eran sometidos los detenidos.
		Así lo aseveraron Delia Barrera y Ferrando, Miguel Ángel D´Agostino, Mario César Villani y Nilda Haydée Orazi. Otros lo señalan como uno de los integrantes de las “patotas operativas” encargadas de llevar a cabo los secuestros de las personas.
		Los testimonios volcados precedentemente resultan concluyentes a la hora de tener por acreditado -con el grado de certeza reclamado por esta instancia procesal- que Gustavo Adolfo Eklund bajo el apodo de “El alemán” desempeñó en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo” lugares en los que integró los grupos operativos e intervino activamente en los interrogatorios.
		De esta forma, Gustavo Adolfo Eklund tuvo un dominio de hecho sobre las personas detenidas en los lugares en que prestó servicios, siendo su aporte esencial a la configuración del régimen de vida constitutivo de la imposición de tormentos.
		Sin perjuicio del análisis detallado de la configuración de dicho delito que se hará en el punto correspondiente del presente; es preciso señalar que comenzaba al ingreso de las personas al centro con el despojo de sus pertenencias y ropas hasta dejarlos desnudos, continuaba con el despojo de su identidad que era reemplazada por un número y una letra. Durante la permanencia en el centro, el cautivo era sometido a la práctica conocida como “tabicamiento”, consistente en colocarle una capucha sobre la cabeza que le impedía ver; a lo cual hay que sumarle el uso permanente de grillos en los pies que limitaba su movilidad, el alojamiento en espacios de escasas dimensiones, inaceptables para un ser humano, sin condiciones de higiene y salubridad. También pesaba sobre los detenidos una prohibición absoluta de hablar, debiendo permanecer en silencio las 24 horas del día, sin poder comunicarse con otras personas. A todo ello se sumaba la amenaza permanente de ser golpeado, torturado o asesinado en cualquier momento. Dicho conjunto de características degradantes constituyen el delito de imposición de tormentos, complementario de la detención ilegal.
		En virtud de ello se postulará su responsabilidad por los hechos individualizados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161, por las privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos.

		3. Declaración indagatoria de Gustavo Adolfo Eklund.
		En oportunidad de recibírsele declaración a tenor de lo dispuesto por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, el nombrado hizo uso de su derecho a negarse a declarar.
	
		7.9. Responsabilidad penal de Luis Juan Donocik.
		1. Su identificación bajo el apodo de “Polaco chico”. Funciones cumplidas por Luis Juan Donocik en el centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en lo lugares conocidos como “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		El objeto del presente punto será determinar la responsabilidad penal de Luis Juan Donocik por los hechos que le fueran intimados en oportunidad de recibirle declaración indagatoria.

		1.1. Luis Juan Donocik era apodado “Polaco chico”.
		Al igual que en los casos anteriores, la reconstrucción de la verdadera identidad de quien actuó en los centros clandestinos anteriormente mencionados bajo el apodo de “Polaco chico” debe necesariamente efectuarse a través de los testimonios de aquellas personas que estuvieron cautivas en dichos lugares.
		De esta forma, en la declaración que prestó ante este Tribunal (fs. 17.841/3), Isabel Mercedes Fernández Blanco indicó que el nombre real de la persona que se hacía llamar “Polaco chico” era Donocik, señalando que habían llegado a dicha conclusión como consecuencia de la tarea de reconstrucción de los hechos efectuada junto a las otras víctimas con posterioridad a su liberación.
		De particular importancia en este orden de ideas resulta el testimonio de Mario César Villani, quien estuvo detenido en forma ilegal en los centros clandestinos “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, e integró el dominado “Consejo” -grupo de detenidos a los cuales sus captores les encargaban ciertas tareas dentro de los centros clandestinos- con lo cual tuvo mayores oportunidades de visualizar y tener contacto con las personas que cumplían funciones en dichos lugares.
		El nombrado confeccionó un listado de represores, individualizando en cada caso los campos en que actuó y el nombre real de cada uno de ellos -en aquellos supuestos en que pudo tomar conocimiento de los mismos-. Así, Villani indicó (a fs. 122/6 del Legajo 211) que el apodo de “Polaco chico” correspondía a un suboficial de apellido Donocik y que el nombrado actuó en las tres sedes del centros clandestino bajo análisis.
		En la declaración testimonial obrante a fs. 17.829/31, Susana Leonor Caride manifestó que la persona que actuaba bajo el apodo de “Polaco chico” es Donocik y que tomó conocimiento del nombre real del nombrado una vez vuelta la democracia.
		A la individualización efectuada por Isabel Mercedes Fernández Blanco, Mario César Villani y Susana Leonor Caride quienes señalan que el represor apodado “Polaco chico” es Luis Juan Donocik; debe sumarse otro elemento de no menor relevancia que fortalecen la carga probatoria contra el nombrado.
		Así, las descripciones físicas brindadas por algunas de las víctimas que estuvieron privadas ilegalmente de su libertad en los centros clandestinos en que el nombrado fue visto coinciden con las señas personales correspondientes a Luis Juan Donocik obrantes en su legajo personal de la Policía Federal Argentina.
		De esta forma corresponde señalar que Susana Leonor Caride en su presentación ante la CONADEP (fs. 13/24 del Legajo 14) brinda una descripción física del represor conocido como “Polaco chico”, señalando que se trataba de una persona joven, flaco, alto y rubio.
		A su vez, Daniel Aldo Merialdo coincide con la descripción dada por Susana L. Caride en cuanto a las características físicas de la persona a la que apodaban “Polaco chico”, agregando que tenía bigotes (fs. 18.108/12).
		En su legajo personal surge que su estatura es de 1,78 metros, de cutis blanco, de cabello rubio, de frente amplia y ojos de color celeste, habiendo nacido el día 25 de agosto de 1948, por lo cual, al momento de los hechos tenía veintiocho años de edad. Además y si bien en el apartado correspondiente a su filiación se menciona usa la barba afeitada, en varias de las fotografías obrantes en el legajo se lo puede observar con bigotes.
		Dichas características resultan coincidentes con los rasgos del represor “Polaco chico” dados por Susana Caride y Daniel Aldo Merialdo y citados precedentemente.
		Por último, al serle preguntado en su declaración indagatoria su versión en relación del motivo por el cual existen testimonios que lo identifican con el apodo de “Polaco chico” contestó, si bien negó haber tenido apodo alguno en aquellos años, que podía ser porque sus padres son polacos o por su apellido.

		1.2. Luis Juan Donocik prestó funciones en los centros clandestinos de detención “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”.
		Dada la particular libertad que tuvo en los centros en que estuvo cautivo, el primer testimonio que resulta pertinente reseñar al momento de acreditar la presencia de Luis Juan Donocik en dichos lugares es el de Mario César Villani quien señaló que el nombrado, bajo el apodo de “Polaco chico” cumplió funciones en los tres campos a que se hizo referencia en el título del presente acápite (fs. 122/6 del Legajo 211).
		Los dichos de Villani resultan corroborados por una multiplicidad de testimonios de otras víctimas que también estuvieron cautivas en dichos lugares, a las cuales haremos referencia a continuación.
		Así, Jorge Alberto Allega individualizó como una de las personas que hacían guardias en el centro clandestino de detención conocido como “Club Atlético” a “Polaco chico”, entre otros (fs. 16/20 Legajo 234). 
		Enrique Carlos Ghezan, que permaneciera en cautiverio en los centros clandestinos “El Banco” y “Olimpo”, señala como uno de los represores que operaban en dichos lugares a “Polaco chico” (fs. 56 y ss. Legajo 20).
		En iguales términos testimonió su mujer, Isabel Mercedes Fernández Blanco, quien también individualizó a “Polaco chico” como una de las personas que operaban en dichos campos (fs. 93/109 Legajo 20).
		Corroboran la presencia del nombrado en dichos centros los testimonios de Julio Eduardo Lareu (fs. 198/200 Legajo 122) e Isabel Teresa Cerruti (fs. 19.373/5).
 		Daniel Aldo Merialdo, quien estuvo privado ilegalmente de su libertad en las tres sedes del centro clandestino cuyos sucesos se analizan en el presente, indicó (fs. 18.108/12) que uno de las personas que actuaba en dichos lugares era conocido bajo el apodo de “Polaco chico”.
		Asimismo, Horacio Cid de la Paz quien también estuvo clandestinamente privado de su libertad en las tres sedes del centro clandestino anteriormente indicadas; refirió que entre los presuntos oficiales que operaban en dichos lugares había uno a quien apodaban “Polaco chico”. En este punto vale destacar que Cid de la Paz era otro de los integrantes del “Consejo”.
		Por su parte, Susana Leonor Caride, al declarar ante esta sede (fs. 17.328/30), señaló que en el centro clandestino “Olimpo” había dos “polacos”, uno apodado “Polaco chico” y otro “Polaco Grande”; en su presentación ante la CONADEP había formulado una descripción física de ambos. 
		En igual sentido se pronunció Omar Eduardo Torres en su declaración obrante en el Legajo 359 quien también estuvo cautivo en dicho lugar.
		Finalmente, Oscar Alberto Elicabe Urriol y Jorge César Casalli Urrutia individualizaron a “Polaco chico” como una de las personas que prestaban funciones en el centro clandestino “El Banco”.
		En base a las probanzas anteriormente reseñadas, se puede tener por acreditado que el oficial de la Policía Federal Argentina Luis Juan Donocik -quien a la fecha de los hechos que se le imputan revestía el cargo de Inspector de dicha fuerza conforme surge de su legajo personal- bajo el apodo de “Polaco chico” prestó funciones en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, restando por establecer que funciones concretas tuvo el nombrado en dichos lugares a lo cual nos avocaremos en el siguiente punto.

		2. Las tareas que realizaba Luis Juan Donocik en los tres sedes centros clandestinos de detención bajo análisis.
		Si bien los testimonios que hacen referencia al represor “Polaco chico” no son ricos en cuanto a la determinación de las funciones concretas que tenían a su cargo en los centros clandestinos de detención en los que fue visto; podemos encontrar algunas manifestaciones de víctimas que pasaron por dichos lugares que permiten formar una idea certera de cuál era el rol que le cupo al nombrado dentro de los mismos.
		Así, en la declaración obrante a fs. 16/19 del legajo 744, Daniel Aldo Merialdo señala: “Que en el Banco diariamente llegaba gente secuestrada que era torturada y había un sistema de guardias que se denominaban candados y que se turnaban todos los días para impedir que los detenidos hablaran entre sí, los llevaban al lugar donde eran torturados y los retornaban a sus celdas, y había otro grupo que eran los que mandaban y que se dedicaban a los secuestros y a las torturas. Entre los candados recuerda algunos nombres [...], a saber: [...] «Polaco chico»...”.
		Julio Eduardo Lareu manifestó, en referencia a los represores vistos en los centros clandestinos “Banco” y “Olimpo”, que: “...había guardias e interrogadores que respondían a distintos apodos, tales como: [...] Polaco chico, [...] eran interrogados en forma esporádica. Que el interrogatorio implicaba preguntas apoyadas por torturas, lo que se deducía por los gritos que escuchaban, y por el estado en que volvían los interrogados. Los interrogatorios duraban tres, cuatro o cinco días. Que conoció a un Señor Gabriel Alegre, quien fue torturado, y su estado posterior fue muy malo, tanto que no podía girar sobre su propio cuerpo” (fs. 198/200 Legajo 122).
		Por su parte, Horacio Cid de la Paz lo menciona como uno de los oficiales que prestaban funciones en los centros “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		Mario César Villani -en la declaración obrante a fs. 8 y ss. del Legajo 211- indicó: “Después había tipos como el Polaco Grande y el Polaco chico, que eran tipos más bien, que eran jefes de guardia. O sea, tenían trato con nosotros en general de oficiales, pero no eran tipos que actuaban en inteligencia [...] No interrogaban [...] salían en las patotas. En las patotas creo que salían todos.”
		De esta forma, podemos concluir que Luis Juan Donocik desempeñó fundamentalmente tareas de guardia en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, encargándose de cuidar que los detenidos no hablen entre ellos, llevarlos a los ámbitos donde eran interrogados bajo la aplicación de tormentos y conducirlos de regreso a sus celdas luego de ello.
		Sin perjuicio de ello, el testimonio de Julio Eduardo Lareu permite considerar que sus funciones no se limitaban únicamente a las funciones de guardia, sino que eventualmente intervenía en las sesiones de interrogatorios bajo torturas.

		2.1. A modo de conclusión.
		Los elementos probatorios anteriormente reseñados permiten tener por acreditado -con el grado de certeza que esta etapa procesal requiere- que Luis Juan Donocik bajo el apodo de “Polaco chico”, prestó funciones en los centros clandestinos de detención denominados “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo” y que en tales lugares cumplió tareas de guardia y eventualmente intervino en las sesiones de torturas bajo aplicación de tormentos de los detenidos.
		Así, su conducta de aseguramiento o guarda de aquellos privados ilegalmente de su libertad constituyó un aporte esencial a los efectos de posibilitar el sometimiento de las víctimas al régimen imperante en dicho lugares que, conforme el análisis que se formulará más adelante, constituye una modalidad de imposición de tormentos.
		En virtud de ello se postulará la responsabilidad del nombrado por los hechos que le fueran imputados, aquellos individualizados bajo los números 1, 4 a 62 y 64 a 161 en el presente resolutorio.
		
		3. Descargo efectuado por Luis Juan Donocik.
		Al momento de prestar declaración indagatoria y a modo de descargo de los hechos que le fueran imputados el nombrado formuló un detalle los destinos a los que fue asignado entre los años 1974 a 1979; indicando que desde 1974 a 1975 trabajó en la Delegación Rosario como oficial subalterno, que luego pasó al Departamento de Sumario de Seguridad Federal donde cumplía tareas administrativas, que posteriormente siguió prestando funciones en la parte Ferroviaria y finalmente pasó a la Comisaría 48ª.
		Aunque no lo pudo precisar con seguridad, refirió que entre 1976 y 1979 -período de tiempo en el cual acaecieron los hechos que le fueran imputados- estuvo en el Departamento de Sumarios de Seguridad Federal y luego en el Área Ferroviaria.
		Asimismo, señaló que en el Departamento de Sumarios cumplía funciones administrativas y era oficial de guardia correspondiéndole dar ingreso a los oficios judiciales, dar ingreso a los detenidos y controlar el presentismo del personal; y que su jefe en dicha dependencia le parece que era el Comisario Inspector Castillo.
		El nombrado negó haber desempeñado funciones relativas en la “lucha contra la subversión”, el haber estado en los centros clandestinos de detención que ocupan el presente, habiendo tomado conocimiento de su existencia a través de los medios periodísticos; y, por último, manifestó no haber tomado intervención en la privación de la libertad y aplicación de tormentos de las personas cuyos casos le fueran intimados.
		Si bien la compulsa del legajo personal del nombrado parecería confirmar las manifestaciones formuladas por el mismo en su descargo ya que en el mismo consta que a partir del 27 de febrero de 1976 pasó a prestar servicios al Departamento de Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal; los argumentos esgrimidos en su defensa caen merced a la multiplicidad de testimonios de víctimas que confirman haberlo visto prestando servicios en tales épocas en los centros clandestinos de detención conocidos como “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”.
		Asimismo, es preciso señalar que cuando fue interrogado sobre las personas de las cuales recibía órdenes en dichos años no pudo precisar con seguridad a ninguno de sus superiores.
		Donocik amplió su declaración indagatoria a fs. 22.474/491 ocasión en la cual ratificó el escrito presentado a fs. 22.234/vta. En el cual además de hacer suyo el descargo efectuado por Juan Carlos Falcón de fs. 22.043/59 refierió que había un sub oficial de la Policía Federal Argentina de apellido Jabornik cuyo apodo era “Polaco Chico”.
		Respecto de estos descargos corresponde asentar que en lo referente a su adhesión al escrito de Falcón, a dicho planteo se dio respuesta al analizar la situación procesal del nombrado y en el “Considerando Noveno” de la presente resolución donde se trata in extenso la cuestión de la obediencia debida.
		Por su parte en referencia al fallecido sub oficial d ela Policía Federal Argentina Jabornik, acorde al legajo personal del nombrado, reservado en Secretaría, el mismo, conforme a las descripciones efectuadas por los sobrevivientes, no es el represor apodado “Polaco chico”.
		A ello debo agregar que durante el año 1976, es decir pleno funcionamiento de la sede “Atlético” Jabornik se desempeñaba con la jerarquia de Cabo en el Cuerpo de Policía de Tránsito.

		7.10 Responsabilidad penal de Guillermo Cardozo. 
		Se le imputa a Guillermo Víctor Cardozo, en su carácter de funcionario público (Primer Alférez de la Gendarmería Nacional Argentina, al momento de los hechos investigados, conforme surge de su legajo personal reservado en Secretaría) el haber intervenido en carácter de coautor, en las privaciones ilegales de la libertad y sometimiento a tormentos de las personas que han sido alojadas en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro de detención que funcionó desde mediados del año 1976 bajo la primera denominación “Atlético”, el cual operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército Argentino.
		El nombrado deberá responder penalmente en relación a los casos identificados bajo los números 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50 a 62, 64 a 142, 145, 146, 148 a 150, 157 y 160. 
		La intervención de Guillermo Cardozo en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación.

		1. Su identificación bajo el apodo “Cortés”. Funciones cumplidas por Guillermo Cardozo en las sedes del centro clandestino de detención denominadas “Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Guillermo Cardozo era apodado “Cortés”:
		Tal como otros represores cuya responsabilidad también se analiza en la presente resolución, Guillermo Cardozo actuaba en el centro de detención denominado primero “Banco” y luego “Olimpo”, bajo un apodo. 
		La existencia de apodos de los represores no resulta ilógica, si se tiene en cuenta el carácter ilegal de los hechos que llevaban a cabo y la necesidad de asegurar la eventual individualización de sus autores, o al menos, obstaculizarla.
		La asignación del apodo “Cortés” a Guillermo Cardozo, se encuentra acreditada por diversos elementos que se citarán a continuación y en particular, por los testimonio de algunas víctimas que permanecieron detenidas en las sedes “Banco” y “Olimpo” donde actuaba el nombrado. Como habrá de advertirse los testigos han explicado que llegaron a la conclusión de que “Cortés” era Cardozo por el trabajo de reconstrucción de los hechos que luego de liberados realizaron entre los detenidos.
		Una de las personas que lo identifica de tal forma es Susana Caride, quien en su declaración refirió que el nombre real del apodado de tal forma era Guillermo Cardozo y que supo ello por el trabajo de reconstrucción realizado (cfr. fs. 17.829/31).
		Isabel Teresa Cerruti, en oportunidad de testimoniar ante este Tribunal también refirió con relación a Cortés: “…Que hoy sabe que su nombre real es Guillermo Cardozo, que trabajaba en Gendarmería…” y que su supo su nombre en las reuniones con los ex detenidos (cfr. fs. 19.373/5).
		En idéntico sentido la testigo Isabel Fernández Blanco declaró que el nombre real del represor “Cortés” era Guillermo Cardozo (fs.17.841/3).
		Jorge Osvaldo Paladino, detenido el 2 de octubre de 1978, y trasladado al centro clandestino de detención conocido como “Olimpo”, también relacionó a Cardozo con el apodo “Cortés”; precisamente dijo “Dentro del campo le vi la cara a varios represores [...] Cortés es Guillermo Cardozo de Gendarmería...” (conf. fs. 67/71 de la causa nro. 9373/01).
		Otro de los elementos que debe ponderarse es la presentación efectuada por Mario Villani en la causa nro. 9373/01 caratulada “NN s/ privación ilegal de la libertad personal” que corre por cuerda a estas actuaciones, en la cual se encuentra agregado un listado confeccionado por él, en el cual se consigna que el apodo de Guillermo Cardozo, era “Cortés” y que éste pertenecía a Gendarmería Nacional.
		Aparte de tales elementos, debe tenerse en cuenta que los testigos que se refirieron a “Cortés” recordaron que éste era de Gendarmería Nacional e incluso pudieron brindar una acabada descripción física del nombrado. 
		Así, refirió Caride que Cardozo era “medio corpulento, (poseía) tez clara, cabello castaño o castaño claro” (17.829/31); Isabel Teresa Cerruti dijo con respecto a Cortés que físicamente era más bien alto, robusto, pelo corto (19.373/5); Isabel Fernández Blanco, dijo que “Cortés” era de estatura media, de cuerpo grueso, de cabello castaño, de unos 40 años, y que solía usar anteojos oscuros (17.841/3); y Daniel Merialdo lo describió como un sujeto “robusto, con anteojos, con pelo castaño, cara más bien grande” (cfr.18.108/12).
		La descripción aportada por las víctimas se ajusta a la que surge del legajo personal de Guillermo Cardozo, elaborado por la Gendarmería Nacional Argentina, allí en la ficha de “filiación” se consigna que el nombrado posee cabello claro, que resulta ser clase ‘44, por lo que a la fecha de los hechos tendría unos 33 años y una estatura aproximada de 1,79 m.
		Por otra parte, también Juan Antonio del Cerro, auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina que se desempeñó en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” al prestar declaración indagatoria en fecha 18 de noviembre de 1985, legajo 119 de Conadep-, refirió que “conoció al Segundo Comandante Cardozo y al primer Alférez Méndez, de Gendarmería Nacional, que estaban destinados al Escuadrón Móvil de Campo de Mayo. Recuerda que al primero le decían Cortez y al segundo, Nelson, tenían a su cargo la seguridad del traslado de detenidos de Campo de Mayo. Estuvieron en Subzona a principios de 1979".
		Los elementos citados permiten aseverar que el apodado “Cortés” al cual se refieren los detenidos que han permanecido en el centro “Banco” y “Olimpo” resulta ser el actual imputado Guillermo Víctor Cardozo.

		1.2. Guillermo Víctor Cardozo prestó funciones en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro de detención que comenzara a funcionar a mediados del año 1976 bajo la denominación “Atlético”. 
		Los testimonios recogidos en esta investigación han permitido arribar a la conclusión de que Guillermo Cardozo apodado “Cortés”, se desempeñó en el centro clandestino de detención “Banco” y “Olimpo”, en la primer sede cumplió funciones como guardia, y como tal participó de las privaciones de la libertad, interrogatorios y de las torturas impuestas a los detenidos; a la vez que en la sede “Olimpo”, realizó las mismas funciones, y se destacó como “Jefe de guardia”. 
		Para conformar un perfil de quién era el nombrado a la época de los hechos, debe destacarse que según su legajo personal, el mismo en los años 1977 a 1979 prestaba servicios en Gendarmería Nacional en el cargo de Primer Alférez (el “Banco” comenzó a funcionar a fin del año 1977 y fue cerrado en agosto de 1978 en que los detenidos fueron trasladados a “Olimpo”, donde permanecieron hasta inicios del año 1979).
		Entre el 1ro de enero de 1977 y abril de 1978 Cardozo -según su legajo- prestó servicios en el Destacamento Móvil I de Campo de Mayo. En fecha 24 de abril de 1978 y hasta el 12 de julio de 1978, fue destinado a la “Comisión Operación Seguridad Mundial fútbol 78". El 31 de diciembre de 1977 fue promovido a Segundo Comandante. En el período comprendido entre el 1ro de enero de 1977 a 11 de julio de 1979 prestó servicios en el Destacamento Móvil nro. 1, y entre el 11 de julio de 1979 y el 21 de septiembre de ese año, lo hizo como Jefe de Escuadrón Apoyo y Servicios, produciéndose en fecha 22 de septiembre de 1979 su pase al Esc. 10 “El Dorado”.
		Es decir, mientras se encontraban en funcionamiento el centro de detención “Banco” y “Olimpo”, Cardozo se desempeñó en Gendarmería Nacional y más precisamente en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, en el cual también lo hiciera el co-imputado Pereyra Apestegui.

		1.3. Sus funciones en la sede denominada “Banco”:
		En primer lugar, debe tenerse en cuenta que más allá de la defensa esgrimida por Cardozo y su intento de desvincularse de los hechos acaecidos en este centro de detención, se han reunidos suficientes pruebas para tener por acreditado -al menos en esta etapa procesal- que el nombrado cumplió funciones en el “Banco”.
		En cuanto a qué funciones desempeñó, se tienen en cuenta los testimonios brindados por algunas personas que permanecieron detenidas en tal sitio.
		Una de las testigos que lo ha mencionado fue Isabel Teresa Cerruti, detenida el 22 de julio de 1978 y trasladada al centro de detención mencionado, siendo luego llevada al denominado “Olimpo”; la nombrada refirió ante esta sede (19.373/5) “Que está casi segura de que en su detención participó Cortés. Físicamente era más bien alto, robusto, pelo corto. Que luego también lo vio en el Pozo dos o tres veces. Que hoy sabe que su nombre real es Guillermo Cardozo, que trabajaba en Gendarmería. Que el nombre real lo supo en las reuniones con los ex detenidos”.
		Agregó que en el Banco, estaba Cortés, y que “…participaba de los grupos de tareas fuera del campo, que no era guardia, que parecía de rango más alto…” y también dijo que el mismo daba órdenes, como el represor apodado “Paco” y “Centeno”, siendo este último Juan Carlos Avena; y que Cortés estaba en el mismo rango que Avena y que Clavel -identificado como Roberto Rosa-.
		También Susana Caride en su declaración anterior prestada ante esta sede (fs. 17.328/30) dijo con respecto a Cortés, que lo vio en las dos sedes del centro de detención en las cuales estuvo, es decir en Banco y en Olimpo; y al declarar en la causa nro. 9373/01 -fs.142/3vta.-, dijo que “…Cortés era un gordo grandote, no sé si era de policía, y creo que también era de inteligencia”.
		Asimismo, ha de tenerse en cuenta el “Testimony on secret detention camps in Argentina” de Amnesty International-incorporado a la causa el 12 de febrero de 2004, de donde surge la presentación efectuada por los testigos Oscar Alfredo González y por Horacio Guillermo Cid de la Paz, quienes fueron detenidos y alojados en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Con relación a “Banco” refirieron los nombrados que “…los guardias internos y externos era personal que formaba parte de la Gendarmería Nacional. Los gendarmes poseían dos características principales: por un lado su ignorancia histórica, política e ideológica, y por otro lado, su brutalidad y sadismo”; asimismo recordaron entre los gendarmes al Primer Alférez Pereyra, apodado “Quintana”; y al referirse a “Olimpo”.
		También Cid de la Paz en la declaración prestada ante la Embajada de Argentina ante el Reino de España relató que entre los represores que estaban en “Banco” y “Olimpo”, se hallaban “Nelson” y “Cortés” y que ambos eran de Gendarmería (legajo nro. 563).

		1.4. Sus funciones en la sede denominada “Olimpo”:
		Su presencia en la sede “Olimpo”, posee sustento en declaraciones como la prestada por Daniel Aldo Merialdo, quien refirió ante esta sede que “…recuerda a Cortés, que era responsable de la guardia del centro Olimpo [...] que su función era el orden interno…” y lo describió como un sujeto “…robusto, con anteojos, con pelo castaño, cara más bien grande…”; también agregó “…que había una guardia externa, que por ejemplo Cardozo, que era de Gendarmería, cuando ingresaba al centro no se ocupaba de las cosas internas, lo que le hacía pensar que había una guardia externa que tenía que ver con el cuidado del predio” (fs. 18.108/12).
		Susana Caride, quien fue detenida el 26 de julio de 1978 y trasladada primero al centro de detención “Banco” y luego a “Olimpo”, relató en su declaración de fs. 17.829/31 que “Que cuando la liberan Colores -el coimputado Juan Antonio del Cerro- fue a su casa con Linares. Que en general estaba con Cortés, Soler, Julián” y agregó “…Que Cortés era de Gendarmería, que estaba en el Banco, pero que lo ve en Olimpo. Que era medio corpulento, de tez clara, de cabello castaño o castaño claro. Que Cortés estaba el día en que a un chico Peti lo llevan a una cita en la estación de tren de San Miguel y se tira abajo del tren. Que al volver escuchó a Cortés que decía que no entendía a los subversivos. Que sabe que su nombre real era Guillermo Cardozo, por el trabajo de reconstrucción realizado...”.
		Isabel Fernández Blanco, detenida el 28 de julio de 1978 y llevada al centro de detención “Banco” y luego a “Olimpo”, declaró ante esta sede(fs.17.841/3) que el verdadero nombre de “Cortés” es Guillermo Cardozo, y que a “Cortés” lo vio en el centro de detención “Olimpo”, que estaba a cargo de la seguridad o vigilancia del centro, y que era de Gendarmería. Lo describió como de estatura media, de Cuerpo grueso, de cabello castaño, de unos 40 años, y con anteojos oscuros. 
		También refirió que “…andaba con Nelson, que todos los guardias de Gendarmería tenían un trato diferencial, como de Jefe, que a Cortés lo vio vestido de civil y que el nombre real del mismo lo supo cuando volvió la democracia, en las reuniones de reconstrucción de los hechos”.
		Jorge Osvaldo Paladino, privado en forma ilegal de su libertad el día 2 de octubre de 1978, trasladado al centro clandestino de detención conocido como “Olimpo” y liberado el 21 de diciembre del mismo año, declaró en la causa nro. 9373/03 que: “Dentro del campo le vi la cara a varios represores [...] Cortés es Guillermo Cardozo de gendarmería...” (cfr. fs. 67/71).
		También el liberado Osvaldo Acosta, alojado en “Banco” y “Olimpo”, dijo que cuando se encontraba en este último, se produjo un enfrentamiento armado entre los represores y gente de Montoneros, en el cual había resultado herido un oficial del servicio penitenciario, y que luego llegaron los mismos con un herido, al cual interrogaron, siendo que este interrogatorio duró poco. Este sujeto dijo que en su domicilio había 150.000 dólares, lo que generó una terrible disputa entre los oficiales del centro “Olimpo”, hasta algunos “se fueron a las manos”, ya que cuando habían hecho el recuento, no había más de 20.000 dólares. A raíz de que alguno de ellos comentó lo sucedido a los superiores, y el Jefe del “Olimpo” de nombre “Cortés” le ordenó que instruyera un sumario y se constituyera en Juez instructor, lo que así hizo. Así, citó a los oficiales que habían intervenido en el procedimiento, pero nadie asumió la responsabilidad, más allá de que -según dijo Acosta- tenía instrucciones precisas de sobreseer el sumario. Que tal como se determinara, el sumario se cerró y se dejó constancia de que el detenido había mentido, ya que en su domicilio sólo habían habido 20.000 dólares. Agregó que Cortés le pidió su matrícula de abogado y que él se la dio, que hizo un sello y firmó como abogado.
		El testigo Omar Eduardo Torres, en su declaración prestada el 6 de julio de 1984 refirió que junto a un grupo de treinta compañeros o personal de tropas, fue instruido en Campo de Mayo por el Segundo Comandante Guillermo Cardozo, y les fue informado que serían enviados a un lugar y que debían guardar estricta reserva sin comentario con sus familiares o amigos; que en el lugar “…les darían como un viático y que en el lugar al que irían usarían otro nombre al verdadero…”, agregó que también le dijeron que “…un día y hora determinada se encontrarían en la calle Ramón Falcón y Lacarra en un portón verde y que allí adentro los estarían esperando…”; dijo también que “…a todos los integrantes se les dijo que firmarían una planilla con todo lo antes dicho, que el primero que firmó fue el segundo comandante, para que después firmaran todos los demás…”. Torres dio una descripción de la mecánica de funcionamiento del lugar sito en Ramón Falcón y Lacarra, y precisamente recordó el alojamiento de detenidos a dicho lugar, de lo que se anotaba la fecha de ingreso. (fs. 2037/9 del legajo 359).
		También, como se analizará posteriormente, debe tenerse en cuenta que Cardozo en su descargo, sin perjuicio de las limitaciones fácticas a las que se ha referido, ha admitido haber prestado servicios en la sede “Olimpo”, y que también en apoyo de ello, ha declarado Arlindo Luna, quien en su declaración indagatoria -como se verá posteriormente- admitió haber prestado servicios ocasionalmente como un mero guardia externa en dicha sede, bajo las órdenes de Cardozo.

		2. Las tareas que realizaba Guillermo Cardozo alias “Cortez” en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centros de detención bajo análisis. Su intervención en los secuestros, en la guardia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos.
		Han sido varias las víctimas que han sindicado a Cardozo como “Jefe de seguridad del Olimpo” (Osvaldo Acosta, Isabel Fernández Blanco, cfr. declaraciones citadas), hipótesis que resulta coherente con las manifestaciones de los co imputados Arlindo Benito Luna y Eugenio Pereyra Apestegui, quienes en sus respectivas declaraciones indagatorias, manifestaron que cuando se encontraban prestando servicios en el Destacamento Móvil I de Campo de Mayo, el segundo Comandante Guillermo Cardozo, en el mes de agosto de 1978 (recordemos que “Olimpo” comienza a funcionar el 16 de agosto de ese año) les informó que debían pasar a prestar funciones en el “objetivo militar Lacarra” (palabras de Arlindo Luna en ocasión de ampliar su declaración indagatoria).
		Asimismo, debe valorarse que los dos nombrados, mencionaron que al prestar guardias en el objetivo militar citado, se encontraban bajo las órdenes de “Cortés”, lo cual coincide con las versiones de las víctimas que han declarado, en cuanto a que se advertía que Cardozo tenía un cargo jerárquico superior a los restantes de Gendarmería.
		Por otro lado, basta también para dar por acreditado su destacado papel en dicho centro de detención, tener en cuenta lo relatado por el nombrado en su descargo, ya que como se verá posteriormente, Cardozo si bien negó su intervención en los hechos, admitió que prestó servicios en el ”Olimpo”, donde dijo haber estado encargado de la seguridad del predio, lo cual consistía en evitar que personal de otras fuerzas o personas subversivas, atentaran contra el sitio; relato corroborado por el co imputado Arlindo Luna, quien como se verá posteriormente, sin perjuicio de las limitaciones alegadas, admitió haber trabajado bajo las órdenes de Cardozo. 	
		Además de ser jefe de seguridad de “Olimpo” tal como surge de los testimonios colectados, Cardozo intervenía en el secuestro de personas, en la custodia de los detenidos y en el sometimiento a tormentos; habiendo prestado funciones como guardia en ambos centros de detención.
		Al respecto, debe tenerse en cuenta que tal como fuera mencionada por la testigo Isabel Teresa Cerruti, que Cardozo intervino en su detención, ocurrida el 22 de julio de 1978, y en su traslado al centro “Olimpo”. 
		Susana Caride refirió que el nombrado realizaba operativos de chequeo de “citas” para detención de personas; que en una oportunidad “Cortés” había salido a una “cita” con un chico de apodo “Peti”, el cual al ser llevado a la Estación de Tren de San Miguel, se arrojó a las vías férreas y murió en el acto; lo cual motivó que Cardozo se quejara de no entender a los “subversivos” (cfr. fs. 17.829/31). 
		Asimismo, los testigos coinciden en señalar a Cardozo como un integrante de las guardias destinadas a preservar el orden interno del centro, y la seguridad externa del mismo (cfr. declaraciones testimoniales de Juan Carlos Guarino fs. 18.108/12 y Daniel Aldo Merialdo fs. 18.108/12).
		Los testimonios volcados precedentemente resultan concluyentes a la hora de tener por acreditado -con el grado de certeza reclamado por esta instancia procesal- que Guillermo Víctor Cardozo bajo el apodo de “Cortés” desempeñó en los centros clandestinos de detención conocidos como, “El Banco” y “Olimpo” lugares en los que integró los grupos operativos.
		De esta forma, Guillermo Cardozo tuvo un dominio de hecho sobre las personas detenidas en los lugares en que prestó servicios, siendo su aporte esencial a la configuración del régimen de vida constitutivo de la imposición de tormentos que se desarrollará más adelante.
		En este sentido es preciso señalar todo aquello que significaba el cargo y las funciones cumplidas por Cardozo dentro de “Olimpo”, es decir jefe de seguridad y encargado de mantener el orden interno (conforme lo señalara Daniel Aldo Merialdo ante este Tribunal).
		El orden dentro de un centro clandestino de detención, acorde a la totalidad de los testimonios colectados a lo largo de la presente investigación consistía en despojar a los detenidos de sus pertenencias y ropas hasta dejarlos desnudos, quitarles de su identidad para reemplazarla por un número y una letra, tabicarlos, y no permitirles el sentido de la visión, el uso permanente de grillos en los pies que limitaba su movilidad, el alojamiento en espacios de escasas dimensiones, inaceptables para un ser humano, sin condiciones de higiene y salubridad. También mantener una prohibición absoluta de hablar, debiendo permanecer en silencio las 24 horas del día, sin poder comunicarse con otras personas, más la aplicación de tormentos. Dicho conjunto de características degradantes, que eran utilizadas para mantener el orden, acorde a la terminología represiva tan propia de los centros de detención, constituyen el delito de imposición de tormentos, complementario de la detención ilegal.
		Los testimonios citados demuestran que Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortés” integraba las “patotas” o grupos operativos que detenían personas, que trasladaba a los detenidos a los centros de detención; que ya en tales centros, sometía a las personas allí alojadas a las condiciones inhumanas y degradantes descriptas oportunamente, a la vez que también intervenía en la guardia externa del lugar.
		Asimismo, se desprende de los elementos de autos, que poseía capacidad para tomar determinadas decisiones relacionadas al funcionamiento del centro de detención, nótese lo relatado por el abogado Osvaldo Acosta, en cuanto a que fue “Cortés” quien le asignó la tarea de instruir un sumario en la averiguación de la existencia de dinero en el domicilio que había sido allanado por personal del centro.
		Cardozo tuvo la capacidad para avocar personas a la seguridad del predio, debiéndose tener en cuenta en este punto el testimonio de Omar Eduardo Torres, en cuanto dijo que fue Cardozo, quien lo instruyó en Campo de Mayo y le dijo que sería enviado al lugar sito en calle Ramón Falcón y Lacarra. 
		En definitiva, en tanto se halla acreditado que Cardozo cumplía tareas dentro de los centros “Banco” y “Olimpo”, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que detentaba con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel destacado que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte, llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan, tales como detenciones, asignación de personal a la custodia del lugar, tareas de seguridad, a la vez que su rol jerárquico le permitía dar órdenes dentro del predio, evidenciándose esta capacidad fundamentalmente en el “Olimpo”.

		3. El descargo de Guillermo Víctor Cardozo:
		Comandante Mayor (R) de la Gendarmería Nacional Argentina Guillermo Víctor Cardozo a fs. 20030/43 se negó a declarar. 
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria ( fs. 21.047/061 ) relató en un principio los distintos destinos en los cuales cumplió servicios entre los años 1976 y 1979; corroborando de tal forma las constancias que emergen de su legajo personal, en cuanto a que a comienzos del año 1977, fue destinado al Destacamento Móvil 1, Campo de Mayo de Gendarmería Nacional, donde se le asignó el cargo de Oficial Jefe de Personal e instructor de algunas materias; como que en el año 1978 fue destinado como Jefe de una Comisión para la seguridad del Mundial de Fútbol, habiendo permanecido en tal comisión hasta el mes de julio de ese mismo año. 
		Agregó Cardozo que al regreso de una licencia que le fue otorgada entre el 30 de julio y el 8 de agosto, le fue asignada la tarea de oficial de enlace con el Primer Cuerpo del Ejército y que en tal función, debía tomar contactos con el segundo jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Coronel Roualdes, para el cumplimiento de una misión.
		Expresamente dijo el nombrado ”...En la oportunidad en que visité al citado Coronel, me impone la misión de dar seguridad a un lugar de reunión de detenidos, instalado en la Capital Federal en el Barrio de Floresta, creo que en Lacarra y Falcón. Que para tal fin, debía preparar cuarenta hombres y que la misión consistiría estrictamente en dar seguridad a dicho objetivo militar. La seguridad consistía en evitar que desde el exterior se pretendiera realizar alguna maniobra de ataque al objetivo, tanto de actividades subversivas, o de fracciones subversivas, como de otras fuerzas. Al preguntar cuáles serían potencialmente las otras fuerzas que podrían atacar, se me respondió que oportunamente me iban a avisar. Respecto al personal detenido, aclaraba el citado Coronel que los mismos estaban en un período de transición y que iban a recuperar su libertad, por lo cual exigía que el trato a los mismos debía ser absolutamente correcto. Aclaraba además el Coronel que la responsabilidad del manejo de los detenidos era de otras fuerzas que operaban en el lugar y que en el mismo había un Jefe Militar como responsable total del objetivo. Mientras desempeñábamos la actividad, comencé a notar una desmoralización en el personal de la fuerza de Gendarmería [...] las causas de desmoralización consistían en que no habían alojamientos adecuados para el personal de Gendarmería, que la comida era precaria, y que el trato que el personal de Gendarmería recibía por parte de los elementos operativos del lugar -quienes gozaban de otros beneficios-, era como de sapo de otro pozo, o como negritos del interior, como ineficaces para realizar la tarea que la situación imponía, les hacían sentir que ni siquiera sabían moverse en la Capital Federal…”.
		Cardozo en su descargo, si bien negó su intervención en los hechos suscitados en el centro “Banco” -al cual dijo haber conocido a raíz de noticias periodísticas-; admitió que prestó servicios en el “Olimpo”, donde según sus propios dichos estaba encargado de la seguridad del predio, es decir que debía evitar que personal de otras fuerzas o personas subversivas, atentaran contra el sitio.
		Refirió por otro lado, que incluso le fueron dadas pautas de cómo tratar a los detenidos, quienes como se encontraban en un período de transición e iban a recuperar su libertad, debían ser tratados con absoluta corrección. 
		Esta circunstancia, sumada a las apreciaciones efectuadas por Cardozo en cuanto a la falta de lugar para el alojamiento del personal de Gendarmería y el trato recibido por las personas de esa fuerza de seguridad, dejan entrever la inserción del nombrado en la mecánica de funcionamiento del centro de detención. Su versión revela por un lado, que el nombrado trataba con los detenidos, y por otro, que también se pretendía el alojamiento en el centro del personal a sus órdenes; lo cual cobra sentido si se tiene en cuenta que los mismos, lejos de mantenerse ajenos a los hechos que allí se vivían, eran parte del plantel de represores que actuaban sobre los detenidos allí alojados. 
 		Cardozo dijo que a partir de reclamos que hizo ante su Jefe en Campo de Mayo, el Comandante Mayor Sidicaro, éste le ordenó que personalmente se presentara al Comando de Cuerpo y realizara allí las gestiones, y que luego le pidieron que sea un poco tolerante, ya que la misión terminaría pronto, que a fin de año la situación debía estar resuelta; no obstante lo cual aclaró Cardozo que dicha situación ”…siguió así hasta los primeros días del año 1979 en que se ordenó el repliegue del personal de Gendarmería Nacional al destacamento Móvil 1…".
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria Guillermo Víctor Cardozo (fs. 22.517/28) ratificó el escrito presentado a fs. 22.517/528, oportunidad en la cual señaló que la Gendarmería Nacional Argentina dependía orgánicamente del Ejército Argentino, acorde a lo establecido por la ley 19.349.
		Luego de efectuar un repaso de la normativa vigente a la época de los sucesos analizados concluye su exposición al señalar que “los hechos que me han imputado en la presente causa, en el hipotético caso de haber ocurrido, habían sido cometidos cumpliendo órdenes expresas cuya ejecución fue debidamente documentada no siendo responsabilidad mía la destrucción de dicha documentación que hubiese permitido probar mi desempeño en cada una de las acciones que ejercí durante la guerra contra el terrorismo…”(cfr. fs. 22.528).
		El nombrado, en definitiva, admitió haber prestado funciones de seguridad en el centro “Olimpo” desde agosto de 1978 hasta principios de 1979, es decir, todo el período en el cual funcionara este centro.
		Vale también recordar lo relatado en su declaración indagatoria “En cuanto al personal de Gendarmería que cumplía funciones en el citado objetivo, lo hacía en grupos de seis a ocho hombres que se relevaban en turnos de 24 horas, por 48 o 72 horas de descanso”.
		Este elemento, sumado a los anteriores, corrobora su inserción, y del personal de Gendarmería, en la mecánica de funcionamiento del centro de detención. En efecto, como se ha acreditado a través de los testimonios de las víctimas, las guardias en los centros de detención eran piezas esenciales para asegurar el orden del lugar, y piezas primordiales para preservar las privaciones de la libertad, más allá, de que conforme se halla acreditado y contrariamente a lo sostenido por Cardozo, también cumplían otro tipo de funciones, como la realización de detenciones y tareas de investigación -siempre clandestinas- para la detención de personas. 
		Tal como se ha asentado, Cardozo admitió haberse desempeñado en la sede “Olimpo”, y el plexo probatorio colectado deja ver que intervino activamente en las privaciones de la libertad de los detenidos allí alojados.
		Si bien esbozó su intento por desligarse de la responsabilidad de los hechos llevados a cabo en “Banco”, son varias las víctimas que refirieron haber visto al nombrado en este centro, y tal como sostengo a lo largo de esta resolución de esta resolución, debe tenerse en cuenta el papel fundamental que estos centros poseían para el plan sistemático de lucha contra la “subversión” que fuera implementado en el marco de la dictadura militar, ya que como habrá de detallarse, permitían alojar a detenidos, e imponer a los mismos mecanismos de tortura e interrogatorios, lo cual a su vez permitía obtener información trascendente para el desarrollo de la dinámica del plan. 
		Respecto al descargo del nombrado en cuanto a su obediencia a los mandatos recibidos de parte de la superioridad el tema es tratado, en profundidad en el considerando noveno.
		En definitiva, los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener por acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la vinculación del imputado con los sucesos que aquí se investigan, con el alcance y las calidades de las que he de ocuparme a continuación, en cada caso en concreto.
		7.11. Responsabilidad de Eugenio Pereyra Apestegui:
		Se le imputa a Eugenio Pereyra Apestegui, el haber intervenido en carácter de coautor, en las privaciones ilegales de la libertad y sometimiento a tormentos de las personas que han sido alojadas en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro de detención que tuviera inicio a mediados del año 1976 bajo la denominación “Atlético”; y que se encuentran identificadas bajo los números: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50 a 62, 64 a 142, 145, 146, 148 a 150, 157 y 160. 

		1. Su identificación bajo el apodo “Quintana”. Funciones cumplidas por Eugenio Pereyra Apestegui en las sedes del centro clandestino de detención denominadas “Banco” y “Olimpo”.		
		1.1. Eugenio Pereyra Apestegui era apodado “Quintana”:
		La asignación del apodo “Quintana” a Eugenio Pereyra Apestegui, se encuentra acreditada por diversos elementos que se citarán a continuación y en particular, por el testimonio de algunas víctimas que permanecieron detenidas en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro de detención donde actuaba el nombrado. Como habrá de advertirse los testigos han explicado que llegaron a la conclusión de que “Quintana” era Pereyra Apestegui por el trabajo de reconstrucción de los hechos que luego de liberados realizaron entre los detenidos.
		Así, surge el testimonio de Jorge Osvaldo Paladino, quien relató que “el Jefe de guardia que era Quintana que luego supo que era Eugenio Apesteguía, trae una guitarra y canta algunas canciones por mi cumpleaños” (fs. 67/71 de la causa 9373/01).
		Susana Caride -detenida el 26 de julio de 1978 y trasladada primero al “Banco” y luego a “Olimpo”-, al declarar en el marco de la misma causa (fs.142/3vta.) refirió a “Quintana” como uno de los responsables de las guardias del centro de detención.
		La misma testigo al declarar ante esta sede (fs. 17.829/31) dijo “…Quintana se llamaba Pereyra Apesteguia…” y agregó que vio al mismo en el centro “Olimpo” varias veces “…porque iba a recorrer los tubos…”; agregó que era “…petiso, morocho, con cabello negro y bigotes…”, y que se peinaba a la gomina.
		También mencionó Caride, que el nombrado en cierta oportunidad fue citado por un juzgado y que en la primera declaración, a través de su abogado Rodríguez Araya, dijo que estaba enfermo y finalmente dijo que el mismo era de Gendarmería.
		La testigo Isabel Cerruti -detenida el 22 de julio de 1978 y trasladada al centro de detención conocido como “Banco” y luego a “Olimpo”-, dijo al declarar ante esta sede que mientras estuvo en cautiverio vio a “Quintana” y que éste tenía bigotes, “…que era petiso, de pelo oscuro, tez más bien morocha, que caminaba con complejo de petiso, que usaba taquitos, que trataba de mandonear todo el tiempo. Que era Jefe de la guardia, y que su nombre real era Pereyra Apesteguia de Gendarmería“(cfr. 19.373/5).
		Isabel Fernández Blanco, detenida el 28 de julio de 1978 y llevada al “Banco” y luego a “Olimpo”, declaró ante esta sede (fs.17.841/3) que “…Quintana es Pereyra Apesteguía, de Gendarmería. Que era de estatura baja, bigotes, morocho, se peinaba con gomina y caminaba trabado, que sólo lo vé en Olimpo. Que estaba en el mismo grupo de Cortés y Nelson. Que el nombre real lo supo en las mismas circunstancias que los anteriores”, es decir, con la reconstrucción de los hechos.
		Por otro lado, si se atiende a la descripción física que surge en su legajo personal de Gendarmería, se advierte que las características allí asentadas coinciden con aquellas aportadas por las víctimas. Nótese por ejemplo que en su legajo surge que posee 1,66 m de altura -estatura por debajo de la media-, cutis trigueño, color de cabello castaño, encontrándose retratado con bigotes en una de las cinco fotos que obran en su legajo, y justamente se trata de aquella fotografía tomada en febrero de 1980 (ver reverso de foto), siendo la anterior en la cual está sin bigotes del año 1976 y la siguiente, del año 1986.
		Por otro lado, se tiene en cuenta que los testigos han referido que “Quintana” se desempeñaba como Primer Alférez en Gendarmería, dato que también coincide con Pereyra Apestegui (conf. su legajo personal reservado en Secretaría).
		Otros de los datos que interesan al respecto es el aportado por Rufino Almeida, quien dijo al declarar que Quintana “…estaba operando en Misiones o en esa zona…”, lo cual coincide con el imputado, en cuanto a que según su legajo en los años 1975 y 1976 se desempeñó en la provincia de Misiones, donde estuvo hasta febrero de 1977 (cfr. declaración testimonial de Almeida de fs. 18.126/8 y legajo personal de Pereyra Apestegui).	
		Por último, vale también tener en cuenta lo declarado por Villani en su declaración agregada a fs. 1438 del legajo nro. 359 correspondiente a Alfredo Giorgi (detenido y llevado a Olimpo), en la cual al serle exhibida una fotografía dijo que la foto “…corresponde a una persona de la cual puede decir, aunque sin serle factible afirmarlo categóricamente, se trataría del individuo a quien mencionara como Quintana”, consignándose en dicho acto que el retrato corresponde a Eugenio Pereyra.

		1.2. Eugenio Pereyra Apestegui bajo el apodo “Quintana” prestó funciones en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro de detención: 
		Los testimonios recogidos en esta investigación han permitido arribar a la conclusión de que el nombrado se desempeñó en las sedes “Banco” y “Olimpo” y que en ambos sitios prestó servicios como guardia, a cargo del cuidado de la seguridad del predio, que como tal participó de las privaciones de la libertad y en la aplicación de tormentos impuestos a los detenidos.
		Para conformar un perfil de quién era el nombrado a la época de los hechos, debe destacarse que según su legajo personal, entre octubre de 1977 y abril de 1978 se desempeñó como Primer Alférez de Gendarmería Nacional en el Destacamento Móvil 1; entre el 24 de abril de 1978 y el 12 de julio del mismo año, estuvo en Comisión en Operación Seguridad del Mundial de Fútbol, y en julio de 1978 y hasta el abril de 1979 se hallaba en Comisión “Cdo. Subzona Capital Federal”.
		De ello se sigue que mientras se encontraban en funcionamiento los centros de detención “Banco” y “Olimpo”, Pereyra Apestegui se desempeñaba como Primer Alférez en Gendarmería Nacional.
		Por otro lado, numerosos testimonios dan cuenta de que el nombrado fue visto en los dos sitios, señalando algunos de los testigos que “Quintana” se destacaba por su forma de hablar, que le gustaba “mandonear” y que solía amenazar a los detenidos con expresiones relativas a que si alguno lo miraba, se levantaba el tabique o lo reconocía en la calle, lo mandaba para arriba (cfr. declaración testimonial de Susana Caride de fs. 17.829/31). 
		Rufino Almeyda, detenido en junio de 1978 y trasladado al centro de detención “Banco”, donde permaneció hasta el 26 ó 27 de julio siguiente, relató ante esta sede que en dicho lugar “…había un Quintana, que era petiso, de pelo lacio, morocho, peinado para el costado, con bigotes, que se acercó varias veces al tubo a hablarles y les preguntaba cosas, que tenía una campera de tela de frazada roja o bordeaux con cuadros, que estaba operando en Misiones o en esa zona, que no conocía ese nombre…” (cfr. fs. 18.126/8). 	
		Asimismo, ha de tenerse en cuenta el “Testimony on secret detention camps in Argentina” de Amnesty International-incorporado a la causa el 12 de febrero de 2004-, de donde surge la declaración prestada por los testigos Oscar Alfredo González y por Horacio Guillermo Cid de la Paz, quienes fueron detenidos y alojados en el centros denominado sucesivamente “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Con relación a “Banco” refirieron los nombrados que “los guardias internos y externos era personal que formaba parte de la Gendarmería Nacional. Los gendarmes poseían dos características principales: por un lado su ignorancia histórica, política e ideológica, y por otro lado, su brutalidad y sadismo”; asimismo recordaron entre los gendarmes al Primer Alférez Pereyra, apodado “Quintana”.
		Susana Caride, al declarar en el marco de la misma causa (fs.142/3vta.) refirió que Quintana “…era alguien que pasaba por los tubos, era morocho oscuro, mucho pelo, de bigotes, era un enano que usaba zapatos con taquitos y era conocido por ello, también decía «si me mirás la cara y me reconocés, sos boleta» Era Alférez, era fanático de Demis Russou, Nino Bravo, marchas de Hitler o militares. El decía que tenía hijas. También hablaba de sus estudios en la Gendarmería”.
		Jorge Allega vivió una situación por demás extraordinaria. 
		Detenido el 9 de junio de 1977 y recluido en el “Atlético”, dijo que cuando ya estaba liberado se mudó a un departamento y en el pallier del edificio se encontró con el guardia al cual le decían “Quintana”, a quien conocía “de la sede Banco”, que el nombrado lo separó del grupo de personas con la que estaba y le preguntó qué hacía allí, y al decirle él que vivía en tal sitio, el nombrado le dijo que él también vivía allí y que eso iba a ser un problema, que había que tener mucho cuidado, ya que “…corrían riesgo los dos…”.
		Agregó, que al poco tiempo “Quintana” le dijo que había hablado con sus jefes la situación y que debían tener una entrevista, luego de lo cual lo fueron a buscar en un Ford Falcon amarillo. Que en tal vehículo reconoce a “Colores”. Que lo subieron al auto y le dijeron que cualquier problema que tuviera Pereyra o “Quintana” iba a resultar muy sospechoso. 		Refirió que a los dos o tres meses los vecinos le dijeron que a “Quintana” que era de Gendarmería, lo trasladaban y que ya entonces no lo vio más (cfr. legajo nro. 234). 
		Asimismo, resulta ilustrativo de las funciones que “Quintana” cumplía en las sedes “Banco” y “Olimpo, el testimonio de Jorge Osvaldo Paladino, quien en la causa nro. 9373/01 caratulada “N.N. s/ privación ilegal de la libertad”, que corre por cuerda a estas actuaciones, relató que al ser alojado en el centro de detención “Olimpo”, cuando cumplió años “el Jefe de guardia que era Quintana que luego supo que era Eugenio Apesteguía, trae una guitarra y canta algunas canciones por mi cumpleaños”. 
		En dicha declaración agregó Paladino que entre los jefes de “Olimpo”, estaban -entre otros- Cortés y Quintana, y señaló “…estaban todos los días pero no sé cómo eran sus horarios, pero los veía a diario ahí. Los guardias sé que tenían turnos de 24 por 48 horas, pero los Jefes de guardia estaban mucho tiempo, estaban la mayor parte del día, hasta la noche. Además usaban distintivos, triangulitos: los guardias de un color, los represores otros y los del consejo de otro color” (fs. 67/71).
		Daniel Merialdo -quien estuvo en las sedes “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”- al prestar declaración ante este Tribunal (fs. 18.108/12) refirió que en el centro de detención “…había otra persona de apellido Quintana, que era de Gendarmería y que como Nelson y Cardozo, cuidaba el orden interno, que era más bien bajo y morocho y que no conoce su nombre”.
		Isabel Fernández Blanco, detenida el 28 de julio de 1978 y llevada al “Banco” y luego a “Olimpo”, declaró ante esta sede (fs.17.841/3) que “…Quintana es Pereyra Apesteguía, de Gendarmería. Que era de estatura baja, bigotes, morocho, se peinaba con gomina y caminaba trabado, que sólo lo ve en Olimpo. Que estaba en el mismo grupo de Cortés y Nelson. Que el nombre real lo supo en las mismas circunstancias que los anteriores”, es decir, con la reconstrucción de los hechos.
		En la presentación efectuada por Mario Villani a fs. 40/51 en la causa nro. 9373/01 caratulada “N.N s/ privación ilegal de la libertad personal” que corre por cuerda a estas actuaciones, surge un listado confeccionado por el nombrado en el cual se consigna que el apodo de Eugenio Pereyra Apestegui era “Quintana”, y que el nombrado fue visto por Villani, Caride, Paladino y Almeida.
		También Villani en otra declaración agregada en el legajo nro. 359 (fs. 1483) de Alfredo Giorgi, (detenido y llevado a Olimpo), al serle exhibida una fotografía dijo que la misma “corresponde a una persona de la cual puede decir, aunque sin serle factible afirmarlo categóricamente, se trataría del individuo a quien mencionara como Quintana”, consignándose en dicho acto que el retrato corresponde a Eugenio Pereyra.
		Otro testimonio que debe tenerse en cuenta para acreditar la presencia de Pereyra Apestegui en el “Olimpo” y su familiaridad con los hechos allí acaecidos, es el de Omar Eduardo Torres, gendarme que se desempeñó en el Destacamento de Campo de Mayo, quien prestó declaración el 6 de julio de 1984 y refirió que junto a un grupo de treinta compañeros o personal de tropas, fue instruido en Campo de Mayo por el Segundo Comandante Guillermo Cardozo, y les fue informado que serían enviados a un lugar y que debían guardar estricta reserva sin comentario con sus familiares o amigos; que en el lugar “…les darían como un viático y que en el lugar al que irían usarían otro nombre al verdadero…”, agregó que también le dijeron que “…un día y hora determinada se encontrarían en la calle Ramón Falcón y Lacarra en un portón verde y que allí adentro los estarían esperando…”; dijo también que “…a todos los integrantes se les dijo que firmarían una planilla con todo lo antes dicho, que el primero que firmó fue el segundo comandante, para que después firmaran todos los demás…”. Torres dio una descripción de la mecánica de funcionamiento del lugar sito en Ramón Falcón y Lacarra, y precisamente recordó el ingreso de detenidos a dicho lugar, de los cuales se anotaba su ingreso, a la vez que mencionó -aparte de Cortés- al Primer Alférez Pereyra. Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Pereyra Apestegui bajo el apodo “Quintana” en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centro de detención que tuviera inicio en la sede “Atlético” -donde no había estado el nombrado-, y su participación en las privaciones de la libertad de los allí detenidos y la aplicación de tormentos.

		2. Las tareas que realizaba Eugenio Pereyra Apestegui alias “Quintana” en las sedes “Banco” y “Olimpo” del centros de detención bajo análisis. Su intervención en los secuestros, en la guardia de los detenidos, en los interrogatorios y tormentos
		Tal como surge de los testimonios colectados, Pereyra Apestegui se desempeñaba en los centros de detención como “Jefe de guardia” y como tal, constituía una pieza fundamental de la mecánica de funcionamiento del centro de detención. 
		En efecto, como se ha acreditado a través de los testimonios de las víctimas, las guardias en los centros de detención eran piezas esenciales para asegurar el orden del lugar y para preservar las privaciones de la libertad, más allá, de que conforme se halla acreditado y contrariamente a lo sostenido por Pereyra Apestegui, también cumplían otro tipo de funciones, como la realización de detenciones y tareas de investigación -siempre clandestinas- para la detención de personas. 
		Los testimonios citados demuestran que Pereyra Apestegui alias “Quintana” prestaba funciones en el centro de detención, que amenazaba a los detenidos que en tales centros, sometía a las personas allí alojadas a las condiciones infrahumanas y degradantes descriptas oportunamente, a la vez que también intervenía en la guardia externa del lugar; y que asimismo ejercía control sobre los liberados.
		Al respecto es preciso recordar las manifestaciones de Susana Caride, detenida el 26 de julio de 1978 y trasladada primero a “Banco” y luego a “Olimpo”, relató en su declaración de fs. 17.829/31, que “Quintana se llamaba Pereyra Apesteguia”; que vio al mismo en el “Olimpo” varias veces “porque iba a recorrer los tubos”, y agregó que decía que si “alguno lo miraba, se levantaba el tabique o lo reconocía en la calle, lo mandaba para arriba”, que “era petiso, morocho, con cabello Negro y bigotes”, y que se peinaba a la gomina. Agregó Caride que se lo reconocía cuando llegaba al centro porque como era petiso, llevaba tacos, y que en cierta oportunidad fue citado por un juzgado y que en la primera declaración, a través de su abogado Rodríguez Araya, dijo que estaba enfermo y luego se fugó, agregó asimismo que el nombrado era de Gendarmería.
		Isabel Teresa Cerruti, detenida el 22 de julio de 1978 y trasladada a la sede del centro de detención conocido como “Banco” y luego a “Olimpo”, dijo al declarar ante este Tribunal que mientras estuvo en cautiverio, los represores la sacaron del centro varias veces para llevarla a su casa, que en una de las visitas la sacó el Viejo Pereyra y en otra “Quintana”.
		También relató Cerruti que “Quintana” tenía bigotes, que era petiso, de pelo oscuro, tez más bien morocha, que caminaba con complejo de petiso, que usaba taquitos, que trataba de mandonear todo el tiempo. Que era Jefe de la guardia, y que su nombre real era Pereyra Apesteguia de Gendarmería “lo que era notorio por la forma de hablar”.
		Agregó que “…en el Olimpo, lo que le hicieron fue el Orden Cerrado, que consistía en hacerlos hacer gimnasia hasta que se desmayaban. Que eran por ejemplo trescientas flexiones y que el que se paraba o se quedaba quieto lo golpeaban. Que esto era frecuente en el Olimpo. Que el que daba las órdenes de los ejercicios era el jefe de guardia de turnos, que recuerda a Quintana como uno de los que solía hacer estas cosas. Recuerda que en el mismo sector donde estaban las celdas elegían a dos detenidos y los hacían pelear tipo boxeo y si no lo hacían los golpeaban. Que también le hacían eso a las mujeres, por ejemplo a Gertrudis Poblete. Que cuando hacían esto cerraban las puertas y que cunado terminaban se veían las manchas de sangre en las paredes...” (cfr. fs. 19.373/5).
		Alberto Próspero Barret Viedma fue detenido el 19 de septiembre de 1978 y trasladado al “Olimpo”, donde permaneció catorce días. Relató que fue torturado mediante asfixia, que su cabeza fue introducida en una bolsa de plástico; y que también le aplicaron cadenazos.
		 Cuando se refirió a los torturadores, dijo que eran personal estable del lugar y que entre ellos estaban: El Turco Julián, un tal Miguel y “Pereyra” (conforme su declaración prestada en oportunidad de instruirse la causa nro. 13/84 -legajo nro. 249-). 
		También resulta ilustrativo el testimonio prestado por Juan Carlos Guarino, quien estuvo detenido en el centro de detención “Banco” y luego en “Olimpo” (testimonio prestado el 27 de octubre de 2000, que obra en el sumario nro. 19/97 instruido por el Juzgado Central de Instrucción nro. 5 de la Audiencia Nacional del Reino de España), quien relató que en el Olimpo “…de entrada se observaba que quien conducía el lugar era Rolando u que aparecieron algunas caras nuevas como Cortez y Nelson, que eran de Gendarmería, los cuales actuaban como jefe y subjefe de guardia interna y externa que cubrían personal de Gendarmería en su mayoría de origen correntino. Otros fueron Pereyra, Candado y Montoya del GT2 que era de quien yo dependía”.
		Agregó que el 21 de septiembre por la tarde “…vinieron Pereyra y El Candado y le pusieron unos anteojos que tenían los vidrios pintados para no poder ver, en ese momento les pido si la podía acompañar y logro que también me llevaran a la casa de mi suegra…”; luego de lo cual lo devolvieron al lugar, repitiéndose la situación a mediados de enero de 1979 en que fue llevado por Candado y Pereyra a la casa de su suegra.
		En definitiva, en tanto se halla acreditado que Pereyra Apestegui cumplía tareas dentro de los centros “Banco” y “Olimpo”, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que detentaba con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel destacado que cumplió el nombrado en el plan instaurado desde el Estado, cuya cadena se integraba por la detención, tortura y hasta eliminación de personas, 		Tal como surge de los testimonios colectados, Pereyra Apestegui se desempeñaba en los centros de detención como “guardia” y como tal, constituía una pieza fundamental de la mecánica de funcionamiento del centro de detención. 
		En efecto, como se ha acreditado a través de los testimonios de las víctimas, las guardias en los centros de detención eran piezas esenciales para asegurar el orden del lugar y para preservar las privaciones de la libertad, más allá, de que conforme se halla acreditado y contrariamente a lo sostenido por Pereyra Apestegui, también cumplían otro tipo de funciones, como la realización de detenciones y tareas de investigación -siempre clandestinas- para la detención de personas. 
		Los testimonios citados demuestran que Pereyra Apestegui alias “Quintana” prestaba funciones en el centro de detención, que amenazaba a los detenidos ( caso Susana Caride), que en tales centros, sometía a las personas allí alojadas a las condiciones infrahumanas y degradantes descriptas oportunamente, que aplicaba él personalmente las torturas (caso Alberto Barret Viedma) a la vez que también intervenía en la guardia externa del lugar; y que asimismo ejercía control sobre los liberados (caso Jorge Allega).

		3. El descargo de Eugenio Pereyra Apestegui:
		El Comandante Principal (R) de la Gendarmería Nacional Argentina Eugenio Pereyra Apestegui, prestó declaración a tenor de lo normado por el art. 294 del C.P.P.N., por primera vez, a fs. 20.003/15, ocasión en la cual se negó a declarar. 
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria ( fs. 21.091/104) negó su autoría en los hechos imputados y señaló que en el año 1976 se desempeñaba como Primer Alférez en el Escuadrón 11 San Ignacio de Gendarmería Nacional, sito en la localidad homónima en la provincia de Misiones; que en el mes de diciembre del año 1975, se dispuso su nombramiento como Jefe de la sección Posadas, con asiento en esa ciudad Capital, cargo que ocupó hasta enero de 1977.
		Agregó: “…En ese mes rindo examen de ingreso a la Escuela de Inteligencia del Ejército Argentino y habiendo aprobado el mismo, creo que en febrero de 1977, inicio el curso como alumno regular con dedicación exclusiva durante todo el año, hasta diciembre de 1977, mes en que egresa como oficial de inteligencia de Gendarmería…”.
		Expuso luego, que en los primeros días de 1978 fue asignado a un nuevo destino, el Destacamento Móvil 1 Campo de Mayo, con asiento en la guarnición del mismo nombre de Gendarmería “…donde cumplo las funciones propias asignadas al área inteligencia en materia de asesoramiento a la Jefatura de dicha Unidad, aportando datos actualizados que hacen a los actores de interés, ámbito geográfico y tendencia climatológica que actuaban positiva o negativamente sobre las capacidades de la Unidad…”. 
		Refirió también “…En el mes de abril aproximadamente, recibo la orden de integrar un contingente del Destacamento Móvil 1 que a cargo del Segundo Comandante Cardozo, debía responsabilizarse de la seguridad y protección del estadio River Plate en el Mundial de Fútbol de ese año. La misión se cumplió antes, durante y un tiempo posterior al desarrollo del evento deportivo. Al finalizar el mismo, creo que en julio aproximadamente, usufructúo la licencia de invierno”.
		Luego expuso: “…Al término de la misma, en agosto, me imparten la orden de integrar una fracción que al mando del Segundo Comandante Cardozo iba a cumplir la misión de dar seguridad y protección a un objetivo militar ubicado creo que en Lacarra y Falcón, que era un edificio de automotores de la Policía Federal, o algo así [...] allí funcionaba un lugar de reunión de detenidos. Que me enteré, de que la orden la impartió el Comando del primer Cuerpo del Ejército en virtud de que en el planeamiento militar el Destacamento Móvil 1 Campo de Mayo, constituía la reserva operacional del cuerpo I, o sea, para aclararlo, el Destacamento era un elemento orgánico del Primer Cuerpo del Ejército. En el citado objetivo militar, el rol de la Gendarmería Nacional era exclusivamente de dar seguridad y protección a la instalación, en previsión a cualquier tipo de intento de copamiento y/o evasión. En el lugar, co-funcionaban dos fracciones, una dedicada a la seguridad y protección que lo ejecutaba la Gendarmería Nacional y la otra, conformada por personal desconocido al declarante, posiblemente a tareas operativas y manejo y tratamiento de los detenidos. Deseo aclarar que el desmoronamiento del nivel moral del personal de Gendarmería fue preocupante durante ese período por la precariedad generalizada en que se desarrollaba la actividad. Además se trabajaba de civil, y sin la utilización de seudónimos o apodos. Y el trato entre personal de Gendarmería era el que estrictamente fijaban los reglamentos. Que durante la permanencia en el objetivo no tuve conocimiento de acciones de secuestros, tormentos, traslados de personas y/o efectos en contra de lo establecido por la ley. Los servicios consistían en guardias de 24 horas por 72 horas de descanso, tiempo que en el corto período en que estuvo el elemento afectado a esa misión, indiscutiblemente no permitía conocer los detalles de la habitualidad en la instalación. Antes de las fiestas de navidad y fin de año de 1978, me tomo la licencia ordinaria y viajo a la provincia de Misiones. A mi regreso, creo que fue a fines de enero o principios de febrero de 1979, hago mi presentación en mi Unidad de origen que es el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, donde se me comunica que debo cumplimentar pase ala Jefatura de Región 1, nuevo destino donde permanezco hasta diciembre de ese año para posteriormente trasladarme a la Agrupación 13 Río Negro, de San Carlos de Bariloche”.
		Como vemos, Pereyra Apestegui, si bien negó en su descargo su intervención en los hechos suscitados en el centro “Banco”, admitió que prestó servicios en el “Olimpo”, donde según sus propios dichos había sido encomendado para brindar “seguridad y protección a la instalación, en previsión a cualquier tipo de intento de copamiento y/o evasión”. 
		Refirió asimismo que en el lugar había dos fracciones, una conformada por el personal de Gendarmería y otra, por personal desconocido para él, dedicado a tareas operativas y manejo y tratamiento de detenidos. 
		Lo cierto es que los testimonios de las víctimas permiten corroborar que el nombrado custodiaba a los detenidos, que lo tuvo mientras estaba en el centro, como cuando ya estaban liberados. En este sentido, también debe tenerse en cuenta lo relatado por el co imputado Guillermo Víctor Cardozo, quien reconoció haber prestado funciones en el objetivo mencionado, y resaltó “Respecto al personal detenido, aclaraba el citado Coronel que los mismos estaban en un período de transición y que iban a recuperar su libertad, por lo cual exigía que el trato a los mismos debía ser absolutamente correcto”.
		Esta circunstancia, es decir, que Cardozo -entonces Jefe de Pereyra Apestegui en el Destacamento Móvil nro. 1 de Gendarmería Nacional y persona que lo asigna al nombrado para cumplir funciones en el “objetivo de Lacarra y Falcón”-, haya tenido directivas acerca de cómo tratar a los detenidos, evidencia la falsedad de la versión ofrecida por Pereyra Apestegui; debiéndose tener en cuenta también que según Cardozo, otra de las circunstancias que hacían a la desmoralización del personal de Gendarmería era la falta de lugar para el alojamiento del personal de dicha fuerza y el trato recibido por estos por las restantes personas que trabajaban en el lugar, cuestiones estas que sólo podían tomar cierta trascendencia si el personal de gendarmería poseía en el lugar cierta inserción, mas no si -como refiriera Pereyra Apestegui- poseían funciones limitadas, sin tratar ver siguiera a los detenidos. 
		En definitiva, tal como se ha asentado, Pereyra Apestegui admitió haberse desempeñado en la sede “Olimpo”, y su relato deja ver que intervino activamente en las privaciones de la libertad -en las condiciones infrahumanas en que se llevaron a cabo- de las personas allí alojadas.
		Si bien esbozó su intento por desligarse de la responsabilidad de los hechos llevados a cabo en “Banco”, son varias las víctimas que refirieron haber visto al nombrado en este centro, y cuyos testimonios fueran reseñados precedentemente y tal como habrá de asentarse en otro tramo de esta resolución, debe tenerse en cuenta el papel fundamental que estos centros poseían para el plan sistemático de “lucha antisubversiva” que fuera implementado en el marco de la dictadura militar, ya que como hubo de detallarse, permitían alojar a detenidos, e imponer a los mismos mecanismos de tortura e interrogatorios, lo cual a su vez permitía obtener información trascendente para el desarrollo de la dinámica del plan. 
		En ocasión de ampliar su declaración indagatoria Eugenio Pereyra Apestegui (fs. 22.549/62) ratificó el escrito presentado a fs. 22.529/539, oportunidad en la cual señaló que la Gendarmería Nacional Argentina dependía orgánicamente del Ejército Argentino, acorde a lo establecido por la ley 19.349.
		Luego de efectuar un repaso de la normativa vigente a la época de los sucesos analizados concluye su exposicón al igual que Cardozo al señalar que “los hechos que me han imputado en la presente causa, en el hipotético caso de haber ocurrido, habían sido cometidos cumpliendo órdenes expresas cuya ejecución fue debidamente documentada no siendo responsabilidad mía la destrucción de dicha documentación que hubiese permitido probar mi desempeño en cada una de las acciones que ejercí durante la guerra contra el terrorismo…”(cfr. fs. 22.539).
		Respecto de este planteo debe reiterar que eb el “Considerando Noveno” de la presente resolución se trata en profundidad el tema de la obediencia debida planteado por el encartado.
		De esta manera con los elementos reseñados constituyen suficiente prueba para tener por acreditada -al menos con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso-, la vinculación del imputado con los sucesos que aquí se investigan.

		7.12. Responsabilidad penal de Arlindo Benito Luna:
		Al suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina Arlindo Luna se le imputa el haber intervenido en carácter de coautor, en las privaciones ilegales de la libertad y sometimiento a tormentos de las personas que han sido alojadas en las sedes “Banco” y “Olimpo”, del centro de detención que tuvo inicio a mediados del año 1976 en la sede denominada “Atlético”; y que se hallan identificadas bajo los números: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50 a 62, 64 a 142, 145, 146, 148 a 150, 157 y 160, ello conforme a la intimación efectuada en sus declaraciones indagatorias prestadas en autos.
		La imputación que se ha sostenido a su respecto, se ha basado en los testimonios brindados por algunos sobrevivientes de las sedes citadas; sin embargo, como se habrá de advertir de las citas que se efectuarán a continuación, tales testimonios no revisten la fehaciencia suficiente como para tener por acreditada prima facie la intervención de Arlindo Luna en los hechos que se tratan en esta resolución.
		En efecto, los contados testigos que se refieren al represor “Montoya” -Villani y Fernández Blanco-, lo hacen de una manera poco precisa, limitándose a señalar que el nombrado pertenecía al GT2 -Grupo de Tareas 2-; por otro lado, se ha indicado reiteradamente entre aquellos que refieren al aquí analizado, que el nombre de “Montoya” era Alberto Luna, imprecisión que también le resta solidez a la imputación sostenida en su respecto, quien como también habrá de mencionarse, al momento de declarar como imputado, ha negado su vinculación con los hechos que constituyen su imputación.
		Veamos; como se advierte de su legajo personal, Arlindo Luna se desempeñaba en Gendarmería Nacional, habiéndolo hecho desde el 22 de enero de 1976 hasta el 1ro de enero de 1977, bajo el cargo de Cabo, en el Destacamento Móvil 1 Campo de Mayo; y desde junio de 1977 hasta julio del mismo año, en la Comisión “Operación Independencia”. También surge de su legajo que luego de ser afectado en abril de 1978 a la Comisión “Op. Seguridad Ferrocarril, Buenos Aires, V. María; y posteriormente (entre abril y julio), a la Comisión Op. Seg. Mundial Fútbol 1978; a partir del 14 de agosto habría sido dispuesto en Comisión Op. Seguridad, Subzona Capital Federal, donde se habría desempeñado hasta agosto de 1979.
		En el mismo legajo, Luna se encuentra calificado por su superior, precisamente por Guillermo Cardozo. Efectivamente, desde el 1/2 hasta el 30/9 se halla calificado por el “1er AlfGVCardozo”; y entre el 1/10 de 1977 y el 30/9/78, por el “2do. Comte. Cardozo”; lo cual coincide con el nombre del coimputado Guillermo Víctor Cardozo.
		Es decir, mientras se encontraban en funcionamiento los centros de detención “Banco” y “Olimpo”, Luna se desempeñaba en Gendarmería Nacional bajo el cargo de Cabo y se encontraba bajo las órdenes de Cardozo.
		Al prestar declaración indagatoria Luna refirió que en cierta oportunidad recibió la orden de hacer guardia en un “objetivo militar de calle Lacarra”, que “allí hizo tres o cuatro guardias de seguridad externa, es decir, perimetral. Que de allí en las guardias lo hacen llamar del Destacamento Móvil que se reintegrara al asiento del escuadrón, a Campo de Mayo...”.
		Agregó “que en Campo de Mayo estaba el Segundo Comandante Cardozo, que era el oficial de personal, que lo recuerda porque los hacían formar, y se impartían las órdenes […] Que el que hacía de jefe de turno, era el Segundo comandante Cardozo, en esos dos o tres días que estuvo allí, que no recuerda a más nadie”.
		Explicó, al ser preguntado por lo consignado en su legajo en cuanto a que en 1980 pasó a “Comando Op. Seg. Subzona Capital Federal”, que”es lo que ya mencionó, de la calle Lacarra, que es donde hizo dos o tres guardias y luego lo reintegran a Campo de Mayo. Que el que daba la orden respecto a la seguridad era el segundo comandante Cardozo, o el que estaba de turno, que rotaban”; agregó que su superior jerárquico era Cardozo y que el centro citado era conocido por él como “el objetivo militar Lacarra”.
		Y agregó que allí “la misión era controlar que nadie entrara, que esa era la orden. Que lo que hacían era la guardia externa” y que no pudo ver lo que había dentro del predio; asimismo, negó saber si allí trabajaban otras fuerzas de seguridad
		Si bien Luna admitió que prestó funciones en la sede “Olimpo”, precisó que tales funciones las desarrolló en el exterior del “objetivo”, que no ingresó al mismo y que ni siquiera sabía si allí trabajaban otras fuerzas de seguridad; que su función se limitaba a asegurar que nadie ingresara ni saliera del predio y que su superior era Cardozo, es decir, el mismo superior que poseyera en su destino original en Campo de Mayo. 
		Lo relatado por Luna en cuanto a su ajenidad y desconocimiento respecto de los hechos que se sucedían en el interior del predio, no ha sido rebatido suficientemente en estos obrados, resultando el cuadro probatorio muy escaso para tener por acreditada -aún en esta etapa procesal- su responsabilidad en los hechos que le fueran imputados, por lo cual adelanto que habré de adoptar al respecto, el temperamento pautado por el artículo 309 del C.P.P.N.
		En efecto, como se ha adelantado, vale tener en cuenta que son varios los testigos que han referido haber tenido conocimiento de la existencia de un sujeto apodado “Montoya”, sin embargo los datos aportados con respecto a éste, no lo delinean claramente acerca de cuál era su rol -si es que lo tenía- en el centro clandestino, al tiempo que, al menos en parte, no coinciden con aquellos que identificaran a Luna.
		En tal sentido, vale recordar que el testigo Daniel Merialdo al prestar declaración ante esta sede (fs. 18.108/12) refirió que en el centro de detención “había un represor apodado Montoya”; sin embargo, no pudo precisar en qué sede lo vio, para lo cual habrá de tenerse en cuenta que Merialdo estuvo tanto en el centro Banco como en Olimpo, pero ya esta falta de precisión menmónica desmerece el testimonio respecto de esta imputación en concreto, cuando además no le asigna alguna función en particular o misión en la que haya intervenido.
		Por su parte, Mario César Villani, quien si bien no ha declarado ante esta sede, lo ha hecho en reiteradas oportunidades, en las que recordó en forma minuciosa y precisa los hechos vividos en los centros de detención en el cual permaneció detenido, y en particular en las sedes “Banco” y “Olimpo”; en la presentación efectuada en la causa nro. 9373/01 caratulada “NN s/ privación ilegal de la libertad personal” consignó en el listado aportado que entre los represores había uno apodado “Montoya”, de nombre Alberto Luna y el cual pertenecía al “GT2" o Grupo de Tareas 2.
		También Isabel Fernández Blanco, detenida el 28 de julio de 1978 y llevada al “Banco” y luego a “Olimpo”, declaró ante este Tribunal (fs.17.841/3) que “el apodado Montoya es Albeto Luna, era del GT2. Que lo vio en los dos centros de detención en los que estuvo detenida. Que era de las patotas. Que el nombre real lo supo en las mismas circunstancias que los anteriores”, es decir, a raíz de las tareas de reconstrucción realizadas entre los detenidos. 
		Isabel Teresa Cerruti, detenida el 22 de julio de 1978 y trasladada al centro de detención conocido como “Banco” y luego a “Olimpo”, dijo al declarar ante esta sede (19.373/5): “Otro represor que recuerda es Montoya [...] que también participaba de los secuestros, que está casi segura de que Montoya estaba en la calle cuando la secuestran [...] Que el nombre real es Alberto Luna, que lo supo por las reuniones con los ex detenidos”.
		Los testimonios citados traslucen la falible identificación que se efectuara entre el represor apodado “Montoya” y el aquí imputado, por cuanto no sólo no coinciden los datos suministrados en cuanto a la pertenencia de Luna al GT 2, sino que tampoco aquellas versiones que identifican al represor con el nombre “Alberto” Luna.
		Por otro lado, no desconozco que el gendarme Omar Eduardo Torres, en su declaración testimonial prestada el 6 de julio de 1984 mencionó que una de las personas que fue destinada a la sede sita en Ramón Falcón y Lacarra, era el Cabo primero Luna, apodado “Montoya”, de nombre Arlindo Luna.
		Sin embargo, teniéndose en cuenta las diferencias que se advierten entre los datos aportados por los testigos, y los que verdaderamente identifican a Luna, este dato de por sí no resulta suficiente para tener acreditado el extremo indicado, esto es, que Arlindo Luna era el apodado “Montoya”.
		Pero además de ello, considero que los testimonios que señalan a Montoya como represor resultan ser, al menos a esta altura de la investigación, demasiado imprecisos y genéricos, pues tan sólo contamos al respecto con un puñado de testimonios que aseguran haber visto al nombrado en los centros, sin tener mayores precisiones acerca de si éste desplegó alguna actividad en concreto por medio de la cual, de modo claro, podamos asignarle un aporte material y efectivo a la empresa criminal y, a la vez, que se colmen las exigencias subjetivas de los tipos penales en que encuadran los hechos.
		En tal sentido, el único relato que más o menos se aproxima a esta exigencia es el que lo ubica a Montoya participando de la detención de una víctima (esto es, fuera del campo), cumpliendo un rol de vigilancia en la vía pública mientras el resto de la patota ingresaba a su casa; pero ésta, para colmo, realiza esta afirmación señalando estar casi segura de haberlo visto, lo cual también abre un espacio a la duda acerca de la certeza de dicha afirmación.
		Nótese al respecto, que las imputaciones son tan graves que en este sentido, la cuestión probatoria debe examinarse con suma prudencia y descartar el cuadro cargoso allí cuando el mismo no resulta suficiente como para afirmar la imputación, debiéndose apelar en tales casos al principio in dubio por reo que conduce a afirmar que el principio de inocencia, al menos de momento y respecto de Arlindo Luna, no alcanza a verse conmovido con aquellas imputaciones formuladas.
		Por lo expuesto, y toda vez que como se había adelantado, el descargo efectuado por Luna en cuanto a que prestó funciones en el predio mencionado, pero lo hizo en el área perimetral, es decir, sin tomar contacto con los detenidos en tal sitio, ni con el personal que allí actuaba, ni con conocimiento de lo que sucedía en el predio o de la ilegalidad de los hechos que allí se sucedían, habrá de resolverse la situación del nombrado con arreglo a las disposiciones citadas, es decir, bajo el espectro previsto en el artículo 309 del C.P.P.N.
	
		 7.13. Responsabilidad penal de Oscar Augusto Isidro Rolón. 
		El desarrollo del presente apartado fue realizado en ocasión de dictar el auto de prisión y preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón (cfr. fs. 17.410/517). 
		Su reproducción, en sus partes esenciales más los agregados correspondientes a las nuevas imputaciones formuladas -un aumento en las casos reprochados de privaciones ilegales de la libertad y el delito de tormentos con los alcances señalados en el capítulo correspondiente- está encaminado a satisfacer los requisitos de los arts. 123 y 308 del C.P.P.N. 
		Aquí resulta preciso indicar que la primera declaración indagatoria del nombrado se plasmó a fs. 17.213/27vta. y fue ampliada a fs. 17.342/7. Luego de lo cual se dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva del nombrado a que se hiciera referencia anteriormente.
		Ahora bien, la incorporación al expediente de nuevos elementos probatorios sumado a la nueva conceptualización del delito de tormentos que se adoptará en el presente resolutorio, impusieron la necesidad de llevar a cabo una nueva ampliación de la declaración indagatoria del nombrado y, consecuentemente, volver a merituar su responsabilidad por los hechos que se le imputaran a la luz de dichas consideraciones.
		Se encuentra acreditado que Oscar Augusto Isidro Rolón, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina, intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- de las personas damnificadas cuyos casos fueron tratados bajo los números 152 a 161.
		Por otro lado, se encuentra acreditado que el nombrado intervino en calidad de autor en la aplicación de torturas en los casos sindicados bajo los números 1, 4 a 21, 23 a 62, 65 a 80, 82, 85 a 132, 134, 135, 139, 141 a 161.
		La intervención de Rolón en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación. 

		1. Su identificación bajo el apodo “Soler”. Funciones cumplidas por Oscar A.I. Rolón en los centros clandestinos de detención conocidos como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Oscar Augusto Isidro Rolón era apodado “Soler”.
		Tal afirmación, es decir, que Oscar Rolón poseía tal apodo, se deduce al tenerse en cuenta diversos elementos, que a continuación se expondrán:
		Al respecto, resulta de vital importancia el testimonio brindado por el sobreviviente Mario César Villani en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 y que actualmente se halla incorporada como legajo de prueba a las presentes actuaciones.
		Villani, al ser preguntado por si en los centros de detención en los cuales estuvo detenido había algún represor con el apodo de “Soler”, refirió: “respecto de Soler, sé que su nombre real es Oscar Augusto Rolón, y él me torturó a mí personalmente en el Atlético. Que utilizó la picana y porra de goma para ello. A él lo vi en el “Atlético”, “Banco”, “Olimpo” y División de Cuatrerismo de Quilmes. Era interrogador y no estoy seguro pero es muy probable que haya integrado la patota, estaba en un grupo con el Turco Julián y con Tadei (apodado “El Padre”)...”.
		Susana Leonor Caride quien estuvo detenida en “El Banco” y “Olimpo”, al prestar declaración, ante este Tribunal, refirió que vio a “Soler” en ambos centros de detención, que luego de ser liberada, a raíz de las tareas de reconstrucción de los hechos realizadas por las víctimas, se enteró de que “Soler” era el apodo de Rolón.
		Si bien Oscar Rolón al prestar declaración indagatoria negó que su apodo fuera “Soler”; al ser invitado a explicar su versión acerca del motivo por el cual se relacionara a su nombre con tal apodo, refirió “en esa época leía el Código Penal porque quería ser abogado, pero con esto no está admitiendo que lo llamaran de tal forma”.
		Tales dichos si bien no constituyen más que una suposición del imputado, no dejan de traer lógica a la asignación de dicho apodo, ya que debe tenerse en cuenta que el mismo bien puede guardar relación con el interés que el imputado parecía poseer con el derecho penal, lo que podría haber ocasionado su asociación con el nombre del Dr. Sebastián Soler, conocido jurista avocado al derecho penal. 
		En este sentido, resultan también ilustrativos los dichos de Susana Caride, quien al declarar ante esta sede refirió que “Soler” en el centro refirió que estaba infiltrado en la Facultad de Derecho de la UBA y en el colegio de abogados, y que tenía la credencial de abogado.
		Por otro lado, si nos atenemos a la descripción que las víctimas liberadas han hecho de “Soler” surge otro elemento a tener en cuenta para confirmar que se trataba de Rolón.
		Nótese que Rufino Jorge Almeida ante esta sede (fs. 17.333/4vta.) describió a Soler como “…una persona de 30 ó 35 años, de tez clara, ojos claros, entre castaño claro y rubio”.
		Isabel Mercedes Fernández Blanco, al declarar como testigo ante esta sede, dijo que “…era delgado, estatura media, pelo corto, castaño, que tendría unos treinta años”.
		Claudia Graciela Estévez, esposa de Almeida, refirió que el citado represor era “…alto, rubio, flaco, tez blanca…”.
		El testigo Jorge Osvaldo Paladino -detenido en Olimpo- lo describió de la siguiente forma: “…tenía el pelo engominado, como tirado para atrás y castaño claro, que cree que era un Oficial, es decir, que tenía mando sobre otros represores. Que este represor tendría unos 35 años más o menos”.
		Como se advierte, las descripciones que los testigos han aportado son coincidentes en cuanto a que “Soler” poseía tez blanca, era delgado, poseía pelo rubio o castaño claro y que su edad oscilaba entre 30 y 35 años.
		La coincidencia entre la descripción aportada por los testigos y los datos insertos en el legajo de Rolón, fortalecen la presunción de que el nombrado resulta ser la persona a la cual ellos se han referido.
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Rolón bajo el apodo de “Soler”, se desempeñó en el centro de detención “Atlético”, el cual funcionó desde mediados de año 1976 hasta diciembre de 1977; como en el centro de detención denominado “Banco”, el cual funcionó desde fines de 1977 hasta mediados del año 1978, y que también lo hizo en el centro de detención “Olimpo”, el cual funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta inicios del año 1979; y que intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia de los detenidos y en los interrogatorios y torturas a los que los detenidos fueron sometidos.
		Para una mayor claridad, indicaré, a continuación, la actuación de Rolón en cada uno de las sedes del centros de detención bajo análisis.
		En la primera de las sedes del centro de detención más importante del Primer Cuerpo del Ejército, “Atlético”, “Soler” fue visto por Mario Villani.
		También resulta ilustrativa en este sentido, la declaración testimonial prestada por Ana María Careaga (fs. 17.283/4), quien relató que luego de ser detenida el 13 de junio de 1977, fue trasladada al centro de detención “Atlético” y que allí había un represor con apodo “Soler”, que el nombrado estuvo en el centro durante todo el tiempo que duró su cautiverio; que luego de liberada se enteró de que el apellido de “Soler” era Rolón, y que integraba las patotas y torturaba a los detenidos. 
		Por su parte en referencia a la sede “Banco”, Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan, quien fue detenida el 28 de julio de 1978 y trasladada a “El Banco” y luego a “Olimpo”, en su testimonio (cfr. actas mecanografiadas obrantes a fs.19/30 del Legajo 20) refirió que en “El Banco”, el represor con apodo “Soler” le dio un discurso paternalista y le habló del acto patriótico que estaban llevando a cabo (en relación a las tareas que desarrollaban).
		Claudia Leonor Pereyra, detenida el 1 de agosto de 1978 y trasladada a “El Banco” y “Olimpo”, refirió en su testimonio que entre los represores que estaban en ambos centros, se encontraba uno apodado “Soler”. 
		También han de tenerse en cuenta los dichos de Susana Leonor Caride, quien habiendo sido detenida el 26 de julio de 1978 y alojada en “El Banco” y “Olimpo”, ante esta sede refirió que vio a “Soler” en ambos centros de detención.
		Asimismo resulta de interés en este sentido, lo relatado por Daniel Aldo Merialdo (fs. 16/19vta. del legajo nro. 744) en cuanto refirió que en “El Banco” -donde fue alojado-, el grupo de interrogadores y torturadores estaba integrado -entre otros- por “Soler”. Agregó que mientras estuvo detenido sacó fotografías y que una de las personas a las que fotografió fue “Soler”.
		En relación a la sede del centro de detención denominada “Olimpo”, resulta trascendente en este punto el testimonio de Susana Leonor Caride, quien fue detenida el 26 de julio de 1978 y alojada en “El Banco” y “Olimpo”, habiendo sido liberada el 23 de diciembre de 1978. La nombrada al declarar (cfr. copias de actas mecanografiadas a fs.1/8 del Legajo 14) refirió que luego de ser liberada se mudó al barrio Villa del Parque y que allí se encontró con uno de “sus” represores de nombre o apodo “Soler”, a quien le dio su dirección y quien a su vez le dio tal dirección a los represores “Colores” y “Julián”.
		Agregó que fue trasladada a “Olimpo” en fecha 16 de agosto de 1978, y que en el mes de septiembre el represor “Soler”, que según sus dichos, era de Policía Federal, “la sacó” a escribir a máquina sobre unos informes cuyo texto copiaba de unas carpetas que decían “Policía Federal” y estaban vinculadas sobre temas de Chile, cantidad de buques, armas, aviones y todo lo referente al material bélico que tenían los chilenos.
		Por otro lado, realizó una lista de los represores que actuaban en tal sitio y entre ellos nombró a “Soler”, a quien lo describió como de estatura media, cutis blanco, cabello casi rojizo y de 30 ó 35 años.
		Al declarar ante esta sede Caride refirió que “Soler” estaba en ambos centros, es decir tanto en “Banco” como en “Olimpo”; recordó que el nombrado comentó que estaba infiltrado en la Facultad de Derecho de la UBA y en el colegio de abogados, que tenía la credencial de abogado. Que cuando lo vio, estaba vestido de civil “…vestido como un abogado, de saco, camisa y corbata”.
		Agregó que lo vio en ambos centros y que a su entender, también trabajaría en Policía “…por las carpetas que traía…”, y relató nuevamente que volvió a ver a “Soler” luego de liberada, habiéndolo incluso visto una vez con su hijo de unos tres años.
		También Elsa Ramona Lombardo, detenida el 28 de julio de 1978 y conducida al centro clandestino de detención denominado “El Banco” y posteriormente a “Olimpo”, refirió que en este último centro de detención escuchó nombrar a varios represores y entre ellos a “Soler”.
		 Mónica Evelina Brull de Guillén (legajo de CONADEP nro.5452 que obra agregado e en el cuerpo nro. XLV) refirió que fue detenida el 7 de diciembre de 1978, que en el centro de detención fue torturada, que fue atada a una cama y le aplicaron picana eléctrica, que a los pies de dicha cama estaba el represor apodado “Clavel”, como asimismo “Soler”. Que el sábado 9 de diciembre los represores le dicen que van a llevar a su hijo con su madre, y “…ese día le hacen hablar con su mamá quien efectivamente recibe el bebé. Su madre le contó que Soler fue quien se lo llevó y le explicó que ella y a su yerno estaban detenidos pero que no se trataba de una cuestión policial y le dice que ambos eran subversivos y que tenían material y que estaban a disposición de las fuerzas legales, presentándose como Capitán Etcheverri […] y que no dijeran a nadie que estaban presos y que pronto iban a salir”. Agregó que fue liberada por “Soler”, quien la lleva a la casa de sus padres y le dice que en pocos días lo harán con su esposo. 
		Que luego de liberada, debía llamar siempre a un teléfono que comenzaba con los números 8265, que lo hizo por el tiempo aproximado de dos meses, que debía decir su nombre y preguntar si había mensaje para ella y que generalmente le decían que no, “…que en dos oportunidades le dicen que «Soler» la espera en un bar en la calle Cabildo. Que concurre con su esposo y allí Soler les dice que colabore llevándole información de otras personas de su núcleo que se infiltren en las comunidades cristianas y le den nombres de las personas que allí trabajen”. 
		La declaración testimonial de Mariana Patricia Arcondo (fs. 17.294/5) también resulta ilustrativa de la actividad desarrollada por Rolón. Arcondo -detenida el 31 de mayo de 1978 y alojada en “El Banco”-, dijo que entre los represores había uno apodado “Soler”, y que tal información la conoció a raíz de comentarios de otros detenidos y de los represores y a raíz del “trato que se daban entre ellos”.
		Agregó que “Soler” era un represor más, que participaba de los secuestros y tortura de los detenidos, y que su apellido es Rolón, no obstante lo cual no pudo precisar cómo llegó a conocer tal dato, y aclaró que supo ello luego de recuperar su libertad.
 		Refirió creer que “Soler” participó en la tortura del matrimonio Almeida y del de Hebe Cáceres, junto con “Colores” y “El Turco Julián”; y que según su recuerdo, “Soler” estuvo en el centro de detención durante todo el tiempo que duró su cautiverio.
		Por otro lado, también tengo en cuenta la declaración de Julio Eduardo Lareu (fs. 17.359/69 vta.) quien refirió que estuvo en los centros de detención “Banco y Olimpo”, y que en ambos sitios estaba “Soler”.
		Los testimonios citados resultan concluyentes -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- acerca de la presencia de Oscar Rolón alias “Soler” en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad de los allí detenidos.
		También resultan de interés los dichos de Horacio Guillermo Cid de la Paz (legajo nro. 563 de CONADEP), quien refirió que mientras estuvo detenido vio a “Soler”, y describió que mientras se hallaba allí detenido se estuvo por producir su traslado y que finalmente se produjo el de otros dos detenidos. Relató que en mismo centro en una ocasión el Mayor Minicucci, “Soler” y “Paco” los habían instruido para que simularan que habían sido importantes dirigentes de los grupos guerrilleros.

		2. Las tareas que realizaba Oscar Rolón alias “Soler” en el centro de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Su intervención en los secuestros, en los interrogatorios y torturas.
		2.1. Su intervención en los secuestros.
		Tal como surge de los testimonios colectados, Rolón, quien se desempeñaba en Policía Federal -véase que esta circunstancia ha sido por él reconocida en su declaración indagatoria y verificada en su legajo personal-, intervenía en el secuestro de personas, en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y torturas, en la liberación de los detenidos, e incluso en el control de las personas que habían sido liberadas, sobre las cuales aún ejercía su autoridad llegando incluso a encontrarse con ellas a los efectos de darles directivas o sugerencias de lo que debían hacer.
		Al respecto, se han señalado testimonios de personas que han referido haber sido secuestradas por Rolón, así el caso de la pareja compuesta por Rufino Jorge Almeida y Claudia Estévez; como de otras que han sido torturadas por el nombrado, tales como Hebe Margarita Cáceres y Mónica Evelina Brull de Guillén; a la vez que también se ha detallado el caso de Susana Caride y de Brull, los cuales reflejan que luego de ser liberadas, debían de alguna forma seguir sujetas al control que “Soler” ejercía sobre ellas, sobre el lugar en el cual habitaban o que incluso, llegaba a darles directivas de lo que debían hacer.
		Recordemos que Rufino Almeida refirió al declarar en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, que entre las personas que lo detuvieron se encontraba el represor apodado “Soler”, versión que ratificó ante esta sede.
		Claudia Graciela Estévez, esposa de Almeida, al prestar declaración testimonial (fs. 17.331/3 vta.) también ratificó su declaración prestada ante la Cámara Federal de La Plata, y agregó que en los primeros días de junio de 1978 fue secuestrada en el domicilio de sus padres, que luego la trasladaron hasta su domicilio, en el cual estaban los represores y entre ellos “Soler”.
		Isabel Mercedes Fernández Blanco al declarar ante esta sede dijo que “Soler” estaba en el grupo operativo que la secuestró a ella, a Enrique Ghezan y a Elsa Lombardo.
		También Rolón habría intervenido en el secuestro de Patricia Bernal (legajo nro. 98), quien al declarar ante la CONADEP nombró al nombrado como uno de los sujetos que la secuestró. Describió a “Soler” como “…de aproximadamente 40 años, robusto; 1,75 m de estatura; cabello castaño claro, con profundas entradas en la frente”.

		2.2. Su intervención en los tormentos.
		Por otro lado, también hay testimonios de personas que señalan que el nombrado intervino en la aplicación de torturas a detenidos.
		Así, surge el relato de Hebe Margarita Cáceres (fs. 31/4 de la causa nro. 9373/01) quien refirió que fue secuestrada el 2 o 3 de junio de 1978 por tres personas y que entre ellas estaba “Soler” o “El Jefe” cuyo nombre era Oscar Augusto Rolón. Agregó que ya en el centro de detención fue interrogada en una habitación donde, entre otros, también estaba “Soler”, que allí fue golpeada y que “Soler” y “Colores” le aplicaron picana eléctrica. 
		Asimismo, Mónica Evelina Brull de Guillén (legajo de CONADEP nro. 5452 que obra agregado en el cuerpo nro. XLV de legajos) al declarar, refirió que mientras era torturada con picana eléctrica, a los pies de dicha cama estaba el represor “Soler”. 
		Este testimonio es conteste con el de Gilberto Rengel Ponce (legajo nro. 150) quien dijo que fue detenido el 7 de diciembre de 1978 y trasladado a “Olimpo”, que durante su tortura había tres personas: “Turco Julián”, “Colores” y “Soler”, que “luego de ser torturado, estaba tirado en el piso con los ojos vendados, allí escucha el interrogatorio de la Sra. Guillén (recordemos que se trata de Mónica Brull), entre los que estaba Soler”. 
		Nora Beatriz Bernal (legajo nro. 98) relató que fue detenida el 30 de enero de 1978, que en el centro de detención “…es trasladada a un tercer quirófano en donde ve a Jorge (Jorge Toscano, desaparecido) desnudo atado a la parrilla con cadenas (y bandas de goma abajo), mientras es picaneado por Soler (aunque está presente todo el cuerpo de interrogadores)”. 
		Su hermana, Patricia Bernal (legajo nro. 98) refirió en una oportunidad escuchó gritar a Nora y que en el quirófano en el cual estaba se encontraban varios represores y entre ellos “Soler”.
		Es preciso recordar que a fs. 17.410/517 se decretó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Rolón por el delito de tormentos en los casos referidos a aplicación de torturas que soportaran Jorge Alberto Allega (“Atlético”), Gabriel Alegre (“Banco” y “Olimpo”), Rafael Armando Tello (“Banco” y “Olimpo”), Rufino Jorge Almeida (“Banco”), Hebe Margarita Cáceres (“Banco”), Mónica Evelina Brull de Guillén (“Olimpo”), Nora Beatriz Bernal (“Banco”), Jorge Daniel Toscano (“Banco” y “Olimpo”), Gilberto Rengel Ponce (“Olimpo”) y Mario César Villani (“Atlético”, “Banco” y “Olimpo”) y se decretó la falta de mérito por las restantes imputaciones de aplicación de tormentos que le fueron realizadas (cfr. punto IV de la resolución en cuestión).
		Desde dicha ocasión, hasta el presente se han sumado a la investigación numerosas elementos de prueba, a saber: declaraciones testimoniales de Susana Caride, Isabel Fernández Blanco, Juan Agustín Guillén, Gilberto Rengel Ponce, Isabel Teresa Cerrutti, Jorge Robasto, Mónica Brull, Graciela Trotta, Carlos Ghezán, Hugo Merola y Mario Villani ante el Juzgado Federal N°4 en la causa N°8686/00 obrantes a fs. 17.555/96); declaraciones testimoniales de Daniel Aldo Merialdo (fs. 18.108/12), Jorge Enrique Robasto (fs. 18.124/5), Estela de la Cuadra de Fraire (fs. 18.147/68); Nora Beatriz Bernal (fs. 18.200), Delia Barrera y Ferrando (fs. 18.201/3); Carmen Aguiar de Lapacó (fs. 19.238/40), Gabriel Beatriz Funes de Peidró (fs. 19.259), Ricardo Hugo Peidró (fs. 19260/1), Jorge Alberto Giovanoni (fs. 19.263/4), Carlos Rodolfo Cuellar (fs. 19.270/2), Isabel Teresa Cerrutti (fs. 19.373/5), Julio Fernando Rearte (fs. 19.376/85), Marcelo Gustavo Daelli (fs. 19.392/4), Elsa Ramona Lombardo (fs. 19.448/9) y Miguel D’Agostino (fs. 20.878/82).
		Del estudio armónico de los documentos colectados a lo largo de la investigación se desprende el trato cruel que las personas privadas de su libertad en los campos de detención. Así, la reiteración de los testimonios nos permite elaborar una pauta general de las condiciones de vida a los que fueron sometidos los detenidos.
		La actividad desplegada por Rolón en los centros clandestinos de detención donde prestó funciones consistió en someter a las personas privadas de su libertad a padecimientos ultrajantes que les causaban dolores físicos y psíquicos insoportables para la condición humana, que comenzaba a su ingreso al centro, donde eran despojados desde su ropa hasta de su identidad, donde era encapuchados, engrillados y alojados en celdas de mínimas dimensiones, sin condiciones de higiene y salubridad, y se los obligaba a permanecer en silencio, y aislados del entorno en el campo y del mundo exterior, todo lo cual y con los alcances fijados en el capítulo correspondiente constituye el delito de imposición de tormentos, complementario de la detención ilegal.
		Al respecto Mario Villani señaló que en cuanto a los casos que manejaba, “Soler”: “…daba órdenes de qué hacer con esos casos, como por ejemplo, llevarlo al quirófano, trasladarlo a las celdas, a las duchas, darles de comer, etc.” (cfr. causa nro. 9373/01).
		Refuerzan las probanzas sobre el rol cumplido por Oscar Augusto Isidro Rolón en el centro clandestino de detención los siguientes testimonios: 
		Julio Eduardo Lareu declaró como testigo ante esta sede (fs. 17.359/60 vta.) oportunidad en la cual expuso que fue detenido el 29 de mayo de 1978 y trasladado al centro de detención conocido como “Banco”, para luego, el 16 de agosto de 1978 ser trasladado a “Olimpo”, donde permaneció hasta el 22 de diciembre de ese mismo año. 
		Refirió, que entre los represores se encontraba uno con apodo “Soler”, a quien describió como un “…hombre de aproximadamente 40 años, rubio y de estructura mediada .70 o 75 kilos-, de 1,73 m aproximadamente. Que tenía una oficina o despachito, trabajaba mucho con carpetas”, y agregó que según su apreciación “…integraba las brigadas que salían a secuestrar. Que el compañero de calabozo del declarante, Osvaldo Acosta, le dijo que Soler torturaba y que en su despacho se encargada de tareas de inteligencia. Que en alguna oportunidad en que fue interrogado por las carpetas vinculadas a posibles libertades, una de las entrevistas se la hizo Soler”.
		Asimismo, vale tener en cuenta lo relatado ante esta sede por el testigo Jorge Osvaldo Paladino -detenido el 2 de octubre de 1978- quien dijo en el centro denominado “Olimpo” actuaba un sujeto con apodo “Soler” y recordó haber visto a “Soler”, quien “…tenía el pelo engominado, como tirado para atrás y castaño claro, que cree que era un Oficial, es decir, que tenía mando sobre otros represores. Que este represor tendría unos 35 años más o menos. Que él circulaba dentro del centro de detención, que estaba todos los días o casi todos los días”.
		Agregó, que el nombrado participaba en interrogatorios, y en sesiones de torturas, y que cuando lo vio estaba vestido de civil, y que la víctima Juan Guillén (quien también estuvo en “Olimpo”) le comentó que una de las personas que lo detuvo fue Soler. 
		A raíz de ello fue escuchado Juan Agustín Guillén (fs. 17.291/2), quien fue detenido el 7 de diciembre de 1978 y trasladado al centro conocido como “Olimpo”. Relató que él y su esposa Mónica Evelina Brull -no vidente- fueron detenidos por “Soler”; que al ser liberado lo volvió a ver y que “…era un hombre bien vestido, no demasiado alto, que supone que era un oficial porque daba órdenes, que se peinaba para atrás, de buenos modales, pelo castaño”.
		Agregó, que “…antes de la navidad le llevan a su hijo Juan Pablo Guillén, quien estaba detenido con ellos, a sus suegros. Que quien lleva al nene es Soler, quien se presenta como Capitán Etcheverri, que esto lo sabe por los dichos de la familia…”. Agregó Guillén que “Soler” era del Grupo de Tareas, que daba órdenes a los integrantes de la patota, que era el Oficial a cargo de la patota.
		Daniel Aldo Merialdo señaló: “…Soler particularmente era el que se encargaba de amenazar al dicente con expresiones como te vas a ir para arriba, cada vez que no cumplía con las directivas u órdenes que le daban...” (cfr. fs. 17 del Legajo 744).
		En mérito a lo expuesto en esta oportunidad se revocará la falta de mérito oportunamente dictada y se lo procesará por la aplicación de tormentos en los casos señalados con los nro. 1, 4 a 21, 23 a 62, 65 a 80, 82, 85 a 132, 134, 135, 139, 141 a 151.
		Asimismo, se decretará el procesamiento del nombrado en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos en relación a los casos individualizados con los números: 152 a 161.
		Los testimonios citados demuestran que Oscar Augusto Rolón alias “Soler” integraba las “patotas” o grupos operativos que detenían personas, que trasladaba a los detenidos a los centros de detención; que ya en tales centros, participaba activamente de la aplicación de torturas, llegando incluso a aplicar picana eléctrica; que retenía a los detenidos cautivos, que a veces era quien los liberaba (caso Brull de Guillén) y que aún cuando ya éstos habían sido liberados, no se desvinculaba de su rol de custodia o control de los mismos, obteniendo algunas veces los domicilios de ellos, y otros, citando a los liberados para persuadirlos de que aporten información (también caso Brull).
		Asimismo, se desprende del testimonio de Villani que poseía capacidad para tomar determinadas decisiones relacionadas al funcionamiento del centro de detención y al tratamiento de detenidos, recuérdese en este sentido, que el testigo dijo que “Soler” daba órdenes acerca de si un detenido debía ser llevado al quirófano, trasladado a una celda, como a las duchas o si debía dársele de comer.
		En definitiva, se deduce de los elementos citados, el poder de hecho que Rolón detentaba en los citados centros de detención con respecto a los detenidos, a la vez que revela el papel fundamental que cumplió en el plan de detención de personas instaurado durante la dictadura militar que tuvo inicio el 24 de marzo de 1976, ya que como se advierte llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con la mecánica de dicho plan.

		3. Declaración indagatoria.
		Oscar Rolón en oportunidad de ampliar su declaración indagatoria, en relación a la nueva imputación efectuada, hizo uso de su derecho a negarse a declarar (cfr. fs. 21.807/32).

		7.14. Responsabilidad penal de Julio Héctor Simón.
		El desarrollo del presente apartado fue realizado en ocasión de dictar el auto de prisión y preventiva de Julio Héctor Simón (cfr. fs. 16.303/399). 
		Su reproducción, en sus partes esenciales más los agregados correspondientes a las nuevas imputaciones formuladas -un aumento en las casos reprochados de privaciones ilegales de la libertad y el delito de tormentos con los alcances señalados en el capítulo respectivo- está encaminado a satisfacer los requisitos de los arts. 123 y 308 del C.P.P.N.
		En este punto y previo a adentrarnos en el análisis de la responsabilidad penal del nombrado, corresponde dejar sentado que llegamos a esta nueva instancia en razón de la incorporación al expediente de nuevos elementos probatorios con posterioridad a la última resolución de mérito relativa al nombrado cuyo estudio armónico hizo variar la conceptualización relativa al delito de tormentos que se formulara en aquella oportunidad.

		1. Su identificación como “Turco Julián”. Funciones cumplidas por Julio Héctor Simón en el centro clandestino de detención sucesivamente conocido como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1. Privaciones ilegales de la libertad y tormentos llevados a cabo por Julio Héctor Simón.
		Se encuentra acreditado que Julio Héctor Simón, en su carácter de funcionario público dependiente de la Policía Federal Argentina, intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- y en los tormentos de los especificados en el capítulo correspondiente a los casos materia de imputación.
		La intervención de Simón en los sucesos descriptos se halla sustentada en los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación. 

		1.2 Julio Héctor Simón se identificaba como “Turco Julián”:
		Para arribar a la conclusión que Simón era el nombre real que se escondía bajo el apodo “Turco Julián” se tomó en cuenta, por un lado, lo manifestado por el encartado en la ampliación de su indagatoria prestada el 17 de diciembre de 2004 en la que reconoció que lo apodaban ”Turco” o ”Turco Julián”, y por otro, los numerosos testimonios de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que lo identifican.
		En primer lugar, es de importancia el testimonio brindado por el sobreviviente Mario César Villani en la causa nro. 9373/01 que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 y que actualmente se halla incorporada como legajo de prueba a las presentes actuaciones. En dicha ocasión aportó un cuadro con los nombres del personal de los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo en cautiverio, refiriendo, respecto de Simón: “Apellido: Simón - Nombre: Héctor Julio - Apodos: Turco Julián - Campo: A,B,O - Hechos: Torturador, sádico, nazi, particularmente antisemita”(fs. 48 causa nro. 9373/2001).
		Por su parte Isabel Mercedes Fernández Blanco, quien estuvo cautiva en “Banco” y en “Olimpo” entre el 28 de julio de 1978 y enero de 1979, en esta sede dijo: “Que el Turco Julián es Julio Héctor Simón. Lo vio en Banco y en Olimpo. Que era grandote, decía que había sido boxeador” (fs. 17.841/3).
		Susana Diéguez, ante esta sede dijo: “que El Turco Julián luego supo que se llama Héctor Simón, que lo vio en los diarios y cuando apareció en el programa de Mauro Viale y lo pudo reconocer” (fs. 19.633/4).
		Carmen Elina Aguiar de Lapacó quien estuvo ilegalmente detenida en “Atlético” durante tres días en los que fue torturada y abusaba sexualmente dijo: “Que en cuanto a las personas que ingresaron a su domicilio y los detuvieron, supo con el tiempo que dos de ellos eran Colores y el Turco Julián [...] que en el asiento del acompañante se hallaba una persona grande y que esta persona mostraba su perfil cuando hablaba con el conductor del vehículo y que al darse vuelta de tal forma, pudo ver su cara. Que luego de liberada vio fotos del Turco Julián y ahí se dio cuenta de que era la misma persona que estaba en el auto [...] Turco Julián o Simón” (fs. 19.238/40).
		Jorge Enrique Robasto, por su parte declaró que: “Por último recuerdo a Julio Héctor Simón alias Turco Julián quien participó de mi tortura y después el día que me anuncian la liberación lo vi, previo a una arenga del mismo” (fs. 18.124/5).
		También fue nombrado con nombre y apodo por Isabel Teresa Cerruti, quien declaró: “Que respecto de Julián, sabe que es Simón, que era robusto, más bien gordito, morocho, de piel blanca, castaño oscuro, a veces se dejaba un poco de barba, tenía una nariz particular” (fs. 19.373/5).
		Jorge Osvaldo Paladino también lo identificó: “Esta persona supe después era conocida como el Turco Julián, cuyo nombre es Héctor Julio Simón” (fs. 67/71 causa nro. 9373/2001).
		Rufino Almeida en su declaración prestada ante la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de La Plata cuyas copias obran a fs. 91/105 de la causa 9373/01 dijo: “el Turco Julián, Héctor Julio Simón, participó de mi secuestro, de torturas, de violación de Cáceres, de torturas de Hebe Cáceres, de Pablo Tello, de Rafael Tello, de Tito Ramírez”.
		Horacio Martín Cuartas, quien estuvo detenido en “Olimpo” dijo “Que en cuanto a los encargados del centro, refiere que quien tuvo trato con el deponente fue el Turco Julián, cuyo nombre real es Julio Héctor Simón” (cfr. declaración de fs. 19/23 legajo nro. 266).
		Las descripciones que hacen los sobrevivientes de “El Turco Julián” también son coincidentes, a modo de ejemplo puede mencionarse la de Nilda Haydée Orazi (legajo nro. 314) quien dijo que era “morocho de ojos negro muy oscuros, de aspecto corpulento aunque no muy alto”. Jorge Alberto Allega refirió en su presentación ante la CONADEP que entre los represores estaba “Julián” o “El Turco Julián”, y mencionó que era gordo, corpulento, de ojos oscuros y de unos 40 años de edad. 
		Enrique Ghezán, por su parte, quien estuvo ilegalmente detenido en “Banco” y “Olimpo”en su declaración prestada ante esta sede el 5 de octubre de 2005 con relación a “El Turco Julián” dijo: “era de Inteligencia, que era de contextura gruesa, morocho, tez oscura, nariz prominente, que era un psicópata. Que se iba a vivir al campo con el perro, que tenía una cama en el campo. Que el perro era un ovejero alemán muy malo. Que torturó a todos. Que era profundamente antisemita...” .
		Susana Diéguez, sobreviviente de “Atlético” recordó a “El Turco Julián” de la siguiente manera: “mediría más de 1,70, tenía el labio de abajo de la boca grande, pelo oscuro” (fs. 19633/4).
		También Delia Barrera y Ferrando, al declarar recordó características similares, así: “Al Turco Julián siempre estaba con uniforme de fajina, era terriblemente antisemita. A él lo espié una vez que estaba en el pasillo, tenía una esvástica en el pecho, tenía bigotes, era robusto, no era alto, era muy bruto” (fs. 63/66 causa nro. 9373/2001).
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Simón bajo el apodo de “Turco Julián”, se desempeñó en el centro clandestino de detención; y que intervino en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y en los tormentos a los que los cautivos fueron sometidos.

		1.3 Julio Héctor Simón prestó funciones en”Atlético”, “Banco” y “Olimpo”: 
		Respecto al accionar de Simón en “Atlético”, Daniel Eduardo Fernández quien estuvo cautivo en “Club Atlético”, en sus testimonios glosados en el legajo 120 (en particular el de fs. 477 y sig.), en el legajo 84 (fs. 158/9) y en la causa 9373/2001 (fs. 383/5), refirió que el “Turco Julián” actuaba en dicho centro de detención.
		La presencia de “El Turco Julián” en “Atlético” también fue mencionada por Antonio Atilio Migliari, Marcos Lezcano, Adolfo Ferraro, Donato Martino, y Alberto Alvaro en el legajo 228.
		Ana María Careaga, también recordó a “Julián” como uno de quienes operaban en “Atlético”, específicamente testimonió: “Julio Simón - Turco Julián. Suboficial de la Policía Federal. Se destacaba por preferir los golpes fuertes más que la picana eléctrica, aunque por supuesto también utilizaba ésta puesto que era el método de interrogación por excelencia” (ver testimonio aportado en la causa nro. 9373/2001, fs. 419).
		Delia Barrera y Ferrando recordó que estando ilegalmente detenida en “Atlético” “…en una oportunidad el Turco Julián me sacó de la celda. Él también usaba uniforme de fajina; me tuvo parada toda la noche en el baño, no me podía sentar ni apoyar en la pared. Otra vez me metió la cabeza debajo del agua, en la pileta. Y en otra oportunidad me pegó con cadenas” (ver su declaración prestada en la causa nro. 9373/2001, fs. 63/6).
		Susana Isabel Diéguez, en su declaración prestada ante esta sede, recordó que estando ilegalmente detenida en “Atlético” “…el Turco Julián se presentaba como el dueño de sus vidas. Que una vez la declarante estaba llorando y el Turco Julián le levantó la venda y le dijo que no era un monstruo, que él trabajaba por la patria” (fs. 19.633/4).
		Con relación a la presencia de Simón, bajo el apodo “Turco Julián” en “Banco”, vale destacar que Julio Fernando Rearte, declaró que estando clandestinamente detenido en ese lugar “en otra oportunidad padeció otra sesión de golpes en la que estaba El Turco Julián, que supo que era el nombrado porque se escuchaba la voz [...] Que recuerda que varias veces, cuando los detenidos estaban en el piso, Julián solía dar discursos de la importancia de su actuación y que la voz del nombrado era muy característica, por ser gruesa y un hablar pausado, que también luego de liberado vio al nombrado por televisión” (fs. 19.376/85).
		Ana María Arrastía Mendoza también recordó la presencia de “El Turco Julián” en el “Banco”, donde estuvo ilegalmente detenida. A fs. 145/155 del legajo 157 declaró “que era drogadicto y decía que a su hermano lo había matado el «ERP 22»…”.
		Los testimonios ya señalados de Enrique Ghezán, Isabel Fernández Blanco e Isabel Cerruti, quienes estuvieron detenidos en un primer momento en “Banco” y luego trasladados a “Olimpo” son coincidentes en afirmar que en tales sedes del centro clandestino de detención operaba “El Turco Julián”
		Elsa Ramona Lombardo, quien también estuvo detenida en “Banco” y “Olimpo” ante esta sede declaró: “que entre los represores recuerda al Turco Julián, que fue quien la torturó. Que si bien estaba vendada, supo que la había torturado porque Julián le dijo «Yo te torturé porque te hiciste la dura». Que lo pudo ver después de su liberación, porque era una de las personas que, junto con Miguel y Pereyra que le hacía los controles [...] Que el Turco Julián era macizo, morocho de estatura mediana. Que tenía un altísimo nivel de represión y tortura [...] Que asumía individualmente la tarea que realizaba con una convicción ideológica profunda” (fs. 19.448/9).
		Susana Caride, quien permaneció en cautiverio en los mismos lugares que los anteriormente nombrados, testificó ante esta sede: “Que Julián la torturó [...] Que la tortura en la máquina, golpes, cadenazos. Que lo vio en los dos centros pero quela torturó sólo en Banco. Que una vez liberada se lo encontró varias veces. Una vez en un bar la invitó a tomar un café y le comentó que vendía seguros” (fs. 17.829/31).
		Por lo tanto, la presencia de Julio Héctor Simón alias “Turco Julián” en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” y la responsabilidad del nombrado en las privaciones de la libertad y los tormentos de los allí detenidos, en base a los testimonios citados -al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal- resulta concluyente.

		2. Las tareas que realizaba Julio Héctor Simón bajo el alias “Turco Julián”. Su intervención en el secuestro, custodia, interrogatorios, control posterior a la liberación y tormentos de los detenidos en el centro clandestino de detención.
		En el acápite anterior hice referencia a numerosos testimonios que dieron cuenta por un lado de la presencia de Simón en las tres sedes del centro y por otro de las distintas funciones que cumplía. 
		Desde el dictado de la anterior resolución de mérito respecto de Julio Héctor Simón hasta el presente, se han sumado numerosos elementos de prueba que fueron reseñados en ocasión de tratar la responsabilidad penal de Oscar A. I. Rolón. Dichos documentos, principalmente, permitieron a esta judicatura profundizar el plexo probatorio que hace al trato cruel que las personas privadas de su libertad en el centro de detención recibían por parte de sus captores, entre ellos Julio Simón.
		Estos nuevos elementos valorados en forma armónica con las demás constancias ya obrantes en el expediente permiten al suscripto revocar la falta de mérito oportunamente dictada por los delitos de tormentos respecto al encartado. Para responsabilizarlo penalmente en relación a los ultrajes que los detenidos sufrían merced a las acciones desplegadas por Simón.
		Razón por la cual en este momento se hará una nueva mención a las actividades, centrándose en la multiplicidad de tareas que realizaba del encartado, resaltando así el poder de hecho que tuvo Simón sobre la vida de las personas detenidas en el centro clandestino de detención bajo análisis.
		A modo ilustrativo, en relación a las detenciones efectuadas por el propio Simón pueden citarse los testimonios de Emilia Smoli, Gilberto Rengel Ponce, Alberto Rubén Alvaro Gabriela Beatriz Funes y Hebe Margarita Cáceres.
		De la declaración de Emilia Smoli surge que la llevaron a un lugar en el cual la tabicaron y la torturaron. Precisamente dijo que a uno de los que la torturaba lo llamaban “El Turco”, agregó que mientras la golpeaban se le cayó la venda de los ojos y pudo ver a uno de ellos. Que le aplicaron picana eléctrica, hasta que dio el domicilio de su hijo. Que luego la llevaron para que se bañe, la hicieron subir a un automóvil Fiat 600, que al que manejaba lo llamaban “El Turco”, y que por la voz era el mismo que la interrogaba mientras la torturaban. Agregó estar segura de que estuvo en el “Olimpo”, y agregó que la misma persona que intervino en el procedimiento de detención de su hijo, volvió luego al domicilio de éste a robar todo lo que allí había y que esta persona era “El Turco”, a quien como mencionara en otra parte de su relato, también lo llamaban “Julián” (legajo 343).
		Por su parte, Gilberto Rengel Ponce explicó: “Que el 7 de diciembre de 1978 siendo las 16 hs. se encontraba en la estación Ciudadela cuando sorpresivamente un sujeto alto que luego durante su detención se enteraría que le decían Paco y otro apodado Turco Julián lo tiran sobre una balanza que había en la estación y lo golpean, lo esposan y lo conducen hacia un automóvil. Que el grupo que lo detuvo estaba compuesto por unas diez personas con armas largas y cortas; que en el trayecto Paco, Julián y Colores lo iban golpeando e interrogándolo“(cfr. legajo 150).
		Alberto Rubén Alvaro, quien estuviera detenido en Atlético, respecto de su detención, refirió: ”Que en cuanto al personal que lo detuvo, sólo sabe que quien estaba a cargo de ello era El Turco Julián [...] que en cuanto a quienes lo interrogaban, entre ellos se hallaba el Turco Julián...” (cfr. legajo 228, fs. 24/26).
		Gabriela Beatriz Funes relató ante esta sede algunos detalles de su secuestro del 10 de mayo de 1977, así dijo que “era un grupo de cinco o seis personas vestidas de civil, armadas y entraron al domicilio gritando que eran del Ejército Argentino. Agrega que entre los nombrados estaba el Turco Julián, que ello lo sabe, porque luego vio fotos del mismo y pudo identificarlos como la persona grandota que la detuvo”. Luego fue llevada al Atlético, donde permaneció en calidad de detenida-desaparecida hasta el 28 de mayo del mismo año en que fue liberada (fs. 19.259).
		El encartado también formó parte del operativo que secuestró a Hebe Margarita Cáceres y la llevó a “Banco”. Así en el marco de la causa nro. 9373/01 declaró: “…a mí me secuestraron el 2 ó 3 de junio de 1978 a las ocho de la noche. Yo iba por la calle 41 y llegando a la esquina de la calle de La Plata, me intercepta un coche con hombres fuertemente armados [...] Nos tabicaron y esposaron y nos tuvieron dando vuelta como dos horas en la furgoneta [...] Durante el camino nos estaban diciendo que nos iban a llevar a un sitio donde había otras personas que estaban hace mucho tiempo, que no sabrían más de nosotros, que ya no teníamos nuestros nombres y que debíamos responder por el nombre que nos dieran ellos. A mí me asignaron creo que G-61. Luego me enteré que los tres que habían participado eran el Turco Julián que es Julio Simón....” (ver fs. 31/34 de dicha causa).
		El rol de Simón como interrogador en el centros quedó evidenciado en las expresiones de Jorge Alberto Allega, quien refirió que el grupo de interrogadores estaba integrado, entre otros, por el “Turco Julián”, grupo que se encontró tanto en “Atlético” -único centro donde el declarante fue interrogado-, como en “Banco” y en “Olimpo”, respecto del cual expresó que ”formaban parte de un grupo de tareas que realizaban aparentemente también los secuestros, había un grupo de personas que se encargaban del orden interno, o sea que mantenían guardias internas” (legajo 234 fs. 13 y siguientes).
		También se refirió a esta función del encartado, Osvaldo Acosta, quien en el marco de la causa 13/84 dijo: “prácticamente era Julián el hombre que manejaba con manos fuertes todos los interrogatorios. Entonces me pregunta si conozco a esa mujer, que está allí tirada en el suelo lastimada, y le digo que no [...] entonces Julián me pide que la interrogue a Susana Caride, lo cual implicaba una invitación lisa y llanamente a participar en la tortura de una persona secuestrada [...] de modo que tomé una máquina de escribir que había cerca de ahí, puse un papel y comencé a preguntarle por su nombre y su apellido, por su estado civil, por su domicilio, sus ocupaciones, le hice tres o cuatro preguntas, a la tercera o cuarta pregunta Julián me tomó del cuello, me comenzó a golpear y me llevó hasta el tubo golpéandome en el camino, y diciéndome que ésa no era forma de interrogar” (ver copia de las actas mecanografiadas obrantes en el legajo 119 a fs. 1248/86)
		Juan Carlos Seoane, por su parte, declaró: “que recuerda que en su caso personal, quien presidía los interrogatorios era el represor apodado Julián, quien también había participado de su detención ya relatada [...] Que no puede precisar cuánto duró cada uno de los interrogatorios con picana a los que fue sometido. Que siempre eran dirigidos por Julián o el Ruso…” (cfr. fs. 172/7 del legajo 84).
		Son numerosos los testimonios que dan cuenta de los tormentos a los que fueron sometidos por parte de Julio Simón en los tres centros de detención. El uso de cadenas, picana eléctrica y golpes formaron parte de su accionar cotidiano.
		Graciela Trotta refirió que en cierta oportunidad en el centro de detención “Olimpo” cayó un grupo de personas y entre ellas mencionó a Juan Lewi y a Diana de Lewi. Agregó que con respecto al primero, había sido salvajemente torturado, que lo habían sumergido en agua caliente, lo que llamaban ”submarino”, que cuando ya la piel se le cayó lo sumergieron en el inodoro, donde había excrementos que se le pegaron a la cara, por lo cual las heridas no podían cicatrizar porque se le habían infectado. Agregó que tenía llagas, úlceras y que cuando ya las heridas cicatrizaron, el represor “Julián” le pegó una patada en la mandíbula y se la sacó de lugar, por lo cual tuvo que tomar agua con una pajita (cfr. legajo 138).
		Mónica Evelina Brull, quien permaneció cautiva en “Banco” y en “Olimpo” expresó que: ”…Julián me preguntó si veía y cuánto veía [...] me preguntó si le veía la cara, le conteste que no por lo que dijo que no era necesario que estuviera tabicada y posteriormente me empezó a preguntar por mi esposo, por el nene [...] posteriormente me preguntó si tenía algún nivel político, yo le dije que ninguno por lo que ordenó que me llevaran a la máquina [...] cuando me llevaban a la máquina le dijeron a Julián de que yo estaba embarazada y él dijo que si fulana (porque no entendí el nombre) estaba embarazada de seis meses y se la había aguantado que yo también me la iba a bancar“ (cfr. copia de actas mecanografiadas fs.14/21 Legajo 95).
		El ya nombrado Héctor Daniel Retamar refirió que estando clandestinamente detenido en “Olimpo”: ”Que más tarde lo tiran en el piso en donde hay un pedazo de goma espuma manchado y poseía olor. Allí permanece tirado y aparece Julián y otros más y vuelven a golpearlo salvajemente [...] que lo golpearon con palos en la cabeza y patadas y trompadas en todo el cuerpo [...] que más tarde le hacen un simulacro de ahorcamiento con una soga y al hacerlo cae al piso y lo siguen golpeando”. Retamar agregó que en varias oportunidades lo trataron de abusar sexualmente de él y que en una de ellas, escuchó la voz del ”Turco Julián “ (cfr. legajo 137).
		Antonio Atilio Migliari, quien permaneció cautivo en “Olimpo”,por su parte declaró: ”Que a los dos días de su estadía en ese campo el dicente fue llevado para el primer interrogatorio. Que en ese interrogatorio se encontraban los represores conocidos como El Turco Julián [...] que al responder en forma negativa [...] comenzaron a golpearlo con puños y patadas. Que los interrogatorios se repitieron unas tres veces. Que siempre del mismo modo. Que en uno de ellos intentaron aplicarle picana. Que Julián, quien era el que interrogaba, lo llevó al quirófano y vestido como se encontraba, sólo calzoncillos, lo acostaron en una camilla. Que los tormentos con picana no se concretaron dado que Julián decidió continuar con las sesiones de golpes“(cfr. legajo 228 fs. 49/51).
		Por su parte, Daniel Aldo Merialdo declaró que: ”el dicente empezó a andar sin venda puesta y pudo reconocer con mayor precisión el lugar y algunos movimientos de la gente. Vio escenas muy espantosas, como por ejemplo una vez que el Turco Julián con un látigo les pegó hasta cansarse a dos secuestrados a quien el dicente conocía como X-100 y el hormiga” (cfr. legajo 744, fs. 13/15).
		Roberto Ramírez relató los tormentos a los que fue sometido estando detenido en “Banco”, entre otros, por “Julián“ durante los interrogatorios. Entre otros refiere: ”para aumentar los efectos de la tortura, le cubren en varias oportunidades la cabeza con una bolsa de polietileno sujetada al cuello y le introducen un zonda en el ano, para que la corriente produzca dolor en el interior del organismo [...] ser sometido a los golpes de cadena que aplica Julián...” (cfr. declaración extrajudicial obrante a fs. 5/48 del Legajo 331).
		Isabel Mercedes Fernández Blanco testificó que cuando fue conducida a “Banco”, fue golpeada e interrogada por el Turco Julián, quien “…da la vuelta a la mesa y me da una trompada que me deja casi sin conocimiento”, y haber presenciando las torturas que el nombrado infligía a Elsa Lombardo, “frente a mí había otro represor que era el Turco Julián, delante mío estaba golpeando con cadenas a Elsa Lombardo“(cfr. fs.19/30 del legajo 20).
		Asimismo, con relación al caso de Sergio Enrique Nocera, en el legajo nro. 312 surge el testimonio de Marcelo Gustavo Daelli, quien refirió que cuando se hallaba cautivo en el centro de detención “Atlético” el represor apodado “Turco Julián” lo llevó a una celda en la cual sobre un catre metálico había un joven a quien el mencionado represor le sacó la venda, pudiendo entonces identificar a Sergio Nocera, quien tenía el cuerpo llagado, los ojos con pus, y sangraba en diversas partes del cuerpo y a quien “El Turco Julián” comenzó a pegarle con puños y con un palo de goma.
		Ya hice referencia a Susana Diéguez, quien clandestinamente detenida en “Atlético” fue sometida por “El Turco Julián”. En su declaración prestada ante esta sede textualmente dijo: “que después de una sesión de tortura Beba no estaba en la celda y entra Julián quien, en sus términos, la viola por delante y por detrás, diciéndole que ahora se lo vaya a contar al montonerito, refiriéndose a Jorge Tassana. Que esa noche, 23 de abril, la liberan a la madrugada…” (cfr. fs. 19.633/4). 
		La labor de Julio Héctor Simón en estos centros de detención no concluía con las detenciones, los interrogatorios y los tormentos, por el contrario participaba de la liberación de los detenidos y en los controles posteriores a los que eran sometidos. Ya con llamados, ya con amenazas, continuaba infundiéndoles terror.
		Claudia Leonor Pereyra, quien estuviera detenida en “Banco”, declaró que en tal sitio estaba ”El Turco Julián”, quien -entre otros- la torturó; ”después de ser liberada, le dan un número de teléfono al que tenía que llamar, para pasarle información y preguntar por Julián [...] durante tres semanas llamó, después le dicen que llame cada quince días, hasta que después de dos meses o más vuelve a llamar, no la atiende nadie y no vuelve a llamar más” (cfr. legajo 323, fs. 15/17).
		José Alberto Saavedra refirió haber sido detenido por un grupo de personas armadas que expresaron ser de fuerzas legales, siendo conducido al “Banco” donde fue golpeado e interrogado, permaneciendo detenido diez días. Que en ocasión de ser liberado, “el Turco Julián” le refirió una serie de amenazas conminándolo a que saliera del país porque la próxima vez que lo detuvieran lo matarían (cfr. fs. 1003 del legajo 119).
		Por su parte, Norma Teresa Leto declaró: “... Julián me traslada en una camioneta blanca sin destabicarme [...] Posteriormente (el 24 de agosto) Julián me llama por teléfono y me cita garantizándome la vida de Santiago porque no había razones para que algo malo le pasara, diciéndome que había posibilidades de pasar a una prisión legal o estar detenido ilegalmente durante tres años”. Santiago Villanueva, su marido, permanece desaparecido (cfr. fs. 1/4 Legajo 136).
		Todas estas funciones que cumplía Simón quedan resumidas en el caso de Rufino Almeida quien recordó que: “...participaron de su detención El Turco Julián y Colores”. Ya en el centro de detención “Banco”:“quien ejercía mayor control de los guardias del lugar sobre el deponente y su esposa era El Turco Julián, quien se encargaba de llevarlos a los interrogatorios, fichajes y otros trámites relacionados con el caso”. Agregó que en una oportunidad fue llevado a la “oficina de inteligencia” junto con Hebe Cáceres y Rafael Tello “…era una habitación pequeña con un escritorio y allí los golpearon a todos con trompadas y cadenas, por las voces supo que estaban El Turco Julián, Colores, encontrándose el deponente tabicado”. También recordó que “un día que el Turco Julián conducía al declarante a otro interrogatorio, le dijo «levantá el pie, cuidado» y en el piso había un muchacho desnudo, encadenado de quien desconoce datos”. 
		Julio Héctor Simón también participó del proceso de su liberación y de los controles posteriores. Rufino Almeida lo recordó en estos términos: “Que luego de dicho interrogatorio comenzó la etapa o proceso de su libertad. Que el Turco Julián comenzó a decirle que se olvidara de todo porque saldría en libertad, que rezara, que se portara bien y cosas por el estilo [...] Que su padre le refirió que el día de su liberación fue citado por El Turco Julián, en la rotonda de Firestone, en la ciudad de La Plata, puesto que serían dejados en libertad. Que concurrió al lugar y al llegar el Turco Julián le pidió que se tabicara y fuera llevado al campo El Banco [...] Que Julián le dijo a su padre que los dejaban en libertad bajo su custodia y que por tal motivo tuvo que concurrir al interrogatorio. Que en las diferentes oportunidades concurría a su domicilio el Turco Julián a efectuar controles de la libertad. Que primero eran todas las semanas y luego se fueron espaciando. Que la única persona que concurría a su domicilio era Julián” (cfr. declaración de fs. 73/83 de la causa 9373/01). 
		Respecto del hecho que damnificara a Rufino Almeida se procesará a Julio H. Simón en orden a los delitos que se le imputaran en oportunidad de ampliar su declaración indagatoria pues, el plexo probatorio colectado es suficiente para el reproche intentado; lo cual implica revocar el anterior temperamento.
		Los testimonios citados demuestran que Julio Héctor Simón bajo el alias de “Turco Julián” secuestraba gente, integraba las guardias que retenían a los detenidos en el centro, que participaba de los interrogatorios y tormentos y que una vez liberados ejercía una control sobre las víctimas.
		Simón, en numerosas ocasiones, tomaba decisiones relacionadas al tratamiento de los detenidos, como ser si debían ser o no sometidos a torturas, y en su caso a qué tipos de tormentos (véase como ejemplo el caso de Atilio Migliari) o incluso, con relación al destino de los detenidos, como surge en cuanto al caso del matrimonio Granovsky, en donde Simón se habría “enfrentado con los captores” y habría impedido que estos sean eliminados.
		A su vez, la prueba colectada demuestra la responsabilidad del encartado en los tormentos a los cuales los detenidos eran sometidos, los cuales -tal como ha sido mencionado- podían variar desde patadas, la aplicación de picana eléctrica en las partes más sensibles del cuerpo, golpes con cadenas y quemaduras de la piel hasta la prohibición total de hablar, la pérdida del nombre, el cautiverio en minúsculas celdas carentes de higienes y la amenaza constante de ser -nuevamente- golpeado, insultado. Tales condiciones aparejaban un trato inhumano, degradante y cruel, que constituye el delito de tormento complementario de la privación de la libertad y conforme a los testimonios señalados, su materialización era asegurada entre otros por el encartado.

		3. Declaración indagatoria
		Llamado a ampliar su declaración indagatoria por los nuevos casos de privaciones ilegales de la libertad y por los tormentos de quienes estuvieron en cautiverio en el centro clandestino de detención, Julio Héctor Simón a fs. 21831/44, hizo uso de su derecho a negarse a declarar.

		7.15 Responsabilidad penal de Juan Antonio del Cerro:
		A Juan Antonio del Cerro, quien se desempeñó como integrante del cuerpo de Informaciones de la Superintendencia de Seguridad Federal con la jerarquía de Auxiliar de Inteligencia, se le imputa el haber intervenido en calidad de coautor, las privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos de las personas que fueran alojadas en las sedes denominadas “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” del centro clandestino de detención que resulta objeto de análisis en la presente resolución.
		La responsabilidad penal de Del Cerro en dichos hechos se encuentra prima facie acreditada en base a los elementos y consideraciones que se detallarán a continuación.

		1. Su identificación bajo el apodo “Colores”. Funciones cumplidas por Juan Del Cerro en las tres sedes del centro clandestino de detención sucesivamente conocidas como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		1.1 Juan Antonio del Cerro era apodado “Colores”:
		Tal como otros represores cuya responsabilidad también se analiza en la presente resolución, Juan Antonio del Cerro actuaba en las tres sedes del centro clandestino de detención bajo un apodo. 
		La existencia de apodos de los represores no resulta ilógica, si se tiene en cuenta el carácter ilegal de los hechos que llevaban a cabo y la necesidad de asegurar la eventual individualización de sus autores, o al menos, obstaculizarla.
		En el caso puntual, Juan Antonio del Cerro se apodaba “Colores”, ya que como se verá a continuación variados son los elementos que permiten corroborar tal hipótesis, surgiendo en particular los reconocimientos en rueda de personas oportunamente practicados por algunas víctimas que estuvieron privadas de su libertad en las citadas sedes del centro.
		Vale mencionar que dichos reconocimientos se han practicado en el marco de la causa nro. 558 (legajo 119) caratulada “Conadep s/ su denuncia”, la cual tuvo inicio a raíz de la presentación efectuada en junio de 1984 por el escritor Ernesto Sábato, entonces Presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, en la cual se denunciaba privaciones ilegales de la libertad y tormentos -entre otros delitos- llevados a cabo en el centro de detención “Banco” y “Olimpo”. 
		Así, Nora Beatriz Bernal, detenida el 30 de enero de 1978 y trasladada a la sede “Banco” del centro de detención, desde donde fue liberada el 17 de febrero siguiente, en el legajo nro. 119 caratulado “Conadep s/ su denuncia” reconoció en rueda a Juan Antonio del Cerro, a quien identificó como el represor que actuara en el centro citado bajo el apodo “Colores” (fs. 1730).
		Gilberto Rengel Ponce -privado de su libertad el día 7 de diciembre de 1978 y trasladado a la sede del centro denominada “Olimpo”, desde donde fue liberado catorce días más tarde-, reconoció en rueda a Del Cerro como quien usaba en el lugar de detención el apodo “Colores” (fs. 1731, legajo 119).
		Por otro lado, surgen los careos realizados entre Del Cerro y las víctimas Mariana Patricia Arcondo de Tello -detenida el 31 de mayo de 1978 y trasladada a “Banco”, desde donde fue liberada el 16 de junio de 1978- (fs. 2305 del legajo nro. 119) y María del Carmen Rezzano de Tello -detenida y liberada en las mismas fechas que la anterior- (fs. 2306); en dichos actos las nombradas reconocen al imputado como aquella persona que poseía en “El Banco” el apodo “Colores”, advirtiendo ambas algunas diferencias halladas en su fisonomía respecto de la que poseyera a la fecha de los hechos.
		En el mismo legajo, a fs. 2459, obra acta de reconocimiento en rueda, en el cual José Alberto Saavedra -detenido el 10 de junio de 1978 y trasladado al “Banco”- reconoce a Juan Antonio del Cerro como el apodado “Colores”, advirtiendo que en la época de los hechos no tenía el cabello peinado con gomina -como sí en el acto- y que antes también habría estado más flaco.
		Obra a fs. 2462 del mismo legajo, el reconocimiento en rueda de personas llevado a cabo por el testigo Enrique Carlos Ghezán -detenido el 28 de julio de 1978 y llevado a la sede “Banco” y luego a “Olimpo”-, en dicho acto el nombrado reconoció a Del Cerro como el apodado “Colores”, a quien encontró un poco más gordo que en la época de su cautiverio.
		Isabel Fernández Blanco de Ghezán, detenida el 28 de julio de 1978 y trasladada a “Banco” y luego a “Olimpo”, también reconoció a Del Cerro (fs. 2463 del legajo 119) como quien se apodaba “Colores”. 
		Reconocieron de igual modo al imputado, las víctimas Juan Agustín Guillén -detenido el 7 de diciembre de 1978 y trasladado a “El Olimpo”-(fs. 2464); Norma Teresa Leto -detenida el 25 de julio de 1978 y llevada a “Olimpo”- (fs.2465); Jorge Casali Urrutia -privado de su libertad el 10 de junio de 1978 y alojado en “El Banco”desde donde recuperó su libertad un mes y medio después- (fs.2466); y Miguel Angel Benítez -detenido el 3 de agosto de 1978 y alojado en “Banco” y “Olimpo”- (fs. 2467).
		También reconocieron al nombrado las siguientes víctimas: Isabel Teresa Cerruti -quien permaneció detenida en las sedes “Banco” y “Olimpo” (fs. 2468 del legajo nro. 119); Mario César Villani -quien estuvo detenido en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” -(fs. 2469 del legajo 119); Graciela Irma Trotta -quien permaneció alojada en “Banco” y “Olimpo” -(fs. 2470); Julio Lareu -detenido en “Atlético”- (fs. 2666 del legajo nro. 119); Nelva Alicia Méndez de Falcone -detenida en el “Banco”- (fs. 2667); Elsa Lombardo -quien estuvo detenida en “Banco” y “Olimpo”- (fs. 2668); y Horacio Martín Cuartas -alojado en “Olimpo”- (fs. 2670). 
		Asimismo, se practicó un reconocimiento de voces, acto en el cual la testigo no vidente Mónica Evelina Brull (alojada en “Olimpo”), identificó la voz de Del Cerro como la que perteneciera a “Colores”.
		Por su parte, el testigo Rufino Almeyda, cautivo cuando el centro tuvo sede en “Banco”, al prestar declaración en este Tribunal, dijo en cuanto a “Colores”: “Que supo que se llama Juan Antonio del Cerro a raíz de que en los ‘80 apareció una revista Gente u otra, y que allí vio fotos del nombrado y que lo identificó, que tal vez tiene aún la revista, más allá de que esa información fue corroborada luego por la tarea desarrollada por los organismos”.
		Asimismo, entre las descripciones físicas de Del Cerro, brindadas por los testigos que han permanecido detenidos en tales centros, puede citarse el aporte de Gabriela Beatriz Funes -detenida en “Atlético”-, quien refirió que el represor “Colores”, a quien luego de liberada identificó como Juan Antonio del Cerro era: “pelirrojo, de cara redonda, de unos treinta o treinta y cinco años, de voz chillona” (declaración de fs. 379/382 de la causa nro. 9373/01 ).
		La testigo Isabel Teresa Cerruti, quien estuvo detenida en los centros “Banco” y “Olimpo”, refirió con respecto a “Colores” que lo conoció en la segunda sede mencionada, que medía 1, 70 aproximadamente, que no era ni gordo ni flaco, que era pelirrojo, de tez blanca, que poseía entre 40 y 45 años y que no usaba bigotes. (declaración de fs. 1104 del legajo 119).
		Gustavo Raúl Blanco -alojado en “Olimpo”- dijo que “Colores” era “pelirrojo, pecoso, de voz aflautada” (declaración obrante en legajo 359 a fs. 1081/1087). También Clotilde Folgán, madre de la desaparecida Susana Weisz, en el legajo nro. 24 indicó que en una oportunidad cuando su hija estaba ya detenida, se constituyó en su domicilio una persona apodada “Colores”, que era bajo, gordito y pelirrojo.
		También Mariana Patricia Arcondo de Tello, alojada en “Banco”, describió a “Colores” como “de estatura media, de cutis muy blanco, con voz metálica y de cabello castaño, pelirrojo” (declaración de fs. 2276/8vta. del legajo 119).
		La liberada Nelva Alicia Méndez de Falcone (detenida en “Banco”) dijo que “Colores” mediría 1,76 m, que era robusto, de cara rosada, medio pecoso y de cabello castaño rojizo (legajo nro. 307).
		Como se advierte, las descripciones que los testigos han aportado son coincidentes en cuanto a que “Colores” poseía tez blanca, pelo castaño o pelirrojo, estatura media o baja, y que su edad oscilaba entre 30 y 40 años, más allá de que uno de los testigos refirió que podía tener 45 años.
		Al confrontar tales datos con aquellos que surgen del legajo policial de Juan Antonio del Cerro, se verifica que el nombrado nació el 2 de octubre de 1946, por cuanto en los años 1978 y 1979 poseía 32 y 33 años, respectivamente; asimismo en la ficha personal glosada en tal legajo surge que poseía una altura de 1,72 m, cabello castaño, cutis blanco y ojos pardos.
		La coincidencia entre la descripción aportada por los testigos y los datos insertos en el legajo de Del Cerro, fortalecen la presunción de que el nombrado resulta ser la persona a la cual ellos se han referido.
		Teniendo en cuenta tales circunstancias, podemos afirmar que las probanzas colectadas a lo largo de la investigación, permiten aseverar -con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal- que Del Cerro bajo el apodo “Colores”, se desempeñó en las tres sedes donde funcionara el centro clandestino de detención: “Atlético”, que funcionó desde mediados de año 1976 hasta diciembre de 1977; “Banco”, que operó desde fines de 1977 hasta mediados del año 1978 y que también lo hizo en “Olimpo”, el cual se instaló desde el 16 de agosto de 1978 funcionando hasta inicios del año 1979; a la vez que se halla acreditado que intervino en el secuestro de personas alojadas en tales sitios, en la custodia de los detenidos, en los interrogatorios y en los tormentos impuestos a los ilegalmente detenidos.
		Para una mayor claridad, habrá de analizarse por separado la actuación de Del Cerro en cada una de las sedes del centro de detención.

		1.2. Juan Antonio del Cerro prestó funciones en la sede “Atlético” o “Club Atlético”del centro clandestino de detención: 
		Delia Barrera y Ferrando, detenida el 5 de agosto de 1977 y trasladada a “Atlético” declaró ante esta sede en fecha 4 de mayo pasado: “Que a Colores lo escuchó nombrar, que no intervino ni en su detención ni en su tortura, que sabe que torturaba porque se escuchaban los gritos cuando lo hacía y que tenía una voz muy chillona, que no ha visto al nombrado, y que sabe que se llama Juan Antonio del Cerro a raíz de los datos recopilados luego de liberados en la reconstrucción de los hechos” (fs.18.201/3).
		En su declaración agregada a fs. 63/66 de la causa nro. 9373/01 la misma testigo refirió: “A Colores lo sentía en el campo pero no lo vi, tenía una voz muy especial, muy chillona. Él se jactaba de que cuando te daba picana te hacía ver los colores. Él venía cuando estaba en sus guardias”.
		Gabriela Beatriz Funes al declarar ante esta sede en fecha 23 de junio pasado (fs. 19.259/vta.), dijo que en “Atlético”, “…la torturaron con golpes y picana, que en una oportunidad en que se le cae el tabique, se pudo dar cuenta de que una de las persona que la torturaba con picana era Colores, que en ese momento no sabía que se trataba del nombrado, pero con el tiempo y a partir de fotos que vio del mismo, supo ello”.
		Carmen Aguiar de Lapacó, detenida el 16 de marzo de 1977 y llevada a “Atlético” dijo en su declaración prestada en fecha 22 de junio pasado (fs.19.238/40) que entre las personas que la detuvieron estaba “Colores”, y agregó “...Que en cuanto a Colores, o Juan Antonio del Cerro, fue éste quien la agarró del pelo y era uno de los que estaba con peluca (cuando la detienen), que Julián también estaba con peluca. Que en ese momento se usaban pelucas y se llevaron de su domicilio tanto las que poseía la deponente, como las de su madre. Agrega que luego de liberada vio fotos de Colores y se dio cuenta de que era el mismo que la había detenido”.
		Daniel Merialdo -alojado en las tres sedes sucesivas del centro- dijo al declarar ante este juzgado en fecha 28 de abril de 2005 (fs.18.108/2) que “Colores o Rojo, actuaba en los tres centros, que era torturador, que hasta tenía una máquina automática para aplicar picana, que hacía inteligencia con Calculín, y trabajaba muy a la par con el Turco Julián, que también era otro torturador reconocido. Que recuerda que a veces dejaba la máquina automática torturando a un prisionero y se iba, dejando la máquina andando sola y torturando sola... Que Colores hasta estuvo en la ESMA, y tenía pelo colorado, pecoso, medio gordito, con voz chillona, era el «prototipo del torturador». Que sabe que se trata de Juan Antonio del Cerro y que lo supo porque vio fotos en los diarios y revistas y así pudo reconocerlo”. Agregó que a Colores, también le decían “El Tío”.
		Miguel D’Agostino, detenido en “Atlético”, dijo al declarar ante esta sede (fs. 20.878/82) que cuando estaba en el centro “...Julián (Julio Héctor Simón) lo lleva a uno de los quirófanos o sala de tortura. Que allí había otras personas, es decir, otros represores, que luego de desnudarlo, lo acuestan sobre la mesa metálica, lo estaquean de pies y manos y comienzan con sesiones de picana eléctrica, golpes, quemaduras de cigarrillos, mientras lo interrogan con esos métodos. Que en esa oportunidad reconoce que estaba presente una persona que se hacía llamar Colores o Colorín”. 
		Agregó D’Agostino: “Que en la primera oportunidad en que lo torturan lo vio al Dr. K, al corrérsele la venda y que unas treinta horas después a ser detenido, el Dr. K y Colores simularon que querían canjearlo por quien era su concuñada, la cual estaba en libertad y quien fue detenida en mayo de 1978, su nombre era Mariana Carlota Belli. Que en esa oportunidad también lo vio al Dr. K [...] que aparte de Colores y el Dr. K, también otros participaron en su tortura, que había uno al cual le decían Capitán. Que Colores cuando lo torturaba hablaba, que alardeaba de sus conocimientos en la aplicación de tortura, de que había sido instruido con métodos contra la lucha argelina, que no dejaba marcas, pero que destruía al torturado, que por momentos pensaba que había personas que estaban siendo instruidas en estos métodos, como que había personas allí que estaban observando y que Colores hacía las veces de profesor. Que las torturas duraron en principio cuatro o cinco días, con intervalos donde lo llevaban o a la enfermería o a un lugar que se conocía allí adentro como la leonera”.
		Otra de las personas que prestó declaración testimonial en autos fue Estela de la Cuadra Fraire (declaración de fecha 2 de mayo de 2005), madre del desaparecido Gustavo Ernesto Fraire, quien estuvo en “Atlético”. La nombrada relató que en cierta oportunidad se encontró con la liberada Cristina Torti (detenida en Atlético), y que ésta le dijo que en el centro “un represor llamado Colores, tenía una manía que era pasar películas a cualquier hora a los desaparecidos, que eran películas cortadas y que en un momento se pasó «La Novicia Rebelde»”.
		Jorge Allega -detenido el 9 de junio de 1977 y conducido a “Atlético”- refirió al declarar ante la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que entre las personas que lo interrogaron estaba “Colores”, y que en la primera sesión de torturas a la que fue sometido, escuchó los apodos “Colores” y “Soler”. Agregó que ya cuando fue liberado, se encontró casualmente con el represor “Soler”, quien le hizo algunas preguntas sobre si estaba trabajando o cómo estaba y luego le dio un teléfono para que se comunique, que al tiempo llamó al mismo y pidió por “Colores”, y aportó tales teléfonos siendo el 40-4056 interno 55 y el 4774-7878. También aclaró que tiempo después en un colectivo se encontró con el represor apodado “Julián” quien le dio otro teléfono -el 44-8836- para que se comunique con él (cfr. actas mecanografiadas glosadas en legajo 234).
		Luis Federico Allega, hermano de Jorge, recordó que fue detenido el 13 de junio de 1977, que en el operativo de detención había un represor apodado “Colores”, al cual describió como de estatura media, unos 75 kg, piel blanca con pecas y cabello rojizo. El nombrado recordó que en el centro de detención (sede “Atlético”) fue obligado a hacer flexiones durante unos veinte minutos y luego fue llevado a la sesión de tormentos, donde había una camilla de metal a la cual es subido. Agregó que en primer lugar lo desvistieron por completo, lo amarraron a la mesa metálica, lo ataron con bandas o cables y le aplicaron picana eléctrica durante dos horas o dos horas y media; que entre las aplicaciones existían intervalos en los que era interrogado. Que se le pedía que mencione a los guerrilleros que conocía, a los delegados de las facultades. Agregó que durante ese interrogatorio sintió la presencia de tres personas. 
		Asimismo, agregó que en otra sesión de torturas que le aplicaron a él y a su hermano Jorge, fueron torturados por “Colores” y por “Julián” -Julio Simón-. Agregó que Colores estaba siempre presente en las sesiones de picana eléctrica, mientras que Julián estaba en una sesión en la que se lo golpeó (legajo 234).
		Por su parte, Juan Francisco La Valle, detenido el 15 de julio de 1977 y trasladado a “Atlético” refirió al declarar en fecha 15 de marzo de 2002 -fs.190/2 de la causa nro. 9373/01- que en el centro, entre los represores se hallaba “Colores”.

		1.3. Juan Antonio del Cerro prestó funciones en la sede “Banco” del centro clandestino de detención: 
		Julio Fernando Rearte, detenido el 1ro de junio de 1978 y trasladado a “El Banco”, dijo al ser preguntado por su conocimiento sobre quién lo torturó e interrogó que quien “…le aplicó picana fue Colores o Juan Antonio del Cerro, que supo que fue el nombrado porque pudo espiar por arriba o debajo de la venda, que aparte se decía entre los detenidos que “Colores” era la persona encargada de la tortura y aparte, después lo reconoció al nombrado en las fotos que vio en medios periodísticos. Que mientras lo torturaron había más de una persona, pero no sabe quiénes eran”. 
		También dijo que “…en el Banco tuvo información de que a Pablo y a Rafael Tello los habían torturado con picana eléctrica, que eso se lo contó Rafael, que él le dijo que había sido Colores quien lo torturó”, y que en una oportunidad “…«Colores» pasó cine, que proyectó una película de la Pantera Rosa, que lo hizo con todas cosas robadas. Que el día de la Bandera, los hicieron formar y circular, es decir caminar por el lugar, que los hicieron cantar «Aurora»...” (declaración prestada ante esta sede a fs. 19.376/85).
		Resulta ilustrativo el testimonio de Isabel Teresa Cerruti, quien estuvo alojada en “Banco” y “Olimpo” y dijo que en la sede “Olimpo” conoció a “Colores”, el cual era aproximadamente de 1,70 m de altura, ni gordo ni flaco, pelirrojo, de tez blanca, poseía entre 40 y 45 años y no usaba bigotes. Que escuchó a Colores decir que a los detenidos les iba a volver «a dar máquina» en referencia a la picana eléctrica, a la vez que también escuchó al nombrado hacer comentarios que le permitieron suponer que integraba las “patotas”.
		Entre los represores que actuaban en ambos centros recordó, además de los mencionados anteriormente, a “Colores” de nombre Juan Antonio del Cerro, a quien “…vio personalmente cuando torturaba a una persona en el quirófano. Menciona que era más sofisticado en la tortura, sádico, que parecía que disfrutaba con la tortura” (declaración de fs. 19.373/5).
		Nelva Alicia Méndez de Falcone, en la declaración prestada en fecha 22 de noviembre de 1985 y agregada en el legajo nro. 307 dijo que cuando estaba en el “Banco” la llevan al quirófano y allí “Colores” fue quien le interrogó aplicándole picana principalmente en las encías y genitales. “Durante el interrogatorio parecía sentir placer en lo que hacía y se ensañaba diciendo obscenidades, mientras el Cura la golpeaba en la cabeza [...] Al día diguiente sintió que llevaban a un muchacho al quirófano de al lado y escuchó que el muchacho pedía «No, Colores no» y Colores le dijo «yo te voy a enseñar lo que es bueno, te vamos a hacer el supositorio», que consistía en picanearlo en el ano. Agregó que vio cuando sacaron al muchacho luego de la tortura y que estaba envuelto en una frazada toda ensangrentada...”. 
		Recordó que “Colores” tenía una voz “atiplada, que cuando se ponía nervioso se le afinaba”, también dijo que en una oportunidad vio a “Colores” arreglar la picana en una mesa que estaba frente a la enfermería, que esta fue la oportunidad en la cual pudo ver a “Colores”, ya que en el resto de las oportunidades estaba tabicada. Agregó que “…Colores deambulaba permanentemente por la zona de los quirófanos y escuchó múltiples referencias a su calidad de torturador”, además de que cuando arreglaba la picana, después “se divertía probándola”.
		Jorge Rufino Almeida, quien prestó declaración en esta sede judicial a fs. 17.333/4 y 18.126/8, explicó que estando ilegalmente detenido en “Banco”, fue torturado por “Colores”, que fue destabicado por éste y que el nombrado le manifestó que lo recordara de ahí en más por cualquier motivo por el cual se tuvieran que volver a ver. Que “Colores” junto al “Turco Julián” participaron del operativo de su detención y la de su mujer Claudia Estévez, como también de la tortura de ambos. Agregó también el testigo que en cierta oportunidad vio cuando llevaban a un joven a ducharse al baño, el cual estaba destruido y prácticamente arrastrándose, refirió que estaba “…consumido y se comentaba que le habían aplicado la picana automática, es decir que le colocaban la picana y se retiraban dejándolo sufrir las descargas. Que Colores se jactaba de ser el inventor de la misma”.
		Almeida también recordó que cuando ya estaba liberado, en el año 1980 ó 1981 “…Colores llamó a lo de la suegra del dicente identificándose de tal forma, expresando que quería hablar con el deponente. Que a los días volvió a llamar proporcionándole el teléfono 826-1538, adonde llamó el dicente y le dijeron, aclara, que debía preguntar por Colores o por Javier”, relató que en otra oportunidad le dieron otro teléfono y llamó al mismo, donde lo atendieron diciendo “Policía Federal” y al pedir por “Colores”, le pasaron con el mismo.
		En la audiencia ante la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata, el mismo testigo recordó el episodio cuando “calló” o ya no se escuchó Tito Ramírez, que era Profesor de Arquitectura de La Plata, relató que a éste “…Colores lo dejó en la cámara de torturas con una picana automática que largaba una descarga no sé, cada tantos minutos y lo tuvo dos o tres días con eso, entonces era el grito continuo cada dos minutos o sea, era común, lo común era el terror y los gritos del torturado de turno que se escuchaba hasta la celda”.
		En la declaración que obra en copia a fs. 91/104 de la causa nro. 9373/01, Rufino Almeida relata que según su recuerdo Del Cerro llamaba a la picana “Susanita”, por la publicidad en la cual la entonces modelo Susana Giménez decía “Shock”.
		Nora Bernal -alojada en Banco- en su declaración de fs. 120/130 del legajo nro. 98, dijo que cuando torturaban a su compañero Jorge Toscano, “Colores” era el que aplicaba la picana, agregó “…que le llamó la atención el gesto desarticulado de Colores mientras aplicaba la picana y fijó en él su mirada”. También dijo que tuvo oportunidad de conversar con “Colores” y éste le dijo que la tortura era responsabilidad de los interrogados que se negaban a colaborar y los obligaban a usar esos procedimientos; que también en otras oportunidades le comentó que tenía cuatro hijas y que había salido en el fin de semana con su familia. 
		Dijo que la voz de “Colores” era fácilmente identificable por ser “chillona y finita” cuando gritaba, y que el nombrado era una persona pelirroja, pecosa, de cabello lacio peinado para atrás y de aproximadamente 1,70 de estatura. También refirió que “Colores” participó en su segundo detención y que se decía que él era el más experto en el uso de la picana.
		Patricia Bernal, por su parte, declaró que fue detenida en abril de 1978, que en el vehículo que la transportaba estaba un sujeto “pelirrojo, algo obeso, de cutis blanco, pecoso, de aproximadamente 1,70 de estatura, a quien llamaban Colorado o Colores”. Agregó que escuchó cuando torturaron a su hermana Nora, que se descontroló y que por eso la llevaron a verla. Que en el quirófano vio a varios sujetos y entre ellos a “Colores”. También recordó que éste, como también “El Turco Julián”, tenían un llavero con una svástica.
		María Patricia Arcondo de Tello, también cautiva en “Banco”, refirió que en el centro “estaba el llamado Colores, quien estuvo presente en el procedimiento que concluyera con la detención de la declarante y principal torturador de la que habla”, y aclaró luego que los principales “trabajadores” o “torturadores” eran “Julián” -Julio Héctor Simón- y “Colores”. Recordó que este último tenía cutis muy blanco, y voz “medio metálica”, con cabellos marrones, y agregó que “a pesar de ello tenía tipo de pelirrojo” (declaración de fs. 2276/9 del legajo nro. 119).
		También Oscar Alberto Elicabe Urriol, privado de su libertad el día 6 de junio de 1978 y alojado en “El Banco”, al declarar señaló a “Colores” como uno de los principales represores que actuaban en dicho centro de detención (fs. 21/2 del legajo nro. 275). En otra declaración (fs. 26/29 vta. del mismo legajo) señaló a “Colores” como una de las personas que lo detuvo, que el nombrado era el inventor de la picana automática, “sistema por el cual se regulaba el voltaje y cuando se conectaba el torturador se retiraba y el aparato de tortura funcionaba solo”.
		Igualmente, Hebe Cáceres, detenida en junio de 1978 y llevada a la sede “Banco” del centro clandestino de detención, dijo que fue interrogada por varios represores entre los que se encontraba “Colores”; que tanto éste como “el Turco Julián” le aplicaban “máquina o picana eléctrica”. Agregó que Raúl Olivera le dijo que a él “Colores” le dio máquina varias veces (fs. 31/4 de la causa nro. 9373/01).

		1.3. Juan Antonio del Cerro prestó funciones en la sede “Olimpo” del centro clandestino de detención: 	
		Jorge Osvaldo Paladino, detenido el 2 de octubre de 1978 refirió al declarar en la causa nro. 9373/01 -fs.67/71-“me llevan a la oficina de inteligencia y estaba el Turco Julián y Colores. El que me hace preguntas es el Turco Julián, Colores no participaba, esa fue la primera vez que tuve a este último frente a frente. Era medio pelirrojo, tez blanca” y más tarde agregó “entre los Jefes estaban los represores el Turco Julián, Colores, Cortés, Quintana, Soler...”.
		Horacio Martín Cuartas -detenido el 27 de octubre de 1978 y liberado cinco días después-, refirió que en el “Olimpo”, a “Colores” lo vio pasar varias veces, que éste apareció en “Diario Popular”, “Tiempo Argentino” y “La Prensa” del 16 de enero de 1986, en donde pudo reconocerlo (Legajo 266).
		Gilberto Rengel Ponce, detenido el 7 de diciembre de 1978 y llevado a “Olimpo”, recordó que entre las personas que lo detuvieron estaba “Colores”, que en trayecto hacia el centro de detención, el nombrado junto con Paco y El Turco Julián lo interrogó y le pegó; que ya en el centro lo hacen desnudar y lo revisan, luego de lo cual le indican que se vista. Que luego fue llevado a otra habitación y unos seis o siete hombres comenzaron a pegarle patadas y trompadas instándolo a que hable; que lo castigaron con latigazos, después lo llevaron a la máquina, donde lo desnudaron y tiraron sobre una plancha de acero; allí le aplicaron picana en los testículos y en otras partes sensibles; y agregó que quien hacía ello era “Colores”. Luego dijo que fue sometido a esa tortura durante más o menos una hora, que mientras lo picaneaban le preguntaban diversas cosas como por ejemplo, en dónde guardaba las armas; que también le preguntaban por su esposa y por el hijo de ambos de ocho meses (legajo nro. 95).
		En otra declaración prestada en la causa nro.1056 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 (copias a fs. 17.563/5), Gilberto Rengel Ponce dijo que el grupo de Tareas que lo secuestró fue el GT1 y que entre sus integrantes estaba “Colores”, que éste junto a “Julián” dentro del campo era el que daba las órdenes, que por ejemplo decían “andá torturalo”, “llevalo a la máquina” o “andá violala”, órdenes que al menos en lo referente a la tortura, se cumplían. Agregó que “Colores” tenía una gran autonomía en la toma de decisiones y que evidenciaba gran ensañamiento con los detenidos. También dijo que uno de los responsables del secuestro de Claudia Víctoria Poblete y sus padres, fue “Colores”.
		También, Gilberto Rengel Ponce declaró que las órdenes que solía dar “Colores” junto con “El Turco Julián” consistían en: “torturen”, “paren”, “sigan”, y “si hay que seguir torturando es lo que hay que hacer”.
		Mónica Evelina Brull al declarar en la misma causa citada -nro. 1056, ver copias agregadas a fs.17.574/5vta. dijo con respecto a su alojamiento en “Olimpo” que Colores “…era de los dos lados, secuestraba gente, andaba en la calle, andaba ahí adentro [...] tenía una cierta obsesión con las mujeres, vivía molestándolas”. 
		Por otro lado, surge el testimonio de Mario Villani, cuyo testimonio resulta primordial al momento de obtener una descripción de los hechos vividos en el centro de detención sucesivamente operativo en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” en los que el mismo estuvo alojado. Si bien el nombrado no ha declarado ante este Tribunal, lo hizo en reiteradas oportunidades, en las cuales mediante su relato permitió conocer detalles fundamentales, e incluso, permitió la identificación de algunos de los responsables de dichos delitos.
		A fs.17.576/8 obra copia de la declaración prestada por el nombrado en la causa nro. 1056 en donde explica que “se decía que la picana que se usaba en el Olimpo era de propiedad de Colores. Él me acuerdo, que una vez me trae la picana del Banco, que es la misma que usaban en el Olimpo para que se la repare”.
		Graciela Irma Trotta, al declarar en la causa nro. 1056 -fs. 17.588/9- relató que “Colores” fue el que estuvo a cargo de su secuestro y que el nombrado siguió de cerca su embarazo; que el nombrado veía una foto que ella tenía y que retrataba a su hijo de dos años y el represor le decía “si el que tenés en la panza es igual a éste va a ser buena la especie”; y agregó que “Colores” también llevó a Lucía Tartaglia al Hospital Militar a tener a su bebé. Relató también que “Colores entraba y salía constantemente de la enfermería y nos decía que lo podíamos llamar «El tío Colores»…”. 
		Agregó la testigo, que “…venía todos los días y tomaba mate, dialogaba con nosotras. Colores era famoso por sus torturas” y que “una vez Colores nos llevó a Lucía Tartaglia y a mí a vacunar a una sala u Hospital público que estaba cruzando una plaza, ambas teníamos anteojos negros con cinta adhesiva del lado de adentro de los lentes y no pudimos ver el recorrido en auto...”
		Susana Caride, detenida en “Banco” y “Olimpo” dijo al declarar en la causa nro. 9373/01 (142/3 vta.) con respecto a “Colores”: “también lo vi algunas veces [...] sé que vivía en calle Baigorria o Nogoyá en el barrio de Agronomía, en una casa de estilo colonial y que los vecinos decían que ahí vivían dos maestros que estaban desaparecidos. Supuestamente la casa se la habían dado al suegro de Colores que era Comisario…”.
		Agregó la misma testigo que luego de liberada “Colores” iba a su casa junto con un tal Juan Carlos Linares para controlarla. En la declaración prestada ante esta sede en fecha 14 de marzo de 2005, Caride precisó que en el Grupo de Tareas actuaban todos, pero que “…Colores y Julián (Julio Simón) se destacaron más por su brutalidad, pero que en realidad salían todos. También refirió que el represor apodado Soler [el cual a esta altura se tiene acreditado que ha sido el procesado Oscar Augusto Rolón] estaba más cerca de Colores…”. 
		Agregó que fue torturada y que “Colores” también torturó a Daniel Retamar, que el citado represor era “…medio petiso, robusto, pecoso, pelo lacio peinado para atrás, con una voz muy particular, como aflautada…”. Que el nombrado “…al igual que Julián torturaba a todos los que estaban allí”.
		Añadió que Colores, “…en general estaba con Cortés, Soler y Julián. Que era muy brutal, que al igual que Julián eran la fuerza bruta, aunque a Colores se lo notaba más inteligente. Que los domingos iba a misa con sus hijas y su esposa, al Colegio de Monjas en el que daba clases su mujer, que decía «Me voy a Misa y después sigo»…”, y agregó que fue torturada por el nombrado con picana, golpes y cadenazos.
 		Jorge Enrique Robasto -detenido el 4 de noviembre de 1978- declaró ante esta sede el día 29 de abril pasado, que Juan Antonio del Cerro alias “Colores” fue la persona que lo interrogó y torturó, y agregó “Para abril de 1980 Colores me llamó a mi casa y me citó en la puerta del cementerio de Recoleta, en ese lugar me recibe el nombrado, me pide que camine con él y entramos a un automóvil Falcon, me hacen sentar atrás. Al volante del mismo estaba una persona gorda morocha, pelo negro y corto y Colores me dice es el Gordo y me pregunta si lo conozco, le digo que sí, porque lo había visto en Olimpo el día que me liberaron. Durante ese viaje al lado de mi asiento había una picana y Colores me dice si sé lo que es, a lo cual respondí que sí, que me había torturado bastante, ante lo cual el Gordo agregó «con ustedes nunca es bastante» [...] A comienzo de 1982 llegó una citación a mi domicilio para que me presente en el Primer Cuerpo del Ejército con asiento en Palermo. Lugar al cual concurro y me hacen pasar al cuarto piso, donde funcionaba el Batallón de Inteligencia 601. Ahí me recibe Colores y me vuelve a interrogar sobre qué estaba haciendo y con quién me veía. Me muestra una especie de álbum con cientos de fotografías de detenidos que habían estado en el Olimpo. Me pide que le nombre a las personas que reconocía. Ahí le nombró a los yo sabía que habían salido en libertad y a los que habían quedado dentro del Olimpo. Ahí es cuando me dice que «a esos no los menciones más porque les dieron de comer a los pescaditos»”.
		En otra declaración prestada en la causa nro. 1056 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 (copias a fs. 17.568/70) Robasto refirió que “Colores” participó de su tortura, que cuando torturaban a alguien la música la ponían a todo volumen, pero que no obstante ello se escuchaban los gritos de los detenidos y las voces de los represores, es decir las de “Colores” y el “Turco Julián”.
		Agregó que en el caso de Marta Gertrudis Hlaczic “…también pudo afirmar que sí estuvo Colores por la voz característica que tenía que es muy aguda y muy chillona”. Agregó “…entiendo que los que se encargaron de torturar a José Liborio Poblebe tuvieron que ser Colores, el Turco Julián y otros miembros del Grupo de Tareas, porque ellos se encargaban del primer interrogatorio de todos los detenidos, que era la picana y la tortura directa”.
		Antonio Atilio Migliari, detenido el 4 de noviembre de 1977 y llevado a “Olimpo”, relató que a los dos días fue interrogado y que allí se encontraban varios represores entre los que se hallaban “Colores”, que le preguntaron sobre sus vínculos con “subversivos”, que al responder negativamente, le pegaron con puños y patadas (fs. 49/51vta. del legajo nro. 228). 
		Héctor Daniel Retamar, detenido el 5 de diciembre de 1978, refirió que “Colores” presenció las torturas a las que fue sometido, y también estuvo en la ocasión en que lo obligaron a presenciar las torturas que se le aplicaron a Susana Larrubia, quien fue torturada por el nombrado y “El Turco Julián” (legajo nro. 137, 14/18).
		Hugo Roberto Merola, privado de su libertad y llevado a “Olimpo” dijo que fue secuestrado por “Colores” y “El Turco Julián”, relató que en el centro los represores escuchaban unas marchas alemanas, que “Colores” en dicha ocasión le pidió a Marta Gertrudis (mujer de Poblete) que era hija de alemanas, que le traduzca lo que decían tales marchas; que la nombrada explicaba que se hacía referencia a una exaltación del trabajo, a la felicidad de trabajar, y en ese momento “Colores” llamó a otra persona y le dijo “vení vení, el viejo de ésta es «fascio» como nosotros”.
		Por otro lado, se puede citar también el testimonio prestado por Juan Carlos Guarino, quien estuvo ilegalmente detenido en “Banco” y luego en “Olimpo”. El nombrado relató que en una oportunidad “…Colores trajo para un domingo, si mal no recuerdo, a una de sus pequeñas hijas (tenía cuatro mujeres) la cual se llamaba Florencia. Para que conociera el lugar donde trabajaba su padre. En otra oportunidad trajo un proyector de películas que había robado junto con algunos rollos. Serían 4 ó 5 películas (La Guerra de las Galaxias, una porno, etc.) de las cuales recuerdo principalmente a una que era ODESSA, pues era prácticamente un estreno. Montamos el proyector y empezó la función para toda la población. Pero ODESSA no la quería pasar y después de mucho insistir nos dijo que como la película hablaba mal de los nazis no la quería pasar ya que si si la agarraba el “Turco Julián” se la iba a destruir” (testimonio prestado el 27 de octubre de 2000, que obra en el sumario nro. 19/97 instruido por el Juzgado Central de Instrucción nro. 5 de la Audiencia Nacional del Reino de España).
		Relató también Guarino en la misma oportunidad “Algunos poseían su propia picana personal, tal es el caso de “Colores” la cual incluía una variante con timer. De esta manera dejaban a alguien en la parrilla con la picana conectada en esta variante y el torturado recibía descargas por un tiempo y luego nada y así se repetía periódicamente. Esto podía durar varias horas y por varios días. Con esta modalidad torturaron al «Viejo Guillermo» y a «Marisa»…”.

		2. Las tareas que realizaba Juan Antonio del Cerro bajo el apodo “Colores”. Su intervención en los secuestros, en los interrogatorios e imposición de tormentos.
		Conforme surge de los testimonios colectados y reseñados -que constituyen sólo una muestra de las constancias probatorias obrantes en autos- Del Cerro se desempeñó como uno de lo principales protagonistas del staff de represores de las tres sedes del centro de detención que nos ocupa y como tal intervenía en el secuestro de personas integrando los grupos de tareas que privaban ilegalmente de la libertad, trasladaba a los cautivos al campo de cautiverio, participaba en el aseguramiento de los detenidos, las sesiones de interrogatorios bajo torturas, la imposición de condiciones de vida tormentosas e incluso actuaba en el proceso de liberación y/o control posterior de aquellas víctimas que tuvieron la suerte de sobrevivir.

		2.1. Su intervención en las privaciones ilegales de la libertad:
		Juan Antonio del Cerro tuvo una activa intervención en las privaciones ilegales de la libertad, ya sea desde el inicio mismo de los secuestros, tanto como en el aseguramiento y mantenimiento de los cautiverios clandestinos y aún después del cese de alojamiento en los campos.
		Entre otros casos, intervino de un modo directo en las detenciones ilegales de: Carmen Aguiar de Lapacó -ocurrida el 16 de marzo de 1977 y trasladada a “Atlético” (cfr. fs. 19.238/40)-; Jorge Rufino Almeyda y su esposa Claudia Estévez -acontecida el 4 de junio de 1978 y conducidos a “Banco” (cfr. declaraciones de fs. 17.333/4 y 18.126/8); Nora y Patricia Bernal -secuestradas en abril de 1978 y alojadas en “Banco” (cfr. declaración de fs. 120/130 del legajo nro. 98)-; Mariana Patricia Arcondo de Tello -detenida el 31 de mayo de 1978 y trasladada a “Banco” (cfr. declaración de fs. 2276/9 del legajo nro. 119)-; Oscar Alberto Elicabe Urriol -secuestrado el día 6 de junio de 1978 y alojado en “Banco” (declaración de fs. 26/29 vta. del legajo 275)-; Gilberto Rengel Ponce -detenido el 7 de diciembre de 1978 y llevado a “Olimpo” (cfr. legajo nro. 95)-; y Graciela Irma Trotta -secuestrada el 28 de julio de 1978 y llevada a “Banco” (cfr. fs. 17.588/9)-.
		Juan Antonio del Cerro integraba las “patotas” (cfr. testimonio de Isabel Teresa Cerruti), cumplía además funciones de inteligencia junto con Pedro Santiago Godoy, apodado “Calculín”, trabajaba a la par de Julio Héctor Simón o “Turco Julián” (cfr. testimonio de Daniel Merialdo de fs.18.108/2) y, además de desempeñarse dentro del Grupo de Tareas 1, dentro del campo de detención era el que daba las órdenes, tenía una gran autonomía en la toma de decisiones, evidenciando un particular ensañamiento con los detenidos. (cfr. declaración de Gilberto Rengel Ponce de fs. 17.563/5). 
		Para entender claramente las variadas funciones que cumplía Del Cerro es útil recurrir a las palabras de una cautiva en “Olimpo”, Mónica Evelina Brull, quien señaló: “…Colores era de los dos lados, secuestraba gente, andaba en la calle, andaba ahí adentro…” (cfr. fs.17.574/5 vta.).
		Una muestra más de la libertad de acción que tenía Del Cerro como también de su autoridad, poder de disposición, dominio de hecho sobre los cautivos y facultades de mantenimiento de la privación de su libertad que ejercía, surge del testimonio de Graciela Trotta quien contó que “Colores”, que era famoso por sus torturas “…venía todos los días y tomaba mate, dialogaba con nosotras...” y que en una ocasión la llevó junto con Lucía Tartaglia “…a una sala u Hospital público que estaba cruzando una plaza, ambas teníamos anteojos negros con cinta adhesiva del lado de adentro de los lentes y no pudimos ver el recorrido en auto...” (cfr. fs. 17.588/9). 
		Las actividades desarrolladas por Del Cerro no finalizaban en cuanto se disponía la libertad de los detenidos. En efecto, hay numerosos relatos de testigos que reflejan que el imputado aún cuando ya se había liberado a las víctimas, seguía controlándolas, llegando incluso a trasladar a una de ellas (Jorge Allega) a las dependencias de su trabajo en el Batallón 601, para “conversar” sobre los riesgos que conllevaba que Allega habitara en el mismo edificio que otro de los represores: Pereyra Apestegui.
		Recordemos también el caso de Almeyda, que dijo que cuando estaba ya en libertad, en el año 1980 o 1981 “Colores” llamó a lo de su suegra, pidió por él y después de dos días volvió a llamar, proporcionándole esta vez el abonado 826-1538 al cual él llamó y lo atendieron diciendo “Policía Federal” y le pasaron con “Colores”.
		También resulta ilustrativo el caso de Jorge Enrique Robasto, que dijo que luego de liberado recibió un llamado de “Colores” que dijo que lo quería ver; que lo citó en Recoleta y que allí el represor lo levantó en un automóvil Ford Falcon; que en otra oportunidad lo citó el mismo “Colores” en el cuarto piso del Batallón 601, y luego le dijo que quedaba contactado con ellos en forma oficial; que para eso le dio un número de teléfono y le dijo que llame preguntando por él o por Juan Carlos. 
		Estos testimonios permiten apreciar cómo se extendían las funciones de Del Cerro más allá del funcionamiento propio del centro clandestino de detención, lo cual revela su alto grado de compromiso con el sistema ilegal de represión.

		2.2. Su intervención en los tormentos:
		Como ya hemos visto, son numerosos los testimonios y las pruebas que acreditan que Juan Antonio del Cerro en forma frecuente interrogaba a los detenidos y les aplicaba en forma personal todo tipo de torturas, destacándose por la asiduidad e intensidad con que solía aplicar picana. 
		Los testimonios revelan a Del Cerro como uno de los personajes más activos y destacados del centro de detención, las víctimas son contestes en que el mismo exteriorizaba una exaltación especial en el uso de la picana, al punto de que es señalado como el inventor de la picana automática, y como quien se encargaba de arreglar dicho instrumento cuando no funcionaba. Así, Mario Villani ha referido que Del Cerro era el dueño de la picana que se usaba en la sede “Olimpo”, la cual según su testimonio, era la misma que usaban en “Banco”; Nora Bernal declaró que le llamó la atención el gesto desarticulado de Colores mientras aplicaba la picana; también Guarino relató que Del Cerro tenía su propia picana personal la cual incluía un timer variable; a la vez que resultan relevantes los dichos de Robasto, en cuanto dijo que estando ya liberado “Colores” lo citó en el cementerio, y que en el auto le mostró la picana y le preguntó si sabía qué era. 
		También se ha mencionado que Del Cerro presentaba un evidenciado sadismo y la mayor de las crueldades; que solía molestar a las mujeres (conf. testimonio de Mónica Evelina Brull), y que mientras torturaba con picana, decía obscenidades. Recordemos al respecto el relato de Nelva Méndez de Falcone, en cuanto a que Colores mientras la torturaba “parecía sentir placer” y que un chico cuando llevaban al “quirófano” le pedía a “Colores” para que por favor no lo torturen, y éste le decía “Yo te voy a enseñar lo que es bueno, te vamos a hacer el supositorio”. También Méndez de Falcone relató que en una oportunidad vio a “Colores” cuando arreglaba la picana y que luego “se divertía probándola”.
		Por otro lado, vale tener en cuenta el testimonio de Rufino Almeida, en cuanto dijo que en “Banco” se encontraba “Tito Ramírez”, un profesor de la facultad de arquitectura, a quien “Colores” habría dejado con la picana automática durante unos dos o tres días, picana que cada tantos minutos le daba descargas que ocasionaban sus gritos, los cuales se escuchaban desde la celda (fs.109/129). 
		El testigo D’Agostino (fs. 20878/82) refirió que cuando Colores aplicaba la picana “…alardeaba de sus conocimientos en la aplicación de tortura, de que había sido instruido con métodos contra la lucha argelina, que no dejaba marcas, pero que destruía al torturado” y que ello le hacía pensar por momentos que “había personas que estaban siendo instruidas en estos métodos, como que había personas allí que estaban observando y que Colores hacía las veces de profesor”.
		Otros testigos resaltan que el nombrado daba órdenes tales como: “andá a torturalo”, “llevalo a la máquina”, “andá violala”, “torturen”, “paren”, “sigan”, y “si hay que seguir torturando es lo que hay que hacer” (Gilberto Rengel Ponce).
		Los citados elementos dejan ver por un lado, la brutalidad de las torturas de las que participaba Colores y su especial afición por la aplicación de la picana a los detenidos; y por otro, el compromiso asumido por el mismo en el régimen dictatorial, en el cual habría participado tanto material como ideológicamente, llegando incluso a presentarse como un simpatizante de la ideología nazi, que campeaba en particular en las diversas sedes del centro de detención en los que estuvo el nombrado así como también en otros centros clandestinos.
		Por otro lado, es notable lo relatado por los testigos Estela de la Cuadra Fraire, Julio Fernando Rearte, o Juan Carlos Guarino, en cuanto dijeron que “Colores” en los centros de detención a veces pasaba películas, lo cual permite inferir el grado de relación que Del Cerro poseía con la vida de los centros de detención, y las múltiples tareas en las que participaba, ya que como surge de lo anteriormente expuesto: detenía personas, las interrogaba, las torturaba al extremo, las llevada al Hospital si era necesario (relato de Trotta), las controlaba cuando estaban ya liberadas, decidía sobre sus interrogatorios o torturas, o les proyectaba películas. 
		Justamente, vinculado al grado de compromiso y decisión sobre las condiciones de vida a las que se sometiera a los cautivos es que debemos decir que más allá de los variados casos en que se ha acreditado la intervención directa y material de Del Cerro en la aplicación de torturas, el nombrado deberá responder en orden a la imposición de tormentos respecto de todos los cautivos del centro que tuviera por sedes a “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
		En efecto, ya se ha explicado en la presente resolución que cada día de permanencia en el campo de detención mediando un trato, inhumano, cruel y degradante constituía, por el efecto acumulativo de técnicas de maltrato empleadas, la imposición de tormentos. 
		Los mecanismos de tabicamiento, engrillamiento, supresión del nombre e identidad, prohibición de habla, golpes continuos, amenazas constantes, deficiente alimentación, condiciones deplorables de higiene y salubridad, desnudez forzada, torturas físicas y psicológicas, y la colocación en el rol de testigos de la aplicación de torturas a otro ser humano, realizados en forma simultánea, acumulativa y continua constituyen tormentos a la luz del art. 144 ter, primer párrafo del Código Penal, máxime cuando estamos tratando de uno de los imputados con mayos poder de decisión en el centro.
		En definitiva, se deduce de los elementos colectados, el papel destacado que cumplió Del Cerro en el sistema planificado desde la cúspide del aparato de poder estatal (cuya cadena de producción se integraba por la inteligencia previa, secuestro, tortura, obtención de información y posterior eliminación física de personas o bien, liberación con control y vigilancia), ya que como se advierte, llevaba a cabo diversas tareas relacionadas con prácticamente todos los eslabones de dicha cadena, lo que es coherente con la actitud de alto compromiso que el nombrado parece haber asumido con tales hechos. 
		Esto también es coherente con las constancias que obran en su legajo de policía, donde surge que al ser calificado en los años 1978/1979, se consigna que “Ha demostrado en todo momento gran idoneidad en su área específica, con marcado espíritu de sacrificio y gran entusiasmo en la realización de las tareas recomendadas sin límite de esfuerzo”; leyéndose en las calificaciones anteriores “Constituye funcionalmente un elemento de gran valor. Debe controlar su temperamento”. Como se ha asentado, tales apreciaciones armonizan con las versiones de los testigos, ya que su gran esfuerzo, sacrificio y su temperamento, en particular, han permitido su distinción entre los restantes represores, como uno de los sujetos más consustanciados con las prácticas de las torturas y al manejo de la picana eléctrica.
		Por otra parte, es necesario destacar que Del Cerro prestó declaraciones en el marco de la causa nro. 558 (legajo 119) caratulada “Conadep s/ su denuncia” en la cual se investigaban diversas privaciones ilegales de la libertad y tormentos -entre otros delitos- llevados a cabo en los centros “Banco” y “Olimpo”. En ese expediente, Del Cerro, si bien negó haber conocido la existencia de los centros de detención en los que se le imputa haberse desempeñado, aportó sus conocimientos en cuanto a la correspondencia entre apodos y nombres de personal de fuerzas de seguridad que de ningún modo pudo haber conocido de no haber estado él mismo involucrado en los hechos que investigamos.
		En conclusión, las constancias probatorias y particularmente los hechos relatados reflejan a Del Cerro como un acatador absoluto del imperativo dado por el régimen dictatorial, y más que eso, los hechos evidencian que el nombrado no sólo cumplía con las aberrantes órdenes encaminadas a detener, torturar y eventualmente eliminar a personas que no comulgaban con la ideología política del régimen, sino que aparte habría hecho más de lo mandado, extendiendo su supuesto deber a un plano evidentemente personal.

		3. Su declaración indagatoria.
		A Juan Antonio del Cerro se le recibió declaración indagatoria el 16 de septiembre próximo pasado, ocasión en que hizo uso de su derecho de negarse a declarar. 

		7.16. Conclusión.
		En definitiva, acorde a las probanzas señaladas nos encontramos que las personas imputadas, oficiales de carrera, profesionales, formado en el seno de instituciónes históricas de nuestro país, se desempeñaron como guardias y torturadores en este centro clandestino de detención donde ocurrieron los abyectos sucesos narrados.
		Al respecto Zygmunt Bauman, reflexiona “¿No sería más feliz si hubiera podido demostrarse que todos los que lo hicieron estaban locos? pregunta Raoul Hilberg, el gran historiador del Holocausto. Sin embargo, esto es, precisamente lo que es incapaz de demostrar. La verdad que saca a la luz no proporciona ningún consuelo. Lo más probable es que no haga feliz a nadie. Fueron hombres de su tiempo y educados. Este es el quid de la cuestión cada vez que reflexionamos sobre el significado de la civilización occidental después de Auschwitz. Nuestra evolución ha sido más de prisa que nuestro entendimiento; ya no podemos dar por sentado que conocemos a fondo nuestras instituciones sociales, nuestras estructuras burocráticas ni nuestras tecnologías…” (ob. cit., pág. 109, con cita de Raoul Hilberg, Significance of the Holocaust en The Holocaust: Ideology, Bureaucracy and Genocide, Ed. Henry Friedlander, Sybil Milton, 1980, pág. 101/2).

		Considerando Octavo:
		Calificación Legal.
		8. 1. Ley penal aplicable.
		La ley 14.616 establecía una pena de 3 a 15 años de reclusión o prisión para el delito de imposición de tormentos a un perseguido político. En el año 1984 la ley 23.097 elevó las penas del delito de tormentos fijando una escala de 8 a 25 años de reclusión o prisión para todo supuesto de tormento aplicado por un funcionario público a una persona privada de su libertad, esto es, sea o no perpetrado en perjuicio de un perseguido político.
		La ley 23.097 al elevar los montos de pena aplicables, tanto en su máximo como en su mínimo, prevé sin duda condiciones de punibilidad más graves para el imputado, de tal modo que si se juzgara el hecho que aquí se analiza en los términos fijados por esa ley posterior la escala penal aplicable sería de 8 a 25 años de pena privativa de libertad. En consecuencia, corresponde subsumir la conducta del encartado, en la ley vigente al momento del hecho y desechar la aplicación de la ley ex post facto más gravosa.

		8.2. Adecuación típica.
		En este apartado se tratará la adecuación típica de las conductas que se le endilgan a la totalidad de los imputados.
		Las conductas que conforman crímenes contra la humanidad cometidas en los centros clandestinos de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” estaban sancionadas por la legislación penal argentina vigente en aquel momento, así aplicando los tipos penales de su legislación la República Argentina, puede juzgar los crímenes contra la humanidad ocurridos en su territorio.				

			8.3. Privación ilegal de la libertad.
			Este tipo penal, previsto en el art. 144 bis inc. 11 del C.P., está construido como un delito especial, en el sentido de que sólo podrá ser considerado autor, aquel que revista la condición de funcionario público.
			De modo tal, que desde el punto de vista del bien jurídico, como concepto que debe liderar una interpretación restrictiva del alcance de los tipos penales, este delito exige de modo preponderante la afectación de la libertad, acompañado, como condición excluyente que permita su autoría, de la lesión simultánea a la administración pública (vid. Rafecas, cit., p. 116).
			El delito acaece allí cuando las facultades conferidas al sujeto activo por la función que desempeña, son empleadas en otras situaciones que no son las señaladas al efecto por las normas, o son utilizadas de modo arbitrario o abusivo, y afectan en lo que aquí interesa- la libertad del individuo: el uso legítimo de ese poder, se convierte en ilegítimo.
			Está estructurado además, como delito comisivo. Requiere al menos de un autor que realice la acción, positiva, de privar de la libertad a alguien que hasta ese momento disfrutaba de la libre disponibilidad del bien jurídico.
			Es, como el resto de los delitos contra la libertad, de instantánea realización. Se consuma formalmente en el primer momento de efectiva privación de la libertad personal, siempre que pueda considerarse que el ofendido vio afectada su libertad de movimientos, o más precisamente, que se vio impedido de disponer de su libertad de locomoción en los límites queridos por el autor, exigencia que viene dada por el principio de lesividad.
			A partir de dicho momento, entonces, el delito ya se encuentra técnicamente consumado, dado que a esa altura ya concurren todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, manteniéndose el tiempo de comisión y de simultánea producción del resultado lesivo hasta su terminación (ver al respecto, por todos, Jescheck, Hans-Heinrich: Tratado de Derecho Penal-Parte General, trad. de José Luis Manzanares Samaniego, Ed. Comares, Granada, España, 1993, pp. 124 y 162).
			Es decir, que la privación ilegítima de la libertad es un delito permanente, de aquellos en donde "el injusto se va intensificando al aumentar la medida del ataque a un bien jurídico por medio de un obrar u omitir posterior del autor. El comportamiento delictivo se prolonga entonces en la medida del comportamiento subsiguiente, en el que es posible la participación, que impide la prescripción, etc.” (Jakobs, Günther: Tratado de Derecho Penal, trad. de Joaquín Cuello Contreras, Ed. Marcial Pons, Madrid, España, 1995, p. 208, cita como ejemplo la detención ilegal); supuestos en donde “…el delito crea un estado antijurídico mantenido por el autor y a través de cuya permanencia se sigue realizando ininterrumpidamente el tipo penal” (cfr. Jescheck, op. cit. p. 650, también ejemplifica con la detención ilegal).
			Durante ese lapso, otros actores pueden hacer su aporte a la empresa criminosa, ya sea en calidad de coautores (sujetos cualificados, tal el caso de Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro en algunos de los hechos aquí ventilados) o cómplices (sujetos no cualificados).
			En tal sentido, la Jurisprudencia ha dicho que: "El funcionario público priva a alguien de su libertad personal con abuso de sus funciones cuando estando legalmente dotado de facultades para hacerlo, procede arbitrariamente, vale decir, «inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, con abuso de poder, fuerza, facultades o influjo»…". Cfr. C. 3º del Crimen, Córdoba, in re: "Cáceres, Enrique", 30/3/82, JPBA: 50-885.
			Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Julio Simón, Oscar Rolón, Raúl González, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik y Juan Antonio del Cerro, en virtud de ser oficiales de la Policía Federal Argentina, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, en virtud de ser numerarios de la Gendarmería Nacional Argentina y Juan Carlos Avena, en virtud de ser oficial del Servicio Penitenciario Federal, revestían la calidad de funcionario público conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, al momento de los sucesos por los cuales fue llamado al proceso; ello, resultará relevante en función de la calificación legal aquí escogida.
			Además, la conducta subsumida en el art. 144 bis inc. 1° del Código Penal (según ley 14.616) -privación ilegal de al libertad- fue llevada a cabo por los imputados con los agravantes previstos por el art. 144 bis, último párrafo en función de los inc. 1° -por mediar violencia o amenazas- y en numerosos casos, con más el agravante del inc. 5° -por haberse prolongado durante más de un mes- del art. 142 del Código Penal, según Ley 20.642, de acuerdo con la remisión prevista en el art. 144 bis último párrafo, C.P.
			Los hechos que son objeto de tratamiento en el presente decisorio, se caracterizaron por la actuación de los imputados, quienes, como se ha acreditado, cumplía diversas funciones en centros clandestinos de detención que se encontraban en definitiva bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército. 
			Es de destacar que nunca mediaban órdenes de detención o allanamientos emanadas por alguna autoridad competente. 
			En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de al menos, dolo eventual (Ver C.N.Crim. y Corr., Sala IV, "López, Norberto J." del 21/12/89, publ. en J.A., 1990-IV-92).
			Por su parte, es necesario el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancia verificada en autos.

			8.4. Tormentos
			El art. 144 ter, primer párrafo del Código Penal, según la ley 14.616, reprime con reclusión o prisión de 3 a 10 años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que impusiere a los presos que guarde, cualquier especie de tormento.
			En este aspecto y conforme se ha desarrollado a lo largo de toda esta resolución, se encuentra acreditado que en ocasión de encontrarse privados de su libertad, los detenidos eran sometidos a tormentos con los alcances señalados en el apartado correspondiente.
			La doctrina ha sostenido que la acción debe implicar el maltrato material o moral infligido intencionalmente para torturar a la víctima, esto sea con cualquier finalidad (al respecto ver Soler, Sebastián: Derecho Penal Argentino, tomo IV, p. 55 y ss. y Núñez, Ricardo: Tratado de Derecho Penal, cit., tomo V, p. 57).
			Sujeto pasivo del delito, como todo delito que hace al cómo de la detención, es una persona privada de su libertad. Pero no cualquier privación de la libertad convierte a la persona en víctima del delito, sino la que tiene su origen en una relación funcional, sea por haber procedido de la orden de un funcionario o por haber sido ejecutada por un funcionario. 
			Sujeto activo del delito es, en primera medida, un funcionario público; en tal sentido se trata, como todos los delitos de este capítulo entre los delitos contra la libertad, de un delito especial. 
			En este orden de ideas, tal como se ha acreditado supra, a raíz de numerosos documentos y testimonios que se han colectado sobre el tema, las víctimas de los centros de detención que interesan en autos, fueron sistemáticamente y por el sólo hecho de ingresar al campo clandestino, objeto de desnudamiento, supresión de identidad y reemplazo por un número, amenazas constantes, palizas, tabicamiento, condiciones de salud e higiene deplorables, inanición, aislamiento tanto del entorno como del exterior, prohibición del uso de la palabra o de cualquier otra forma de comunicación, reclusión en espacios ínfimos, y de la aplicación de "picana eléctrica", entre otros graves sufrimientos físicos y psíquicos antes reseñados, lo cual evidencia la presencia de un padecimiento permanente y sin solución de continuidad respecto de cada víctima recluida en el centro denominado sucesivamente “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, desde su ingreso hasta su salida o traslado, hechos que, considerados todos estos sufrimientos de modo cumulativo y valorados conjunta y globalmente, superan largamente aquel umbral de abyección que los torna insoportables a los ojos de la comunidad, postulando entonces, sin lugar a dudas y en cada uno de los casos, para el encuadre típico del art. 144 ter, primer párrafo, C.P. 
			De esta forma, si entendemos que cada uno de los sucesos señalados en el párrafo precedente (y que fueran analizados más en profundidad previamente), por sí solos componen el delito de tormentos, también lo será, por lógica, la acumulación de los mismos (multiplicando a la vez la intensidad del sufrimiento físico y psíquico), cuando se ha comprobado más allá de toda duda que éstos constituyeron una práctica sistemática y universal dentro del centro clandestino de detención.
			En relación al análisis del tipo subjetivo de este delito corresponde señalar, en su aspecto volitivo, que sus particulares características de modo importan necesariamente la atribución de dolo, ya sea directo o bien de consecuencias necesarias, por parte del imputado.
			A su vez, en punto al aspecto cognoscitivo, el elemento subjetivo lo brinda el conocimiento, por parte del sujeto activo, de que la persona a la cual se tortura está privada de su libertad y que la actividad desplegada respecto de ésta, le causa padecimiento e intenso dolor. Condición que resultaba al momento del hecho a todas luces conocida por Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Oscar Rolón, Julio Simón, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro.
		Para concluir este apartado debe señalar que en el “Considerando Sexto. Punto cuatro” el suscripto describió en forma detallada los tormentos que le fueron aplicados a las personas que estuvieron privadas de su libertad en el centro de detención conocido sucesivamente como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.

			8. 5. Agravantes. 
			8.5.1 Uso de violencias o amenazas. 
			La privación ilegal de la libertad (derecho consagrado en el articulo 18 de la Constitución Nacional) sufrida por los damnificados, conforme se desprende de los testimonios reseñados en la causa, se ve agravada, en razón de haber sido cometida bajo violencia, con empleo de fuerza física directa sobre los aprehendidos.
			En lo referente a este tópico Ricardo Núñez nos explica que: "el autor usa violencia para cometer la privación ilegal de la libertad cuando para hacerlo la aplica a la persona de la víctima o despliega amenazadoramente contra ella, una energía física o un medio físicamente dañoso o doloroso..." (Núñez, Ricardo: Tratado de Derecho Penal, Ed. Bibliográfica Omeba año 1967, Tomo V, pág. 39).
			La agravante prevista en el inciso 1° del art. 142 del C.P. (al que remite el último párrafo del art. 144 bis) se mantuvo invariable hasta la fecha en punto a calificar la privación de la libertad cometida con violencia o amenazas. Ello ocurrió tanto con la ley 20.642, como con la ley de facto 21.338 -vigente desde el 16/9/76 al 4/9/84- y con la ley 23.077.
			En concreto, media violencia cuando ésta se aplica sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros que intentan impedir la misma, sea mediante el empleo de energía física o por un medio que pueda equipararse; la amenaza puede estar dirigida hacia la víctima o hacia cualquier otro que trate o posea capacidad para impedir tal hecho, y se configura en la medida en que se intimide a la víctima o al tercero, anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a su instancia (conf. Creus, Carlos, Derecho Penal -Parte Especial-, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, Tomo I, pág. 301).
			Los testimonios que constituyen la prueba de los hechos, demuestran que en los tres centros de detención que son objeto de análisis, las privaciones de la libertad eran sistemáticamente llevadas a cabo con violencia y amenazas.
			Se advierte que la intimidación de la víctima era parte de la mecánica de la forma en que se llevaba a cabo el cautiverio; sin embargo dicha violencia o amenazas se registraba ya en una etapa anterior, al efectuarse la detención de las personas. En efecto, tal como ha sido reseñado las víctimas eran detenidas en sus domicilios, a los cuales los grupos ingresaban por la fuerza, o interceptadas en la vía pública y reducidas por medio del uso de armas de fuego o con la aplicación de violencia física en forma directa.
			Tales elementos, no dejan margen de duda acerca de que tales delitos se cometían en la forma agravada tal como ha sido reseñado.

			8.5.2. Privación de la libertad durante más de un mes.
			La conducta de Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Oscar Rolón, Julio Simón y Juan Antonio del Cerro se ha calificado en los casos en que corresponde, como privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes. 
			En cuanto a este agravante, resulta ser una pauta objetiva que se acredita en la medida en que la situación de privación de libertad haya tenido la duración citada, por lo cual se configura tal extremo con el mero transcurso del tiempo, no siendo necesario otro análisis que vaya más allá de la confrontación del tiempo transcurrido en detención

			8.6. Concurso de delitos.
			Como se sostuviera al momento de tratar la responsabilidad penal de los imputados, media concurso real entre la privación de la libertad y la aplicación de tormentos.
			Sobre este tópico, Zaffaroni nos explica: “El presupuesto necesario del concurso de delitos es una pluralidad de conductas. En el fondo no deja de ser la concurrencia de varios delitos en un único proceso, lo que si bien hace que haya disposiciones al respecto en el código penal (arts. 55 y 56) en modo alguno debe ser considerado como una cuestión exclusivamente penal, sino también de enorme importancia procesal....” (cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. cit., pág. 826).
			En efecto, se trata de tipos penales que apuntan a distintas esferas de protección del bien jurídico, dado que la privación ilegal de la libertad apunta al qué de la detención, afectando la libertad de desplazamiento, mientras que la imposición de tormentos apunta al cómo de la detención, vulnerante de la dignidad contenida en el ámbito remanente de libertad que le asiste a todo detenido (vid. Rafecas, op. cit., pág. 117). Nótese que el tormento no necesariamente ha de desplegarse en el marco de una privación ilegal de la libertad, dado que puede darse perfectamente en el marco de una privación legal de la libertad. 
			En conclusión, el contenido de disvalor de injusto de ambos tipos penales no se superponen, lo cual habilita la introducción de la herramienta dogmática del art. 55, C.P., a fin de poder contarse con una exacta dimensión del disvalor de injusto total proyectado por el supuesto de hecho, necesario para el reproche de la culpabilidad y la determinación judicial de la pena. 
			Es que entre una y otra figura media una relación heterogénea de figuras penales: “Nada tiene que ver con la privación misma de la libertad…“ dice Soler “…el hecho de imponer al que ya está preso legal o ilegalmente, vejaciones, apremios [...] ilegales. Si el autor de éstas es, además, autor de la ilegal privación de la libertad, debe responder por las dos infracciones en concurso real”, reflexión que naturalmente, debe extenderse a la hipótesis del delito de imposición de tormento (vid. Soler, Sebastián, Tratado de Derecho Penal, T. IV, TEA Editora, Bs. As., 1983, pág. 50, y en especial Donna, Edgardo: Una resolución de la Casación de Entre Ríos en materia de ámbito del recurso, de delito de tormento y de su concurrencia con el de privación de libertad, publ. en Doctrina Penal, 1993, Ed. Del Puerto, Bs. As., págs. 489/500; ver asimismo en la Jurisprudencia, por ejemplo, C.C.C. Fed, Sala II, in re: “Griffa, Ricardo”, del 15/7/92: concurso real entre privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Publ. en Bol. de Jurisp., Año 1992, pág. 184. En el mismo sentido, C.N.Crim. y Corr., Sala III, in re: “Buono, Osvaldo”, c. 15.751, del 1/12/82, Bol. de Jurisp, Año 1982, Nº 6, p. 322).
			Por otra parte, por tratarse de delitos contra bienes eminentemente personales, la pluralidad de víctimas torna múltiple cualquiera de estos delitos: al respecto bien dice Jakobs (cit., p. 1082), que las lesiones a bienes personalísimos de distintas personas nunca constituyen una sola infracción, ya que no cabe definirlos sin su titular (vid. asimismo, Jescheck, cit., p. 659 y Zaffaroni-Alagia-Slokar, cit., pp. 828/9).

			8.7. Su intervención en los delitos.
			8. 7.1 (Co)autoría: 
			Corresponde a esta altura determinar el tipo de intervención que Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Oscar Rolón, Julio Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro han tenido en los delitos que se le imputan, por un lado, la privación ilegal de la libertad y por otro, la aplicación de tormentos. 
			En cuanto a la privación ilegal de la libertad, se advierte que los nombrados han realizado en forma directa las acciones que conforman el delito, en co-dominio funcional de cada hecho junto con los demás integrantes del aparato de poder que actuaban en cada caso, registrándose en algunos casos su intervención en la detención de personas y posterior traslado de las mismas al centro de detención; como asimismo en su custodia en tales centros.
			En cuanto a la aplicación de tormentos, de los variados testimonios que han sido citados, se desprende que los imputados han aplicado en forma directa tales torturas.
			Vale recordar a esta altura que la autoría demanda como elemento sustancial el dominio final del hecho.
			Dominio del hecho, posee quien dirige el suceso hacia un fin determinado, quien tiene poder de decisión sobre la configuración central de hecho.
			En este caso, el dominio del hecho se presenta como dominio de la acción, que se constituye en la medida en que el autor realiza el tipo de propia mano.
			En relación a las privaciones de libertad se advierte tal (co)dominio al tener en cuenta que en algunas oportunidades sustrajo a personas y las trasladó al centro de detención, y que en otras, ya cuando estas se hallaban en el sitio indicado, impidió que estas se escaparan de allí, es decir, mantuvo en el tiempo el estado de consumación de la privación ilegal de libertad de las mismas.
			Debo aclarar con relación al delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, lo siguiente: en cada caso en que el agente no haya tomado parte desde el inicio en la comisión del delito, sino que se incardinó a la empresa criminal posteriormente, mientras el delito estaba en su desarrollo y antes de su terminación, lo cierto es que con su aporte aseguró la continuación del cautiverio.
			Ello coloca en la posición de (co)autor a todo aquel que realiza una de las acciones que constituyen el delito y mediante los cuales éste se consuma, así, en los casos en que Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro han custodiado a las víctimas cuando éstas se hallaban en cautiverio, queriendo la obra también como propia, tal comportamiento encaja sin lugar a dudas en el tipo penal del art. 144 bis inc. 1º, C.P.
			En definitiva, tratándose de delitos permanentes, habida cuenta del codominio funcional del hecho y de su condición de cualificado o intraneus, debe responder como coautor: en todos los casos, los imputados desplegaron actividades asignadas conforme a una división planificada en común -aspecto objetivo- y quiso el resultado como propio -aspecto subjetivo- (vid. Rafecas, op. cit., p. 163). 
			En tal sentido, la C. C. C. Fed., Sala II, en el caso AIanantuoni, Julio J. y otros, del 18/12/78 (publ. en J.A., 980-III-253) señaló: "Quien participa en el delito de privación ilegal de la libertad durante la permanencia de la situación nestar privandon participa en la consumación y será coautor o cómplice según el caso, porque los momentos posteriores son siempre imputables al mismo título del momento inicial. De tal manera el proceder consistente en mantener la privación de la libertad de una persona, a pesar de que no supiera de quien se trataba, lo sindica nítidamente como coautor de este delito."
			Al respecto además, Jescheck sostiene que: “El acuerdo de los intervinientes se produce generalmente antes de iniciarse el hecho (complot). Sin embargo, también durante el hecho, y hasta su terminación, puede sumarse un coautor, haciéndose entonces corresponsable por las contribuciones fácticas que conozca y hayan sido realizadas por los demás intervinientes, en tanto le aprovechen y él las secunde con su intervención (coautoría sucesiva)” (cit., p. 618).
			Así también lo reconoce el Tribunal Supremo Español, que califica como coautor al que interviene después de la consumación del delito con funciones de vigilancia o custodia del detenido (S.T.S., 18/11/85, Jurisprudencia Criminal, nº 1667, Edición Oficial de la Colección Legislativa, Madrid).
			Con relación a los hechos de imposición de tormentos, como ha sido asentado, en algunos casos se ha demostrado que los indagados poseían la capacidad de decidir si se aplicaba o no torturas a la víctima, o que incluso decidía sobre el cómo de tal aplicación en las diversas variantes que ya hemos analizado
			Así, se advierte que los encartados han ejecutado la acción aplicando picana eléctrica, realizando interrogatorios, tabicando, desnudando, prohibiéndole hablar, entre otras formas de tormentos a los detenidos. A la vez que se ha acreditado que poseían la capacidad de decidir sobre el sometimiento de la víctima a torturas, y otras circunstancias relativas a la vida de los detenidos en el centro clandestino.
			Ahora bien, al dar por comprobado que a todo recluido, desde que entraba en el recinto del terror hasta su salida, era sometido a un régimen deshumanizante insoportable, que por sí mismo no sólo encaja en el simple privación de libertad sino que configura de modo también permanente el delito de tormento (físico y psíquico), y que por otra parte, a todos y cada uno de los aquí imputados les constaba sobradamente cómo era ese régimen terrorífico y a qué padecimientos indecibles condenaban a cada una de las personas cautivas, el hecho de efectuar aportes a esta empresa criminal de tamaña magnitud, actuando desde adentro de esta maquinaria infernal desatada por el terrorismo de estado, ya sea mediante la imposición de propia mano de torturas físicas, el sometimiento a interrogatorios, el control de los tubos, la vigilancia del cumplimiento de las pautas inhumanas, la conducción de las víctimas a asearse, al baño, a la enfermería o su preparación para la liberación o el traslado, en fin, más allá de la tarea específica que a cada uno cotidianamente pudo torcarle, lo cierto es que todos ellos, en conjunto y en reparto planificado de tareas, co-dominaron funcionalmente cada uno de los hechos de secuestro y tormentos que aquí se les reprocha, y por ellos han de responder penalmente. 
			Que quede claro que los nombrados eran los principales torturadores de los centros de detención clandestina “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, y esa justamente parece haber sido una de las funciones primordiales que asumieran.
			Tengo en cuenta que los delitos analizados exigen como pauta para su configuración una determinada calificación objetiva del autor, ya que el delito sólo puede ser realizado por quien reviste la calidad de funcionario público, circunstancia en la cual no resulta necesario adentrarnos ya que no se halla discutido que Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro poseían tal calidad.
			En cuanto a las agravantes que se han analizado ya vimos que las amenazas o la violencia eran ejercidas tanto al producirse la detención de la víctima, como cuando se la retenía en cautiverio.
			En definitiva, se halla acreditada su responsabilidad penal en los delitos que se le atribuyen, esto es, la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos, con los alcances premencionados.

			Considerando Noveno:
			La desestimación de la obediencia como eximente de responsabilidad.
			La cuestión aquí planteada no es ni de lejos, exclusiva de las circunstancias que rodearon los hechos aquí analizados. Se trata de un tema que hunde sus raíces en la concepción de sociedad que presupone la construcción de todo Derecho, en cuestiones morales como la naturaleza de la fuerza vinculante de la distinción entre el bien y el mal, y que dependerá notoriamente de la postura filosófica de la que se parta en torno de la condición humana, y su atribución de libertad frente al medio social en el cual se desenvuelve.
			En tal sentido, se parte aquí de una concepción antropológica del hombre como un ser dotado de capacidad de decisión más allá de lo que el medio exterior que lo rodee fije como pautas sociales a cumplirse.
			Asimismo, se parte de la certeza de que los sistemas de normas aplicadas socialmente son relativos, se basan en la comunidad que las promueve y por lo tanto, en un mundo pluralista y heterogéneo.
			Sin embargo, como sostiene Bauman, este relativismo no se puede aplicar a la capacidad humana para distinguir lo correcto de lo erróneo. Esta capacidad viene dada, de la misma manera que la constitución biológica humana, las necesidades fisiológicas y los impulsos psicológicos. En todo caso, el proceso de socialización (incluso en aparatos verticalizados de poder) consiste en manipular esta capacidad de distinción entre correcto y erróneo, pero no en su producción (cfr. Bauman, Zygmunt: Modernidad y Holocausto, trad. de Ana Mendoza, Ed. Sequitur, Madrid, 1997, pp. 242/3).
			La sustancia de esta capacidad innata en el ser humano configura deberes hacia el prójimo, que precede a todo interés, y tiene bases mucho más profundas que los mecanismos societales, como las estructuras de dominación o la cultura. Más bien, los mecanismos de socialización comienzan su influjo cuando esta estructura ya está allí (íd., p. 249), pero no pueden hacer desaparecer, por ej., la capacidad para oponerse, escapar y sobrevivir a este procesamiento, de forma que en última instancia, la autoridad y la responsabilidad de las elecciones residen donde lo hacían en un principio: en cada ser humano (ídem, p. 243).
			“Sabemos…” –afirma Bauman- “…que existe una forma de considerar la elemental condición humana que hace explícita la universalidad de la repugnancia ante el asesinato, la inhibición contra el hecho de producir sufrimientos a otro ser humano y el impulso de ayudar a los que sufren” (íd., p. 251).
			Desde esta perspectiva, no hay modo entonces de justificar el cumplimiento de órdenes cuya carga de abyección, de repulsa moral, es ostensible e inocultable.
			Ahora sí, ingresando en el terreno de los argumentos jurídicos, debo poner de manifiesto, en primer lugar, mi coincidencia con Zaffaroni (Tratado…, pp. 727/8), en el sentido de que la cláusula del art. 34 inc. 5º, C.P., no constituye una causal autónoma de justificación, sino más bien una insistencia legal aclaratoria en cuanto a otras eximentes ya contempladas en la legislación penal.
			Es que frente a los casos en concreto que pueden analizarse a la luz de la cláusula de obediencia debida, y más allá de si quien recibe la orden tiene o no facultades de revisión del contenido de dicha orden, lo cierto es que, de impartirse una orden manifiestamente ilegal en su contenido (aunque cumpla con las formalidades de rigor), es allí cuando cesa el deber jurídico de cumplirla.
			Al respecto, Magariños y Sáenz han analizado la cuestión de la obediencia jerárquica en la estructura militar desde la perspectiva de lo establecido en el art. 514 del Código de Justicia Militar, y aún desde esta norma jurídica, vigente al momento de los hechos aquí en estudio, la conclusión es la misma: allí cuando se trate de órdenes cuya ilicitud se revela de manera manifiesta, por que por ejemplo se trata de la perpetración de hechos atroces o aberrantes –como sin duda lo fueron los aquí analizados-, “…la limitación del conocimiento del subordinado respecto del contenido de los mandatos recibidos, no obsta su posibilidad de comprender la antijuridicidad de la conducta que se le ordena cometer. En efecto, la ostensible ilegitimidad que por definición importan estas órdenes hará que, a los ojos de quien las reciba, la incompetencia, tanto para impartirlas como para cumplirlas, aparezca de un modo palmario […] Ello así, aún suprimida la excepción del texto legal, ningún juez de la Nación podría razonablemente presumir dicho error, a favor de un subordinado que haya ejecutado un hecho de tales características” (Magariños, Mario y Sáenz, Ricardo: La obediencia jerárquica y la autoría mediata en la estructura militar, en La Ley, 1996-E, p. 1176/7).
			En estos casos, no está ausente la libertad ni la responsabilidad del autor directo, quien, valga decirlo, en consonancia con el derecho penal internacional, no podría alegar una exclusión de punibilidad por el tenor de los crímenes ejecutados ya que la antijuridicidad manifiesta de la orden desvirtúa la posibilidad de un error de prohibición inevitable y conduce a atribuirle al subordinado el hecho también como suyo. 
			Es por ello, que no es posible dejar de lado la responsabilidad de la persona aquí investigada, bajo el argumento de haber actuado en cumplimiento de una orden superior, máxime en este tipo de casos en los que nos enfrentamos a hechos aberrantes y evidentemente ilícitos.
			Conforme ha sostenido la Excma. Cámara del Fuero: “... Para ampararse en la eximente de la obediencia de una orden debió necesariamente demostrarse la existencia de tal orden superior que dispusiera que debía actuarse del modo en que se actuó. Además, y aún ante tal hipótesis, no puede exceptuarse de responsabilidad a quien invoque actuar en cumplimiento de una orden superior en casos de hechos atroces y aberrantes, o de ilicitud manifiesta [...] En el ámbito militar, donde las cosas ofrecen otro aspecto porque no cabe aceptar un derecho de examen por parte del inferior -el subordinado, «...no resulta exculpado si la antijuridicidad penal del cumplimiento de la orden es, a tenor de las circunstancias por él conocidas, palmaria, o sea, si aquella puede ser advertida por cualquier persona sin particulares reflexiones. También hoy el derecho de examen por parte del inferior resultaría incompatible con la esencia del servicio militar, pero la falta de conciencia y la ceguera jurídica tampoco pueden ser exculpadas en el ámbito militar. El contenido de la culpabilidad del hecho consiste en que, siendo evidente la antijuridicidad penal, incluso si el hecho se realiza en cumplimiento de una orden, cabe constatar un imperdonable fracaso de la actitud del inferior frente al derecho..» Conf. Jescheck, Hans-Heinrich -Tratado de Derecho Penal- Parte general, Ed. Comares, año 1993, 4ta ed, p. 450/3”.
			En este orden de ideas el Superior explicó: “...La orden de un superior no es suficiente para cubrir a la gente subordinada que haya ejecutado esa orden y ponerlo al abrigo de toda responsabilidad penal si el acto es contrario a la ley y constituye en sí mismo un crimen, pues él no debe obediencia a sus superiores sino en la esfera de las facultades que éstos tienen, principio que no puede ofrecer dudas sino en los casos oscuros en que no es fácil discernir si el acto que se manda ejecutar está o no prohibida por la ley, o si se halla o no dentro de las facultades del que lo ordena. En autos no se aceptó tal eximente porque una rebelión evidentemente es un crimen y ninguno de los que la ejecutaron puede llamarse inocente”. C.C.C. Fed., Sala II, c. 20.518¨“Calzada, Oscar Hugo s/infr. arts. 142, etc.”, publ. en Boletín de Jurisprudencia, 1988-2, pág. 59. 
			Al respecto es concluyente la opinión de Jorge Bacqué quien sostuvo en relación a la obediencia debida: “...puede afirmarse sin hesitación alguna que, cuando se está en presencia de delitos como los cometidos por el recurrente, la gravedad y manifiesta ilegalidad de tales hechos determinan que, como lo demuestran los antecedentes históricos a los que se hiciera referencia anteriormente, resulte absolutamente incompatible con los más elementales principios éticos jurídicos sostener que en virtud de la obediencia debida se excluya la antijuridicidad de la conducta, o bien el reproche penal por el ilícito cometido...” (Voto en minoría del precedente citado en Fallos 310:1220).
			En definitiva las órdenes de contenido ilícito manifiesto no poseen carácter vinculante para el subordinado, quien en el caso de ejecutarla, de ninguna manera podrá considerarse amparado por eximente alguna. Todo lo contrario, los imputados deberá responder penalmente por los injustos que cometió en ocasión de llevar a cabo cada una de las acciones ilícitas que se le reprochan.
			
			Considerando Décimo:
			Prisión Preventiva.
			Respecto de la restricción de libertad que pesa sobre Samuel Miara, Julio Simón, Oscar Rolón, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro se mantendrá la situación de detención de la cual vienen siendo objeto.
			La imposición de esta medida cautelar, conforme sostuvo este Tribunal en oportunidad de resolver los incidentes de excarcelación de José Maidana, Jorge Olivera Róvere, entre otros, en estas mismas actuaciones, debe ser analizada en esta oportunidad a la luz de las directrices esbozadas por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en ocasión de resolver el incidente de excarcelación de Mariani en estos mismos autos. 
			En dicho incidente sostuvo que el mantenimiento del encierro cautelar debe encontrar fundamento para estar justificado normativamente, en la necesidad de neutralizar riesgos procesales y, además, que esta medida debía resultar indispensable para cumplir con dicho objetivo.
			La cuestión planteada a partir del fallo casatorio, merece un análisis muy cuidadoso de todas las aristas involucradas, puesto que la presente se trata de una de las cuestiones en donde se ve reflejada en toda su dimensión, la tensión siempre existente en el proceso penal actual, entre dos intereses legítimos pero opuestos entre sí: por un lado, las expectativas de la generalidad de los ciudadanos, que reclaman eficiencia en la persecución penal estatal; por el otro, el resguardo jurídico contra la arbitrariedad de parte de la persona que sufre en sus bienes jurídicos el ejercicio del poder punitivo estatal. 
			En tal sentido, el principio de inocencia, consagrado en la Constitución Nacional, impone que la privación de la libertad sólo debe aplicarse en aquellos casos en que sea imprescindible y no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia -pero ciertamente menos gravosa-, para salvaguardar los fines del proceso; es decir, la prisión preventiva procede sólo como una medida cautelar excepcional para evitar la materialización de riesgos procesales concretos, es decir: peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
		 	Así, la confrontación del principio de inocencia regulado por la Constitución Nacional con el encarcelamiento preventivo genera, entre aquellos que defendemos un derecho penal liberal respetuoso de las libertades individuales y entendido como un técnica de minimización de la violencia con especial referencia ala violencia estatal, una serie de cuestionamientos no menores. 
			Julio B.J. Maier, con su acostumbrada lucidez explica: “Históricamente la llamada «presunción de inocencia» no ha tenido como fin impedir el uso de la coerción estatal durante el procedimiento de manera absoluta. Prueba de ello es el texto de la regla que introdujo claramente el principio el art. 9 de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano: «...presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por al ley» [...] Nuestra ley fundamental sigue esos pasos: pese a impedir la aplicación de una medida de coerción del Derecho material (la pena) hasta la sentencia firma de condena, tolera el arresto por orden escrita de autoridad competente, durante el procedimiento penal” (Derecho Procesal Penal- Parte General, Ed. Del Puerto, Bs. As. Tomo I, 2003 pág. 511).
			Siguiendo a este autor, se puede afirmar que el hecho de reconocer que el principio de inocencia no impide la regulación y aplicación de medidas de coerción durante el procedimiento, lo cual no significa afirmar que la autorización para utilizar la fuerza pública durante el procedimiento, conculcando los derechos de que gozan quienes intervienen en él, en especial, los del imputado, sea irrestricta o carezca de límites. Al contrario, la afirmación de que el imputado no puede ser sometido a una pena y, por lo tanto, no puede ser tratado como culpable hasta que no se dicte la sentencia firme de condena, constituyen el principio rector para expresar los límites de las medidas de coerción procesal contra él (ob. cit. pág. 512).
			La razonabilidad de la aplicación de las medidas de coerción procesales necesita de reglas claras que limiten al máximo su utilización. Dichas reglas deben partir de criterios estrictos y no del empleo arbitrario de formulas estrictas. 
			Julio B. Maier en relación a este tópico expresa : “...la privación ilegal de la libertad del imputado resulta impensable si no se cuenta con elementos de prueba que permitan afirmar, al menos en grado de gran probabilidad, que él es autor del hecho punible atribuido o participe en él, esto es sin juicio previo de conocimiento que resolviendo prematuramente la imputación deducida, culmine afirmando, cuando menos, la gran probabilidad de al existencia de un hecho punible atribuible al imputado o, con palabras distintas pero con sentido idéntico, la probabilidad de una condena [...].En conclusión, la decisión de encarcelar preventivamente debe fundar, por una parte, la probabilidad de que el imputado haya cometido un hecho punible, y, por la otra, la existencia o bien del peligro de fuga, o bien el peligro de entorpecimiento para la actividad probatoria. Tan sólo en esos casos se justifica la privación de libertad del imputado” (op. cit. pág. 523, subrayado agregado).
			En este mismo sentido Alberto Bovino explica las condiciones sustantivas que deben ser verificadas para autorizar el uso legítimo de la privación de la libertad procesal. Su línea de pensamiento fue seguida por Natalia Sergi en su trabajo (cfr. Bovino Alberto “El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos” en “Problemas del derecho procesal penal contemporánea”. Ed. Del puerto Bs. As. 1998 pág. 121/163 y Sergi Natalia “Limites temporales de la prisión preventiva” en Nueva Doctrina Penal 2001/A Ed. Del Puerto Bs. As. Pág. 113/142).
			En esta última obra se afirma que: “El riesgo que corre el proceso no es único presupuesto para legitimar el encarcelamiento preventivo [...]La CIDH en dos informes sobre el tema (Informes 12/96 y 2/97) enfatizó los requisitos materiales para privar a una persona de la libertad durante el proceso, estableciéndolos como obligaciones ineludibles de las autoridades nacionales. Estos requisitos, en realidad, no surgen más que de las normas básicas que regulan el estado de derecho...”. 
			De esta manera, una de las exigencias ineludibles que permiten mantener a una persona en prisión preventiva lo da la sospecha sustantiva de responsabilidad del imputado por el hecho delictivo que se le atribuye. 
			Así, los autores citados siguiendo a Maier explican que la prisión preventiva presupone, por tratarse de la medida de coerción más grave en el marco del proceso penal, un cierto grado de desarrollo de la imputación que permite determinar su mérito sustantivo a través de los elementos de prueba recolectados al momento de tomar la decisión.
			Bovino expone que: “El Tribunal sólo podrá aplicar la medida privativa de la libertad, cuando la investigación haya alcanzado resultados que permitan afirmar, luego de oír al imputado, que existe una gran probabilidad de que se haya cometido un hecho punible y de que el imputado haya sido autor. No se trata solamente que el procedimiento haya alcanzado cierto grado de desarrollo, sino de que este desarrollo haya sido acompañado, de resultado concreto respecto de la verificación de la participación del imputado en el hecho investigado” (ob. cit. pág. 158).
			En este mismo orden de ideas Daniel Pastor aclara que la privación de la libertad anterior sólo será constitucionalmente admisible si responde a determinados caracteres entre ellos la existencia de un proceso penal determinado en que el imputado aparezca, con gran probabilidad, sospechado de haber cometido un hecho punible reprimido con pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento (cfr. El encarcelamiento preventivo en Tensiones ¿Derechos fundamentales o persecución penal sin límites? Ed. Del Puerto Bs. As. 20024 pág. 151).
			En definitiva para que el encarcelamiento preventivo de una persona se encuentre acotado a los límites constitucionales, importa en primer lugar la sospecha sustantiva de una responsabilidad, superado este primer filtro se debe analizar la existencia de riesgos procesales, hacia cuyos fines se dirige la presente.
			A partir de la doctrina que emana de la resolución dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara de Casación Penal en estos mismos autos -Incidente de excarcelación de Hipólito Rafael Mariani-, está claro que corresponde adecuar el análisis acerca de la procedencia de la prisión preventiva conforme a dos riesgos: el primero de ellos consiste en el peligro de fuga (cuya incidencia se constata por un lado en el desarrollo del proceso penal, y por otro en la aplicación de la eventual pena que pudiera recaer) y el segundo, en el entorpecimiento de las investigaciones.
			Si alguno de estos dos supuestos se cumplen la prisión preventiva de los imputados se ajusta a sus fines de garantizar que el juicio se lleve a cabo y que el imputado no perjudique la investigación.
			Es decir, no se trata de otorgarle a la prisión preventiva una función de pena anticipada -recordemos que distintas interpretaciones han adjudicado a la prisión preventiva efectos similares al de la prevención general positiva y al de la prevención general negativa- sino, fines estrictamente procesales, los cuales se limitan a procurar el desarrollo del proceso en procura del hallazgo de la verdad, como la realización de juicio y la eventual imposición de una pena.
			En este sentido Cafferata Nores señala: “la característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tiene naturaleza sancionatoria (no son penas) sino instrumental y cautelar; sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva” (Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación Ed. Del Puerto Bs. As. 1992 pág. 3). 
			El Estado de derecho tolera las medidas cautelares en análisis, con el fin de asegurar la realización del proceso. 
			En efecto, la presencia del imputado durante el mismo resulta ineludible, y ello opera como presupuesto para llevar a cabo el juicio, pues nuestro ordenamiento constitucional, al consagrar la garantía de la defensa en juicio a través del principio constitucional del debido proceso prohíbe el juicio en rebeldía. 
			De ello se sigue que el encarcelamiento preventivo debe imponerse en la medida en que exista riesgo de que el imputado se sustraiga de la investigación.
			Al respecto, sostiene Maier que el peligro de fuga “...es racional porque, no concibiéndose el proceso penal contumacial (en ausencia del imputado o en rebeldía), por razones que derivan del principio de inviolabilidad de su defensa, su presencia es necesaria para poder conducir el procedimiento hasta la decisión final e, incluso, para ejecutar la condena eventual que se le imponga, especialmente la privativa de libertad, y su ausencia (fuga) impide el procedimiento de persecución penal, al menos en su momento decisivo (juicio plenario), y el cumplimiento de la eventual condena…” (op. cit., T. I, págs. 516/7)
			Es decir, el poder de arresto del juez opera como garantía de que el juicio efectivamente se produzca, y no que se vea burlado por el imputado mediante su sustracción al cumplimiento de la sanción penal.
			Ante ello, la ley establece ciertos supuestos que servirán para asegurar la realización del juicio, previendo la facultad del Juez de mantener dicho encarcelamiento cuando las circunstancias del caso hicieren presumir que el imputado se fugará y sustraerá al proceso penal.
			Sin embargo, en el convencimiento de que la violencia que conlleva el proceso penal, debe ser neutralizada mediante una aplicación restrictiva de aquellas disposiciones que impliquen el menoscabo de los derechos de la persona afectada al proceso -postura que armoniza con la pauta interpretativa que establece el artículo 2 del C.P.P.N-, entiendo que sólo debe imponerse el encarcelamiento preventivo en casos en de estricta necesidad, es decir en los cuales además de las pautas objetivas fijadas legalmente, exista un concreto riesgo procesal, que emerja de las circunstancias particulares del caso concreto.
			La adopción de dicho criterio, concordante con el fallo de la Sala IV de la Casación Penal y la Excma. Cámara del Fuero, que obliga a este nuevo pronunciamiento, coincide con los antecedentes de este Tribunal, que en fecha reciente ha venido ajustando los parámetros vinculados con la cuestión del encarcelamiento preventivo, en otros procesos no vinculados con el presente (cfr. causa nro. 14.318/03 del registro de la Secretaría nro. 5, rta.: 5/5/04). 
			Para arribar a tal decisión, se tuvieron en cuenta los efectivos riesgos de fuga que la soltura de la imputada habrían significado, como asimismo las implicancias que conllevaba el mantenimiento de la prisión preventiva de una persona. Sin embargo, y como señalan los Tribunales Superiores, la adopción de este criterio no se corresponde con la aplicación de reglas automáticas, pues cada caso debe ser analizado en forma individual. 
			En tal sentido, y tras el conocido precedente de la Excma. Cámara del Crimen, Sala Iº, in re: “Barbará”, con posterioridad, el 10 de marzo de 2004, esa misma Sala denegó la excarcelación en los autos Nº 32.114 in re: “Torres”, en donde los jueces consideraron que “…la gravedad y naturaleza de los hechos que se le atribuyen constituyen pautas objetivas suficientes para considerar que se ha dado la situación de excepción que admite la restricción de la libertad (art. 280 a contrario sensu y 319 del C.P.P.N.)” (subrayado agregado).
			A efectos de determinar el riesgo procesal de fuga el primer tópico que debe ser analizado, se tiene en cuenta que se calificó la conducta de los encartados como incursa en el delito previsto por el art. 144 bis, inc. 1° y último párrafo (ley 14.616) en función del art. 142, inc. 1°(ley 20.642), en concurso real con el delito de imposición de tormentos, previsto en el art. 144 ter del C.P. -ley 14.616-.
			Así, la privación ilegal de la libertad se encuentra reprimida con pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, mientras que la aplicación de tormentos, se halla reprimido con pena de tres(3) a diez (10) años de prisión (conforme texto 14.616).
			En función de ello, en aplicación de las reglas del concurso real, el máximo de la pena, ha de elevarse, hipotéticamente, a los 25 años de prisión.
			Corresponde entonces determinar si atento a la imputación que se sostiene contra Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Oscar Rolón, Julio Simón y Juan Antonio del Cerro, se registra riesgo efectivo y real de que éste pueda sustraerse del presente proceso penal. 
			Teniendo en cuenta lo narrado, se advierte en definitiva que el grado de disvalor de injusto de los hechos imputados, contienen a su vez elevadas cotas de disvalor de acción ‑dolo directo‑ y de disvalor de resultado, no sólo por las extraordinarias condiciones de modo, tiempo y lugar, en que se llevaron a cabo sino además por la intensidad de afectación en los bienes jurídicos fundamentales puestos en juego (libertad, dignidad humana), lo que se incrementa por la multiplicidad de las víctimas que padecieron tales actos, todo lo cual permite inferir, sin temor a equivocación, que para el caso de recaer condena por estos hechos, la determinación de la pena aplicable al reo, conforme a este componente esencial vinculado con el reproche de la culpabilidad por el hecho, se alejará drásticamente de los mínimos legales, y por lo tanto, dicha hipótesis fundamenta la perspectiva de bloquear toda posibilidad de frustración de la prosecución penal hacia el debate de parte del imputado. 
			Asimismo, corresponde asentar que las pautas justificadoras del encarcelamiento preventivo impuestas por el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación, implican la necesaria realización de una proyección a futuro de la posible conducta de aquella persona sometida a proceso.
			Por otro lado, uno de los elementos de análisis que debe ser ponderado a dichos efectos está dado por la modalidad de comisión que tuvieron en el caso particular los hechos atribuidos.
			Así, los hechos por los cuales los encartados se encuentran sometidos a este proceso fueron cometidos una modalidad que tendía a asegurar su impunidad futura, tanto por la configuración individual de cada uno de los sucesos como por el marco institucional en el que fueron llevados a cabo.
			Esta forma de concreción de los delitos no fue elegida en forma caprichosa sino que respondió a una finalidad ulterior, el logro de la impunidad de los autores de los mismos, de allí el alejamiento de los mecanismos legales con que se contaba a la fecha para llevar adelante la lucha contra la subversión, como la intencionalidad de eliminar todos aquellos posibles rastros que dejaran los mismos. 
			Esta modalidad comisiva lleva a presumir fundadamente que si desde el inicio se buscó eliminar toda posibilidad de juzgamiento futuro, dicho accionar podría reproducirse en caso de otorgarse la libertad a los encartados.
			Este criterio no es novedoso sino que fue expuesto por el Procurador General de la Nación, Dr. Luis Santiago González Warcalde, al momento de dictaminar en los autos caratulados “Massera, Emilio Eduardo s/incidente de excarcelación”, instancia en la que sostuvo: “Luego, resulta razonable la presunción de los tribunales inferiores, de que quien está imputado de estos delitos gravísimos previstos también por el derecho de gentes, en caso de ser puesto en libertad, atentará contra los fines del proceso. Conjetura que encuentra su debido fundamento, tal como lo exige la ley [artículos 308 del Código de Procedimientos en Materia Penal y 319 del Código Procesal Penal] en el indicio de que si se buscó, al cometerse los hechos, una modalidad que asegurara la impunidad futura, este mismo afán de sustraerse al juzgamiento podría tener una postrer secuela al otorgarse la libertad al procesado” (autos M.960 XXXVIII, “Massera Emilio Eduardo s/incidente de excarcelación” del 15/4/2004).
			Lo expuesto, imposibilita hacer lugar al pedido de la defensa, y para arribar a esta decisión se tiene por un lado en cuenta la inusitada gravedad (a tal punto que están considerados como delitos de lesa humanidad) de los hechos imputados; las escales penales previstas para ello atendiendo a las reglas del concurso (art. 55 C.P.); y en tal sentido, la evidente progresión objetiva del quantum de la pena en la hipotética futura condena; a la vez que resulta relevante al efecto, tener en cuenta la modalidad comisiva de los delitos, todo lo cual permite advertir la existencia objetiva del riesgo procesal bajo análisis.

			Considerando Undécimo:
			Embargos.
			De acuerdo con lo establecido por el art. 518 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación corresponde imponer el embargo de los bienes y/o dineros de los imputados. Para ello, se tendrá en cuenta los parámetros fijados en dicha norma. En tal sentido, en cada caso se evaluará la intervención de los abogados particulares según el caso, el pago de la tasa de justicia y por sobre todas las cosas el daño material y moral causado a las víctimas
			Por consiguiente a Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Roberto Rosa y Juan Antonio del Cerro se le impondrá un embargo cuya cuantía será de tres millones quinientos mil de pesos ($ 3.500.000), a Juan Carlos Avena, Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui un embargo de tres millones de pesos ($3.000.000).
		Respecto de Oscar Augusto Isidro Rolón y Julio Héctor Simón se decretará un nuevo embargo por la suma de quinientos mil pesos ($500.000).
		RESUELVO:
 		I) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de GUILLERMO VÍCTOR CARDOZO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 105 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50/62, 64/142, 145, 146, 148, 149, 150, 157 y 160; de las cuales 86 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 148 y 157), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 105 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 
		II) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES ($ 3.000.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		III) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de GUILLERMO VÍCTOR CARDOZO, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fuera víctima las personas identificada bajo el número de caso 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		IV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de EUGENIO PEREYRA APESTEGUI, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 105 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50/62, 64/142, 145, 146, 148, 149, 150, 157 y 160; de las cuales 86 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/ 116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 148 y 157), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 105 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 
		V) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES ($ 3.000.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		VI) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de EUGENIO PEREYRA APESTEGUI, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fuera víctima las personas identificada bajo el número de caso 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		VII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de JUAN CARLOS AVENA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 105 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50/62, 64/142, 145, 146, 148, 149, 150, 157 y 160; de las cuales 86 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 18, 38, 41, 42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/ 116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 148 y 157), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 105 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 
		VIII) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES ($ 3.000.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		IX) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de JUAN CARLOS AVENA, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fuera víctima las personas identificada bajo el número de caso 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		X) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de SAMUEL MIARA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XI) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XII) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de SAMUEL MIARA, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de RAÚL GONZÁLEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XIV) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XV) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de RAÚL GONZÁLEZ, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XVI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de EDUARDO KALINEC, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XVII) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XVIII) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de EDUARDO KALINEC, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de JUAN CARLOS FALCÓN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XX) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XXI) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de JUAN CARLOS FALCÓN, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XXII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de EUFEMIO JORGE UBALLES, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXIII) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XXIV) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de EUFEMIO JORGE UBALLES, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XXV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de GUSTAVO ADOLFO EKLUND, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXVI) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XXVII) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de GUSTAVO ADOLFO EKLUND, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XXVIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de LUIS JUAN DONOCIK, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXIX) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XXX) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de LUIS JUAN DONOCIK, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XXXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de ROBERTO ANTONIO ROSA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 158 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/62, 64/161; de las cuales 117 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135/137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 158 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXXII) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XXXIII) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de ROBERTO ANTONIO ROSA, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XXXIV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de OSCAR AUGUSTO ISIDRO ROLÓN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 10 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 152/161; de las cuales 4 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 10 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXXV) REVOCAR PARCIALMENTE el punto IV del auto obrante a fs. 17.410/527 en cuanto dispone la falta de mérito para dictar el procesamiento y/o sobreseimiento de OSCAR AUGUSTO ISIDRO ROLÓN en orden al delito de imposición de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 1, 12/16, 18/21, 23/32, 34, 38, 40, 45/47, 49/52, 55, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 68/73, 76/78, 80, 82, 88/92, 94, 97/100, 102/113, 117/120, 122/132, 134, 139, 143, 144, 146, 147 y 149 (art. 311 del Código Procesal Penal de la Nación); y, consecuentemente, DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA del nombrado en orden al delito de imposición de tormentos reiterada en 92 ocasiones (art. 144 ter primer párrafo conforme ley 14.616 del Código Penal) del que fueran víctimas dichas personas, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada relativo a dichos casos por los cuales se dictara oportunamente su procesamiento (art. 55 del Código Penal).
		XXXVI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de OSCAR AUGUSTO ISIDRO ROLÓN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito imposición de tormentos reiterados en 46 ocasiones, de los cuales resultaran damnificadas las personas identificadas bajo los números de casos: 4/11, 17, 33, 35/37, 39, 41/44, 48, 53, 54, 56, 57, 60, 67, 74, 75, 79, 85/87, 93, 95, 96, 101, 114/116, 121, 135, 141, 142, 145, 148, 150 y 151, los que concurren realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada relativo a dichos casos por los cuales se dictara su procesamiento a fs. 17.410/527 (art. 144 ter primer párrafo conforme ley 14.616 y 55 del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXXVII) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos QUINIENTOS MIL ($500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XXXVIII) REVOCAR PARCIALMENTE el punto III del auto obrante a fs. 16.303/399 en cuanto dispone la falta de mérito para dictar el procesamiento y/o sobreseimiento de JULIO HÉCTOR SIMÓN en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 10 y 88 de aquel resolutorio (art. 311 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XXXIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de JULIO HÉCTOR SIMÓN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20.642-), reiterada en 14 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 8, 83, 141, 142, 152/161; de las cuales 7 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 83, 141, 142, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 14 ocasiones, de los cuales resultaran víctimas las personas identificadas con los casos: 8, 83, 141, 142, 152/161 (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XL) REVOCAR PARCIALMENTE el punto IV del auto obrante a fs. 16.303/399 en cuanto dispone la falta de mérito para dictar el procesamiento y/o sobreseimiento de JULIO HÉCTOR SIMÓN en orden al delito de imposición de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3, 7, 8, 15, 16, 18/22, 24, 25, 30/32, 37, 38, 40, 42, 48/51, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 80, 81, 84/88, 101, 102, 108, 116, 127, 132, 134, 135, 144, 145, 149bis, 150 y 152 de aquel resolutorio (art. 311 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XLI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de JULIO HÉCTOR SIMÓN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito imposición de tormentos reiterados en 97 ocasiones, de los cuales resultaran damnificadas las personas identificadas bajo los números de casos: 1, 4/7, 9, 10, 13/15, 17/21, 23, 24, 27, 29/31, 34/42, 45/48, 50, 52/62, 65/67, 70/76, 79/82, 85/87, 91/93, 95, 96, 98/102, 105, 113, 115, 116, 119/122, 124, 126, 127, 129, 130, 135, 136, 139, 140, 144, 145, 147/151 los que concurren realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada relativo a dichos damnificados por los cuales se dictara su procesamiento a fs. 16.303/399 (art. 144 ter primer párrafo conforme ley 14.616 y 55 del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XLII) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos QUINIENTOS MIL ($500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XLIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO con PRISIÓN PREVENTIVA de JUAN ANTONIO DEL CERRO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1° y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1° -ley 20642-), reiterada en 151 ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los números de casos: 1, 4/24, 26/62, 64, 66/79, 81/89, 91/132, 134, 135, 137, 139/161; de las cuales 115 se encuentran agravadas en virtud del art. 144 bis último párrafo en función del art. 142 inciso 5° del Código Penal (casos nros.: 1, 4/6, 9/14, 17/24, 26/34, 38/42, 45, 50/62, 64, 66/68, 70/78, 81/89, 91/98, 100/103, 105/110, 112, 114/116, 118/122, 124/132, 135, 137, 140/142, 147, 148, 152, 156, 157 y 159), todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en las 151 ocasiones (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación).
		XLIV) DECRETAR EL EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubrir la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000) debiéndose librar el respectivo mandamiento (art. 306 y 518 del C.P.P.N.).
		XLV) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de JUAN ANTONIO DEL CERRO, en orden al delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y aplicación de tormentos del que fueran víctimas las personas identificadas bajo los casos nros. 2, 3 y 63 (art. 309 del C.P.P.N.).
		XLVI) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO de ARLINDO BENITO LUNA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los delitos por los cuales fuera indagado, disponiéndose en consecuencia su INMEDIATA LIBERTAD, la cual se hará efectiva desde los estrados del Tribunal.
		XLVII) Líbrese oficio a la Sala I de la Excma. Cámara del fuero a efectos de ponerlos en conocimiento de lo resuelto en el presente, respecto de Julio Héctor Simón y Oscar Augusto Isidro Rolón.
		Hágase comparecer a los nombrados; a dicho efecto líbrense telegrama y oficio según corresponda.
		Notifíquese; a tal fin, líbrense cédulas a diligenciar en el día.

Ante mí:

En la misma fecha se cumplió. CONSTE.

En______del mismo notifiqué al Sr. Fiscal y firmó, DOY FE.